Pedro Francke
Nuevamente se empiezan a discutir alternativas para que las condiciones de trabajo puedan mejorar en las micro y pequeñas empresas, en las que predomina la informalidad, la falta de seguridad social de salud y pensiones, y la inexistencia de contratos y derechos laborales. Según ha trascendido, el gobierno quiere sacar una ley al respecto usando el pretexto de las “implementación del TLC”, aunque realmente esto no tiene mayor relación con el TLC. De ser ese el caso, el plazo para hacerlo vence a fin de junio, que es cuando caducan las facultades que el Congreso cedió al Poder Ejecutivo para dictar leyes sobre este tema.
Una opción interesante es la opción de facilitarles el pago de impuestos a estas empresas, haciéndoles más sencillos los trámites y estableciendo un único impuesto, y al mismo tiempo otorgarles -contra ese pago tributario- derechos de acceso a la seguridad social. Esta alternativa ha sido sugerida meses atrás por la ministra Susana Pinilla cuando estaba en la cartera de trabajo, y ha sido retomada por el actual ministro Mario Pasco. Lamentablemente, en los 2 “rounds” de discusiones al interior del gabinete, trascendidos a la prensa, se han opuesto Rafael Rey y el Ministerio de Economía, que están atrás de un sistema que no facilite ni reduzca impuestos, y que más bien se concentre en ampliar la reducción de vacaciones, gratificaciones y CTS a las medianas y hasta grandes empresas. Rey y Carranza quieren pasar gato por liebre, y aprovechar la ocasión para reducir un poco más los beneficios laborales.
Pero lo cierto es que la ley vigente, que da a los pequeños empresarios la ventaja de reducir vacaciones y gratificaciones pagadas a sus trabajadores, pero sin simplificación tributaria, no ha funcionado. Menos del 5% de pequeñas empresas se ha acogido al sistema. Rey y Carranza quieren mantener a las pymes y a sus trabajadores igual de mal, mientras dan beneficios a las grandes empresas. De esa manera, además, aumentarán la brecha entre grandes y pequeños, haciendo que las pymes pierdan posibilidades de competir con las grandes empresas.
Si el objetivo es mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en otorgar un empleo digno y decente a quienes están en pequeñas y microempresas, el facilitar que esas personas accedan a la seguridad rebajando los costos y facilitando los trámites para las pymes es una buena alternativa. Esto no necesariamente tiene que representar un costo neto para el estado, ya que permitiendo que esos trabajadores y sus familias se atiendan en la seguridad social de EsSalud, a su vez hará que se reduzca la demanda y los gastos en los hospitales adonde estos peruanos van a atenderse hoy en día.
Desde luego que alternativas mayores, reformas más de fondo, hacen falta, tanto en el tema del aseguramiento como en el de la promoción de las pymes. Todos los peruanos debieran tener un seguro de salud que cubra los costos cuando se enferman, y ello pasa por conformar un sistema nacional de salud. Por su parte, las pymes deben tener facilidades de crédito, asistencia técnica, información, capacitación en gestión y una protección del mercado nacional frente a importaciones desleales, como la ropa china o los alimentos americanos subsidiados.
Pero los avances parciales deben ser bienvenidos. En ausencia de una estrategia, de un rumbo general de reformas orientadas a atacar los problemas sociales y la desigualdad, estos avances tendrán alcance limitado. Pero más vale dar un paso adelante con la propuesta del monotributo asegurador, que dos atrás con la propuesta antiliberal de Carranza y Rey.
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