Juan Francisco Rojas
En un evento de la Universidad de Lima sobre la economía social de mercado, un vocal del Indecopi ha sostenido la existencia de tres etapas en la institución: una primera, en la que no existía ninguna preocupación por el consumidor; una segunda en la que se “pensaba que el consumidor era un retrasado mental”, por eso se le protegía en extremo, y la tercera – de la que él forma parte – donde existe un equilibrio entre los intereses del consumidor y los intereses de la empresa. El pensamiento es similar al que difunde con engaños el presidente aprista de dicha institución, cuando en realidad, protege los intereses de las empresas.
Para muestra el caso de la publicidad. En la primera etapa, la publicidad fue liberalizada; la regla permitió que se hiciera cualquier publicidad, sin el más mínimo respeto a las leyes sobre la materia, lo que primaba era la máxima “el mercado corrige cualquier defecto”. En la gestión del 2001 al 2006, se aplicaron las normas vigente, aquellas que exigen que la publicidad sea veraz y que no engañe al consumidor por omisión de información relevante, y se definió que la publicidad no podía reducirse al “gancho” publicitario, sino que – en caso de existir restricciones – éstas tenían que ser difundidas conjuntamente. La administración aprista ha cambiado la regla y ha establecido que basta con que se difunda el “gancho” publicitario, siempre que se incluya la indicación “aplican restricciones” y se indique dónde las tiene que buscar el consumidor (página Web, línea 0800, periódicos).
Para los funcionarios del Indecopi es el consumidor el que debe buscar la información relevante, aquella que le da una clara idea de cuál es la verdadera oferta. Para estos funcionarios, todos los consumidores tienen acceso a internet, a teléfonos y leen -por lo menos- un diario. Para estos funcionarios, son los consumidores los que tienen que asumir el costo de la información. El Indecopi aprista conoce muy bien la realidad del Perú y su pobreza.
Se argumenta que la regla “proteccionista” encarecía el costo para las empresas y dio lugar a la aparición de restricciones que corrían en las pantallas de televisión o a locutores que - a gran velocidad – las recitaban sin que se pudieran comprender. Obviamente, tal práctica encarecía los costos para las empresas, pero era un incentivo para que hicieran publicidad veraz, pues resultaba muy sencillo que cambiaran sus ofertas, destacando también las restricciones en el mensaje principal, y abaratando el costo real que significa difundir anuncios que engañan a los consumidores.
Los anunciantes, medios de televisión y radio, que tanto han aplaudido la nueva regla, no se dan cuenta de cuánto se ha perdido en la credibilidad de la publicidad. Hoy, “aplican restricciones” significa oferta con truco, con trampa. El consumidor promedio, segmento en el cual se encuentra la gran mayoría de peruanos y que actúa confiado en la institucionalidad del mercado, sigue siendo engañado ahora con la complicidad de la autoridad llamada por ley a defenderlo. Todos perdemos y la sociedad gasta dinero en publicidad que no cumple su objetivo.
Una vez más se insiste en la idea del equilibrio para pretender afirmar que el consumidor y las empresas tienen el mismo poder en el mercado. Sería bueno que se dejara de lado la ideología y se tomara en cuenta el mandato constitucional que obliga al Estado a proteger a los consumidores, es decir, a jugar a favor de aquel que es el débil en la relación de consumo. Esto es verdadera economía social de mercado.
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