Por Edgardo Cruzado
Investigador DESCO
Investigador DESCO
Tenemos 10 años de descentralización, las certezas que deja el proceso pueden ser escasas pero son significativas. Una de las principales es que la descentralización representa, sin miedo a equivocarnos, la principal reforma del Estado peruano en los últimos años, la creación de gobiernos regionales y el fortalecimiento de los gobiernos locales, como operadores directos de las políticas de Estado, no tiene vuelta atrás.
Otra gran certeza, que nace de la experiencia más que de la teoría, es que en el proceso de descentralización las mejores opciones no son blancas o negras, en muchos casos la tonalidad adecuada es gris, resulta de un equilibrio de competencias compartidas, políticas coordinadas y evaluaciones sucesivas que perfeccionan las decisiones tomadas.
El gobierno que sale ha tenido, en esta materia, mucho ruido y pocas nueces. Se limitó a concentrarse en metas numéricas de transferencias de funciones, sin considerar las lecciones aprendidas. Con esta visión, que lo pone todo en blanco o negro, se perdieron los espacios de coordinación, se limitó la institucionalidad del proceso y nos quedamos en el pragmatismo de construir “obras por encargo”.
Pero el rol del Estado no es solo construir, su tarea es proveer servicios públicos de calidad, asegurar un gasto social bien focalizado y promover oportunidades para todos. Sobre esto es poco lo que hemos avanzado. Tres prioridades, a nuestro modesto entender, para la consolidación del proceso de descentralización:
1) Reconstruir una instancia rectora: la Secretaría de Descentralización (PCM) no ha estado a la altura de la circunstancia, para conducir el proceso. Se requiere una instancia pública renovada, con participación de los gobiernos regionales y locales, que promueva una agenda de mediano plazo para la descentralización. Esta instancia debe ser responsable de promover el desarrollo de capacidades en las regiones y localidades, debe identificar los cuellos de botella en el proceso de asignación de funciones y tendrá que promover una articulación de los sectores del gobierno nacional con los subnacionales.
2) Promover una política social compartida y un sistema de focalización eficiente: la experiencia internacional demuestra que la lucha contra la pobreza debe ser prioridad nacional, por tanto es compartida entre los niveles de gobierno. Necesitamos un sistema de focalización de hogares eficiente y eficaz, con mecanismo de actualización permanente y con capacidad de brindar confianza a todos. Los gobiernos subnacionales son los operadores naturales de la política social, lo que no limita el rol rector y promotor del gobierno nacional. La operación del servicio en una ciudad es responsabilidad local, pero asegurar un estándar mínimo para todo el territorio peruano es responsabilidad nacional.
3) Implementar la descentralización fiscal: el componente fiscal de la descentralización es el menos desarrollado del proceso, los gobiernos subnacionales son dependientes de las transferencias de recursos, su espacio fiscal es reducido y su asignación no tiene relación con sus necesidades. Se requiere una nueva ley de descentralización fiscal, que ordene el sistema de transferencias, promueva la innovación y asegure el financiamiento para los departamentos y provincias menos desarrollados.