Por José de Echave

Cada vez un mayor número de países con actividad minera en el mundo opta por gravar a sus empresas para aumentar sus recaudaciones en un contexto en el que las sobreganancias caracterizan al sector.

Si bien los ejemplos recientes apuntan a Australia, Rusia y Chile, no se debe olvidar que en 1980 en los Estados Unidos se aprobó un impuesto a las sobreganancias a las compañías petroleras (crude oil windfall profit tax), en una coyuntura caracterizada por el incremento en el precio del petróleo. El impuesto se aprobó bajo la administración Carter, pero estuvo vigente durante dos periodos republicanos que le siguieron y permitió recaudar US$ 80 mil millones.

El Perú comienza a ser uno de los pocos países con una actividad minera importante que mantiene su política tributaria casi intacta, sin afectar los enormes ingresos que vienen obteniendo las empresas.

¿Por qué se necesitan ajustes? Aparte de las sobreganancias, en los últimos dos años la recaudación de países que dependen de los ingresos que genera la minería ha caído: la presión tributaria en Chile pasó de 18.5% en el 2008 a 14.6% en el 2009, y en el caso del Perú, luego del estallido de la crisis a finales del 2008, la presión tributaria pasó de 15.6% en el 2008 a 13.8% en el 2009.

Según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, durante el 2009, Chile y Perú fueron los países de la región más afectados en la recaudación del Impuesto sobre la Renta.

Mientras que en Chile se han presentado propuestas concretas para generar mayores ingresos del sector minero y así cubrir, por ejemplo, los enormes gastos que necesitan para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto, en el Perú las empresas mineras se resisten a que esta posibilidad siquiera sea debatida.

Además, como se sabe, las empresas mineras en el Perú no pagan todos los impuestos o contraprestaciones que les corresponde, debido a una serie de beneficios tributarios y convenios de estabilidad que mantienen.

Es clave para el país establecer una política fiscal y tributaria de mediano y largo plazo, orientada a que las actividades productivas paguen los impuestos que les corresponden. Esto les conviene al país y, por supuesto, a las empresas mineras.

El tributario aparece como un tema que debe ser abordado con urgencia: expertos en la materia recomiendan reducir el carácter regresivo del sistema tributario en el Perú y comenzar por gravar las sobreganancias mineras.

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Han pasado dos semanas desde que comentamos que los horizontes de extracción de diversos productos mineros tienen una vida corta. El asunto es serio ya que todos debemos procurar el desarrollo sostenible. Las respuestas del gobierno y del sector empresarial minero han sido insuficientes. Se han limitado a comentar sobre el oro, olvidando a los otros metales. Las respuestas oficiales han confirmado sus propios números o señalando que lo mismo está ocurriendo en otros países como China. Se olvidan de la expresión popular, “mal de muchos consuelo de tontos”. El sector privado insiste que tenemos oro en abundancia y que el horizonte de explotación de las minas es sólo de tres a cinco años de reservas.

Las reservas probadas y probables de metales se estiman de acuerdo a las actividades exploratorias bajo condiciones tecnológicas, operativas y económicas actuales a un nivel de probabilidad determinada. Se trata de los metales depositados en el subsuelo que podrían ser extraídos en esas circunstancias. Asumiendo esa definición, debemos alertarnos más y no dormirnos. Las reservas pueden ser mayores, en la medida en que los precios internacionales sean más altos, al rentabilizar su extracción. Sin embargo, ¿qué ocurriría si bajan los precios?

Si se utiliza la información más reciente del Servicio de Geología de los EE.UU (enero 2010) es cierto que las reservas probadas y probables de oro de China se acabarían en siete años, pero las de Perú, con la misma fuente de información serían para 8 años. No mencionan nuestras autoridades que las reservas mundiales alcanzarían para 20 años a los niveles actuales de extracción. A Chile y Brasil le alcanzarían para 50 y 40 años respectivamente. Sería interesante que las empresas mineras australianas nos vinieran a explicar cómo ellos si tienen un horizonte de extracción de 26 años.

Las reservas probadas y probables de plomo se acabarían en 14 años, por debajo del promedio mundial de 20 años. Las de zinc en 17 años por debajo de las 18 del promedio mundial. El estaño en 8 años. No queremos ser alarmistas, pero esos horizontes que pueden ampliarse con más trabajos exploratorios y buena suerte, son reducidos. No nos olvidemos la letra del tango argentino que señala, “que veinte años no es nada”. El tema es complejo. Sin embargo, la elevación de las regalías mineras asociadas positivamente tanto a mayores precios internacionales como a mayores volúmenes de extracción, predefiniendo relaciones reservas/producción mínimas, es un camino para enfrentar este reto (En: La Primera, 24/9/2010).

