Dom, 03/04/2011 - 05:00
Por José I. Távara
Profesor PUCP
Profesor PUCP
La campaña electoral ha centrado la atención en el rol del Estado, pero la cobertura de algunos medios –primitiva y desfasada– no contribuye a exponer los problemas de fondo. Son frecuentes las proclamas de adhesión al libre mercado y el rechazo de cualquier atisbo de estatismo, como si el desarrollo de un país y el propio funcionamiento de los mercados no necesitaran de instituciones, políticas sociales y bienes públicos, en pocas palabras del Estado eficiente y democrático al que aspiran todas las sociedades civilizadas.
La ideología estatista –aquella que idealiza al Estado como un ente con capacidad ilimitada de planificar, administrar y dirigir el desarrollo– tiene muy poco peso y gravitación en el debate político peruano. Lo que tenemos hoy es un antiestatismo radical y vocinglero, con un discurso insensato y surrealista en un país con un Estado débil y ausente como el nuestro. No hay duda de que las empresas estatales deficientes, agobiadas por interferencias políticas y dependientes del fisco para sostenerse a flote, fueron un obstáculo al desarrollo durante la década del 1980. Por ello la privatización de los 90 tuvo un impacto positivo en la expansión de la infraestructura económica.
Debilitando al Estado
Sin embargo, si bien los Estados requerían de recortes en ciertas áreas, también necesitaban ser fortalecidos en otras. Uno de los argumentos más usados para promover la privatización en los 90 fue que así el Estado podría concentrar su atención y sus recursos en la provisión de servicios básicos y otras funciones prioritarias como justicia, seguridad y defensa. Pero el fundamentalismo traicionó esta promesa; no solo restringió el ámbito de la actividad estatal sino que debilitó la capacidad del Estado en casi todos los ámbitos, incluyendo su capacidad de regulación y supervisión. Esto facilitó la corrupción y su “captura” por algunos grupos de poder económico. Un Estado débil afecta sobre todo a los más pobres: los hijos asisten a la escuela pública, acuden a las postas y a los hospitales del Estado y su seguridad depende de la policía. Los más ricos, en cambio, compran todos estos servicios en el sector privado, y no se sienten afectados por el debilitamiento o la ausencia del Estado.
La historia reciente en América Latina revela que cuanto peor fueron manejadas las empresas estatales –como en Argentina y el Perú– la intensidad y la extensión de la privatización fueron mucho mayores. Por el contrario, los países con instituciones democráticas y sistemas políticos más sólidos optaron por reorganizar y potenciar las empresas públicas, adoptando los principios de gobierno corporativo, internacionalizando sus inversiones y diversificando sus mercados. Con ello han logrado una distribución más equitativa de las rentas generadas por la explotación de los recursos naturales. Es el caso de Brasil, Chile y en alguna medida Colombia. De hecho, los activos de algunas empresas “privatizadas” en el Perú fueron transferidos a empresas públicas de estos países.
¿De qué cuero salen las correas?
La expansión de las ciudades y el desarrollo de mercados cada vez más complejos y sofisticados requieren de una provisión creciente de bienes públicos. Por ello el tamaño fiscal del Estado en los países ricos es, en promedio, dos o más veces mayor que en los países más pobres. Un estudio reciente de la CEPAL revela que los impuestos a los ingresos y al patrimonio en América Latina se encuentran, en promedio, en los niveles más bajos del mundo. En el caso del Perú, se estima que la presión tributaria (como % del PBI) debería ser al menos 4% o 5% mayor, dado el nivel registrado por el PBI per cápita.
Como era de esperarse, todos los candidatos, sin excepción, han ofrecido elevar la cobertura y la calidad de la salud, la educación y la seguridad. Algunos han expresado también su disposición a promover vigorosamente el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de escalar posiciones en el ranking de “países necios”, propuesto por Eduardo Ísmodes. Pero no nos dicen cómo hacerlo ni de dónde saldrán los recursos. La reforma tributaria ha brillado por su ausencia en esta campaña electoral.
La hora de los electores
Si ganan los candidatos del establishment, todo seguirá igual. North afirmaba que las instituciones no son creadas para ser socialmente eficientes, y que las reglas formales adoptadas generalmente sirven a los intereses de grupos con mayor poder de negociación. Puesto en otros términos, las personas y empresas que se han beneficiado del sistema actual no quieren perder su estatus privilegiado, y no parecen estar dispuestas a experimentar con nuevas instituciones, con mayor capacidad de enfrentar los desafíos del cambio tecnológico, el deterioro medio ambiental y la desigualdad.
Según Epicteto, “es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe”. Por ello los ideólogos anti-Estado siguen atrapados en su visión dicotómica Estado-mercado, incapaces de entender el significado y la gravedad de estos desafíos. Califican a sus rivales de antisistema cuando, vistas las cosas en perspectiva, los antisistema son ellos. En la medida en que logren resistir los cambios políticos e institucionales, viviremos en un mundo plagado por la irracionalidad económica, las crisis ambientales y los conflictos entre propietarios y desposeídos. Ojalá nuestros ciudadanos se iluminen al momento de votar y nos libren del fundamentalismo intolerante y anacrónico, que ha frenado la construcción de un Estado democrático, eficiente e inclusivo en el Perú.
