Escribe Pedro Francke
Dos son los grandes retos de largo plazo de la economía peruana actual: mantener el crecimiento y mejorar sustancialmente la distribución de ingresos.
El gobierno actual piensa que basta mantener el crecimiento, y para ello su prioridad es la minería, como se ha visto claramente con su postura política en torno a Majaz.
Como el precio del cobre supera los 3,50 dólares la libra y el oro los 700 dólares la onza, las empresas mineras están haciendo utilidades extraordinarias que superan los 10 mil millones de dólares. Dada nuestra gran riqueza geológica, las trasnacionales mineras se ven muy atraídas de invertir en nuestro país. Las condiciones económicas hoy son favorables para esta estrategia primario-exportadora.
Cuando el cobre regrese a un dólar la libra
Pero esta estrategia de desarrollo tiene dos problemas centrales. El primero es la insostenibilidad económica de este crecimiento, siendo probable que dentro de un tiempo los precios internacionales de los metales empiecen a caer. Ya sea porque la economía mundial entre en recesión, ya sea porque se desarrollen muchas nuevas minas en otros países, este es un futuro probable. Al menos, así ha pasado en los últimos 150 años. Los metales no son lo mismo que el petróleo.
Por ejemplo, John Tilton, profesor de la escuela de minas de la Universidad de Colorado, dice que “Para 2009 y 2010 están contempladas grandes extensiones de capacidad en la industria, con lo cual el precio del cobre caerá a su tendencia de largo plazo, en más o menos US$ 1 la libra. Puede ser US$ 0,80 o US$ 1,25: algún punto en ese rango”. A menudo, esas caídas de precios han sido abruptas y agarrado a los gobiernos de sorpresa.
Cuando eso suceda, dos ondas sísmicas golpearán la economía peruana simultáneamente. La primera será la subida del dólar, que podría ser contenida por el Banco Central dadas sus grandes reservas, pero solo de manera parcial y temporal. El alza del dólar afectará sobretodo a quienes han tomado créditos (hipotecarios y de otro tipo) en dólares. Estos deudores sufrirán aún mas porque los capitales empezarán a salir, elevando las tasas de interés.
La segunda onda será la brusca caída en los ingresos del estado, que hoy dependen en alta proporción de la minería. El gobierno central podría defender parte del gasto incurriendo en algún déficit o elevando algunos impuestos, pero aquellos gobiernos regionales y municipios que hoy se financian básicamente por el canon entrarán rápidamente en quiebra. Ambas ondas provocarán una contracción del mercado interno, provocando una recesión.
El otro problema de esta estrategia, claramente presente hoy, es la resistencia de muchos peruanos a seguir viendo como las empresas mineras se llevan la riqueza natural sin promover desarrollo. Para muchas comunidades, las minas solo han dejado aguas, tierra y aires contaminados. A nivel nacional, la estrategia primario-exportadora genera muy poco empleo y bienestar; los salarios no aumentan y la educación y salud públicas siguen por los suelos. Según la última encuesta de la Universidad de Lima, el 34% de los limeños cree que la situación económica esta mal o muy mal, y solo el 14% cree que esta buena. El descontento social crece, reflejado en la caída en las encuestas de Alan García y su gobierno. Sólo la falta de una oposición social y política organizada salva al gobierno aprista.
La responsabilidad del cambio
Muchos estados en el mundo están modificando contratos e impuestos para capturar una mayor parte de su riqueza minera, gasífera y petrolera. Esto no solo incluye países vecinos como Ecuador, Bolivia y Venezuela. El último número de “The Economist” informa que medidas similares en relación a la minería de oro y cobre se están aplicando en Sudáfrica, Tanzania, Guinea, Zambia, Congo e Indonesia. Un fantasma el mundo: renegociar las condiciones de la minería, el petróleo y el gas para distribuir mejor esa riqueza y aprovecharla en generar desarrollo y dar educación, salud y seguridad social.
Mientras eso sucede en otras latitudes, el actual gobierno peruano defiende a rajatabla las enormes ganancias de mineras y petroleras. Esta política representa un alto riesgo para la nación, pues los dos problemas reseñados, probable caída de presios internacionales y protesta social, podrían conectarse de una manera trágica dentro de unos (¿pocos?) años. Ya hoy, la presencia de la minería multiplica conflictos en diversas partes del país, en un contexto en el que el gobierno central tiene altos ingresos y hay recursos del canon en los gobiernos y regionales y municipios. Imagínense lo que puede pasar si centenares de obras se paralizaran porque el gobierno se queda sin fondos y las empresas dejaran de hacer la llamada “contribución voluntaria” (solo tienen que pagarla para precios internacionales de los metales muy altos). Si al mismo tiempo tenemos una recesión que afecte el empleo y/o una inflación que reduzca los salarios reales, la protesta social puede ser mucho más extendida y violenta.
Hace unas décadas, pensaba que las crisis eran el camino de la revolución y el cambio social. Hoy creo todo lo contrario; las crisis son el camino al retroceso económico y al desastre social.
Si, claro: ya sé que hablar de terremotos socioeconómicos cuando no hemos tenido uno en varias décadas, parece fuera de lugar. Tan fuera de lugar como hubiera sido hablar de terremotos un par de meses atrás, antes del desastre de Pisco y el sur. No es simpático oír acerca de lo que nos puede mover el piso. Pero es mejor hacerlo, porque el desarrollo se logra solo si prevén riesgos, los que no se van solo porque cerramos los ojos y enterramos la cabeza como el avestruz.
Seguir apostando por una estrategia de desarrollo centrada en que nuestros minerales y materias primas beneficien a unas pocas familias, es altamente riesgoso. Una mejor distribución de la riqueza minera y una promoción efectiva de la industria, la agricultura y el turismo, de las pequeñas empresas y las comunidades campesinas, son indispensables para un crecimiento sostenible. Seguir sin hacer cambios es simplemente irresponsable.
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