Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

El gobierno, a finales del mes de junio, emitió un decreto supremo que aprobó el Plan Bicentenario. Este documento fue elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y para su redacción se convocó a las diferentes esferas del gobierno, algunos investigadores del sector académico y, al parecer, a los actores de los diferentes sectores productivos. La preocupación por el mediano plazo es importante. Sin embargo, su aprobación se hizo fuera de tiempo. Con esta se condicionaría al futuro gobierno, sin que las diferentes fuerzas políticas, y menos la ganadora, hayan participado en su elaboración. Tampoco implica obligación alguna para las autoridades que están de salida.

Los seis ejes estratégicos del Plan se ven bien. Nadie podría estar en contra de un Estado basado en la plena vigencia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Todos debemos procurar por una economía competitiva basada en la generación masiva de empleos con alta productividad. Es plausible insistir que se ofrezca igualdad de oportunidades y acceso irrestricto a los servicios. También buscar un crecimiento económico basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es imperativo el mayor desarrollo de la infraestructura distribuida regionalmente y por último lograr una gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad.

Los problemas surgen cuando estas buenas intenciones deben convertirse en realidad. También hay errores en el diagnóstico cuando se elude evaluar las tendencias de corto y largo plazo de la economía internacional. Se omite a los emprendedores. No se dice palabra alguna de la gestión macroeconómica, asumiendo que todo estuviera muy bien. No ven peligros en el bajo nivel del tipo de cambio real, ni en los elevados márgenes de intermediación financiera. Todo se resuelve con credibilidad y predictibilidad. La desigualdad y exclusión ocupan un lugar menor. Todo el marco legal e  institucional es para ellos ideal.

El Plan es al mismo tiempo una lista extensa de acciones estratégicas, pero que no miran alto ni lejos. La generación nucleoeléctrica, el trasvase de aguas de la vertiente del Atlántico al Pacífico, los grandes ejes carreteros al estilo del primer mundo, entre otros, son temas que se ignoran. Hay aportaciones en el mayor rol de la ciencia y tecnología, o en el desarrollo de encadenamientos productivos. El Plan debe ser revisado y reformulado; pero ante todo se debe fortalecer al CEPLAN, haciéndolo participar en el Consejo de Ministros. Las decisiones diarias deben ser tamizadas por una visión de mediano y largo plazo (En: La Primera, 15/7/2011, p.11).

 

Por Edgardo Cruzado
Investigador DESCO

Tenemos 10 años de descentralización, las certezas que deja el proceso pueden ser escasas pero son significativas. Una de las principales es que la descentralización representa, sin miedo a equivocarnos, la principal reforma del Estado peruano en los últimos años, la creación de gobiernos regionales y el fortalecimiento de los gobiernos locales, como operadores directos de las políticas de Estado, no tiene vuelta atrás.

Otra gran certeza, que nace de la experiencia más que de la teoría, es que en el proceso de descentralización las mejores opciones no son blancas o negras, en muchos casos la tonalidad adecuada es gris, resulta de un equilibrio de competencias compartidas, políticas coordinadas y evaluaciones sucesivas que perfeccionan las decisiones tomadas.

El gobierno que sale ha tenido, en esta materia, mucho ruido y pocas nueces. Se limitó a concentrarse en metas numéricas de transferencias de funciones, sin considerar las lecciones aprendidas. Con esta visión, que lo pone todo en blanco o negro, se perdieron los espacios de coordinación, se limitó la institucionalidad del proceso y nos quedamos en el pragmatismo de construir “obras por encargo”.

Pero el rol del Estado no es solo construir, su tarea es proveer servicios públicos de calidad, asegurar un gasto social bien focalizado y promover oportunidades para todos. Sobre esto es poco lo que hemos avanzado. Tres prioridades, a nuestro modesto entender, para la consolidación del proceso de descentralización:

1) Reconstruir una instancia rectora: la Secretaría de Descentralización (PCM) no ha estado a la altura de la circunstancia, para conducir el proceso. Se requiere una instancia pública renovada, con participación de los gobiernos regionales y locales, que promueva una agenda de mediano plazo para la descentralización. Esta instancia debe ser responsable de promover el desarrollo de capacidades en las regiones y localidades, debe identificar los cuellos de botella en el proceso de asignación de funciones y tendrá que promover una articulación de los sectores del gobierno nacional con los subnacionales.

2) Promover una política social compartida y un sistema de focalización eficiente: la experiencia internacional demuestra que la lucha contra la pobreza debe ser prioridad nacional, por tanto es compartida entre los niveles de gobierno. Necesitamos un sistema de focalización de hogares eficiente y eficaz, con mecanismo de actualización permanente y con capacidad de brindar confianza a todos. Los gobiernos subnacionales son los operadores naturales de la política social, lo que no limita el rol rector y promotor del gobierno nacional. La operación del servicio en una ciudad es responsabilidad local, pero asegurar un estándar mínimo para todo el territorio peruano es responsabilidad nacional.

3) Implementar la descentralización fiscal: el componente fiscal de la descentralización es el menos desarrollado del proceso, los gobiernos subnacionales son dependientes de las transferencias de recursos, su espacio fiscal es reducido y su asignación no tiene relación con sus necesidades. Se requiere una nueva ley de descentralización fiscal, que ordene el sistema de transferencias, promueva la innovación y asegure el financiamiento para los departamentos y provincias menos desarrollados.

Waldo Mendoza Bellido
Jefe del Departamento de Economía de la PUCP

En términos de crecimiento, inflación y reducción de pobreza, los 5 años de García han sido muy buenos. Para alcanzar esos logros le bastó agarrar el impulso económico dejado por Toledo y calcar su política económica. Humala no puede darse el lujo de no hacer nada. Ha sido elegido para hacer lo que hizo García y, además, bajar el nivel actual de desigualdad.

Al gobierno de García se le recordará por la reducción de la pobreza y la explosión de obras públicas. La inversión pública de 2010 es la más alta de la historia, el doble del anterior pico alcanzado en 1982, y como porcentaje del PBI, es el doble del de hace 5 años.

Estos logros se deben al ritmo de crecimiento de los últimos años y a los altos precios de nuestros minerales. Cuando la economía crece, crece el empleo y el gasto social respaldado en una mayor recaudación, y baja así la pobreza. Cuando la economía crece, y los precios de los minerales son tan altos, la recaudación sube como espuma, y se pueden hacer todas las obras que el Presidente inaugura ahora diariamente.

Esta dinámica puede continuar sin mucho esfuerzo en los próximos años. Bastaría con generar “confianza” en el sector privado, garantizando que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual. Este método puede ser eficaz incluso si se ratifica en su cargo al actual Ministro de Economía, quien ha mostrado serias limitaciones en el ejercicio de su cargo.

