José de Echave
La apuesta del gobierno era que el Ministerio del Ambiente nazca en plena cumbre y así lo han hecho. Para García era clave tomarse la foto con el decreto frente a los ilustres visitantes.
Aunque lo que ya deben haberse enterado los visitantes es que el nuevo ministerio nace precedido de procedimientos poco claros, como no había ocurrido en ningún otro país: plazos excesivamente cortos, sin prepublicación del proyecto y sin que el Congreso de la República lo discuta.
Además el nuevo ministerio está llegando precedido de una serie de proyectos de ley y decretos que han buscado limitarlo. Uno de ellos, quizás el más importante, es el decreto legislativo 997, por el cual fue creada la Autoridad Nacional del Agua, adscrita al Ministerio de Agricultura: el decreto ha buscado resguardar competencias del sector Agricultura, sin tener en cuenta que la actual deficiente gestión del recurso exigía que las políticas sobre su uso ya no sean sectoriales y que se basen en un enfoque integral de cuenca. Por lo tanto se necesitaba que la Autoridad de Recursos Hídricos y de Cuencas esté adscrita al Ministerio del Ambiente para lograr una efectiva gestión transectorial que ordene y otorgue las autorizaciones debidas.
El diseño final del Ministerio del Ambiente tampoco ha tomado en cuenta las observaciones de fondo planteadas por el propio Banco Mundial y La Defensoría del Pueblo, sobre las competencias de las carteras sectoriales que generan una intervención desordenada y deficiente en materia ambiental. Por ejemplo, en el caso del sector minero, al nuevo ministerio no se le ha dado facultades para evaluar y aprobar los estudios ambientales, que son hoy en día el principal instrumento de gestión ambiental en el Perú. El esquema adoptado, mantiene una situación en la que el Ministerio de Energía y Minas puede seguir siendo juez y parte. Cabe señalar que en este aspecto estamos a contracorriente del resto de América Latina, donde los Ministerios del Ambiente si tienen la competencia de aprobar los estudios ambientales de los proyectos de inversión.
El Perú necesitaba a gritos una nueva generación de reforma en materia ambiental y se ha optado por un ministerio que no tendrá todo el poder necesario. Así será difícil revertir tendencias y hacer frente, por ejemplo, a los enormes costos que representa la degradación ambiental. No debemos olvidar que el costo de la degradación ambiental en el Perú es más alto que en otros países con niveles de ingreso similares y la carga de esos costos recae sobre todo en los grupos más pobres, como lo señala el propio Banco Mundial: “se estima que el impacto de la degradación ambiental para los pobres en relación a los no pobres es 20 por ciento más alto en términos de impacto por unidad de ingreso y 4.5 veces más alto en términos de impacto por unidad de ingreso”. En suma una política ambiental debería ser parte integrante de una estrategia de reducción de la desigualdad en una sociedad.
El reto era construir la autoridad ambiental que el país necesita y no tomar la foto postal del presidente con el decreto firmado para que se la lleven de recuerdo los visitantes. Pero así se hacen las cosas en el Perú de hoy.
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