Escribe Kurt Burneo

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Una observación que venimos haciendo desde la aparición del Marco Macroeconómico Multianual en setiembre del año pasado se refiere a la poca prudencia en el manejo fiscal sobretodo a partir de este año. Esta advertencia cobraría más vigencia si miramos la Nota de Estudio No. 16 del 23 de marzo de este año del BCR. En dicho documento se señala que el PBI creció un 9.2% en enero con una demanda interna que crece en 15.5%.Esta diferenciada tasa de expansión de la demanda interna por encima de la dinámica del PBI no es nueva. Si miramos el último trimestre del año pasado mientras que el PBI crece en 8.5% la demanda interna lo hace en 12.5% siendo factores principales para explicar esta dinámica la expansión de la inversión y consumos privados en 22 y 7.2% respectivamente como también de la inversión y consumo público en 12.4 y 8.45 respectivamente.

En el dato de enero el BCR señala que esta expansión del 15.5% se sustenta en el consumo e inversión privada. Si para febrero el BCR estima que esta diferente dinámica diferenciada se mantendría dado que el PBI habría crecido en 7.5% y la demanda interna en 12.9% entonces ¿Para que seguir con una absurda política fiscal claramente expansiva? Recordemos que mientras que el año pasado se produjo un superávit fiscal nominal de 1.9% del PBI que descontado el efecto del precio de minerales y el efecto de la fase expansiva del ciclo económico este se convierte en un déficit estructural de 0.3% del PBI. Para este año el resultado económico nominal es cero, el cual una vez descontados los factores anteriores se traduce en un déficit estructural de 2.2% y para el 2008 este déficit se eleva a 2.3% del PBI. Además esta claro que un resultado nominal nulo como el proyectado para este año origina que no se acumule un solo centavo en el Fondo de Estabilización Fiscal, y con ello nuestras posibilidades de enfrentar una necesidad de ajuste fiscal cuando cambie el actual contexto internacional favorable se hace menor. Un dato como para ponerle un poco mas de adrenalina al tema es que la magnitud de este impulso fiscal previsto es comparable con la ocurrida en los 2 primeros años de la primera administración del Presidente García.

Pero esta no sería la única vía de mayor volatilidad de la demanda interna que se genera por el gobierno. En el mismo reporte del BCR se señala que destaca entre los indicadores de consumo el crecimiento de los créditos de consumo se incrementan en 26.8% en enero, pero mirando la composición de esta evolución, notamos que luego de octubre de 2006 en la dinámica de estos créditos casi desaparece –como factor explicativo- la participación de los créditos del Banco de la Nación (Pág. 26); quizás por esto es que la administración actual de dicha institución dada su inoperancia en la generación de productos y servicios distintos a los que dejó funcionando la anterior administración, buscando presentar “novísimos” productos; en realidad estos son los mismos de antes pero transformados con mucha impericia técnica y que en verdad los desnaturaliza a fin de lograr uno “nuevo” que le permita aumentar –por ejemplo- el número y monto las colocaciones. Sino miremos por ejemplo el caso de los prestamos a maestros (que ya tenían el acceso a estos préstamos desde el 2001) con créditos sin aval (de mayor riesgo) pero discutiblemente a tasas de interés más bajas, con el detalle que esta poco técnica decisión de esta administración se esta extendiendo para policías y próximamente para militares; claro está, cada una de estas extensiones por grupos ocupacionales en la administración pública se presenta como un “novedoso” producto.

Esta última práctica, quizás podría quedar en la anécdota, pero deja tal condición porque a nivel microeconómico esta irresponsable práctica crediticia no sólo en el futuro va a generar problemas en la calidad de la cartera del BN, sino también porque a nivel macro indirectamente el gobierno (al ser el BN un banco estatal) con esta innecesaria y poco evaluada expansión de estos créditos con mayor riesgo, estaría exacerbando la volatilidad de la demanda interna, volatilidad que ya está propulsada directamente por la actual política fiscal procíclica. Al final creo que la falta de creatividad y solvencia técnica en las decisiones que está adoptando la actual administración del BN nos va a pasar doble factura..

Escribe Pedro Francke

La nueva mayoría demócrata en el Congreso norteamericano ha hecho pública esta semana su postura frente a los TLCs. Son buenas noticias. La declaración demócrata atiende algunos de los problemas centrales que para la mayoría de los peruanos traía el tratado suscrito entre Toledo y Bush, tratado que Alan García criticó antes de las elecciones pero defendió una vez en el poder.

En efecto, en 5 temas centrales los congresistas demócratas demandan cambios similares a los sostenidos por quienes decimos que "TLC Así NO":

1. El TLC suscrito permite que el "libre comercio" deteriore las condiciones de trabajo y generen más explotación y abusos, debido a políticas empresariales de ganar competitividad a toda costa. Frente a ello, los demócratas plantean que se deben resguardar de manera efectiva los derechos laborales fundamentales establecidos por la OIT.
2. El TLC suscrito eleva los precios de las medicinas, debido a una exagerada protección de la propiedad intelectual de las grandes empresas farmacéuticas. Los demócratas plantean revisar esto.
3. El TLC suscrito permite a los inversionistas extranjeros recurrir a tribunales internacionales para reclamar cuando el estado aumenta impuestos con el fin de promover una mejor distribución de la riqueza de nuestros minerales y petróleo. Los demócratas plantean que las inversiones extranjeras no deben tener mayores derechos que las inversiones de nacionales.
4. El TLC suscrito permite un "libre comercio" en perjuicio del medio ambiente, como con la tala ilegal de árboles en nuestra amazonía. Los demócratas plantean que se garantice el respeto a tratados internacionales de protección del medio ambiente.
5. El TLC suscrito no toma en cuenta la pobreza prevaleciente en el Perú. Los demócratas platean promover el desarrollo mediante mayores programas de ayuda y facilidades especiales en el comercio.

Un sexto punto crítico del TLC suscrito, que los demócratas no han recogido, es que permite la competencia desleal de productos agrícolas subsidiados norteamericanos contra nuestros campesinos. Ellos defienden a sus agricultores, y por eso les parece bien el TLC como está. Pero nuestro gobierno debiera defender a los agricultores peruanos.

Los demócratas han planteado otro punto muy favorable a nuestro país: la prórroga inmediata del ATPDEA. Con esta prórroga, nuestras exportaciones mantienen todas las ventajas para entrar al mercado norteamericano, y no necesitamos el TLC para ello.

Ante condiciones tan favorables, lo que le conviene al Perú es respaldar plenamente las posiciones demócratas ante el gobierno de Bush. Debe promoverse la prórroga del ATPDEA por 5 años. Se debe insistir en que en temas como el de las medicinas y la protección de inversiones, las cláusulas negativas en el TLC sean completamente borradas. Y se debe asegurar la protección a los derechos laborales y el medio ambiente.