Pero Humala no puede darse el lujo de no hacer nada. Para responder a sus electores, él tiene que preservar el ritmo de crecimiento de los últimos años y, además, reducir la desigualdad.

El camino es más o menos claro. Hay que elevar en un par de puntos porcentuales la presión tributaria e inyectar parte de esos recursos (el resto puede ir a un fondo de estabilización) allí donde se necesite.

Existen sobradas razones para que el principal aporte de los dos puntos de presión tributaria venga de la minería. Existen sobradas razones también para hacer una reforma de la política social que actualmente está en manos de los que no tienen ni poder ni calificación. Hay que darle a la política social poder y calificación.

Si esta política funciona, se habrá sepultado la filosofía de la confianza que conduce a la mediocridad en política económica.

Edgardo Cruzado

En unas semanas asume el nuevo gobierno y las promesas electorales se tienen que concretar en políticas públicas. En varias intervenciones el ahora presidente electo manifestó que “el canon lo deben pagar las empresas y no el Estado”, esto es lo que repitió en la reunión con los presidentes regionales y ahora se debe concretar en una nueva forma en que se define el canon en el Perú.

Una primera constatación es que el canon existe, con diferente nombre, en Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. En todos los casos, como en el Perú, los gobiernos locales y regionales de las zonas productoras reciben una parte de los recursos fiscales generados por la explotación de los minerales y los Hidrocarburos (petróleo y gas).

Segundo, en la mayoría de países las regiones no productoras participan de parte del canon. En el caso de Colombia lo hacen como parte del Fondo Nacional de Regalías (hoy transformado en fondos específicos) y en Bolivia directamente con una asignación porcentual en el canon total. Entonces, el canon no debe ser solo para las zonas productoras, lo que no implica que el beneficio de las zonas productoras deba ser relativamente mayor que para las zonas no productoras.

Un tercer elemento, relevante para el debate, está relacionado con los tributos que conforman el canon. En la experiencia internacional, de nuestros vecinos y otros países del mundo, el canon se conforma de las rentas asociadas al derecho de utilizar los recursos naturales (en la jerga económica “regalías”). Es verdad que en muchos casos las circunstancias han llevado a definiciones particulares. Por ejemplo, en Ecuador, el gobierno ha disminuido la participación de los trabajadores sobre las utilidades de las empresas extractivas de 15% a 3% y con la diferencia se forma el canon. Ahora bien, en ningún caso el impuesto a la renta es utilizado para la formación del canon.

Entonces, la propuesta de recuperar el impuesto a la renta para el gobierno nacional, que debe financiar los programas sociales y los servicios públicos para todo el territorio nacional, no resulta descabellada. Y bajo la misma argumentación, en el momento que se establezca un impuesto a las sobre ganancias los recursos generados deben ser considerados como parte del canon para las regiones productoras.

Kurt Burneo

Un tema que afortunadamente marcó gran parte de los contenidos de los planes de gobierno en las últimas elecciones, fue el énfasis en la necesidad de considerar la inclusión social como un componente fundamental de las propuestas gubernamentales, en el entendido que el crecimiento económico si bien es una condición necesaria pero no es suficiente para que una mayor cantidad de compatriotas no vean solo pasar la modernidad y prosperidad, sino también sean partícipes de ella. Se evidenció que se requieren políticas públicas deliberadas para lograr esta inclusión. Miremos este asunto con algo de detalle.

La intervención estatal promoviendo la inclusión social tiene como aspecto más visible el desarrollo de programas sociales, los cuales actualmente si nos referimos a los focalizados en tres ejes: a)Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales b) Promoción de oportunidades y capacidades económicas y c) Establecimiento de una red de protección social; según el presupuesto institucional de apertura para este año totalizan S/. 7,496 millones esto es un 8.5% del presupuesto total. El tema es que muy al margen de las magnitudes que sin duda debiesen ser incrementadas, tan o más e importante es la eficiencia y eficacia en las metas contenidas en todos y cada uno de estos programas. Así por ejemplo, no obstante los ingentes recursos destinados a programas de asistencia nutricional infantil con mucha plata en programas de alimentación pero no para nutrición, el problema es que existen a la vez altas tasas de filtración a sectores con menores problemas nutricionales, no existiendo además una instancia única que plantee políticas de desarrollo infantil temprano. En realidad de lo observado resulta fundamental por ejemplo que los programas nutricionales prioricen a la población de 0 a 3 años incluyendo componentes de salud y capacitación.

La sola referencia contenida en el párrafo anterior indicaría que se necesita revisar la concepción, operatividad y estructura de los programas sociales, todo ello expresado en una política de Estado que se plasme en la existencia de una institución alternativa a las que existen hoy, que aglutine a una suerte de tecnocracia social de primer nivel, en mi opinión tan importante como la necesidad de seguir contando con una tecnocracia adecuada para el manejo macroeconómico concentrada en el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. La idea de contar con una mejor organizada intervención estatal a través de los programas sociales será vital para los próximos años, no sólo por la expectativa acrecentada de muchos sectores excluidos sino también porque se requiere programas sociales con metas que efectivamente se logren (eficacia) y al menor costo posible (eficiencia) a fin lograr una mejor calidad de gestión gubernamental. Cabe señalar que si todas estas intervenciones se formularan bajo el esquema de presupuesto por resultados se darían mejores condiciones para el ideal planteado, el problema es que actualmente no existe a nivel del Estado el capital humano en magnitud suficiente, amen de las actuales dificultades propias por el traslape de procesos e instancias.

Con independencia de lo anterior, no debo de dejar de decir que lo expresado líneas arriba, a lo sumo nos llevaría a intervenciones estatales mas eficientes a través de los programas sociales, los cuales son sólo paliativos para enfrentar la pobreza, dado que la literatura económica que muestra la experiencia de países que avanzaron notablemente en la resolución del problema, señala que es sólo la posibilidad que la población tenga ingresos sostenidos en el tiempo lo que posibilita el dejar paulatinamente la condición de pobre sin retornar a esta. Al final ello significa que de la posibilidad de una mayor cantidad de empleos de calidad dependerá que ocurra una sostenida reducción de la pobreza, forma que a la vez podría ser funcional a una menos desigual distribución del ingreso; asunto último particularmente crítico que será tratado en una próxima entrega.

Edgardo Cruzado Silverii

El presidente electo, en su visita a Chile, anuncio que desde ese momento se terminaba con la política de cuerdas separadas. Ya no es posible avanzar en el tema económico y comercial, sin enfrentar los problemas de límites o los tratados de inmigración. La verdad es que esto de que la economía puede ir por su camino, sin considerar los resultados que genera sobre el nivel de empleo y los salarios, no es sostenible.

