Por: Pedro Francke Profesor PUCP.
Tras el nombramiento de su gabinete, nuestro nuevo presidente Ollanta Humala debe anunciar las líneas maestras de su gobierno en el discurso inaugural del 28 de julio. Enfrentará, en esta ocasión, un problema central que radica en la conexión entre la política económica y la inclusión social.
Correctamente, el presidente Humala ha insistido, una y otra vez, en que la inclusión social es el reto central que enfrentará su gobierno. Es alrededor de esta idea central que logró mantenerse vigente entre el 2006 y el 2011 y que pudo agrupar fuerzas sociales, morales e intelectuales. Esta línea la mantuvo firme durante la etapa electoral contra todos los embates y en medio de todos los cambios y concesiones que tuvo que hacer, y es esta idea la que ha concitado el entusiasmo de millones de peruanos.
La inclusión social, además de ser una bandera políticamente exitosa, es una necesidad nacional. Tirios y troyanos lo reconocieron en sus discursos electorales. Nuestro país no puede abrirse a un camino de progreso, si no resuelve las gigantescas brechas y diferencias que hay entre peruanos.
La cuestión es que esa inclusión requiere de políticas inclusivas que requieren un Estado mucho más activo. Requiere que la salud, la educación y la protección social dupliquen su presupuesto, y con eso apenas se acerquen al bajo promedio latinoamericano de gasto social. Requiere que los trabajadores dejen de ser el lado más débil por el cual la pita siempre se rompe, y se pase a defender el salario, los derechos laborales y la salud y seguridad de los trabajadores. Requiere que el agro deje de ser el sector que es el patito feo y que las comunidades campesinas y nativas sean vistas como un lastre que no tiene potencialidades. Requiere que una política de pensiones tenga como prioridad el bienestar de los jubilados antes que las ganancias de las AFP. Requiere que los pueblos sean consultados y el medio ambiente protegido, antes de dar paso a la minería y el petróleo.
En todos estos aspectos, la inclusión social requiere de cambios en la política económica. No se puede tener más gasto social si no se recaudan más impuestos, y por eso la necesidad de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, que es además de estricta justicia.
El balance es difícil, desde luego, porque no pueden establecerse impuestos que quiebren a las empresas. Tampoco se puede subir el salario mínimo hasta un punto que se genere problemas a las pymes y medianas empresas. Requerimos redistribución y políticas sociales reforzadas, pero desde luego sin atentar contra el crecimiento económico.
Hasta ahora, todos los gobiernos han fallado en lograr este equilibrio; todos ellos, por darle poca importancia a la inclusión social. Fujimori, Toledo y García han privilegiado las ganancias de las grandes empresas, las transnacionales y monopolios, al punto de sacrificar las políticas sociales y de inclusión social.
Cambiar eso fue la gran promesa de Ollanta Humala. Ahora le toca cumplirla, con la ayuda de todos los peruanos.