Al mismo tiempo, el Perú debe insistir en que, como se tiene que renegociar el Tratado, se consideren puntos críticos para nosotros, como el agropecuario. ¿O nuevamente se trata simplemente de aceptar lo que venga, sin ninguna capacidad de proponer y negociar? Esta renegociación puede tomar su tiempo, permitiendo un amplio debate nacional al respecto, ya que el ATPDEA ya nos asegura que podemos seguir exportando a EE.UU. en condiciones ventajosas.

¿Se complica el TLC? Seguro. Pero se facilita que podamos seguir exportando a Estados Unidos y que no tengamos que aceptar condiciones negativas para las mayorías. La oportunidad está servida. Si sólo el gobierno empezara a pensar con cabeza propia y dejar de seguir a la Confiep y a la Sociedad de Minería todo el tiempo.

Escribe José I. Távara

Profesor Principal, PUCP

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“Quiero que todos los cargos de confianza se pongan a disposición, de inmediato”. Es la orden distintiva de un tipo especial de sujetos designados a dirigir un organismo público. Son fáciles de identificar pues lo primero que exigen es automóvil, chofer y celular, así como la contratación de una corte de asesores de dudosa reputación. Ingresan entonces al Estado personas inescrupulosas, sin la más mínima comprensión, formación o interés en las funciones propias del organismo en cuestión. Sólo les interesa controlar y disponer de los recursos y funciones públicas para promover su imagen, traficar influencias o realizar negocios privados.

Salomón Lerner afirmaba, en un discurso pronunciado en la PUCP hace pocos años, que "la ciudadanía en el mundo y en nuestro país vive hoy bajo el constante asedio de los bárbaros." Ellos ya no se encuentran extramuros, acechando a las ciudades, sino que habitan entre nosotros. "El bárbaro socava los fundamentos de la justicia al reducirla a un asunto meramente procesal… lucra sigilosamente en las fisuras de nuestro orden social y finge moralizar a través del escándalo." Los sujetos aludidos tienen mucho en común con esta imagen del bárbaro. Recurren a argucias legales para chantajear e intimidar a funcionarios honestos y calificados, con el propósito de desplazarlos, disponer de sus cargos como un botín y capturar el Estado.

La conducta ética en el servicio público – orientada por principios y valores, imparcial y libre de conflictos de interés, transparente y eficaz en el logro de metas, con rendición de cuentas a la sociedad – no siempre va de la mano con la inteligencia o la educación formal. También hay bárbaros con grados académicos de Universidades de prestigio, que discurren con sigilo y elegancia en los círculos empresariales y políticos. Los caracteriza su desinterés en las funciones técnicas del organismo público que representan, su desprecio por el rol especializado de sus profesionales, la superficialidad y audacia con que se expresan sobre problemas complejos.

A veces promueven la creación de estructuras paralelas, para que sus allegados interfieran o reemplacen a los órganos de línea en los procesos de decisión. Pasan la mayor parte del tiempo fuera de la oficina, en cócteles y reuniones, promoviendo su agenda e intereses particulares. No necesariamente provienen del partido político que gobierna, se presentan como “independientes” y se las ingenian para pasar de un cargo público a otro.

La gravedad del daño que estos bárbaros pueden provocar depende de las funciones de los organismos que intentan controlar, y es obviamente mayor cuando más directo es el impacto de sus decisiones en la calidad de vida de las personas. Su conducta invariablemente socava la legitimidad de las instituciones, incluido el sistema de partidos, frenando el progreso y bienestar de la sociedad.

Para enfrentarlos es preciso fortalecer los blindajes institucionales, afirmando los principios de legalidad, autonomía, transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de metas y objetivos, teniendo a los medios de comunicación como reflectores. La cuestión de fondo es el establecimiento de la carrera pública, en especial los procedimientos y criterios de selección, evaluación y promoción del personal, como el eje principal de la reforma del Estado. Sin una masa crítica de funcionarios públicos calificados y honestos, jamás saldremos del subdesarrollo.

José Oscátegui, Profesor PUCP

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El programa Sierra Exportadora (SE) fue lanzado durante la campaña electoral pasada como la respuesta aprista al atraso secular de nuestra Sierra. La idea que guía a este programa es que la Sierra ha permanecido marginada del proceso de globalización.¹

El actual Presidente de la República sostenía que el problema del cultivo con lluvia no era un problema y que la misma hectárea “sembrada con páprika o con arvejas...le daría tres o cinco veces mas ingresos al propietario” que si lo sembrara con papa u oca. La páprika, por supuesto, para exportación. La distancia y los malos caminos tampoco eran un problema, pues, decía, que si los productos se procesaban tendrían un valor mayor y el costo de transporte no importaría mucho: “ a pesar de los malos caminos, permitiría su circulación y exportación”. El problema del minifundio tampoco era tal, pues bastaría que el crédito concedido por el Banco Agrario “se dé a condición de que los campesinos se asocien con un solo producto y con una sola tecnología...” para que el ingreso se triplicara.

La sierra, afirmaba el candidato, tiene un destino exportador, y los campesinos minifundistas pueden triplicar o quintuplicar sus ingresos, y la pobreza puede desaparecer de esa región, y eso no era ni caro ni complicado. ¿Cómo?. Exportando, por supuesto. El folleto SE señalaba que, para el período 2006-2011, existían veinte (20) productos “que podría producir nuestra sierra para vender al extranjero”. Entre estos, la páprika, la oca, la quinua, la kiwicha, etc, además de las truchas, la palta y la papa procesada....solo que estos tres últimos ya se estaban exportando. ¿Cuál era el costo de esta quintuplicación o, en el peor de los casos, triplicación de los ingresos de los campesinos serranos que ofrecía el candidato?: “Para financiar el plan SE de 150,000 hectáreas se necesitaría un total de US$ 102 millones de crédito revolvente efectivo para los 5 años calculando las amortizaciones e intereses”. En un país como el nuestro donde se piden óbolos por US$ 500 millones cuando podrían cobrarse legalmente regalías por US$ 1500 millones por lo menos, esos US$ 102 millones parecen poca cosa.

El candidato no consideraba que la producción agrícola para exportación no es una producción artesanal, pues el comprador desea obtener la misma calidad de producto año tras año, lo que es imposible cuando el riego depende de las lluvias. En el fervor de la campaña olvidó que la producción agrícola de exportación es producción industrial, es la industria instalada en el campo, con riego regulado y constante producto de inversiones que sobrepasan largamente los US$ 102 millones. La producción de exportación requiere de abundante infraestructura, es decir, abundante inversión que actualmente es inexistente en el campo serrano.

Una publicación recientísima llamada Plan Estratégico Sierra Exportadora, suponemos de la Presidencia del Consejo de Ministros pues a esa dependencia pertenece el programa Sierra Exportadora, nos indica que los “programas productivos priorizados” son los siguientes: a)el de la trucha, b)el de la palta, c)el de la papa procesada, d)el programa forestal, e)el programa de la canola y biocombustible, f)el programa de pastos y ganadería. ¿Y los campesinos pobres? ¿Y la oca y la quiwicha?¿Y la quinua, la cochinilla, el orégano, etc.? ¿Y la papa en general?