La tarea no es sencilla, las políticas integrales y multisectoriales son complejas, requieren mucha coordinación y planificación. Pero son indispensables. Un caso urgente, donde las cuerdas separadas deben eliminarse, es nuestra política social. Actualmente el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social es el responsable de la política social, pero no cabe duda que la práctica deja mucho que desear y este ministerio responde por una parte muy pequeña del gasto social.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el responsable de promover el acceso a agua segura en los hogares, la principal herramienta en la lucha contra la desnutrición infantil. Así mismo, el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de que las conexiones eléctricas lleguen a los pueblos más alejados, con electricidad la calidad de vida mejora y el potencial productivo de sus actividades aumenta significativamente.

Pero eso no es todo. Uno de los principales programas de lucha contra la pobreza en nuestro país es Juntos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los servicios de salud y educación, con los que debe trabajar Juntos, dependen de sus respectivos ministerios. En el camino de todas estas acciones se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de asignar los recursos entre las entidades públicas y promotor del presupuesto por resultados.

La tarea nos es sencilla, un gobierno elegido para atender a los más pobres tiene que terminar con las cuerdas separadas. Es indispensable la coordinación entre Ministerios, un mecanismo que asegure la participación de los gobiernos locales y regionales y, sin duda, un sistema de planificación que define metas de corto y mediano plazo, que trace un camino seguro en la lucha contra la pobreza. 

Congreso saliente debe nombrar al Defensor del Pueblo

Juan Francisco Rojas

Las reglas institucionales de la democracia se van gestando en las coyunturas y – a veces – pueden ser las mejores para la continuidad del proceso de legitimación democrática. La coyuntura determinó que el Congreso anterior nombrara al Defensor que ha cesado (2005 -2010); y, ahora puede permitir que el Congreso saliente designe su sucesor (2011- 2015). De concretarse esta idea y mantenerse la dinámica, se habrá gestado una incipiente tradición, y el Congreso electo podría en el futuro designar al reemplazante, precisamente, en la víspera del inicio del mandato presidencial del 2016.

La Defensoría del Pueblo es clave en la construcción de la verdadera economía social de mercado. El Defensor debe asegurar el respeto de los derechos constitucionales de los ciudadanos, uno de los cuales pasa necesariamente por su rol – ahora desprotegido y venido a menos - como consumidor de bienes y servicios. Asimismo, el Defensor vela por la justicia y la equidad en la prestación de los servicios públicos, lo que significa denunciar y perseguir – sin temor o componendas – los abusos de las empresas concesionarias, con la anuencia cómplice de los reguladores. Finalmente, el Defensor es un garante de la constitucionalidad del sistema legal en el Perú, pues es uno de los legitimados para plantear acciones de inconstitucionalidad contra las leyes o normas de jerarquía equivalente.

La Defensoría es hoy una institución dormida, anodina, sin alma; y lo que es más grave, que no cumple su función constitucional. Para su transformación se requiere que el Congreso saliente designe a una persona vital; entusiasta; capaz de emprender proyectos y convocar equipos expertos en derechos humanos; que haya demostrado habilidades para conciliar posiciones y producir resultados; y, – lo más importante - que no tenga temor a denunciar injusticias en la sociedad peruana. El candidato debe tener un reconocido prestigio, haber desarrollado una carrera profesional exitosa; y gran capacidad para la comunicación de ideas en los medios. El candidato, debe generar consensos sobre la base de su independencia política, lo que no significa obviamente que pueda haber participado en uno u otro gobierno. Aquí, la clave de la grandeza política: no se propone al partidario, pero nada impide que se designe al que haya tenido cercanía profesional o técnica con uno u otro grupo político.

El momento exige la grandeza de todos los grupos políticos pero, particularmente, la del Nacionalismo. El partido Nacionalista, legítimo vencedor de la contienda electoral, debe propiciar y convenir en la elección del único candidato propuesto por las bancadas que, presumiblemente, integraran su futura oposición parlamentaria. Esta decisión asegurará el tránsito y la legitimidad de la primera minoría parlamentaria. Así, el Nacionalismo le dará al país la oportunidad de mirar el futuro de la Defensoría del Pueblo con independencia.

El Congreso saliente debe designar al Defensor del Pueblo. Walter Gutiérrez Camacho, el único candidato propuesto por la Comisión Ad – Hoc cumple con los requisitos y los pergaminos para asumir dicho cargo y recobrar para la institución el prestigio que esta tuvo con su primer designado, Jorge Santistevan de Noriega.   

 

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Gana Perú ha declarado que de ser gobierno no convocaría a una Asamblea Constituyente. Esta Asamblea no aparece en el compromiso con el pueblo peruano, ni en los lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional. Está desechada. El capítulo económico de la Constitución Política tiene problemas, pero no sería necesario modificarlo. La ruta para cualquier cambio sería difícil por el fraccionamiento del nuevo Congreso. Estos sólo se podrían realizar, de acuerdo a los artículos 206 y 32 de la Constitución, por 2/3 de los congresistas en dos legislaturas, mayoría absoluta de los congresistas con ratificación en referéndum y a través de referéndum con el 0.3% de la población electoral.  

La existencia de la economía social de mercado prevista en el artículo 58 no cancela la posibilidad de una intervención más activa del Estado en áreas como la ciencia y tecnología, el desarrollo de mejores encadenamientos productivos-clusters, mejora de la competitividad o la lucha contra la desigualdad, entre otros. En el texto se manifiesta la vocación orientadora del Estado y sólo sus funciones principales. El siguiente artículo sería aparentemente limitativo al señalar que brinda oportunidades para reducir desigualdades, pero no para disminuirlas efectivamente. Se promueven las pequeñas empresas, pero se olvidan de los campesinos, pueblos aborígenes y otras comunidades marginadas. Sin embargo, nada excluye, por el artículo anterior que se implementen políticas específicas.

La subsidiaridad en la actividad empresarial del Estado del artículo 60 es una restricción respecto de lo que hacen muchos países, donde no existe tal prescripción. Sin embargo, su modificación no sería necesaria en tanto que se ha declarado que no habrá nuevas empresas públicas. El reforzamiento del Banco de la Nación, de COFIDE o PETROPERU ya existentes, no necesitaría de un marco normativo adicional. En el caso extremo, una ley expresa debidamente justificada sería menos difícil que un cambio constitucional.     

El artículo 63 impediría la reserva parcial o total de una actividad económica para los inversionistas nacionales, tal como ocurre ahora en muchos países como Brasil, México, EE.UU., entre otros. Sin embargo, una modificación en las reglas actuales requeriría del interés y consenso de los sectores empresariales nacionales. Esto es lamentablemente poco probable. Con el adecuado cumplimiento de las normas actuales, limitar posibilidades de arbitraje nacional e internacional y aplicar criterios de reciprocidad, entre otros, se podrían obtener buenos resultados (En: La Primera, 27/5/2011, p.11).

