Juan Francisco Rojas
Cuando el abogado Jaime Thorne ingresó al Indecopi, dijo que su designación obedecía a su “militancia aprista y cercana amistad con el presidente de la República”. Aseguró que no defraudaría el encargo político.
En el Tribunal del Indecopi, ocho de los diez vocales han sido ya designados por el gobierno aprista, lo que significa la toma de control en la aplicación de las leyes de la competencia y la propiedad intelectual. Ni qué decir del número de cambios en las Comisiones y en las gerencias. Nunca antes en la historia del Indecopi se había producido una remoción tan marcada de funcionarios por el cambio de gobierno.
El hecho que nombre el APRA no significa que los designados sean todos militantes del partido, mucho menos que esté prohibido que se nombre a un miembro del partido, pero es verdad que los hasta ahora designados han decidido libremente ejercer los cargos de confianza del partido aprista. En la renovación y según propia declaración, Thorne ha convocado a personas comprometidas con una visión de libre mercado que deje atrás la gestión previa de la institución, orientada al cumplimiento de la ley y a la realización de una economía social de mercado, que para su gusto era demasiado intervencionista.
Las instituciones de la administración pública, por más autonomía legal, están siempre relacionadas con el poder político de turno y esto no es malo, es una realidad mayor o menor. En la década del noventa, en el Indecopi, se afirmaba que era una institución “con el kimono puesto” y se predicaba un libre mercado a ultranza.
¿Dónde radica entonces el problema de la política en el Indecopi? La política no tendría efectos si los funcionarios se limitara a aplicar las leyes que rigen su actuación. Pero, cuando incorporan interpretaciones contrarias a la ley, para hacer prevalecer una ideología determinada, la institución se aleja de la autonomía y tecnicismo para satisfacer una opción ideológica - política.
El sesgo político es evidente en la actual gestión: el concepto de consumidor razonable ha sido rescatado para no prestar protección al consumidor indefenso; la información mínima en materia de publicidad se ha relajado para favorecer la publicidad engañosa; la libre competencia no existe, pues no se inicia ninguna acción de oficio; los funcionarios antisubsidios duermen, mientras desaparece la producción nacional (el algodón es un caso); se retoma la idea de que el Indecopi actúa bajo reglas de derecho civil y no en resguardo del interés público, contrariando su mandato legal.
Para culminar la toma de control político, Thorne lanza un paquete de normas de organización y funciones y de libre competencia que serán aprobadas sin mayor discusión (facultades entregadas al Ejecutivo en nombre del TLC) y que recogen una visión pro empresa y de economía de libre mercado a ultranza, en perjuicio del balance que debe existir entre mercado, consumidores y el interés general (economía social de mercado). Se engaña afirmando un equilibrio, cuando en realidad, se repite y extrema el privilegio de la empresa sobre el interés público, el abuso de la posición de dominio sin sanción y la indefensión de los consumidores, como en los noventa. ¿Esta es la nueva ideología aprista?
El autor ha sido presidente de la Sala de Competencia del 2001 al 2006 y presidente del Tribunal el 2006.
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