Medición Biológica versus Monetaria

Farid Matuk

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Lima Metropolitana es considerada como la región mas favorecida del Perú en términos de bienestar social, esta explicación es prevalente cuando se habla de la migración del campo a la ciudad habida en las últimas décadas. Asimismo, se presume que el crecimiento económico reciente debiera haber incrementado el bienestar social en Lima Metropolitana como las cifras oficiales de pobreza monetaria señalan.

El problema central es que la medición oficial de la pobreza a través de un umbral crítico medido en soles es abiertamente falsa, porque desde el 2006 en adelante se ha dejado de publicar las rutinas de programación que permitirían a cualquier técnico replicar los resultados oficiales.

Esta carencia de transparencia del INEI, ha sido avalada por un conjunto de académicos que tampoco han tenido acceso a las rutinas de programación, y que también son incapaces de reproducir en sus propias computadoras los resultados oficiales del gobierno en materia de pobreza.

Toda esta farsa oficial, tiene como propósito mostrar que el evidente crecimiento económico del Perú sin recesión entre 2001 y 2008 implicaba una reducción sistemática de la pobreza, pero evidencia nueva muestra como la recesión del 2009 ha implicado una fuerte reducción del bienestar social a nivel nacional, y en particular en Lima como se observa en el cuadro.

INCIDENCIA	2006	2009	2010 (2do Trim)
Línea de Pobreza Monetaria (en soles)	24.2%	14.1%	N/D
Línea de Pobreza Extrema (en soles)	0.9%	0.2%	N/D
Línea de Pobreza Alimentaria (en calorías)	15.9%	17.3%	24.1%

Las líneas de pobreza medidas en soles por el gobierno han sido manipuladas sistemáticamente con el propósito de mostrar falsos resultados, a modo de ejemplo se tiene que durante las gestiones Fujimori, Paniagua y Toledo la pobreza monetaria tomó siempre como referencia a la población mas pobre ubicada entre el 30% y 50% de la pirámide de ingreso.

Durante la administración García, la población de referencia para la línea de pobreza fue una en 2006, otra en 2007, otra en 2008, y otra en 2009. Estos cambios tuvieron como origen la necesidad de mostrar fabulosas reducciones de la pobreza que se contradecían con la experiencia pasada, pero eran coherentes con la retórica presidencial.

En el caso concreto de Lima Metropolitana, la pobreza monetaria (que mide la cantidad de dinero imprescindible para adquirir alimentos, vestuario, agua, gas y transporte) se habría reducido diez puntos bajando de 24% en 2006 a 14% en 2009, mientras la pobreza extrema (que mide la cantidad de dinero imprescindible para adquirir alimentos) se mantiene debajo del 1% con tendencia a la baja

Pero de otro lado, la pobreza alimentaria (término acuñado por el Presidente García en una carta dirigida a El Comercio el 30 de Julio de 2009), medida oficialmente como “déficit calórico” da una imagen inversa de la realidad social de Lima Metropolitana. Entre 2006 y 2009 no existió mejora alguna, sino mas bien un leve deterioro al incrementarse de 16% a 17%, pero este año se incrementa a 24% en el segundo semestre.

La pobreza calórica tiene ventajas respecto a la pobreza monetaria, la primera es que toma como referencia al 100% de la población, y no a una fracción de la misma. La segunda es que no necesita imputar precios a los alimentos producidos por los hogares rurales porque sólo mide calorías. Y la tercera es que las calorías de un kilo de papa son las mismas en todo el Perú mientras que el precio de un kilo de papas necesita ser deflatado espacialmente.

La última información disponible señala una inflación de alimentos de 4% en Lima Metropolitana entre Enero y Agosto de este año, mientras que la inflación general es del 2%. Por ello, aunque exista crecimiento económico, la inflación es el mayor enemigo de los pobres, al punto que ahora 1 de cada 4 habitantes no adquiere los alimentos necesarios para vivir.

De acuerdo a las cifras oficiales, la línea de pobreza extrema para 2009 era de 154 soles, la cual es “suficiente” para adquirir una canasta básica de alimentos, y sólo el 0.2% en Lima Metropolitana no tenía ese ingreso el año pasado. Igualmente para 2009 la línea de pobreza calórica era de 2223 calorías, la cual es una necesidad biológica que no es cubierta por 17% de habitantes de Lima Metropolitana en 2009, y por 24% en 2010.