Pedro Francke

Mantener el crecimiento y la ampliación de oportunidades económicas es una de las prioridades para el próximo quinquenio.  La discusión que en esta campaña electoral se ha dado sobre este tema, sin embargo, ha estado muy marcada por prejuicios ideológicos e ideas simplistas levantadas mediáticamente. Replanteemos tres temas críticos al respecto.

MERCADO, INCENTIVOS Y ESTADO

Un prejuicio en el que se insiste es que cualquier mayor intervención del estado para regular y promover la economía, llevaría a que se detenga el crecimiento económico. Con este argumento, cualquier visión que proponga un nuevo rol del estado en la economía, es anatemizada.

Sin embargo, la idea de que mientras más regulada sea la economía menos se crece, no tiene respaldo científico. Los análisis estadísticos que se han hecho internacionalmente no demuestran que a menos estado, más crecimiento. Países donde el estado puede representar 40% o 50% del PBI, como Francia o Suecia, han tenido altos niveles  de crecimiento económico. En América Latina, durante los últimos años países como Brasil han tenido un fuerte crecimiento, mientras Uruguay o Costa Rica han logrado a lo largo de la historia alto progreso económico junto con fuerte presencia estatal.

Esto se debe a que el Estado puede promover a los actores privados a invertir más y mejor.  En la innovación y cambio tecnológico, por ejemplo, que es un tema fundamental para tener un crecimiento sostenible, es necesario que el estado apoye con fondos y articulando empresas, universidades e investigadores. La promoción de cadenas de valor hacia productos de mayor valor agregado y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, son también acciones necesarias para crecer económicamente. En estas áreas, el Estado peruano tiene que ser más activo y fuerte, ya que priorizar la extracción de recursos naturales es una receta que no permite un crecimiento sostenible, y que solo nos permitirá crecer algunos años.

Las empresas públicas, que en el Perú han sido tan mal manejadas, han sido fundamentales en otros países en sectores como el petrolero. Brasil ha logrado grandes éxitos económicos recientes con Petrobrás, y también otros países como México, Chile o Colombia mantienen empresas petroleras públicas muy dinámicas. La energía es un insumo estratégico, y como tal la tratan todos los países, y en esta área no estamos aprovechando todo lo que podríamos recursos con los que hemos sido bendecidos, como nuestro gas y petróleo.

ESTABILIDAD MACROECONOMICA

Un tema ausente en el debate de estos meses ha sido la estabilidad macroeconómica, que casi se da por sentada, a pesar de que estamos sobrepasando la meta de inflación del BCR y de la mega-crisis internacional vivida hace apenas un par de años. Parecemos haber olvidado que entre 1998 y el 2001, a fines del gobierno de Fujimori, la economía peruana entró en recesión porque hubo un manejo macroeconómico desacertado ante una crisis externa. Luego de que se lograra una recuperación entre el 2002 y el 2008, nuevamente el 2009 una respuesta tardía a la crisis externa hizo que el crecimiento se detuviera.

Nuestro país es vulnerable a crisis externas, porque somos un país pequeño, abierto y con libre circulación de capitales. Hemos acumulado una gran cantidad de Reservas Internacionales, pero tan importante como tenerlas es saber manejarlas bien.

Un mejor esquema de manejo macroeconómico desde el BCR se estableció en el 2003, cuando bajo la dirección de Oscar Dancourt el BCR introdujo el esquema de metas explícitas de inflación y manejo monetario mediante tasas de interés de referencia, que se ha mantenido hasta ahora. Pero en los últimos años el MEF no ha aplicado siempre una política fiscal contracíclica. Afirmar una política macro anticíclica y mejorar la regulación prudencial de los bancos, siguen siendo cruciales para mantener el crecimiento.

IMPUESTOS Y CAPITAL HUMANO

Algunos ponen énfasis en que más impuestos pueden desincentivar la inversión, aunque es claro que con tasas de retorno estratosféricas como las que hoy tiene la minería, el atractivo a la inversión es más que suficiente. Pero se olvida que sin impuestos no hay salud ni educación de calidad, y que sin esos componentes básicos de capital humano, el progreso económico se detiene.

Si queremos avanzar con tecnologías más avanzadas, con mayor diversidad de productos, con negocios más complejos hacia mercados más exigentes, el talento de los peruanos tiene que ser potenciado con conocimientos y habilidades propias del siglo XXI.

No solo es cuestión de mejorar la calidad de la educación. El 20% de niños desnutridos crónicos y el 37% con anemia, va al colegio con grandes dificultades fisiológicas para un buen aprendizaje. Los 30 mil enfermos de tuberculosis tienen también disminuidas sus capacidades de trabajar. La salud pública tiene que ser priorizada.

Mantener el crecimiento económico parece ser una prioridad para los peruanos. Eso no es igual a mantener el modelo económico actual; por el contrario, algunos cambios son indispensables para que ese crecimiento pueda mantenerse y continuar, evitando riesgos y dándole mejores fundamentos. 

Germán Alarco

Se garantiza estabilidad macroeconómica y se descarta creación de mayores impuestos (Entrevista en La Primera, 11/5/2011, p.16-17). 

La Primera tuvo acceso a Germán Alarco, columnista de este diario y parte del equipo técnico independiente que apoya a Gana Perú en esta segunda etapa del proceso electoral. Nos comentó que el grupo ya completó su primera tarea relativa a elaborar unos lineamientos generales de política económica que son un complemento al Compromiso con el Pueblo Peruano emitido por Ollanta Humala y al Plan de Gobierno 2011-2016 depositado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Nos informó que ya se puede divulgar su contenido, señalándonos que el candidato presidencial ha estado al tanto de su desarrollo y que próximamente se suscribiría formalmente.

¿Estos lineamientos sustituyen al Plan de Gobierno?

No, son un complemento que precisa y ordena algunos elementos del Plan. Son una aportación de los nuevos

técnicos y los que previamente trabajaron el documento formal depositado en el JNE. Este se basa en el Compromiso con el Pueblo Peruano firmado por Ollanta Humala donde se establece que la gran transformación se realizaría de manera gradual pero persistente. Sus principios fundamentales consisten en que los cambios se realizarían en el marco del estado de Derecho, respeto absoluto a la división de poderes del estado, honrando todos los compromisos del Estado y restableciendo la ética pública combatiendo la corrupción y el despilfarro.

¿Cuáles son los ejes de estos lineamientos económicos?

Son siete. Las políticas sociales, La política macroeconómica con crecimiento económico inclusivo, la política tributaria, la nueva política energética, las políticas de regulación, las políticas de empleo de calidad y la reforma del Estado. La política macroeconómica se divide a su vez en tres componentes que procuran la estabilidad de precios y la sostenibilidad fiscal; la promoción de la inversión, la diversificación productiva y competitividad y el desarrollo emprendedor y empresarial a partir de las MYPES.

