Congreso saliente debe nombrar al Defensor del Pueblo
Juan Francisco Rojas
Las reglas institucionales de la democracia se van gestando en las coyunturas y – a veces – pueden ser las mejores para la continuidad del proceso de legitimación democrática. La coyuntura determinó que el Congreso anterior nombrara al Defensor que ha cesado (2005 -2010); y, ahora puede permitir que el Congreso saliente designe su sucesor (2011- 2015). De concretarse esta idea y mantenerse la dinámica, se habrá gestado una incipiente tradición, y el Congreso electo podría en el futuro designar al reemplazante, precisamente, en la víspera del inicio del mandato presidencial del 2016.
La Defensoría del Pueblo es clave en la construcción de la verdadera economía social de mercado. El Defensor debe asegurar el respeto de los derechos constitucionales de los ciudadanos, uno de los cuales pasa necesariamente por su rol – ahora desprotegido y venido a menos - como consumidor de bienes y servicios. Asimismo, el Defensor vela por la justicia y la equidad en la prestación de los servicios públicos, lo que significa denunciar y perseguir – sin temor o componendas – los abusos de las empresas concesionarias, con la anuencia cómplice de los reguladores. Finalmente, el Defensor es un garante de la constitucionalidad del sistema legal en el Perú, pues es uno de los legitimados para plantear acciones de inconstitucionalidad contra las leyes o normas de jerarquía equivalente.
La Defensoría es hoy una institución dormida, anodina, sin alma; y lo que es más grave, que no cumple su función constitucional. Para su transformación se requiere que el Congreso saliente designe a una persona vital; entusiasta; capaz de emprender proyectos y convocar equipos expertos en derechos humanos; que haya demostrado habilidades para conciliar posiciones y producir resultados; y, – lo más importante - que no tenga temor a denunciar injusticias en la sociedad peruana. El candidato debe tener un reconocido prestigio, haber desarrollado una carrera profesional exitosa; y gran capacidad para la comunicación de ideas en los medios. El candidato, debe generar consensos sobre la base de su independencia política, lo que no significa obviamente que pueda haber participado en uno u otro gobierno. Aquí, la clave de la grandeza política: no se propone al partidario, pero nada impide que se designe al que haya tenido cercanía profesional o técnica con uno u otro grupo político.
El momento exige la grandeza de todos los grupos políticos pero, particularmente, la del Nacionalismo. El partido Nacionalista, legítimo vencedor de la contienda electoral, debe propiciar y convenir en la elección del único candidato propuesto por las bancadas que, presumiblemente, integraran su futura oposición parlamentaria. Esta decisión asegurará el tránsito y la legitimidad de la primera minoría parlamentaria. Así, el Nacionalismo le dará al país la oportunidad de mirar el futuro de la Defensoría del Pueblo con independencia.
El Congreso saliente debe designar al Defensor del Pueblo. Walter Gutiérrez Camacho, el único candidato propuesto por la Comisión Ad – Hoc cumple con los requisitos y los pergaminos para asumir dicho cargo y recobrar para la institución el prestigio que esta tuvo con su primer designado, Jorge Santistevan de Noriega.
