Escribe Pedro Francke
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Las acusaciones a quienes critican al gobierno desde el movimiento social, las ONGs y los organismos de derechos humanos se han multiplicado en los últimos meses. Los campesinos, pobladores y promotores de ONGs que promovieron la consulta ciudadana de Majaz, han sido acusados de terrorismo ante el Poder Judicial. Ernesto de la Jara, Javier Ciurlizza y Francisco Soberón, de organismos de derechos humanos son acosados por la prensa, particularmente aquella fujimorista. Melissa Patiño, Carmen Azparrent y otros peruanos que viajaron a un congreso bolivariano en Ecuador, llevan 70 días de carcelería ilegal sin haber cometido delito alguno. Peruanos que han protestado en diversas partes del país están perseguidos y encarcelados.
Como en estos casos no hay prueba alguna de que se haya hecho algo ilegal, el gobierno recurre a la acusación de "terroristas". Es la misma justificación a la que echa mano el gobierno de Bush para mantener durante años a detenidos ilegales en Guantánamo.
Pero ocurre que en el Perú, al gobierno se le hace muy difícil justificar su acusación. El gobierno aprista sabe que en todos estos casos, instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permitirán sus abusos. Ha tratado entonces de buscar respaldo a sus absurdas acusaciones, inventando la conexión de algunas de estas personas perseguidas con el MRTA como si fuera un grupo terrorista activo. Y como el MRTA no ha hecho ninguna acción en el Perú desde hace más de 8 años, trató de conseguir un respaldo internacional en el Parlamento Europeo.
Pero no lo obtuvo. El MRTA no es considerado un grupo terrorista activo ni siquiera por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, por el gobierno de Bush que ve terroristas por todas partes, hasta donde no hay. Felizmente, la justificación internacional que buscaba el gobierno de García para continuar persiguiendo a la oposición social no ha prosperado.
Hay quienes, tras el escándalo mediático en relación a la carta de Aprodeh, dijeron que dicha ONG cometió un error al desconfiar que declarara al MRTA como grupo terrorista tenía como fin perseguir a los opositores. Si había alguna duda, lo sucedido en la última semana las aclara: el gobierno tiene un afán de persecución. Alan García quiere recuperar la fuerza política que ha perdido por no haber cumplido sus promesas electorales y no haber reducido la pobreza, levantando el cuco del terrorismo, tergiversando la carta de Aprodeh y reforzando la persecución para aumentar el miedo entre quienes se le oponen y protestan. Corresponde a quienes defendemos desde una posición principista la democracia y los derechos humanos, mantenernos consecuentes con nuestras posiciones y rechazar esta campaña macartista. La democracia y los derechos humanos se defienden no dando palos a quienes protestan ni metiéndolos a la cárcel bajo cualquier pretexto, sino escuchando el reclamo de pueblo por justicia social.
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