MENOS AUTOBOMBO Y MEJOR GESTION
Kurt Burneo
Un signo distintivo de la administración económica aprista es la permanente tendencia al auto elogio en base a una favorable coyuntura económica, que en gran parte se da al margen de las decisiones que toman hoy, y que responden a coyunturas externas favorables (ej. altos precios de minerales) o a decisiones que se tomaron en la administración del Presidente Toledo (ej. programa de reperfilamiento de la deuda pública que posibilitó que hoy nuestro país sea más solvente, al estar menos endeudado respecto al total de riqueza que genera). Pero claro, todos estos elementos convenientemente se olvidan en los multicolores publicherrys estatales que saturan hoy los medios de comunicación, como también en las numerosas declaraciones de los funcionarios actuales. Probablemente el funcionario símbolo de este singular accionar, es el señor que funge hoy de presidente del consejo de ministros, que dicho sea de paso por lo que dice, de economía sabe tanto como yo de física cuántica.
Mirando técnicamente esta actual práctica oficialista, diría que se privilegia el marketing, a la alternativa (mas esforzada) de lograr mayor eficiencia en la gestión; olvidando que esto último redundará en una mejor percepción de los ciudadanos sobre la oportuna ejecución y la calidad del gasto público. Este último aspecto no es irrelevante; por ejemplo la tan proclamada pero ausente conciencia tributaria en el país seguirá siendo siempre sólo un buen deseo, si los ciudadanos siguen disconformes con la calidad y cantidad de los bienes y servicios que reciben del Estado, a cambio de los impuestos que pagamos. No obstante lo anterior, hay algunas buenas prácticas de gestión que se vienen desarrollando con anterioridad a la administración actual y que su institucionalización ha asegurado mejores condiciones futuras para el desempeño económico. El manejo fiscal es una de ellas.
Hoy nadie discute que un adecuado manejo fiscal es importante para la estabilidad macroeconómica del país y esta a su vez funcional al crecimiento. Este implica principalmente: Limitar el déficit fiscal y la expansión del gasto corriente en términos reales; desarrollar una política fiscal contracíclica, además de consolidar la sostenibilidad fiscal, reduciendo continuamente el ratio deuda pública/PBI. Mal que bien los límites están institucionalizados en la Ley de Responsabilidad y Transparencia fiscal. El resto de condicionantes, ya son considerados consensuadamente, parte natural de cualquier gestión fiscal más o menos sensata.
Las buenas prácticas antes descritas, asociadas a una adecuada gerencia macroeconómica consolidaron nuestro sector fiscal, pero (aunque no lo reconozcan las autoridades actuales) también responden a decisiones anteriores adoptadas durante la administración del Presidente Toledo: Por ejemplo el desarrollo de medidas administrativas tributarias (percepciones, detracciones etc.) que permitió el incremento del componente permanente de la recaudación, desde el 2003. Pero así como ha ocurrido en el caso del manejo fiscal, sería necesario lograr que otras buenas prácticas de gestión macroeconómica se incorporen como parte natural de un núcleo de políticas públicas, sobre el cuál la discusión sobre su pertinencia ya fue superada y más bien de lo que se trata es hacer un seguimiento de la debida aplicación de estas a lo largo de las administraciones.
Un caso que encajaría en esta propuesta orientada a necesidad de institucionalizar las buena prácticas económicas; se refiere al establecimiento de políticas y metas (cuantificables y ordenadas en el tiempo) en relación al apoyo estatal a las actividades de innovación y desarrollo. La literatura económica sobre experiencias de crecimiento sostenido muestra el rol central de la inversión en innovación y tecnología como factor significativo. Conocemos que la innovación permite incorporar valor agregado y este a su vez singulariza cualquier producto permitiéndole al productor diferenciar precio, como también hacer más eficiente su gestión de operaciones. Alternativamente, producción con mínima innovación no es diferenciable de la generada por otro productor y así su precio tampoco puede serlo (¿Se nos viene a la mente nuestras commodities?). Si bien agentes privados son los llamados a innovar, como hacerlo sin la masa crítica que debería ser desarrollada por el Estado en una suerte de impulso inicial (actualmente ocupamos el lugar 100 dentro de 133 países en lo que respecta a innovación) a la vez que este debe buscar reducir factores de inestabilidad que podría hacer mas incierto el retorno de cualquier iniciativa innovativa privada. Piénsese sobre esto último, en la heterogénea calidad de la oferta educativa y en la marginal defensa de los derechos de propiedad intelectual.
Entonces, en ambos casos estas prácticas debieran formar parte de la nueva institucionalidad formal en lo que respecta a la mejora en la competitividad como objetivo nacional. Dejar de hacer todo esto, por ejemplo hará que nuestros tan publicitados tratados de libre comercio con EE.UU, China, Union Europea entre otros, sólo sean un potencial de mercados al cual teóricamente podemos entrar, pero que efectivamente estaremos imposibilitados de hacerlo plenamente, simplemente porque nuestra oferta productiva es poco competitiva en relación a otros ofertantes. Menos cherry y mejor gestión institucionalizada. La tarea está planteada.
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