Escribe Santiago Roca
Dos factores que aumentaron exponencialmente la informalidad en la economía Peruana durante la década pasada han sido la desenfrenada desregulación del transporte terrestre a inicios de los noventa y la excesiva carga tributaria impuesta desde entonces a ese sector.
A través de la desregulación se dejó al libre albedrío la actividad del sector, se permitió el ingreso indiscriminado de vehículos usados de cualquier tipo y sin revisión técnica, se dio libertinaje pleno para la operación de cualquier ruta, se relajaron las normas de seguridad y de preservación de vida de las personas, se dejó libre los requerimientos de idoneidad del servicio y no se reparó en los efectos del ruido y el medio ambiente.
A su vez, abusando de la facilidad de cobrar impuestos a través del aumento del ISC a los combustibles, el Estado encareció en demasía el principal insumo que utiliza el sector, el cuál ya tenía gravados fuertemente sus otras herramientas: vehículos (arancel e IGV), lubricantes, llantas y repuestos (arancel e IGV), seguros (selectivo e IGV) y peajes entre otros. En realidad, el transporte terrestre es la actividad económica de mayor carga tributaria en sus costos de operación en comparación con otras actividades económicas (cerveza, harina de pescado, agricultura, generación eléctrica, etc), esto sin incluir el IGV a las ventas del transporte de carga.
En un sector donde se ha incentivado la entrada indiscriminada y el libertinaje mas amplio en el ofrecimiento del servicio, la competencia entre empresas se realiza a través del incumplimiento tributario, laboral y del perro muerto a los daños que causa la actividad misma a terceros, además de la reducción de la calidad e idoneidad del servicio, fomentándose abrumadoramente la informalidad. Muchos transportistas formales para sobrevivir pasan paulatinamente a la informalidad. Progresivamente la actividad se transforma en insolvente al ser incapaz de hacerse cargo de sus obligaciones, comprometiendo así a la seguridad de las personas y transfiriendo el riesgo a los usuarios. Conforme los transportistas resucitan como informales o adquieren doble o triple personalidad jurídica para sobrevivir, aumenta el riesgo y la inseguridad vial, haciendo del Perú uno de los países con las tasas más altas de riesgo e inseguridad vial en el mundo.
¿Qué hacemos frente a este desolador panorama? ¿Como hacemos para reducir la informalidad y consecuentemente la inseguridad en las vías? No hay duda en primer lugar que hay que revertir la desregulación para que incentive la seguridad, principalmente aquella referida a la conducta de los choferes, al mantenimiento de los vehículos y al daño ambiental. La campaña “Tolerancia Cero” por ejemplo es un ejemplo exitoso en esta área. En segundo lugar, se necesita un sistema de fomento de una leal competencia entre empresas, implementar por ejemplo el pago de impuestos a través de “detracciones” en los peajes, obligaría a todos los transportistas a pagar impuestos, fomentándose así una leal competencia entre ellos. En tercer lugar, se necesita reducir la carga tributaria que afecta al negocio de transporte, principalmente el ISC a los combustibles, con ello disminuirá el incentivo para ser informal. Cuarto, hay que procurar una fiscalización universal por etapas, empezando con los reglamentos básicos y esenciales para luego enfrentar aspectos menos prioritarios. Finalmente hay que exigir el mejoramiento del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades y lograr que la sociedad civil las castigue si no cumplen su función.
Aunque quizás algunos no lo quieran creer, el efecto de estas medidas debe llevar a una menor informalidad, mayor seguridad y a mejores precios y tarifas para el transporte terrestre. Una muestra de ello se encuentra en la pequeña mejoría de los pasajes por efecto de la implementación de la campaña Tolerancia Cero. Los transportistas se dan cuenta que a un servicio de menor riesgo le corresponde un mejor precio. Lo mismo sucederá cuando se implementen las detracciones en la carretera, los pasajes subirán porque todos tendrán que pagar y no solo algunos (se impide la competencia desleal). El Estado a pesar de la reducción o devolución del ISC recaudará más por efecto de las detracciones.
Habrá siempre alguien que diga, pero ¡va a subir el precio del transporte! ¡se va a perjudicar a los usuarios! Yo me pregunto. ¿Por qué tienen actualmente los transportistas que aumentar el riesgo y la inseguridad vial para poder seguir operando como empresarios? ¿Cuantos no pueden reemplazar sus vehículos obsoletos? ¿Acaso no tienen derecho a vivir decentemente sin necesidad de jugar con la vida del público? ¿Porqué tienen los transportistas que subsidiar los pasajes y las tarifas de carga del resto de actividades económicas haciendo estas mas competitivas a costa de su propio trabajo y desarrollo? ¿Deben cumplir ellos acaso una función redistributiva dentro de la sociedad? No hay duda que hasta el momento el Estado no está jugando su rol para que la actividad del transporte terrestre se desarrolle limpia y libremente.
Por último, los pasajes y tarifas no tienen necesariamente porqué subir, si se maneja inteligentemente la reducción o devolución del IGV.
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