Félix Jiménez
Economista Ph. D.
Profesor Principal de la PUCP
Economista Ph. D.
Profesor Principal de la PUCP
Nota: Este artículo apareció hace varios meses en Actualidad Económica. Lo volvemos a publicar por razones obvias.
Es inverosímil que para algunos economistas la crítica al modelo neoliberal peruano sea considerada como un rechazo al mercado, y que los críticos de ese modelo sean calificados como enemigos del mercado. Esta incapacidad de razonar también se revela cuando escuchan hablar de nacionalizar la economía o nacionalizar las actividades estratégicas, es decir, de ponerlas al servicio del interés nacional. El propósito de este artículo es invitar al lector bien intencionado a participar en un debate que trascienda el razonamiento dicotómico Estado-Mercado y despliegue su curiosidad por estudiar los temas del desarrollo.
La modelo económico neoliberal es desnacionalizador
El modelo neoliberal aplicado al Perú desarrolla un circuito económico desnacionalizador. Bastaría señalar que la caída de la tasa de crecimiento de 9.8% en 2008 a 0.9% en 2009, revela la desconexión de nuestra economía con sus mercados internos o su fuerte dependencia con lo que ocurre en el mercado internacional. Esto es historia conocida, pero no parece suficiente. ¿Por qué es desnacionalizador?
Primero, porque la versión neoliberal del modelo exportador aplicado aquí (que es distinta de la versión exportadora de los países del Asia), no considera el desarrollo de los mercados internos. Deja de lado los factores de demanda interna y hace énfasis en el minimalismo estatal, en consonancia con la teoría neoclásica del comercio internacional y del crecimiento económico. Para esta teoría el mercado autorregulado es eficiente, las distorsiones en el mercado son originadas por la intervención del Estado y los países comercian porque tienen distintas especializaciones beneficiándose del comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer relativamente mejor.
Segundo, porque, a diferencia de lo que ocurrió en los países asiáticos, orienta el desarrollo fuera de los mercados internos, creando en su lugar enclaves que no tienen conexiones con la economía interna y no toma en cuenta los intereses de la comunidad nacional de la sierra y la selva del país.
Tercero, porque su focalización en las exportaciones, dada las condiciones de las que se parte, genera comportamientos ventajistas en la competencia internacional mediante la supresión de los derechos de los trabajadores, el mantenimiento de salarios reales estancados, la imposición de contratos de estabilidad tributaria que lesionan la soberanía nacional, y la desatención de los costos medioambientales de la explotación de recursos primarios (piense el lector en Cocachacra, Arequipa; en Majaz, Piura; en Bagua, Amazonas; o, solo en la Oroya, Cerro de Pasco). Piense también, el lector, en las exportaciones no tradicionales que basan su competitividad en mano de obra barata y de baja calificación.
Finalmente, porque privilegia las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora que vende en los mercados externos, en lugar de promover el crecimiento de la demanda interna en consonancia con un aumento diversificado de la oferta productiva. El modelo exportador neoliberal no permite aprovechar internamente los frutos del progreso técnico o los aumentos de la productividad a favor del interés nacional.
La economía nacional de mercado
Hay que «nacionalizar» esta economía. Hay que centrar el desarrollo del país en la expansión de los mercados internos que ya existen y en la creación de otros nuevos, es decir, hay que desarrollar una economía nacional de mercado. Esto no significa autarquía ni estatismo. Significa basar las ganancias de competitividad en aumentos de productividad y no en ventajas absolutas naturales y en el cholo barato. Las ventajas competitivas se logran conectando la economía con la geografía y la demografía, diversificando el aparato productivo para basar estas ventajas en rendimientos a escala con costos unitarios decrecientes que favorece el comercio intraindustrial. Pero también significa institucionalizar políticas de generación de ingresos y demanda interna para sostener el crecimiento.
Hay que construir capacidad productiva industrial, agroindustrial y agropecuaria (oferta), y simultáneamente desarrollar la demanda interna para asegurar el uso de esa capacidad. Además, una demanda interna que se sostiene en el tiempo estimula nuevas inversiones para expandir y diversificar la capacidad productiva. Desde esta perspectiva, las exportaciones son necesarias para solventar las importaciones y hacer sostenible el crecimiento económico; y, en este caso, las ganancias de competitividad están garantizadas por la expansión de los mercados internos.
¿Cómo se construye una economía nacional de mercado?
Primero, facilitando el desarrollo de capacidad empresarial nacional; segundo, desarrollando instituciones y espacios de política para generar establemente demanda interna e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo; y, tercero, con un nuevo contrato social que asegure la democracia republicana.