¿Han cambiado estos ejes respecto de lo que aparecía previamente en el Plan?

No. Los electores que apoyaron a Gana Perú en la primera vuelta electoral verán en estos lineamientos las mismas plataformas de antes. Sin embargo, hay algunos cambios de matices. Por ejemplo, la política macroeconómica con crecimiento inclusivo busca mantener el crecimiento económico. Este es un activo que debemos preservar, pero incorporamos que el mismo debe ser inclusivo y procurar la mejora de la distribución del ingreso y la riqueza.

¿Ya no se habla de economía nacional de mercado?

No en este complemento, pero es un excelente postulado que se mantiene en el Plan de Gobierno. Se trata de centrar el desarrollo en la expansión de mercados para lograr aumentos de productividad y alcanzar ventajas competitivas. Ahora no lo hemos incorporado explícitamente porque el término nacional es mal utilizado por los que quieren hacer una lectura malintencionada del Plan de Gobierno.

¿Segmentos de la población temen que Gana Perú vaya a tener un manejo irresponsable de la macroeconomía del país?

Para nada. Estos lineamientos retoman lo que ya está señalado en el Plan de Gobierno. Los elementos que se ratifican son tres: el respeto absoluto a la independencia y autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, la implementación de una política fiscal responsable y contra cíclica y el mantenimiento de la actual política cambiaria. Con todo esto se ratifica que la posibilidad de una crisis de alta inflación o hiperinflación o una severa recesión como la de finales del primer gobierno aprista es imposible.

¿Cuáles son los otros componentes de la política macroeconómica?

A la estabilidad de precios y sostenibilidad fiscal se agregan las políticas a favor de la promoción de la inversión, diversificación productiva y competitividad y las políticas para promover el desarrollo emprendedor-empresarial y de las MYPES. El plan de gobierno de nuestros opositores no tiene precisión alguna en el campo de lo macroeconómico. También insisten en su modelo económico basado en la exportación de materias primas. En el plan y con estos lineamientos se insiste en que si nos quedamos haciendo lo tradicional simplemente no tenemos futuro. Aquí también estamos ampliando la importancia del desarrollo emprendedor, de las micro y pequeñas empresas. Se trata que estas aumenten su productividad y de esta forma permitan mayores ingresos para su stakeholders (todos los actores vinculados a la actividad).

¿Qué lugar hay para la ciencia y tecnología?

Muy importante, ya que contribuiría a la competitividad del país y a la mejora de la calidad de vida de la población. Debemos resaltar que estos lineamientos de política son breves y que en este caso, para mayores precisiones, debemos remitirnos al Plan de Gobierno original. Allí se habla de la creación de sistemas de información, ampliación de recursos para la actividad, alianzas entre el sector académico-empresa y gobierno, mayores fondos concursables para proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, entre otras políticas.

¿Ahora se habla de competitividad, antes se hacía?

Si se incluía el término, pero ahora tiene mayor énfasis que antes. La inversión en infraestructura, el desarrollo de encadenamientos productivos y clusters, la política de ciencia –tecnología e innovación, la revolución educativa y el desarrollo del mercado de capitales son las políticas claves para fomentarla. Aquí también coadyuva la promoción del comercio exterior e integración económica internacional a través de la eliminación de cuellos de botella y fallas de mercado en las diferentes etapas de las cadenas logísticas.

¿Qué pasó con los micro empresarios en los lineamientos?

Tienen una sección especial dentro de la política macroeconómica para el crecimiento inclusivo. Obviamente aquí se habla de acceso a servicios de desarrollo empresarial, capacitación, asistencia técnica, servicios financieros, entre otros. Es también muy importante el fortalecimiento de los mecanismos de simplificación administrativa y de agilización de trámites para el inicio de actividades productivas. Gana Perú también propone asegurar la plena vigencia de los derechos de propiedad. Este no es un tema exclusivo de Hernando de Soto. Siempre estuvo en el plan de gobierno. Lo que ocurre es que el cree ilusamente que entregando simplemente títulos de propiedad la gente se convierta en rica. Está equivocado, ya que ello depende en gran medida del desarrollo y profundidad del sistema financiero.

¿Qué se dice de las políticas sociales?

Obviamente nos ratificamos en todos los compromisos de campaña. Es un tema esencial y de justicia. El crecimiento tienen que ser inclusivo y es imprescindible mejorar la distribución del ingreso. En los lineamientos no se incorporan todos los programas ofrecidos porque la lista sería muy larga. Sólo se destacan los más importantes como la duplicación de la cobertura del programa Juntos, el programa Cuna más, la Pensión 65 que costaría en su aplicación integral un poco menos de 4,000 millones de soles, el programa de desnutrición cero con desayunos y almuerzos escolares y plan de salud preventiva para los alumnos, la atención del déficit de profesores en las zonas rurales del país, el sistema de atención móvil de urgencia, entre otros.

¿Cómo se financiarían estas actividades?

Los programas sociales tendrían la primera prioridad. Sin embargo, se aplicarían gradualmente bajo el principio de una política fiscal sostenible, que es una política clave para mantener la estabilidad macroeconómica del país. El objetivo en la política tributaria es ampliar los ingresos tributarios permanentes en 3 puntos porcentuales del PBI. Actualmente es de poco menos del 15%. La verdad es que todavía sería poco, ya que Chile está por encima del 18% y Bolivia sobre el 17%. Ni que hablar si nos comparamos con las economías más desarrolladas que tienen el doble de la presión tributaria.

¿Pero, cuales son las políticas concretas?

Combatir la evasión tributaria en el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta que son equivalentes al 37% y 49% de la recaudación actual respectivamente. Luego la tributación minera a partir de mayores regalías e impuestos que permitan compartir parte de las ganancias extraordinarias en esta actividad. Obviamente a niveles que no desalienten la inversión. La tercera fuente sería el aprovechamiento de los mayores ingresos fiscales a propósito del crecimiento económico. Hay que destacar también que los programas sociales se financiarían con recursos del Tesoro Público. Las aportaciones periódicas y los fondos acumulados en las AFPs son intocables.

¿Qué ocurre con los otros impuestos propuestos en el Plan de Gobierno y el sector hidrocarburos?

En estos lineamientos se señala claramente que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentará la carga tributaria a los ciudadanos de ingresos medios y bajos. Los sectores populares y los medios no tienen que preocuparse en lo absoluto del tema fiscal. No hay nuevos impuestos, ni elevación de tasas impositivas. La estrategia consiste en aprovechar las tres fuentes de ingresos mencionadas en la pregunta anterior. Respecto de los hidrocarburos, se debe señalar que pagan en general regalías mayores que la minería. Sin embargo, estás son diferenciadas por lote. En forma negociada, al igual que con la minería, se deberán resolver gradualmente estas disparidades procurando el interés público. Es un tema que se definirá más adelante. No hay que olvidar que los Compromisos y estos lineamientos se establecen en el marco del estado de derecho y honrando los compromisos del Estado.

