Pedro Francke
Todos los candidatos, hayan pasado o no a la segunda vuelta, han ofrecido grandes mejoras sociales. Trátese de pensiones para los ancianos o de resucitar Foncodes, háblese de dar salud de calidad o de la “revolución educativa”, todos han dado discursos y puesto carteles ofreciendo avances sociales.
Pero hay un asunto crítico: aquello con lo que baila el mono, el poderoso caballero, la lana, el cochino dinero, la plata, los mangos, o para decirlo con más seriedad, el presupuesto público para el área social.
Porque hay que ser claros: con apenas 1,5 por ciento del PBI para la salud pública, por ejemplo, muy poco se puede hacer. Sin un aumento presupuestal para la salud, seguiremos con hospitales y centros en la última lona, promoción y prevención débiles y sin lograr que el derecho a la salud se haga realidad. La salud no tiene precio, pero cuesta. Lo mismo puede decirse de la educación, los programas sociales, la nutrición o el cuidado infantil.
Es verdad que también hay que lograr eficiencia en el gasto público. Pero sin insumos básicos ni renovación de equipos obsoletos, sin el personal requerido con sueldos decentes, ¿cómo se puede ser eficiente? Una empresa privada necesita contratar un buen gerente y profesionales y técnicos capaces, comprar maquinarias modernas y estar bien abastecida de materiales. El Estado no es diferente.
Sólo un par de candidatos han hecho propuestas sobre gasto social. Toledo ofreció duplicar el sueldo magisterial y el gasto en educación, y fue criticado. Pero sus críticos no plantearon alternativas. Es verdad que a Perú Posible le faltaba precisar de dónde saldría ese dinero, pero no se trataba de una meta imposible y al menos dijo algo concreto.
Respecto de la protección social, en el Perú, apenas 1 por ciento del PBI se destina a este rubro, muy por debajo del promedio latinoamericano. Ollanta Humala ha propuesto expandir el programa Juntos y otorgar una pensión asistencial a los mayores de 65 años. Ninguna de estas propuestas es revolucionaria. “Juntos” es un programa que se conoce en el mundo como “transferencias condicionadas en efectivo”. Hay más de 40 países en el mundo que tienen programas como éste, inaugurado en México cuando finalizaba el régimen del PRI. Brasil y México gastan entre 1% y 2% del PBI en este tipo de programas.
Las pensiones no contributivas o asistenciales también existen en varios países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, que destinan entre 0,5% y 2% del PBI a este rubro.
La cuestión es de donde sale el presupuesto para las mejoras sociales. La única alternativa sostenible es cobrar impuestos. Gana Perú en su plan de gobierno ha propuesto algunas medidas de este tipo, como el impuesto a las sobreganancias mineras y la revisión de exoneraciones tributarias. Podemos debatirlo. Pero lo que no se puede, es plantear mejoras sociales y estabilidad macroeconómica, si no se dice de donde saldrían los recursos para mantener el equilibrio fiscal. Keiko Fujimori debe dar precisiones en esta materia si quiere tener credibilidad.