Todo nos indica que SE no resolverá la pobreza serrana. Para desarrollar la sierra necesitamos hacer que el espacio serrano sea un espacio económico integrado, y que cuente con abundante inversión en infraestructura de parte del Estado.

1 “El gran motor del desarrollo debe ser, hoy día, la globalización de la sierra...”. Sierra Exportadora, García, Alan (2006). Todas las citas en este artículo corresponden al texto SE..

El Grupo de los 12 (G12) que escriben la columna de Actualidad Económica en La República conformado por: Kurt Burneo, Oscar Dancourt, Alan Fairlie, Pedro Francke, Félix Jiménez, Farid Matuk, Waldo Mendoza, José Oscátegui, Santiago Roca, Juan Francisco Rojas, Jurgen Schuldt, y Bruno Seminario condenan colectivamente la persecución política de la que es objeto uno de sus miembros, por ser moralmente inaceptable, y porque viola el derecho a la libre expresión de las ideas.

Farid Matuk es miembro del G12, y como todos nosotros expresa libremente sus puntos de vista, los mismos que deben tener como exclusiva respuesta el debate y la crítica con ideas u opiniones técnicas. Exigimos el cese de este hostigamiento que daña no sólo a él y su familia, sino tambien al Estado de Derecho en nuestro país.

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Escribe Farid Matuk

No hace mucho el tema de la telefonía fija alcanzó titulares en los diarios locales, en torno a las nuevas tarifas de Telefónica para servicio residencial. En particular, durante la pasada campaña presidencial el tema de la "Renta Básica" constituyó para el actual Presidente un eje de acción. Y hace unos pocos meses, Canal N trasmitió un discurso presidencial en una zona urbana marginal de Lima donde el Presidente equiparó el lema "Agua para Todos" con "Teléfono para Todos".

Por ello una primera reflexión es si el servicio telefónico es tan esencial como el agua potable, el saneamiento, o la electricidad; esta percepción social se desarrolla en la medida que conforme una ciudad crece, la telefonía se torna esencial.

Es este gráfico podemos ver como ha evolucionado la tenencia de teléfono fijo en el hogar, en 1993 a nivel nacional la incidencia era 8.5% y en Lima y Callao era 18.5%. Es decir que en promedio a nivel nacional no había 1 teléfono por cada 10 hogares, y en Lima y Callao no había 1 teléfono por cada 5 hogares.

Al presente, tenemos para efectos prácticos que la cobertura se ha triplicado tanto a nivel nacional, como en Lima y Callao, pero este incremento homogéneo también nos dice que la desigualdad entre Lima y Provincias no se ha reducido, aunque ciertamente tenemos que a nivel nacional ahora se tiene 1 hogar de cada 4 con teléfono, y en Lima y Callao mas de la mitad de los hogares tiene teléfono.

Una primera conclusión en un horizonte de largo plazo es que efectivamente la cobertura telefónica se ha incrementado de manera sustantiva, y la falta de oferta existente en el pasado ha desaparecido, y que ahora todo aquel que quiera un teléfono tiene como única limitante su capacidad adquisitiva.

En el pasado reciente tenemos que la espectacular expansión de cobertura telefónica parece haber llegado a su techo. En el gráfico a continuación se tiene que en términos gruesos podemos dividir al Perú en tres grandes áreas: 1) Lima y Callao con 30% de los hogares, 2) Provincia Urbana con 40% de los hogares, y 3) Provincia Rural con 30% de los hogares.

En el gráfico a continuación, las barras representan Lima y Callao y Provincia Urbana, y la línea representa el promedio nacional. Provincia Rural no esta representada porque se mantiene con una cobertura inferior al 1% en todo el periodo de análisis. El último trimestre graficado corresponde al tercero de 2006, y el 26 de Marzo próximo el INEI debiera entregar el cuatro trimestre de 2006 para tener el año completo.

En este gráfico se puede observar, como en el pasado reciente, se tiene un incremento mas pausado de la cobertura telefónica. En Lima y Callao se tiene un crecimiento cuyo pico para el tercer trimestre de 2006 es 62.6%, y en Provincia Urbana es 30.8%, y para Provincia Rural por debajo del 1%.

Si de acuerdo al Censo 2005 en Lima y Callao se tienen 1'801,501 hogares, para todo efecto práctico tenemos poco menos de 700,000 hogares que carecen de teléfono en el hogar, y dado el tamaño de Lima y Callao se abre la pregunta de cuan esencial es percibido este servicio.

Como se reseño al comienzo de esta nota, el Presidente equiparó el acceso a agua potable domiciliario con el tenencia domiciliaria de teléfono, y en estos días el servicio de telefonía no se encuentra racionado como era previo a los 90s, sino que es exclusiva función de la capacidad adquisitiva de los hogares.

Por ello resulta pertinente evaluar si como en el caso de la energía eléctrica domiciliaria, donde es aceptado socialmente un subsidio cruzado, es decir los que consumen mas subsidian a quienes consumen menos, es factible un servicio telefónico mínimo equivalente a la tarifa eléctrica mínima.

Finalmente tenemos que a nivel transversal el acceso a telefonía muestra un grado de desigualdad mayor a los servicios de agua potable, saneamiento, o electricidad. Sólo en las provincias de Lima y Callao se tiene que al menos 1 de cada 2 hogares tiene teléfono. En el gráfico a continuación se han seleccionado las 18 provincias distintas a Lima y Callao donde por lo menos 1 de cada cuatro hogares tiene teléfono, es decir que la cobertura es de menor al 25% en 175 provincias, y es menor al 1% en 51 provincias.

Esta situación a nivel nacional, nos ayuda a entender mejor el eco que encuentra en los hogares los cuestionamientos a la política de comunicaciones existente al día de hoy, y también abre la interrogante de cómo evolucionará la cobertura telefónica a nivel nacional.

Toda la información anterior es la herencia de la administración Toledo, y al mismo tiempo la línea de base de la administración García. El instrumento del Censo Continuo permite tener información de las 195 provincias año a año, y por ello permite evaluar si los recientes acuerdos del gobierno con la concesionaria de telefonía incrementarán o no la cobertura, y aún más si la desigualdad de acceso al servicio se reduce.

La nueva alternativa censal del gobierno es que nos enteremos en 2017 (en el mejor de los casos) si las negociaciones del día de hoy tuvieron impacto a nivel provincial en incrementar la cobertura y reducir la desigualdad.

Escribe Alan Fairlie

Sería paradójico que un gobierno del APRA, cuyo fundador definió como una de las banderas fundacionales la integración, se retire de la CAN.Si bien sabemos que esa no es la posición del Presidente, ni del Canciller o el ministro de Defensa, también es claro que cada vez de manera más abierta y sistemática ministros o funcionarios de alto nivel están actuando desde una posición exactamente contraria.

