EL “POPULISMO”, OTRA VEZ.
Waldo Mendoza Bellido
Profesor Departamento de Economia PUCP
El desembolso de S/ 850 millones para el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles durante el 2007 y la reciente ratificación por el MEF de la permanencia de esta medida para este año, son señales de que la política le está ganando a la economía en el manejo del precio de los combustibles. Ante la elevación del precio internacional del petróleo, mientras que todos los países importadores netos han ajustado al alza el precio local de sus combustibles, el precio local en el Perú se mantiene congelado desde junio del año pasado.
Esta política ha sido exitosa en su propósito de evitar el traslado del precio internacional del petróleo a los precios locales. En el periodo reciente, desde junio de este año, mientras el precio internacional del petróleo se ha elevado de 67 a 100 dólares (un alza de casi 50 por ciento), el precio local de los combustibles se ha mantenido congelado. Evidentemente, ha contribuido a que la inflación no suba tanto.
Esta política, sin embargo, tiene dos problemas. En primer lugar, cuando se creó el Fondo, en el 2004, se consideraba que el alza del precio del petróleo era un shock transitorio, y que por lo tanto los fondos inyectados por el presupuesto revertirían al tesoro, cuando el shock desaparezca. La idea no era que el fisco debía alimentar eternamente ese Fondo.
En las condiciones actuales, de mantenerse el precio internacional del crudo en el nivel de principios del 2008, el empecinamiento en mantener congelado el precio local de los combustibles podría costarle al fisco alrededor de S/. 62 millones por semana, S/. 250 millones al mes o S/. 3000 millones al año, alrededor de 1 por ciento del PBI. Es difícil imaginar que estos recursos públicos, ahorrados o gastados, no puedan tener mejores usos alternativos.
En segundo lugar, la experiencia internacional, y especialmente la peruana, revela lo dañino que es la pérdida de autonomía de las empresas públicas en la fijación de sus precios. Un caso extremo se dio hacia fines de los ochenta, cuando un galón de gasolina llegó a costar casi lo mismo que un litro de Coca Cola, en el afán gubernamental de evitar el alza generalizada de precios.
En lo inmediato, la empresa estatal Petroperú, en el uso de las atribuciones que le confiere la Ley, debe ajustar al alza el precio de los combustibles a niveles consistentes con el actual precio internacional del crudo. La empresa necesita generar los recursos que le permita, por ejemplo, financiar la necesaria modernización de la refinería de Talara.
Paralelamente, deben derogarse las normas que crearon y extendieron la vigencia del Fondo, para detener el drenaje de recursos del presupuesto público que se viene observando.
El Ejecutivo no debiera preocuparse por los efectos del alza de los combustibles sobre la inflación. No es su función. Esa función le corresponde exclusivamente al BCRP.
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