Edgardo Cruzado Silverii
Abril empieza a despedirse y la campaña se calienta, la semana pasada, en medio del descanso por semana santa, hemos presenciado un carga montón contra la propuesta de establecer una pensión para los mayores de 65 años de Ollanta Humala.
El primer cuestionamiento vino de un ex funcionario del MEF señalando que la pensión 65 es simplemente inviable. La caja fiscal no podría soportar la carga que representa este gasto y su aplicación implica incentivos perversos para el sistema contributivo de pensiones.
Este comentario no tiene bases sólidas. Según la Organización Internacional del Trabajo “…existe un amplio consenso sobre la utilidad de un régimen de pensiones no contributivas como política pública dirigida a mitigar la baja cobertura de los regímenes contributivos, así como, evitar o atenuar las situaciones de pobreza entre los adultos mayores” (“Viabilidad de las pensiones no contributivas en el Perú. Proyecciones demográficas y financieras”, del 2008).
Según la OIT el establecimiento de la Pensión 65, en su propuesta S/.100 mensuales para los adultos pobres, implica un costo menor al 0.15% del PBI anual promedio desde ahora hasta el 2050. Es decir, su costo es menor al actual Programa Juntos, solo un poco más que el actual gasto público en el programa de vaso de leche y, aproximadamente, menos de un tercio de la reducción del 1% del IGV realizada por este gobierno.
El cuestionamiento también señala que al dar una pensión “gratis”, las personas pierden el interés de asegurarse recursos para su vejez, es decir, la pensión no contributiva genera un desincentivo a aportar. Al respecto, el estudio señala que tampoco es cierto. Una asignación relativamente baja (como son 100 o 200 soles) no representa un incentivo para que los trabajadores eviten aportar para obtener una pensión adecuada para su futuro.
El segundo cuestionamiento, menos enfocado en la propuesta y dirigido a poner en la mesa más miedo que debate, ha sido mezclar pensión 65 con la protección de los fondos privados de pensiones. El objetivo ha sido confundir a los electores, sembrando la duda del origen de los recursos para financiar la pensión 65, diciendo que serían expropiados de los fondos privados de pensiones.
La verdad, como lo dice el informe 99 de la Defensoría del Pueblo, es que el actual sistema de pensiones deja a buena parte de los peruanos. Pensión 65 es una corrección de emergencia y necesaria, pero queda pendiente una reforma a fondo del sistema contributivo, como esta es caro y de baja cobertura. De esto nos ocuparemos en otro artículo.