Señalemos algunos hechos:

a) Las recientes declaraciones del ministro de la producción, donde dice que están evaluando un alejamiento de la CAN. Esta declaración se dio respaldando la posición de un gremio exportador, que repite argumentos del neo-liberalismo anti-integracionista, que han usado endiversas coyunturas. Que el Perú está más avanzado que sus vecinos andinos en las reformas, por lo que sus políticas y los mecanismos de integración de la CAN son una suerte de lastre para el avance del país. Por tanto, lo prioritario debería ser la "integración al mundo", y no la subordinación de la política comercial a socios minoritarios en un acuerdo de integración que no ha cumplido sus objetivos. Así, plantean ahora que se busque un acuerdo bilateral con la Unión
Europea, igual que lo plantearon en la negociación del TLC con Estados Unidos (y al final firmaron, dejando a su suerte a Colombia).

Más allá del volumen de comercio, está la calidad del comerciointracomunitario (intraindustrial y de alto valor agregado), que ha permitido el "efecto plataforma" para conquistar luego mercados
extraregionales. También existen condiciones excelentes para completar la liberalización de servicios, y otros temas centrales de la agenda comercial como propiedad intelectual, biodiversidad y medio ambiente. Además, el proyecto andino es multidimensional y aparte de la
articulación física y de infraestructura, está la dimensión social del acuerdo, los nuevos temas y actores (medio ambiente, energía, pymes) y el importante grado de avance institucional que incluye un mecanismo de solución de controversias supranacional. Se elaboró un nuevo diseño
estratégico en las dos administraciones anteriores de la Secretaria General, que valdría la pena retomar y no liquidar (como han buscado).

Los enemigos de la integración no ignoran que la Unión Europea ha planteado una negociación en bloque con todos los países andinos, y no acuerdos bilaterales. De modo tal que su pedido es solo un pretexto encubierto que busca la salida del Perú de la CAN.

b) La primera y decisiva acción de la campaña anti-CAN que ahora comentamos, fue la reducción arancelaria unilateral impulsada por el MEF. Sin explicitar ninguna estructura de protección efectiva como objetivo, o los sectores que se buscaban impulsar, se dio una reducción arancelaria cuyo norte aparente era favorecer importaciones de maquinaria que beneficiarían a la agricultura. Pero, ahora está claro que un objetivo central de esa medida era boicotear la
negociación en bloque con la Unión Europea. En efecto, justo en el momento que se estaba negociando un arancel inicial de desgravación, el Perú unilateralmente redujo sus aranceles, con lo cual debilitaba la posición negociadora de Colombia y Ecuador en sus legítimas aspiraciones de proteger sus sectores sensibles. Le daban argumentos a la Unión Europea para exigir que ese arancel común tomara los niveles más bajos de la CAN (que eran los del Perú, pero ahora mucho másbajos), y no perdían la esperanza que en caso se entramparan las negociaciones en bloque, la UE se inclinara por una negociación bilateral con el Perú.

c) Tampoco son casuales los ataques reiterados contra el presidente deVenezuela, al que los países andinos han pedido su retorno a la CAN (en un contexto en el cual hay una afinidad manifiesta con los gobiernos de Bolivia y Ecuador). El nuevo Secretario General ha tenido una destacada actividad en los primeros momentos de su gestión, buscando crear los espacios mínimos que fortalezcan la unidad andina.

En ese sentido, hizo un llamado a la mayor participación venezolana, así como también a la presencia efectiva de Chile como asociado. Pero,los anti-integracionistas del Perú que controlan importantes sectores del gobierno y son los mismos que impulsaron el TLC "si o si" con Estados Unidos, quieren un acercamiento con Chile, con Colombia, con México y los centroamericanos que también tienen TLC con Estados Unidos. Pero, no quieren a Venezuela, Ecuador, Bolivia, MERCOSUR, ni la Comunidad Sudamericana de Naciones. Pretenden la consolidación del arco pacifico hemisférico bajo la égida de Estados Unidos, a costa de la integración regional y sudamericana.

Sería bueno que el Presidente aclare si será fiel al legado de Haya de la Torre y apoya la integración andina, o si secundará a sus amigos neoliberales anti-integración encaramados en el gobierno.

1. Porque mientras las ganancias de las grandes empresas han engordado enormemente, los salarios no han crecido. Es indispensable que los beneficios del crecimiento económico lleguen a las mayorías, y para que los salarios aumenten los trabajadores deben poder organizarse y negociar colectivamente.

2. Porque la productividad de las empresas ha aumentado en los últimos años, con lo que cada pantalón u onza de oro que producen les cuesta menos en mano de obra: pueden aumentar los salarios sin perder competitividad.

3. Porque buscar competitividad en base al "cholo barato" no logra el desarrollo de ningún país. Los salarios no pueden seguir bajando, y recortar vacaciones sólo aumenta la competitividad temporal y limitadamente. Lo que se necesita es un aumento permanente de la productividad en base a tecnología y eficiencia.

4. Porque si aumentan los salarios, los trabajadores comprarán más a las pequeñas empresas y la agricultura, con lo que se generará más empleo y se promueve su desarrollo tecnológico.

5. Porque trabajadores manejados al miedo están obligados a trabajar duro, pero pierden la motivación para cuidar la calidad de sus productos o buscar mejoras en la empresa. Hay que pasar a nuevas relaciones laborales donde se compartan las ganancias de productividad.

6. Porque trabajadores que pueden ser despedidos cualquier día sin razón alguna pierden la motivación para capacitarse.

7. Porque la inexistencia de derechos laborales impide una integración sana con el mundo, razón por la cual los congresistas demócratas se resisten a la aprobación del TLC en los Estados Unidos.

8. Porque es doloroso que, cuando nuestro jefe nos explota o maltrata, no podamos reaccionar y debamos tragarnos sus abusos, dejándonos un sentimiento de impotencia.

9. Porque el Presidente García lo prometió durante su campaña; en particular ofreció terminar con los services y un pago justo por las horas extras.

La Ley General de Trabajo debe discutirse en el Congreso de la República, reestableciendo los derechos de los trabajadores a poder sindicalizarse, negociar un pliego de reclamos y no ser despedidos por el sólo hecho de levantar la cabeza. El diálogo entre trabajadores organizados y empresarios debe ser promovido. El Partido Aprista debe cumplir sus promesas electorales a este respecto.

Félix Jiménez

En un artículo anterior mostramos que las políticas del Consenso de Washington afectaron el crecimiento de largo plazo porque frenaron el aumento del stock de capital: disminuyó el porcentaje de la inversión privada a PBI y la participación de la inversión en equipo. Pero, además, esas políticas también afectaron el crecimiento de largo plazo y la competitividad, a través de su influencia negativa en el desarrollo tecnológico.

Las políticas orientadas a mejorar la calificación de los trabajadores, aumentan su eficiencia y, en consecuencia, su capacidad para utilizar las tecnologías modernas. Como se sabe, trabajadores con mayor conocimiento son capaces de generar mayor valor agregado. Esto no es posible cuando las políticas afectan la inversión en capital humano, particularmente, cuando limitan el gasto en educación, en salud y en investigación. En los países industrializados la contribución relativa del capital humano al crecimiento es grande y son ellos los que más invierten en este tipo de capital.

