Escribe Armando Mendoza
Los recientes conflictos entre proyectos mineros y poblaciones afectadas ha puesto sobre el tapete el tema de los “enemigos” de la minería: supuestas entidades o personajes, que por diversos motivos buscarían desprestigiarla. Pero lo interesante es que en realidad el más grande enemigo que la minería tiene, esta dentro de sus propias filas.
Así de simple: el mayor enemigo del minero es ese otro minero que se quedo en la edad de piedra, cuya conducta esta reñida con la ética corporativa y para quien “responsabilidad social” es una broma de mal gusto. Aquel que se mete a la prepo en tierras ajenas. Que obtiene ganancias fabulosas pero llora miserias para no pagar impuestos. Que contamina y se hace el “yo no fui”. Que corrompe funcionarios y autoridades. Que maltrata a sus trabajadores. El bacan, el mosca, el vovi del rrioba, el que le toma el pelo al Estado y a las comunidades, ese es el enemigo número 1 que tiene la minería. ¿Por qué?. Porque con sus acciones genera resentimientos y conflictos, alimentando la mala reputación de la minería y arruinando los esfuerzos de aquellas empresas que si buscan operar responsablemente y con licencia social.
Esto viene a colación por la reciente expulsión de la Sociedad Nacional de Minería, Petroleos y Energía (SNMPE) de Minera Casapalca, empresa que se había convertido en la versión corporativa de “Pepe el Vivo”; enredada en multitud de pleitos judiciales, negándose a asistir a las convocatorias del Ministerio de Trabajo, dándole con las puertas en las narices a los inspectores laborales, etc. Ante esta situación, el retiro de Casapalca de la SNMPE más que ser necesario, era inevitable, por el descrédito y conflicto que venía generando.
Para lograr una relación sana y beneficiosa entre minería y país, un primer paso es reconocer que las tensiones y las controversias que genera la actividad minera tienen una base real y legítima, que es necesario atender y resolver. Ello exige, entre otras cosas, poner la casa institucional en orden, estableciendo estrictos estándares sectoriales de responsabilidad social, laboral y ambiental, sancionando ejemplarmente a quienes incumplan. En ese sentido, la expulsión de Casapalca debería sentar un saludable precedente y no ser flor de un solo día. Por ello, esperemos que la SNMPE tome igualmente medidas respecto a Doe Run, otra empresa que también merece sobradamente la tarjeta roja por su deplorable política ambiental y de salud. El Perú no será una potencia nuclear, pero si podemos jactarnos de tener nuestro “Chernobyl cholo”, porque aquicito nomás, a menos de dos horas de Lima esta la ciudad de La Oroya -donde Doe Run opera su complejo metalúrgico- que figura entre las 10 localidades más contaminadas del mundo y donde el 99% de los niños tienen niveles de plomo en la sangre por encima de los límites aceptables.
Ante esta gravísima situación, resulta indefendible que Doe Run haya pateado hacia adelante, una y otra vez, el cumplimiento de sus obligaciones e inversiones ambientales, posponiéndolas hasta el año 2009 cuando deberían haberse realizado este año. La SNMPE no puede quedarse de brazos cruzados, sino que tiene que asumir una posición estricta ante esta empresa, censurándola y reclamándole que atienda debidamente ese desastre ambiental y de salud que es La Oroya. De los mismos mineros depende demostrar al país que la licencia social, el respeto a las comunidades, la responsabilidad ambiental, etc., no son meros discursos, y por ello, por su propio interés, es hora de que saquen de su cesto a las manzanas podridas.
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