Edgardo Cruzado Silverii
El debate en torno al impuesto a la sobreganancias está regresando a la campaña. La semana pasada Keiko Fujimori, durante su visita a Cajamarca, la tierra de la segunda empresa productora de oro a nivel mundial, se manifestó a favor de que el Estado recaude una parte de las grandes utilidades que vienen obteniendo las mineras por los buenos precios internacionales.
Con este anuncio las cosas se ponen parejas. Ambos candidatos han ofrecido recaudar más de las mineras, también ofrecen mejorar la calidad de la educación e incrementar el gasto en salud. La verdad es que propuestas no faltan, entre pensión 65, institutos superiores en cada departamento, cunas para todos y desayunos escolares, tenemos para llenar un bosque. El asunto es que todas las ofertas, muchas de ellas consistentes con el Acuerdo Nacional, se requieren más recursos para incrementar el gasto público.
En la segunda mitad de los ochenta, el juvenil presidente Alan García, decidió financiar el gasto público con la “maquinita”. La emisión descontrolada de billetes trajo una sucesiva devaluación (cada vez con la misma plata se compraba menos), que nos dejo quebrados y con la inflación por los cielos. En los noventa, luego del shock, el presidente Fujimori vendió las joyas de la abuela para financiar los programas sociales y uno que otro negocio de compra de armas. La verdad es que vendimos en el peor momento, nadie podía asegurar que se terminaría el terrorismo y las “comisiones” se daban en tajada doble. Más temprano que tarde el dinero de las privatizaciones desapareció.
Con varios golpes a cuestas los peruanos hemos aprendido que el tamaño del gasto público está en función de los ingresos generados. La lección la tenemos bien aprendida, en economía no hay lonche gratis. También sabemos que a las empresas, como a las personas, no les gusta pagar impuestos. La actual campaña de las empresas extractivas es una buena muestra. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha financiado sendos estudios para defender su posición. Según la SNMPE sus asociados son los principales contribuyentes del fisco en números absolutos y la carga tributaria de las empresas mineras en muy alta. Como mencionaba Campodonico (www.cristaldemira.com), en un artículo durante la segunda vuelta en el 2006, “no quieren cambiar nada para que nada cambie”.
I
La historia se repite
La verdad es que el debate por las sobreganancias mineras no es nada nuevo. Durante la segunda vuelta presidencial entre Humala y García, hace cinco años, la propuesta de imponer un impuesto específico a las mineras era compartida por ambos. Los precios internacionales de los minerales venían subiendo vertiginosamente y las grandes empresas, la mayor parte con contratos de estabilidad tributaria, se negaban a acatar el fallo del Tribunal Constitucional que mandaba el pago de regalías mineras. El TC definió que las regalías no son un impuesto, sino una contraprestación (un pago a cambio) por la explotación de un activo propiedad de la nación; por tanto, todo aquel que explota minerales debe pagar al Estado por ellos un precio justo.
La imposición del pago universal de las regalías mineras era parte de la promesa electoral. Ambos candidatos mostraban los altos precios internacionales y las extraordinarias ganancias de las empresas mineras. Ambos ofrecieron un impuesto “especial” para el sector minero, que recupere para el Estado parte de las utilidades de las empresas por los buenos precios de los recursos naturales de la nación.
Terminada la campaña, con el Presidente García en el gobierno, la promesa se la llevó el viento. El gobierno decidió renunciar a más ingresos públicos y firmó, con las principales empresa mineras, un convenio para un “aporte voluntario”, también llamado “óbolo minero”. Las empresas ofrecieron invertir una parte de sus utilidades, casi equivalentes a las regalías que dejaban de pagar, en responsabilidad social. Es decir, las empresas gastaban la plata de todos, a su antojo y según su conveniencia.
II
Lo nuevo del debate
En cinco años mucha agua pasó por debajo del puente y con ella se fueron varios millones. Pero la historia puede ser diferente.
En primer lugar, para sorpresa de todos, esta vez los organismos multilaterales son más radicales que los candidatos. Para el FMI y para el Banco Mundial el pacto fiscal peruano no es adecuado, el Estado debería recibir una parte significativa de las ganancias extraordinarias de las empresas. Es verdad, recomiendan la revisión de la presión tributaria minera para incrementar los recursos pagados al Estado peruano.
Los precios de los minerales siguen por las nubes. Según el Informe Electoral (MEF-PCM) los precios promedios del cobre, plata, oro y zinc de la última década (2001 – 2010) fueron 107%, 106%, 79% y 56%, mayores que los precios promedio de la década anterior (1991 – 2000). Lo que implica que las tasas de retorno de las empresas están por los cielos.
Para muestra un botón. En el caso de Antamina, la mina de cobre de Ancash, la inversión proyectada en 2002 superaba los US$ 2,000 millones y se estimaba una tasa interna de retorno (TIR) de 14%, es decir que los inversionistas recuperarían su inversión en siete u ocho años. La coyuntura internacional cambió todo, los inversionistas recuperaron su plata al año y medio y la TIR se encuentra fuera de cualquier estimado.
Un segundo elemento, novedoso respecto al proceso electoral anterior, son las experiencias internacionales de aplicación de impuestos a las sobreganancias. Los casos más sonados, aunque no los únicos, son Australia, Bolivia y Chile. En el caso de Australia el gobierno establece un impuesto a la renta específico para el sector minero y de hidrocarburos, que se aplicará desde 2012. Bolivia, con el presidente Evo Morales, ha definido una contraprestación plana de 50% para todos los hidrocarburos aplicable desde el 2005. En Chile, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso aprueba un incremento en las tasas de regalías y define un marco de negociación para incrementar las regalías de las empresas con contrato de estabilidad tributaria.
III
La tarea por delante
La historia no se puede repetir, están en juego casi S/.4,000 millones anuales, con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Se puede crear un fondo para los departamentos que no tienen canon, se puede definir un fondo intangible para mejorar la calidad de la educación o simplemente se puede guardar para la época de vacas flacas.
Los candidatos deben poner sus cartas sobre la mesa. Explicar la forma en la que aplicarán el impuesto (ya que la oferta de instrumentos es variada), el monto que estiman recaudar y el destino propuesto para esos recursos.
Insistimos, el impuesto a las sobreganancias se cae de maduro.