Desde el año 1973 hasta fines de los ochenta, el gasto en educación registró una tendencia decreciente que se acentuó dramáticamente en los años del primer gobierno de Alan García. Después, en los años noventa, cuando se recupera la economía y se supera la hiperinflación, el gasto en educación como porcentaje del PBI retoma sus valores de inicios de la década de los

años ochenta; pero, no llega a superar los niveles registrados en los años setenta (ver gráfico ). Lo que es peor, las «reformas estructurales» y el énfasis en la reducción del tamaño del Estado, afectaron significativamente la calidad de la educación. La recuperación relativa del gasto fue parte de la política fiscal procíclica y no de un plan de mejoramiento de largo plazo de la calidad del sistema educativo.

No puede decirse que los neoliberales de nuestro país buscan hacer de la educación el pivote del crecimiento económico de largo plazo. Los recortes de gastos junto a la ausencia de una auténtica reforma tributaria, han empobrecido a las escuelas y universidades públicas. Nótese, además, que un sistema impositivo que grave más a los que más tienen, no es visto por los neoliberales como parte integrante de la reforma del Estado.

El neoliberalismo ha convertido en guetos de «pobreza» a los espacios y bienes públicos. A diferencia de lo que ocurría en los años previos a la moda neoliberal, hoy las escuelas y universidades públicas son lugares exclusivos de los «pobres» o de los que forman parte del 54% de la población. El Estado parece que se está retirando del país. Esto lo expresa bien el actual gobierno de Alan García, quien ha calificado de «pedilones» a los pobladores de los barrios pobres, al mismo tiempo que ha institucionalizado el «óbolo» de las empresas transnacionales que explotan nuestros recursos naturales.

Con un sistema educativo que ha perdido calidad y que no invierte adecuadamente en investigación, tiene que haberse afectado la productividad de los trabajadores y, por ende, su capacidad de operar con tecnologías más modernas. Este hecho, el freno al crecimiento del stock de capital y la disminución relativa de la inversión en equipo, son los responsables del largo estancamiento de la relación capital-trabajo (ver gráfico ).

Escribe Juergen Schuldt

El origen del nombre con que se ha calificado este síndrome proviene de la experiencia específica de Holanda, cuando comenzaron a explotar los ingentes campos de gas natural del Mar del Norte desde principios de los años sesenta. La enorme cantidad de divisas que ingresó por ese concepto afectó notoriamente -para mal- la competitividad exportadora de sus sectores industriales y agropecuarios, como consecuencia de la creciente sobrevaluación del florín. El término fue plasmado por primera vez por los editores del semanario londinense The Economist (1977) en un artículo titulado “Dutch Disease”, entendida como “el contraste –entre la salud externa y el malestar interno- es el síntoma de la ‘enfermedad holandesa’”; es decir, la Enfermedad Holandesa (EH) estaría caracterizada por la paradojal presencia conjunta de una bonanza de la balanza de pagos con la quiebra de las empresas productoras de bienes transables.

Pero esa especie de ponzoña –que, hoy en día, poco tiene de holandesa- se conoce desde hace muchas décadas y hasta siglos atrás. Cuando menos, ha sido palpada desde la época en que la producción española de bienes transables –agrícolas y manufactureros- fue afectada adversamente por el ingreso masivo de metales preciosos (oro y, especialmente, plata) de sus colonias americanas. Por lo que, muy pertinentemente, hay quienes han señalado que a ese proceso perverso –que, además, probablemente fue el más extendido de la historia- debería denominársele más correctamente como el Síndrome Español o Americano e, incluso, como La Maldición de Moctezuma. Para otras latitudes este mismo fenómeno ha sido calificado de las más diversas maneras, según el país en el que se fraguó. Por ejemplo, en el caso de Colombia, a raíz de boom cafetero, se le ha dado en llamar el “efecto Pambelé”, estableciendo una paralelo con el destino de ese gran boxeador que -de la noche a la mañana- se hizo millonario, pero que una vez que dejó los guantes naufragó en la más penosa y aparentemente incomprensible miseria.

Este virus infecta al país exportador de alguna materia prima (petróleo, minerales) a partir de diversas circunstancias, que a veces pueden venir combinadas, a saber: cuando se eleva sustancialmente el precio de su principal producto de exportación o cuando se descubre y explota una nueva y abundante fuente o yacimiento (quantum). Este proceso también puede desatarse por el repentino e inesperado ingreso masivo de divisas por concepto de inversión extranjera directa (caso del Perú en 1995-97), por un auge del turismo (España en los años sesenta y setenta), por remesas de migrantes (Centroamérica) o por flujos abundantes de ayuda externa (África subsahariana). Con lo que, cuando se desata un boom de exportación primaria e ingresan divisas en masse, el exceso de oferta de divisas vis a vis la demanda, lleva a la sobrevaluación de la moneda doméstica respecto a la de los países con los que comercia. Con lo que se procesa una crisis en los sectores de bienes transables, pero la bonanza del sector transable beneficiado le otorga un empuje vertiginoso a la producción de las mercancías no transables (gobierno, transportes, servicios).

El auge, tanto del sector transable beneficiado (en nuestro caso sería la minería), como del de los no transables, generalmente da lugar –por intermedio de complejos fenómenos multiplicadores reales o monetarios- a un acelerado crecimiento económico a pesar de las dificultades por las que atraviesan los demás sectores transables. Este parecería ser el caso peruano, según gran parte de los analistas y de ciertos gremios empresariales, quienes consideran que el sol está sobrevaluado. Los datos sobre el tipo de cambio real (multilateral), con base en 1994, no confirman esta hipótesis ya que el índice promedio se ha ido devaluando 1,9% en 2004, a 0,7% en 2005 y 1,2% en 2006. Lo que quiere decir que en el último trienio se ha materializado una devaluación real del 3,9%.

Pero, como algunos analistas no confían en tales cálculos, en la medida que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no sería un proxy de los costos de las empresas exportadoras, sería interesante que, por ejemplo, ADEX nos ofrezca un índice de éstos, como lo acaba de presentar el BCR. De acuerdo a éste, utilizando un índice de costos de los insumos de las empresas, la devaluación real habría sido del 9,4% entre enero de 2003 y principios de este año, superior en más de cinco puntos porcentuales al calculado en base al IPC. Lo que se debería al incremento relativo menor de los combustibles en el país y al hecho de que la productividad de los trabajadores creció más que los salarios (véase Gestión de hoy; p. 12).

