El Estado y los bárbaros

jueves, 29 de marzo de 2007

Escribe José I. Távara
Profesor Principal, PUCP


“Quiero que todos los cargos de confianza se pongan a disposición, de inmediato”. Es la orden distintiva de un tipo especial de sujetos designados a dirigir un organismo público. Son fáciles de identificar pues lo primero que exigen es automóvil, chofer y celular, así como la contratación de una corte de asesores de dudosa reputación. Ingresan entonces al Estado personas inescrupulosas, sin la más mínima comprensión, formación o interés en las funciones propias del organismo en cuestión. Sólo les interesa controlar y disponer de los recursos y funciones públicas para promover su imagen, traficar influencias o realizar negocios privados.
Salomón Lerner afirmaba, en un discurso pronunciado en la PUCP hace pocos años, que "la ciudadanía en el mundo y en nuestro país vive hoy bajo el constante asedio de los bárbaros." Ellos ya no se encuentran extramuros, acechando a las ciudades, sino que habitan entre nosotros. "El bárbaro socava los fundamentos de la justicia al reducirla a un asunto meramente procesal… lucra sigilosamente en las fisuras de nuestro orden social y finge moralizar a través del escándalo." Los sujetos aludidos tienen mucho en común con esta imagen del bárbaro. Recurren a argucias legales para chantajear e intimidar a funcionarios honestos y calificados, con el propósito de desplazarlos, disponer de sus cargos como un botín y capturar el Estado.
La conducta ética en el servicio público – orientada por principios y valores, imparcial y libre de conflictos de interés, transparente y eficaz en el logro de metas, con rendición de cuentas a la sociedad – no siempre va de la mano con la inteligencia o la educación formal. También hay bárbaros con grados académicos de Universidades de prestigio, que discurren con sigilo y elegancia en los círculos empresariales y políticos. Los caracteriza su desinterés en las funciones técnicas del organismo público que representan, su desprecio por el rol especializado de sus profesionales, la superficialidad y audacia con que se expresan sobre problemas complejos.
A veces promueven la creación de estructuras paralelas, para que sus allegados interfieran o reemplacen a los órganos de línea en los procesos de decisión. Pasan la mayor parte del tiempo fuera de la oficina, en cócteles y reuniones, promoviendo su agenda e intereses particulares. No necesariamente provienen del partido político que gobierna, se presentan como “independientes” y se las ingenian para pasar de un cargo público a otro.

La gravedad del daño que estos bárbaros pueden provocar depende de las funciones de los organismos que intentan controlar, y es obviamente mayor cuando más directo es el impacto de sus decisiones en la calidad de vida de las personas. Su conducta invariablemente socava la legitimidad de las instituciones, incluido el sistema de partidos, frenando el progreso y bienestar de la sociedad.

Para enfrentarlos es preciso fortalecer los blindajes institucionales, afirmando los principios de legalidad, autonomía, transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de metas y objetivos, teniendo a los medios de comunicación como reflectores. La cuestión de fondo es el establecimiento de la carrera pública, en especial los procedimientos y criterios de selección, evaluación y promoción del personal, como el eje principal de la reforma del Estado. Sin una masa crítica de funcionarios públicos calificados y honestos, jamás saldremos del subdesarrollo.

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