La creación de capacidad empresarial nacional está asociada a la expansión de la inversión privada nacional o local; pero ésta, a diferencia de la extranjera, enfrenta restricciones de mercado interno, de financiamiento y, de capital humano y tecnología. La restricción de mercado se supera con inversión en infraestructura económica y social, a lo largo y ancho del país. La restricción de financiamiento se resuelve con un mercado de capitales en soles, profundo y líquido, sustentado en un mercado secundario de deuda soberana en soles, a distintos plazos, para generar tasas de referencia para las emisiones privadas. Por último, la restricción de capital humano se supera con una reforma educativa para facilitar la movilidad y adaptabilidad de la mano de obra, con inversión en investigación y desarrollo, y con vínculos institucionales con la industria y las empresas para definir contenidos curriculares que hagan fluido el tránsito hacia el mercado laboral.
La economía nacional requiere desarrollar instituciones y espacios de política para generar establemente un circuito nacional de demanda e ingresos, vinculando el corto con el largo plazo. Esta vinculación es crucial. Se trata de conectar la administración de la demanda agregada durante el ciclo con el crecimiento y las transformaciones estructurales. Procesos históricos importantes de cambio estructural industrialista fracasaron por problemas de corto plazo.
Corto y largo plazo: la relación de la estabilización con el crecimiento económico
Las economías de mercado no son intrínsecamente estables ni tienden automáticamente al pleno empleo. En los países del centro el gobierno, según el legado keynesiano, es el responsable de enfrentar las recesiones mediante políticas, monetaria y fiscal, expansivas. Para que esto ocurra también en países como el nuestro, se debe construir, como lo hicieron los países del centro, un circuito nacional de generación demanda e ingresos.
La condición necesaria para construir este circuito es eliminar las restricciones que impiden que la inversión privada nacional se expanda, creando demanda y capacidad productiva a lo largo y ancho del país. La administración del ciclo (mediante las políticas macro) debe ser funcional a este objetivo de largo plazo.
El mercado de capitales en soles facilita el financiamiento de mediano y largo plazo de la inversión, pero también mejora la eficiencia de la política monetaria basada en metas explicitas de inflación con la tasa de interés como instrumento (regla de Taylor). Cuanto más profundo y líquido es este mercado, mayor es la competencia en el mercado financiero donde hoy domina el oligopolio bancario. El marco regulatorio de este mercado debe ser reformado para que las empresas productivas pequeñas y medianas pueden emitir deudas.
El mercado de capitales en soles también contribuye a la sostenibilidad de la política fiscal. Su expansión se sustenta en el desarrollo del mercado secundario de deuda soberana en soles. Este último permite reducir los riesgos de la deuda pública (cambiario y de tasas de interés variables) sustituyendo deuda externa por interna. El mercado de deuda soberana permite asimismo introducir la «Regla de Oro» en el gasto del gobierno: endeudamiento solo para financiar inversiones públicas. Hasta aquí la vinculación del corto y largo plazo con referencia a la inversión que, como se sabe, es un factor de creación de demanda y de capacidad productiva.
El gasto público corriente no crea capacidad pero sí crea demanda; por lo tanto, junto con la inversión privada local, tiene que ser parte del circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Este gasto no puede ser, entonces, procíclico. Se debe introducir una regla contracíclica en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal, para que los ingresos públicos sean los únicos que fluctúan con el ciclo. En el auge se acumula fondos de estabilización para hacer frente a las recesiones.
Finalmente, en una economía abierta se necesita otra medida para solucionar el conflicto entre el corto y el largo plazo. La apertura financiera y la libre movilidad de capitales dificultan la administración de la tasa de interés y el tipo de cambio real, dos precios relativos importantes que influyen en la demanda de inversión privada. Una buena administración de la economía nacional, decía Keynes, depende de la libertad de fijar una tasa de interés apropiada sin referencia a las tasas prevalecientes en el resto del mundo. Esto quiere decir que hay que controlar el flujo internacional de capitales y, para asegurar un tipo de cambio real estable y competitivo, este control debe ser acompañado con una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario.
Mercado laboral, salarios y generación de demanda
El modelo exportador neoliberal opera con salarios reales reprimidos y sin derechos laborales. Esta manera de ganar competitividad internacional deja de lado los aumentos de la productividad asociados a la expansión de los mercados internos.