Al margen de ello, sin embargo, veamos un enfoque alternativo, el de la evolución de los sectores productivos en el Perú durante el año pasado. Para confirmar la existencia de la supuesta sobrevaluación y de la existencia de una Enfermedad Holandesa (EH) los sectores industrial y agropecuario tendrían que haberse comprimido, mientras que los no transables debieron haberse expandido. Esto último es cierto, ya que éstos se expandieron notablemente: 14,7% la Construcción, 12,1% el Comercio, 8,2% los otros servicios (gobierno y transportes) y 6,9% Electricidad-Agua. Sin embargo, lo que llama la atención, es que los sectores transables –que, se supone, serían golpeados por la sobrevaluación- también hayan crecido en forma notable: el agropecuario al 7,2% y el industrial no primario al 5,7%. Por si quedaran dudas las exportaciones no tradicionales aumentaron en cerca de US$ 1.000 millones, equivalentes a un crecimiento del 23%. Dicho sea de paso, la bonanza macroeconómica es tal (en enero de este año el PIB habría crecido al 9,9%), que probablemente hacia el segundo semestre del año en curso el BCR tenga que subir su tasa de interés de referencia si quiere cumplir con su meta explícita de inflación.

De lo anterior se desprende que no sufrimos –por lo menos, aún no- la perniciosa Enfermedad Holandesa, lo que en importante medida se debe a las afortunadas intervenciones masivas del BCR en el mercado cambiario desde hace varios años. Solo en lo que va del 2007, ya se ha visto obligado a ‘recoger’ dólares por más de US$ 110 millones semanales, los que vienen siendo parcialmente ‘esterilizados’ (para evitar la emisión exagerada y, por ende, la inflación) con la venta de certificados de depósito a corto plazo. Que ello también puede contraer otros problemas, no despreciables, ya es harina de otro costal.

1. El TLC busca mantener un modelo neoliberal que no ha mejorado las condiciones de vida de las mayorías

En los últimos 15 años, el Perú ha venido aplicando una política económica neoliberal que ha generado crecimiento económico, sobretodo en coyunturas en las que la economá internacional nos ha sido favorable, como ha sido el caso en los ultimos años con un crecimiento económico mundial y precios de las materias primas excepcionalmente altos, y tasas de interés muy bajas.

A pesar de ello, la pobreza se ha mantenido prácticamente inalterada. La mayoría de la población peruana se ha beneficiado muy poco de este crecimiento.

Evolución de los niveles de pobreza y pobreza extrema Perú 1997-2004.

(% de personas bajo la línea de pobreza)

Área	1997- IV	1998- IV	1999- IV	2000- IV	2001- IV	2002- IV	2003 -IV	2003/04*
Tasa de Pobreza
Nacional	42.7	42.4	47.5	48.4	54.8	54.3	54.7	52.0
Rural	66.3	65.9	71.8	70.0	78.4	77.1	76.0	73.6
Urbana	29.7	29.7	34.7	36.9	42.0	42.1	43.2	40.3
Pobreza extrema
Nacional	18.2	17.4	18.4	15.0	24.4	23.9	21.6	20.7
Rural	41.5	40.0	44.4	35.6	51.3	50.3	45.7	42.5
Urbana	5.3	5.2	4.7	4.1	9.9	9.7	8.6	8.9
Fuente: ENAHO IV trimestre 1997-2002, ENAHO anual 2003/04 (mayo 2003-abril 2004)
Elaboración: Herrera (2001,2004)

Además, el excedente de explotación, conformado por las rentas, las utilidades, los intereses y parte de los ingresos de los independientes que llevan adelante actividades por cuenta propia, ha incrementado su participación en el PBI, mientras que el ingreso por trabajo dependiente ha disminuido (cuadro siguiente).

Cuadro: Distribución funcional del PIB 1991-2002.

(Estructura porcentual a precios corrientes)

Año	PIB	Remuneraciones	Impuestos	Consumo de capital fijo	Excedentes de explotación
1991	100	30.1	9.9	7.3	52.7
1992	100	26.4	10.7	6.5	56.4
1993	100	25.0	10.3	6.3	58.4
1994	100	25.1	10.9	5.9	58.1
1995	100	25.2	11.0	6.3	57.5
1996	100	24.9	10.7	6.5	57.9
1997	100	24.2	10.4	6.6	58.8
1998	100	24.6	10.3	6.9	58.2
1999	100	24.8	9.7	6.9	58.6
2000	100	24.3	9.5	7.1	59.1
2001	100	24.5	9.1	7.1	59.3
2002	100	24.0	8.8	6.9	60.3
2003	100	23.7	9.2	7.2	59.9
Fuente: Schuldt (2004).

Simultáneamente, a los datos de distribución funcional de ingresos indicados, se puede añadir la evolución de las utilidades de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, que ha pasado de 680 millones a 6,300 millones de soles entre 2001 y 2004.

Todo ello se puede resumir en el siguiente gráfico, que muestra con bastante claridad como el incremento del PBI no es acompañado por un aumento de salarios ni por una disminución de la pobreza

Gráfico 3: PBI per cápita, salarios reales y pobreza.

Como veremos en los siguientes acápites, el TLC busca una continuación de esta política económica neoliberal, ya que blinda el sector primario-exportador manteniéndolo como enclave, dificulta un desarrollo industrial y tecnológico, afecta negativamente al sector agrario y arava las condiciones sociales de la población.

2. El TLC mantendría la exportación primario-exportadora como enclaves que no aportan significativamente al desarrollo nacional

Uno de los temas principales para el desarrollo nacional es como utilizamos nuestra riqueza de recursos naturales para que estos sean la base de recursos en la que podemos basarnos como Nación para impulsarnos hacia el desarrollo.

En los últimos años, el enorme incremento de precios de nuestras materias primas, como el oro, el cobre, el zinc, el gas y otros, ha puesto nuevamente de relieve la enorme riqueza de nuestros recursos naturales. Sin embargo, las reglas económicas establecidas por el neoliberalismo fujimorista impiden que esas riquezas permanezcan en el país, y la mayor parte del valor actualmente generado se va al exterior como ganancias de las empresas que los explotan. La ley de regalías fue una iniciativa importante por corregir esa situación, cuyos frutos han sido reducidos en buena parte debido a la actitud del Ejecutivo de no cobrar regalías a las empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica, a pesar del fallo del Tribunal Constitucional al respecto.

Este asunto es fundamental, ya que cualquier política pública de promoción económica, sea esta de construcción de infraestructura, de crédito agropecuario o para otros sectores, de programas de asistencia técnica, de generación de innovaciones tecnológicas y de educación, encuentra un límite muy claro y marcado en los escasos recursos que capta el Estado, es decir, la baja presión tributaria existente.

El TLC o APC, a este respecto, establece un freno muy fuerte a las posibilidades de mejorar las reglas de distribución de la riqueza de nuestros recursos naturales, mediante mecanismos como el impuesto a las sobreganancias o la renegociación de contratos. Esto se debe a que el capítulo de inversiones del TLC establece que cualquier medida que afecte las legítimas expectativas de ganancia de los inversionistas puede ser considerada “expropiación indirecta”, y las empresas podrán demandar una indemnización correspondiente y entablar juicios al Estado peruano en tribunales internacionales de arbitraje al respecto. Este aspecto del TLC o APC busca claramente defender una estrategia de desarrollo basada en la explotación de recursos naturales por parte de grandes empresas que se apropian la mayor parte del excedente, impidiendo la mejora de las condiciones de vida de los peruanos y el crecimiento del mercado interno por esta vía, así como limitando seriamente la capacidad promotora del Estado en la economía.