¿Qué pasó con la política energética?

Es una política central de estos lineamientos, del Plan de Gobierno y de la campaña del candidato. Aquí se ratifica que el gas natural es primero para los peruanos. Hay que renegociar contratos. Es imprescindible despetrolizar la matriz energética nacional masificando el consumo del gas natural tanto en el ámbito doméstico, industrial y para el transporte. También es fundamental promover el desarrollo de una industria petroquímica. Dentro de las propuestas se promueve el uso de energías no renovables y se impulsaría la construcción del gasoducto del sur y del norte. Se insiste en la eficiencia energética y en garantizar energía eléctrica para las regiones norte y sur del país.

¿Se habla de estatizar en estos lineamientos?

No. Eso no aparecía en el Plan de Gobierno. Obviamente en estos lineamientos se trata de fortalecer y mejorar la regulación. Para ello se propone potenciar los mecanismos de defensa de la libre competencia y protección del consumidor o usuario final. Mejorar la eficacia de los organismos reguladores e integración y fortalecimiento de la regulación mediante la constitución de un organismo autónomo de regulación ambiental.

¿Cuál sería el futuro de los trabajadores asalariados en estos lineamientos?

Se iniciaría con el aumento del salario mínimo a $/. 750 y ajustes progresivos de acuerdo a la productividad de la mano de obra y el costo de la canasta básica. Con esta política se resarciría algo de los atrasos, ya el incremento de producto per cápita de la última década no tuvo vinculación alguna con el incremento de las remuneraciones reales. La participación de las remuneraciones en el PBI estuvo en constante decrecimiento. Otras políticas son las de fortalecer la fiscalización efectiva de los derechos laborales, intensificación de programas de capacitación laboral, entre otros programas.

¿Qué otras políticas se mencionan?

La reforma del Estado donde destaca la implementación de reforma del servicio civil de carrera, capacitación del personal para el empoderamiento de la capacidad de gestión de las regiones, priorización de la inversión pública en regiones sin canon, entre otras. No debemos olvidar que en el Plan de Gobierno se destacaba el fortalecimiento del CEPLAN para que las decisiones de corto plazo estén siempre tamizadas por una perspectiva de mediano y largo plazo. El documento termina con una propuesta de fortalecimiento y autonomía para el INEI que se encargaría de la medición de resultados. Hay que poner fin a la posibilidad de que se manipule a conveniencia la información estadística, señaló Alarco.

Nota: Gana Peru publicó el día de hoy  "LINEAMIENTOS DE POLITICA ECONOMICA PARA UN GOBIERNO DE CONCERTACION NACIONAL". El lector interesado puede descargar el documento en la siguiente dirección electrónica : http://www.ollantapresidente.p
e/images/archivos/ollanta_humala_hoja_de_ruta.pdf

Edgardo Cruzado Silverii

El debate en torno al impuesto a la sobreganancias está regresando a la campaña. La semana pasada Keiko Fujimori, durante su visita a Cajamarca, la tierra de la segunda empresa productora de oro a nivel mundial, se manifestó a favor de que el Estado recaude una parte de las grandes utilidades que vienen obteniendo las mineras por los buenos precios internacionales.

Con este anuncio las cosas se ponen parejas. Ambos candidatos han ofrecido recaudar más de las mineras, también ofrecen mejorar la calidad de la educación e incrementar el gasto en salud. La verdad es que propuestas no faltan, entre pensión 65, institutos superiores en cada departamento,  cunas para todos y desayunos escolares, tenemos para llenar un bosque. El asunto es que todas las ofertas, muchas de ellas consistentes con el Acuerdo Nacional, se requieren más recursos para incrementar el gasto público.

En la segunda mitad de los ochenta, el juvenil presidente Alan García, decidió financiar el gasto público con la “maquinita”. La emisión descontrolada de billetes trajo una sucesiva devaluación (cada vez con la misma plata se compraba menos), que nos dejo quebrados y con la inflación por los cielos. En los noventa, luego del shock, el presidente Fujimori vendió las joyas de la abuela para financiar los programas sociales y uno que otro negocio de compra de armas. La verdad es que vendimos en el peor momento, nadie podía asegurar que se terminaría el terrorismo y las “comisiones” se daban en tajada doble. Más temprano que tarde el dinero de las privatizaciones desapareció.

Con varios golpes a cuestas los peruanos hemos aprendido que el tamaño del gasto público está en función de los ingresos generados. La lección la tenemos bien aprendida, en economía no hay lonche gratis. También sabemos que a las empresas, como a las personas, no les gusta pagar impuestos. La actual campaña de las empresas extractivas es una buena muestra. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha financiado sendos estudios para defender su posición. Según la SNMPE sus asociados son los principales contribuyentes del fisco en números absolutos y la carga tributaria de las empresas mineras en muy alta. Como mencionaba Campodonico (www.cristaldemira.com), en un artículo durante la segunda vuelta en el 2006,   “no quieren cambiar nada para que nada cambie”.

I

La historia se repite

La verdad es que el debate por las sobreganancias mineras no es nada nuevo. Durante la segunda vuelta presidencial entre Humala y García, hace cinco años, la propuesta de imponer un impuesto específico a las mineras era compartida por ambos. Los precios internacionales de los minerales venían subiendo vertiginosamente y las grandes empresas, la mayor parte con contratos de estabilidad tributaria, se negaban a acatar el fallo del Tribunal Constitucional que mandaba el pago de regalías mineras. El TC definió que las regalías no son un impuesto, sino una contraprestación (un pago a cambio) por la explotación de un activo propiedad de la nación; por tanto, todo aquel que explota minerales debe pagar al Estado por ellos un precio justo.

La imposición del pago universal de las regalías mineras era parte de la promesa electoral. Ambos candidatos mostraban los altos precios internacionales y las extraordinarias ganancias de las empresas mineras. Ambos ofrecieron un impuesto “especial” para el sector minero, que recupere para el Estado parte de las utilidades de las empresas por los buenos precios de los recursos naturales de la nación.

Terminada la campaña, con el Presidente García en el gobierno, la promesa se la llevó el viento. El gobierno decidió renunciar a más ingresos públicos y firmó, con las principales empresa mineras, un convenio para un “aporte voluntario”, también llamado “óbolo minero”. Las empresas ofrecieron invertir una parte de sus utilidades, casi equivalentes a las regalías que dejaban de pagar, en responsabilidad social. Es decir, las empresas gastaban la plata de todos, a su antojo y según su conveniencia.