Por el contrario, la economía nacional de mercado implica mejores condiciones de vida y de trabajo. En consecuencia, el circuito de generación de demanda e ingresos debe incorporar también al mercado laboral. Se tiene que restablecer el salario mínimo como instrumento de política e introducir estándares laborales decentes, el derecho a la libre sindicalización y un sistema de protección social universal. Estas instituciones ni distorsionan el mercado de trabajo ni tienen por qué reducir los niveles de empleo. Son absolutamente necesarios para desarrollar un proceso sólido y estable de generación de demanda al interior del país. El salario es un factor de demanda y no solo un factor de costo. Hay otros costos como el de financiamiento que se reducirían notablemente con el desarrollo del mercado de capitales en soles.
Para terminar, es importante mencionar que, desde los clásicos, el salario forma parte del conflicto distributivo. Su determinación, por lo tanto, tiene que ver con el poder económico y político que desde el gobierno le da contenido a las políticas públicas. El modelo neoliberal se funda en un desbalance de poder que perjudica a los trabajadores, campesinos y a parte importante de la clase media.
Cambiar la estrategia de desarrollo neoliberal por otra que implique la construcción de una economía nacional de mercado, requiere un nuevo entorno político y social, una nueva coalición de poder, que asegure la construcción de la nación y la práctica de una democracia republicana. No hay otra manera de centrar la generación del circuito de demanda e ingresos en el interior del país y en beneficio de toda la población.
El contrato social neoliberal, la corrupción y la ausencia de democracia
La Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas y propició el dominio del capital transnacional y de la ideología neoliberal en la determinación del contenido de estas políticas: se introdujo el concepto de subsidiariedad limitando el papel del Estado en la economía, se eliminó la estabilidad laboral y otros derechos de los trabajadores, se convirtieron en contratos–ley los contratos de estabilidad tributaria y se perjudicó a la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pié de igualdad con la inversión extranjera.
Con esta Constitución el Estado perdió soberanía y el interés nacional pasó a segundo plano. El gobierno, en su afán por atraer inversión extranjera, acepta el óbolo minero en lugar de aplicar un impuesto a las sobreganancias, renuncia al cobro de regalías y promueve la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al interés nacional y sin rigurosos estudios de impactos ambientales de las inversiones mineras.
Por otro lado, con el neoliberalismo la corrupción se ha hecho parte del actual sistema político y de gobierno. Pocos impuestos y mercado libre para los grupos de poder económico, es parte de la ideología de este sistema. Los grupos de poder eluden su responsabilidad tributaria frente al Estado, y el Estado elude su responsabilidad de proporcionar servicios básicos de calidad a la mayoría de la población. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función a los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Este ejercicio corrupto de la función de gobierno mediatiza la democracia o reproduce, sin nada que lo impida, una forma de gobernar antidemocrática.
En resumen, la actual constitución y la forma corrupta de gobernar, que es funcional al neoliberalismo, conspiran contra la generación de un circuito de demanda al interior del país, indispensable para el desarrollo de la economía nacional de mercado.
Nueva Constitución y la práctica de una democracia republicana
Desarrollar la economía nacional de mercado es indispensable para construir Nación, es decir, una comunidad política territorializada, sin exclusiones. Pero esto no se puede hacer en el marco de la constitución actual. En primer lugar, es necesario recuperar, como peruanos, nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. En segundo lugar, el Estado debe recuperar su papel promotor del desarrollo, regulador de la economía de mercado y proveedor de servicios sociales básicos (educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe) con políticas públicas que tengan alcance universal. Todo esto supone un nuevo contrato social, es decir, una nueva Constitución.
El trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del desarrollo y regulador de la economía, constituyen la base para institucionalizar el circuito nacional de generación de demanda e ingresos. Sin reforma tributaria que aumente los ingresos del Estado y con el gasto público reducido (como porcentaje del PBI), el Estado no llega a todos; es excluyente. No hay servicios sociales básicos para parte importante de la población y los que provee son de baja calidad. Por lo tanto, aparte de los requisitos de desempeño que se impondría a la inversión extranjera, una nueva Constitución permitirá efectuar una profunda reforma fiscal para, aumentando los recursos del Estado, atender programas sociales de carácter universal.
Con la nueva Constitución terminará la corrupción como práctica de gobierno: establecerá garantías y contrapesos, clara separación y plena independencia de los poderes del Estado y de los órganos de control, y una nueva regionalización, para tener un Estado y un gobierno que practique la democracia republicana, con rendición de cuentas, transparencia, y drásticas penalidades a los que gobiernan sin respeto a la elección popular y violando la Constitución.
La práctica de la democracia republicana impedirá la cooptación del poder político por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza. Habrá mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes. La democracia será mucho más que un modo de elegir gobernantes y representantes del pueblo, será un sistema de elección y un modo de gobernar sujeto al mandato del voto popular y a la Constitución.