A su vez, el TLC, dada la prohibición establecida en el capitulo de inversiones de establecer “requisitos de desempeño”, impedirá también que se desarrollen políticas destinadas a incrementar los eslabonamientos internos de la actividad primario-exportadora, manteniéndola como un enclave sin que se puedan establecer políticas públicas que exijan el incremento de compras de insumos a productores nacionales, la mayor elaboración de productos, la generación de investigación e innovación tecnológica, la capacitación de la mano de obra, entre otros.

De esta manera, un elemento fundamental del TLC es el constituirse en un freno al cambio requerido en las condiciones en la que opera la explotación de nuestros recursos naturales, cambio que debe redistribuir la renta generada y vincular productivamente estos sectores a la industria nacional.

3. ¿Con el TLC se promueve los sectores que pueden modernizar al país?

En el caso del TLC, los principales productos de exportación peruanos que ya están ganando con el ATDPEA y que mantendrían esos beneficios son: (i) materias primas o productos semi-elaborados (como los cátodos de cobre o el petróleo) que hoy pagan aranceles muy bajos para entrar a los EEUU y no han generado eslabonamientos productivos y tecnológicos importantes; (ii) productos que ya no incorporan nuevas tecnologías y que van a sufrir una competencia internacional muy dura, como los textiles, y (iii) productos de agroexportación basados en nuestros recursos pero con posibilidades muy limitadas de generar una dinámica de cambio tecnológico que impulse el conjunto de la economía.

En cambio, la apertura de nuestro mercado a las importaciones de los EEUU implicará que no podamos desarrollar una industria, inicialmente orientada al mercado interno a un mercado regional andino y/o sudamericano, que sea el motor del avance tecnológico, ya que no será posible competir con quien tiene un avance tecnológico muy grande, así como fuertes subsidios gubernamentales a la innovación tecnológica. Del mismo modo, implica una pérdida de ingresos y rentabilidad de la mayor parte del agro y un empobrecimiento de los campesinos, agravando el atraso del agro y afectano el tamaño del mercado interno.

Al facilitar las exportaciones al mercado norteamericano, el TLC promoverá algunos sectores, los que de acuerdo a la historia reciente, son básicamente los textiles y la agroexportación (espárragos y frutales principalmente). Debemos empezar por relativizar el efecto del TLC al respecto, considerando que: (i) las barreras fitosanitarias de los EEUU que pueden ser muy duras y aplicadas de manera discrecional; (ii) la agroexportación se destina en una mayor proporción a otros mercados - en especial el europeo -, (iii) en los textiles China e India están entrando al mercado mundial con mucha fuerza; habiendo aceptado China una “restricción voluntaria” de exportaciones a los EEUU que vende a fin de año, (iv) EEUU firmará acuerdos comerciales con otros países, reduciendo la ventaja de nuestros productos, como por ejemplo la esperada inclusión de Vietnam en el status de “nación más favorecida”.

Pero la pregunta central es: ¿son estos los sectores que pueden liderar un desarrollo productivo sostenido, en un contexto en el cual con el TLC estaríamos simultáneamente afectando nuestra industria y agro nacional por la competencia norteamericana? Por el lado de los textiles, hay que considerar su escaso nivel de avance tecnológico (a nivel mundial) en las últimas décadas, que la han llevado precisamente a re-localizarse en el tercer mundo. Además, las reglas del TLC dificultan severamente la posibilidad de que este sector tenga encadenamientos con materias primas peruanas (algodón y lanas) que podrían mejorar su calidad y productividad. Sin embargo, a pesar de ello, es un sector industrial. Las confecciones tienen un nivel de valor agregado superior a la mayoría de nuestras exportaciones, y hay espacio todavía para buscar exportar prendas de mejor calidad y precio.

Por el lado de la agroexportación, esta sigue siendo una actividad primario-exportadora, que se sustenta fundamentalmente en una calidad de suelos y clima especial de la costa peruana, y que tiene por tanto un límite muy definido en cuanto a su crecimiento. Sin embargo, debido a las demandas de calidad y oportunidad, es una actividad crecientemente tecnificada, con procesos encadenados en su producción agropecuaria, manejo post-cosecha y comercialización rápida, y que puede tecnificarse aún más en el futuro en virtud de un mercado mundial de sectores medios que demanda cada vez más productos frescos y variedad de sabores. Tiene también la ventaja de estarse desarrollando de manera diversificada en cuanto a productos y mercados y ser de capital nacional mayoritariamente.

El mayor riesgo del TLC está en la posibilidad de que se abran las patentes a la biodiversidad genética, rubro en el que el Perú tiene grandes riquezas, pero no ha priorizado ni atendido su desarrollo científico–técnico en este terreno. El desarrollo del conocimiento tiene en la genética uno de sus grandes avances actuales, y es muy probable que las industrias que se desarrollan alrededor del aprovechamiento de esta riqueza, sobretodo para usos medicinales, tengan un gran impulso en las décadas venideras.

Es decir, si bien el Estado debería estar apoyando más fuertemente la exportación de productos agropecuarios y textiles, estos sectores no aseguran un crecimiento dinámico de largo plazo.

Al mismo tiempo, la entrega del mercado interno en los sectores industrial y agropecuario opera como una fuerza de lastre, como una fuerza retardataria, ya que hace que se retroceda en estos sectores, perdiendo eslabonamientos internos y desarrollos tecnológicos, y sobretodo frenándose opciones de desarrollo de nuevos sectores y productos, que verán muy difícil competir con un gigante económico y tecnológico como son los EEUU.

De esta manera, la apuesta de privilegiar sectores cuyo dinamismo se perderá en el corto plazo (textiles) o que tienen claros límites a su ampliación, pero a costa de sacrificar el mercado interno para otros sectores industriales y agropecuarios de mayor amplitud y variedad, en suma no favorece sino va en contra del desarrollo productivo nacional.

4. El TLC incrementará la exclusión económica y social, poniendo en riesgo la gobernabilidad

Al evaluar el TLC, no solo hay que evaluar el efecto neto de ganancias y pérdidas, sino si los perdedores no son los más pobres, si el ajuste por el que pasarán será traumático y si ello no tendrá efectos críticos sobre la gobernabilidad democrática (85% de los peruanos considera que el gobierno “por unos cuantos intereses poderosos en su propio beneficio”, porcentaje que es el más alto de Latinoamérica, Latinobarómetro 2004).

El TLC beneficiaría a un sector exportador, a pesar de todo, relativamente reducido. Los textiles podrán crecer algo más pero difícilmente mucho más, dada la competencia de China e India. La agroexportación seguirá desarrollándose, en parte hacia otros mercados, pero tiene también límites por los recursos naturales (suelos y aguas) existentes. A pesar de ello, ambos sectores – textiles y agroexportación – son intensivos en empleo, pero hasta ahora las condiciones salariales y laborales no han mejorado y la agroexportación, que ya vende mil millones de dólares anuales, mantiene básicamente contratos informales sin derechos ni seguridad social en materia laboral.