II

Lo nuevo del debate

En cinco años mucha agua pasó por debajo del puente y con ella se fueron varios millones. Pero la historia puede ser diferente.

En primer lugar, para sorpresa de todos, esta vez los organismos multilaterales son más radicales que los candidatos. Para el FMI y para el Banco Mundial el pacto fiscal peruano no es adecuado, el Estado debería recibir una parte significativa de las ganancias extraordinarias de las empresas. Es verdad, recomiendan la revisión de la presión tributaria minera para incrementar los recursos pagados al Estado peruano.

Los precios de los minerales siguen por las nubes. Según el Informe Electoral (MEF-PCM) los precios promedios del cobre, plata, oro y zinc de la última década (2001 – 2010) fueron 107%, 106%, 79% y 56%, mayores que los precios promedio de la década anterior (1991 – 2000). Lo que implica que las tasas de retorno de las empresas están por los cielos.

Para muestra un botón. En el caso de Antamina, la mina de cobre de Ancash, la inversión proyectada en 2002 superaba los US$ 2,000 millones y se estimaba una tasa interna de retorno (TIR) de 14%, es decir que los inversionistas recuperarían su inversión en siete u ocho años. La coyuntura internacional cambió todo, los inversionistas recuperaron su plata al año y medio y la TIR se encuentra fuera de cualquier estimado.

Un segundo elemento, novedoso respecto al proceso electoral anterior, son las experiencias internacionales de aplicación de impuestos a las sobreganancias. Los casos más sonados, aunque no los únicos, son Australia, Bolivia y Chile. En el caso de Australia el gobierno establece un impuesto a la renta específico para el sector minero y de hidrocarburos, que se aplicará desde 2012. Bolivia, con el presidente Evo Morales, ha definido una contraprestación plana de 50% para todos los hidrocarburos aplicable desde el 2005. En Chile, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso aprueba un incremento en las tasas de regalías y define un marco de negociación para incrementar las regalías de las empresas con contrato de estabilidad tributaria.

III

La tarea por delante

La historia no se puede repetir, están en juego casi S/.4,000 millones anuales, con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Se puede crear un fondo para los departamentos que no tienen canon, se puede definir un fondo intangible para mejorar la calidad de la educación o simplemente se puede guardar para la época de vacas flacas.

Los candidatos deben poner sus cartas sobre la mesa. Explicar la forma en la que aplicarán el impuesto (ya que la oferta de instrumentos es variada), el monto que estiman recaudar y el destino propuesto para esos recursos.

Insistimos, el impuesto a las sobreganancias se cae de maduro.

Puertos hacen agua

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

En noviembre del año pasado escribimos sobre la necesidad de otorgar vacaciones útiles a un conjunto de instituciones públicas, donde destacaba Proinversión. Se trataba de que no funcione hasta que el nuevo gobierno decida cómo actuar. La operación de esta dependencia genera más daños que beneficios. Ahora nuevamente como resultado de los apresuramientos gubernamentales estamos ad-portas de un nuevo conflicto, ahora internacional. El concesionario portuario estrella del Callao, Dubai Ports (DP World) contra el Estado a propósito de la concesión del Muelle Norte a APM Terminals.

La acusación directa es que se promoverían condiciones de competencia desleal que favorecen a APM en contra de DP World. Esto radicaría en que la asignación del Muelle Sur se hizo a partir de la mayor inversión con una tarifa preestablecida. Ahora con infraestructura y equipo prácticamente regalado por el gobierno se asignó en base a una menor tarifa. Un operador liquidaría al otro por condiciones desiguales. Otro pleito serio, por carecer de un marco legal para frenar concentraciones, ex ante, en Indecopi fue la discusión sobre si DP World podía o no participar en el concurso del Muelle Norte.

Adex y la Cámara de Comercio de Lima señalaron a inicios de noviembre del año pasado que los procesos del Muelle Sur (asignado a DP World) y Paita (TPE) no bajaron los costos al exportador ni mejoraron la competitividad. No han cometido el mismo error con el Muelle Norte al obtener tarifas más reducidas, pero se sigue careciendo de una visión integral del sistema portuario, a la par que los conflictos con los trabajadores portuarios no se resuelven. Nadie sabe cuánto nos va a costar fiscalmente la operación privada en Paita, ya que se trata de un proyecto cofinanciado donde el Estado garantiza ingresos mínimos para el operador portuario, ni si esta opción es mejor que desarrollarla desde el sector público.

La infraestructura portuaria es precaria. Ningún puerto, o mejor dicho muelle, fuera del Callao cuenta con superficies terrestres adecuadas para la operación y almacenamiento. Menos para el desarrollo de actividades logísticas, de procesamiento y servicios colaterales. El sector privado, salvo DP World, sólo ha realizado modificaciones marginales. La mejora de la infraestructura portuaria parece ser un reto del Estado. Hay que crear administraciones portuarias integrales en cada puerto y dejar, caso por caso, que el sector privado incluyendo cooperativas y empresas de los trabajadores portuarios se encarguen de las operaciones. Estos son temas que debe analizar cuidadosamente el próximo gobierno (En: La Primera, 29/4/2011, p.10).

Ambiente, economía y debate político

Mar, 08/03/2011 - 05:00

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Por José de Echave
Especialista en minería

No hace mucho el Banco Mundial presentaba un informe en el que señalaba que el costo de la degradación ambiental en el Perú equivalía al 3.9% del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto le cuestan al país los conflictos ambientales? ¿Cuánto nos ha costado el colapso de los relaves mineros de Caudalosa Chica en los ríos de Huancavelica o los años de contaminación del Corrientes, Pastaza o el Marañón por las petroleras? ¿Cuánto nos cuesta Madre de Dios o La Oroya y los daños a la salud ocasionados por Doe Run? ¿Cuánto nos cuestan los cinco mil pasivos ambientales mineros regados por el país?

Cualquier propuesta seria de gobierno debería partir de la premisa que la gestión ambiental es una estrategia central para generar desarrollo. Sin embargo, uno de los balances más negativos de los últimos gobiernos tiene que ver precisamente con lo ambiental, y por lo que vienen presentando los actuales candidatos no hay muchas razones para ser optimista sobre lo que pasará en los próximos cinco años.

Pese a que la política ambiental en nuestro país es relativamente nueva, no solo no termina de consolidarse sino que muestra una peligrosa tendencia de retroceso: un buen ejemplo son los recientes decretos de urgencia que intentaron favorecer proyectos de inversión flexibilizando requisitos ambientales. Este hecho muestra que la política ambiental  sigue siendo vista como un obstáculo para la inversión y que se pretende pasar por encima de los procedimientos establecidos.

