Francisco Durán
Algo se trama en La Oroya y esta vez los olores no salen de las refinerías sino de la política. El Estado se estaría entrometiendo en decidir quién se quedará con el complejo metalúrgico. ¿No me creen? Lean el informe de Ryan Dube de agosto 17 en Business News Americas, donde habla del riesgo de involucramiento político del gobierno de García. Hay más, si la empresa es reorganizada es posible esperar despidos.
Hace meses que el complejo metalúrgico ha dejado de operar, paralizando la refinación de minerales en el Centro. Renuente a invertir US$ 160 millones en el programa ambiental (Pama), y ante incumplimientos agravados por la falta de liquidez que deriva de la reciente crisis internacional, Doe Run Peru tuvo que cerrar sus operaciones al ser sancionada por el gobierno el 2009.
Aunque paga a sus trabajadores el 70% de los salarios, y tiene el apoyo de buena parte de La Oroya, porque depende de su existencia, el caso es que resulta difícil encontrar quien más apoye a Doe Run. Está aislada de la Sociedad de Minera y también del gobierno, Palacio en particular.
El Estado insiste en el cumplimiento del Pama y se ha puesto inexplicablemente duro en las negociaciones para extenderle los plazos. Primero, al colapsar las negociaciones con el ejecutivo en abril del 2009 por negativa de los ministros. Segundo, cuando desesperada Doe Run llevó el caso al Congreso y obtuvo una prórroga, pero la situación se le complicó nuevamente. Un decreto de Energía y Minas terminó acortando el plazo de 30 meses a 28. Como el cumplimiento se le hizo más difícil, el financiamiento privado prometido no se concreta. Mientras tanto la refinería sigue cerrada y los trabajadores y pobladores viven en ascuas.
Seguro que algo pasa. La clave está en las deudas y el posible cambio de manos. Ahí entra la mano invisible del Estado, esa que los neoliberales ingenuos niegan que exista. Doe Run debe US$ 110 millones a sus proveedores, entre ellos destaca Buenaventura del Grupo Benavides, y la transnacional Cormin, pero sobre todo tiene una deuda acumulada con Sunat por US$ 270 millones (que se la pueden acotar de un solo golpe).
Han ocurrido tres movidas más políticas que técnicas. A pedido de Cormin, Indecopi decidió prontamente iniciar un proceso concursal en agosto 17, lo cual abre la posibilidad de una liquidación. El Tribunal Fiscal, por su parte, también se ha apurado en ver en una sola audiencia todos las deudas de Doe Run. Extraño. Finalmente, entre gallos y media noche, sin consultar a Sunat, salió el DS 1533-1020-EF que le quita la representación a Sunat en los créditos tributarios. Muy extraño. Lo curioso es que el decreto (que salió con errata apresuradamente corregida el 24 de Julio) designa al Fonafe como representante. Esta entidad regula el sector estatal, no sabe de deudas tributarias ni de juntas de liquidación.
La cuestión ahora ya no es si Doe Run obtiene el plazo y el financiamiento necesarios para cumplir lo prometido para recomenzar operaciones. Eso fue ayer. Ahora el tema es si va a liquidación, y por quién votará el Estado (ahora misteriosamente representado por Fonafe) una vez que el Tribunal Fiscal decida el monto de la deuda.
Cabe preguntarse, ¿quién se quedara con las refinerías? ¿Será el grupo Benavides, tan políticamente conectado, o una transnacional, que no le falta influencias? El gobierno tiene la palabra, y algo trama desde muy arriba, al punto que ignora a la Sunat, influye en el MEM, el MEF, y hasta en el Tribunal Fiscal. Hay una mano invisible en el Estado.
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