Por otro lado el TLC o APC tendrá efectos fuertes que agravarán la pobreza, aumentando el precio de las medicinas y reduciendo los precios de los productos agropecuarios debido a la competencia de productos estadounidenses enormemente subsidiados. La recaudación del Estado se verá afectada por la reducción de aranceles; pero no solo eso, ya que la mayor integración comercial y financiera limita las posibilidades de gravar al capital, de tal manera que las posibilidades de realizar políticas sociales se limitan. Las exigencias de la competitividad internacional ponen presión sobre las regulaciones y derechos laborales vigentes. Estos efectos son mucho más fuertes que los efectos positivos sobre el empleo. Resulta claro que el TLC aumentará la desigualdad y la exclusión.

Esto se da en un contexto en el que el país no puede seguir adelante con un proyecto de modernización excluyente, que genera grandes tensiones sociales y políticas que amenazan la gobernabilidad. Es una pregunta desde luego abierta.

5. El TLC: ¿Requiere o facilita la reforma del Estado?

Aprovechar el TLC y acomodarnos a sus efectos requeriría un Estado mucho más eficiente y capaz de asumir una función de planificación concertada. Por un lado, necesitamos que apoye mucho más la competitividad de nuestros productos y cadenas productivas. Por otro lado, tendría que compensar masivamente los efectos negativos. Todo esto, en medio de una situación en la que el estado verá más difícil obtener ingresos tributarios. La exigencia es fuerte.

Los defensores del TLC plantean que el reto nos hará reaccionar. Según esta versión, ante la exigencia que el TLC nos plantea, el Estado peruano se verá “obligado” a reaccionar. El problema con esta interpretación es que, igual que cuando el Presidente Toledo habla de estar “condenado a no fracasar”, tal visión no tiene mayor sustento en la historia peruana. Hemos enfrentado los retos de las exigencias de la deuda externa y los shocks externos, de la violencia política, del autoritarismo y el golpe, y por lo general no nos ha ido tan bien. El reto de la exclusión, en particular, es uno que sigue pendiente. No queda claro porque con el TLC podría ser diferente y constituirse en un reto que haga que la actitud del estado y la sociedad peruana cambie.

En realidad, el TLC no nos plantea nuevos retos como sociedad y como Estado; son básicamente los mismos retos pero más exigentes. La reforma del estado es una necesidad con o sin TLC. Sin embargo, debe tenerse en cuenta las grandes dificultades que tendría el estado peruano para adecuarse a los cambios introducidos por el TLC con la rapidez requerida. En este aspecto, sin duda una comparación con México o Chile nos mostraría en amplia desventaja dado el mucho mayor desarrollo del estado de esos dos países.

6. TLC y democracia

En otra dimensión, la de la gobernabilidad democrática, el TLC reduce los márgenes de decisión de la democracia.

Por un lado, recorta las atribuciones del Estado –a nivel de Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial- en múltiples materias que implican nuevas restricciones a la soberanía nacional y a la capacidad de decidir nuestro camino de desarrollo y de organización social, sometiéndonos a una división internacional de trabajo en que nos toca ocupar posiciones subalternas y a perder independencia y soberanía. Ello se pretende imponer, a pesar de que en el reciente proceso electoral la absoluta mayoría de la ciudadanía votó por el cambio y evidenció su hastío con un modelo económico excluyente y que sólo propicia crecimiento sin desarrollo social.

Por otro lado, la aprobación con desconocimiento de la mayoría del significado y contenidos del TLC o APC, y por un Congreso que ha dictaminado el tema con apenas 15 días desde que se presentara al Congreso, en reducidas sesiones de trabajo, sólo sería un paso más en la deslegitimación de la política. Si a ello se suma que, por muchos años más, las posibilidades del Estado y la sociedad peruana de decidir su rumbo económico se va a ver aun más recortado, mientras que se ratifica la dominación de los Estados Unidos sobre los asuntos económicos y políticos mundiales, el efecto del TLC o APC sobre la democracia puede ser corrosivo.

7. ¿El TLC nos coloca mejor en el mundo?

La postura pro-TLC dice que sí, que esta es una oportunidad única que no debemos dejar pasar: la de ser más socios que otros con el accionista mayoritario del mundo. Sin embargo, aunque el Perú está claramente en la esfera política y militar de los EEUU, nuestro comercio está bastante diversificado y los EEUU son menos de una tercera parte del total de nuestro comercio, a diferencia de otros países como México y Colombia cuyo comercio es mayoritariamente con los EEUU. Por otro lado, dados los elevados niveles de déficit fiscal y externo de los EEUU, ¿ es tan buena la “estrella” americana en estos momentos?

La suscripción del TLC o APC claramente nos aleja de otros bloques, incluyendo el sudamericano, pero también el europeo y el asiático. Implica un fuerte golpe contra estos países, ya que buena parte de las ventajas otorgados a los EEUU en acceso al mercado serán a costa de lo que ahora nos exportan esos otros paíes. El TLC está teniendo efectos muy limitantes, sobre la Comunidad Andina (y la Sudamericana), ya que limita una serie de instrumentos y posibilidades de política, en relación a ventajas comerciales entre los socios, tratos a las inversiones, política frente a la propiedad intelectual, integración a otros bloques, etc.

Una pregunta que cabe hacerse aquí es si en la negociación estamos obteniendo lo suficiente por privilegiar a los EEUU y debilitar estos lazos con otros bloques regionales, considerando además los otros intereses de los Estados Unidos que están en juego: el control de la coca y el narcotráfico, la seguridad continental debido a los conflictos armados en Colombia y la inestabilidad en la región andina, y el interés de ir ganando mejores posiciones en una negociación mundial en torno a los temas de propiedad intelectual, inversiones y servicios.

Más allá del desarrollo de las negociaciones, la pregunta de si el TLC nos coloca mejor en el mundo es difícil. Creemos que hay dos elementos a considerar en ésta: 1) cuánto debemos privilegiar una relación con EEUU antes que países de la región y otros bloques; 2) que tipo de relación quisiéramos tener con los EEUU.

Frente a lo primero, parece claro que, dado que estamos en el “patio trasero” y ya tenemos una alta dependencia de los Estados Unidos, que es la potencia dominante en un nuevo mundo unipolar, estratégicamente nos conviene mantener una diversificación de relaciones importante. En segundo lugar, la relación con los Estados Unidos no debe verse como limitada al aspecto comercial-económico, como aparece en el TLC, sino que debe incluir una agenda mucho más amplia, incluyendo tanto los temas estrictamente políticos (seguridad hemisférica, narcotráfico, democracia, asimetrías y cooperación). Ocultar estos temas, que son de interés de los EEUU, nos lleva a privilegiar una relación en la que la otra parte tiene todas las de ganar.