De nada ha servido crear un Ministerio del Ambiente con facultades recortadas, sin recursos ni  respaldo político. Una de las críticas a la gestión del ministro Brack es precisamente el haberse prestado al juego de un gobierno que carece de sensibilidad en el tema y su falta de decisión para liderar la política ambiental que el país requiere con urgencia. 

Se necesita un giro de 180°. El propio Banco Mundial reconoce que las políticas que se siguen en el Perú han tenido como efecto el debilitamiento de las normas ambientales. Debemos desarrollar y no recortar la política ambiental. Algunas pistas: necesitamos terminar de construir una verdadera autoridad ambiental autónoma que recupere credibilidad y que asegure la supervisión e implementación de instrumentos rigurosos para la protección ambiental.

Se necesita abordar con urgencia el tema del agua que se ha convertido en una fuente de serios conflictos entre regiones: los recursos hídricos con los que cuenta el país no son bien utilizados ni se distribuyen adecuadamente. Además, en el tema del agua debemos abordar dos problemas graves: la disminución alarmante del recurso y su contaminación.    

Una nueva gestión ambiental implica el fortalecimiento de las capacidades de prevención de impactos, más aún en un escenario de cambio climático; necesitamos evaluaciones ambientales rigurosas; límites máximos permisibles de emisiones que se actualicen a los mejores estándares internacionales; que se implementen los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica.

Una política ambiental seria logrará, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, la que no acepte someterse a los criterios de certificación ambiental, no la necesitamos. Miremos el ejemplo de La Oroya y el caso Doe Run, para darnos cuenta de los riesgos que debemos evitar. Una verdadera  política ambiental es la mejor garantía de desarrollo eco

El Estado fantasma y el fundamentalismo del libre mercado

Dom, 03/04/2011 - 05:00

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Por José I. Távara
Profesor  PUCP

La campaña electoral ha centrado la atención en el rol del Estado, pero la cobertura de algunos medios –primitiva y desfasada– no contribuye a exponer los problemas de fondo. Son frecuentes las proclamas de adhesión al libre mercado y el rechazo de cualquier atisbo de estatismo, como si el desarrollo de un país y el propio funcionamiento de los mercados no necesitaran de instituciones, políticas sociales y bienes públicos, en pocas palabras del Estado eficiente y democrático al que aspiran todas las sociedades civilizadas.

La ideología estatista –aquella que idealiza al Estado como un ente con capacidad ilimitada de planificar, administrar y dirigir el desarrollo– tiene muy poco peso y gravitación en el debate político peruano. Lo que tenemos hoy es un antiestatismo radical y vocinglero, con un discurso insensato y surrealista en un país con un Estado débil y ausente como el nuestro. No hay duda de que las empresas estatales deficientes, agobiadas por interferencias políticas y dependientes del fisco para sostenerse a flote, fueron un obstáculo al desarrollo durante la década del 1980. Por ello la privatización de los 90 tuvo un impacto positivo en la expansión de la infraestructura económica.

Debilitando al Estado

Sin embargo, si bien los Estados requerían de recortes en ciertas áreas, también necesitaban ser fortalecidos en otras. Uno de los argumentos más usados para promover la privatización en los 90 fue que así el Estado podría concentrar su atención y sus recursos en la provisión de servicios básicos y otras funciones prioritarias como justicia, seguridad y defensa. Pero el fundamentalismo traicionó esta promesa; no solo restringió el ámbito de la actividad estatal sino que debilitó la capacidad del Estado en casi todos los ámbitos, incluyendo su capacidad de regulación y supervisión. Esto facilitó la corrupción y su “captura” por algunos grupos de poder económico. Un Estado débil afecta sobre todo a los más pobres: los hijos asisten a la escuela pública, acuden a las postas y a los hospitales del Estado y su seguridad depende de la policía. Los más ricos, en cambio, compran todos estos servicios en el sector privado, y no se sienten afectados por el debilitamiento o la ausencia del Estado.

La historia reciente en América Latina revela que cuanto peor fueron manejadas las empresas estatales –como en Argentina y el Perú– la intensidad y la extensión de la privatización fueron mucho mayores. Por el contrario, los países con instituciones democráticas y sistemas políticos más sólidos optaron por reorganizar y potenciar las empresas públicas, adoptando los principios de gobierno corporativo, internacionalizando sus inversiones y diversificando sus mercados. Con ello han logrado una distribución más equitativa de las rentas generadas por la explotación de los recursos naturales. Es el caso de Brasil, Chile y en alguna medida Colombia. De hecho, los activos de algunas empresas “privatizadas” en el Perú fueron transferidos a empresas públicas de estos países.

¿De qué cuero salen las correas?

La expansión de las ciudades y el desarrollo de mercados cada vez más complejos y sofisticados requieren de una provisión creciente de bienes públicos. Por ello el tamaño fiscal del Estado en los países ricos es, en promedio, dos o más veces mayor que en los países más pobres. Un estudio reciente de la CEPAL revela que los impuestos a los ingresos y al patrimonio en América Latina se encuentran, en promedio, en los niveles más bajos del mundo. En el caso del Perú, se estima que la presión tributaria (como % del PBI) debería ser al menos 4% o 5% mayor, dado el nivel registrado por el PBI per cápita.

Como era de esperarse, todos los candidatos, sin excepción, han ofrecido elevar la cobertura y la calidad de la salud, la educación y la seguridad. Algunos han expresado también su disposición a promover vigorosamente el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de escalar posiciones en el ranking de “países necios”, propuesto por Eduardo Ísmodes. Pero no nos dicen cómo hacerlo ni de dónde saldrán los recursos. La reforma tributaria ha brillado por su ausencia en esta campaña electoral.

La hora de los electores

Si ganan los candidatos del establishment, todo seguirá igual. North afirmaba que las instituciones no son creadas para ser socialmente eficientes, y que las reglas formales adoptadas generalmente sirven a los intereses de grupos con mayor poder de negociación. Puesto en otros términos, las personas y empresas que se han beneficiado del sistema actual no quieren perder su estatus privilegiado, y no parecen estar dispuestas a experimentar con nuevas instituciones, con mayor capacidad  de enfrentar los desafíos del cambio tecnológico, el deterioro medio ambiental y la desigualdad.

Según Epicteto, “es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe”. Por ello los ideólogos anti-Estado siguen atrapados en su visión dicotómica Estado-mercado, incapaces de entender el significado y la gravedad de estos desafíos. Califican a sus rivales de antisistema cuando, vistas las cosas en perspectiva, los antisistema son ellos. En la medida en que logren resistir los cambios políticos e institucionales, viviremos en un mundo plagado por la irracionalidad económica, las crisis ambientales y los conflictos entre propietarios y desposeídos. Ojalá nuestros ciudadanos se iluminen al momento de votar y nos libren del fundamentalismo intolerante y anacrónico, que ha frenado la construcción de un Estado democrático, eficiente e inclusivo en el Perú.