A nivel de anemia, que es otro indicador biológico, se tiene una incidencia de 30% en los menores de edad entre 6 y 59 meses en Lima Metropolitana; mientras que en mujeres de 15 a 49 años la incidencia es de 23%. A nivel de desnutrición, que también es un indicador biológico, se tiene una incidencia de 8% para menores de 5 años y para mujeres entre 15 y 49 años la incidencia es también de 8%.

Todo lo anterior colisiona con la cifra oficial de una pobreza extrema de 0.2% en Lima Metropolitana en 2009, mientras que el hambre familiar, la anemia infantil y la desnutrición femenina tienen valores de 17%, 30% y 8% respectivamente para el mismo año.

Cuando se diseñaba el Programa Juntos en Palacio de Gobierno, se encontró una debilidad fundamental en todos los programas sociales vigentes a esa fecha, estos carecían de un padrón nominal de beneficiarios verificables independientemente. El Vaso de Leche, los Comedores Populares, y el Seguro Integral de Salud mantenían listas desorganizadas e incompletas de los beneficiarios, y este diseño es una invitación para el clientelismo político.

Para eliminar la pobreza extrema en Lima, se debe empezar como en el Programa Juntos, empadronando a toda la población beneficiaria de los programas sociales y entregando DNI a todos los miembros de los hogares beneficiarios. Esto permitirá excluir los hogares infiltrados y poner fin al clientelismo político de los programas sociales, y de esta manera también se develará una vez mas el engaño gubernamental de que la pobreza extrema en Lima Metropolitana es de sólo 0.2%

Germán Alarco Tosoni

Investigador CENTRUM Católica

Los modelos económicos surgen, crecen, desaceleran y colapsan por factores de orden interno e internacional. Aquí intervienen variables ambientales, demográficas, económicas, sociales, políticas e ideológicas. En los últimos 120 años, el Perú ha transitado del modelo primario exportador al de sustitución de importaciones, orientado al mercado interno, para a partir de los años noventa y en el presente siglo reenfocarse hacia ese modelo que González de Olarte (2005) denomina como primario exportador y de servicios (PESER).

A diferencia de los impactos de la crisis económica internacional de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, la crisis actual detonada en 2008, no promovió el cambio del modelo económico. En el siglo pasado, nuestra economía orientada hacia fuera colapsó por la menor demanda y menores precios internacionales. A estas circunstancias se sumaron las fuerzas internas de la urbanización, nuevas exigencias sociales y los mayores patrones de consumo que se expandieron con la internacionalización del transporte y las comunicaciones. Aún con una crisis internacional irresuelta, la política monetaria, fiscal y las coordinaciones entre los países desarrollados impidieron que esta última crisis sea tan disruptiva como la previa.    

No compartimos las teorías relativas a que el crecimiento a partir del sector primario y, más cuando este es muy dinámico, es una maldición en lugar que una bendición. Sin embargo, no hay que olvidar los problemas de desaceleración económica en el resto de sectores productivos (enfermedad holandesa), reducción de incentivos a la acumulación privada y pública de capital humano y descuido de las capacidades de gestión del gobierno. Thorp (1998) nos recuerda que las economías mineras, antes y ahora, son propensas a los ciclos bruscos de auge - depresión y la proporción de los ingresos que se queda en el país es reducida por la elevada dotación de capital por unidad de trabajo, la propiedad extranjera y los reducidos enlaces intersectoriales.

Hay que aprovechar las ventajas que nos generan las exportaciones primarias para desarrollar otros sectores productivos; más aún cuando los precios internacionales son altos. El PESER no es capaz de emplear a los 300,000 peruanos que anualmente ingresan al mercado laboral. Es quizás un buen modelo para Noruega y Nueva Zelanda con 4.8 y 4.2 millones de habitantes respectivamente. La falta de respuestas serias ante los excesivos niveles de extracción de minerales es ejemplo de la despreocupación por el mediano y largo plazo.     

15-9-2010.

Entre la recesión y la inflación II

Luis Gamero Russo, economista

En esta segunda versión del tema intento ahondar en la discusión de este debate entre la recesión y la inflación global; entre los halcones fiscales (los más ortodoxos que abogan por políticas económicas de austeridad para continuar con la recuperación económica luego), y los más expansivos (los heterodoxos neo-keynesianos que patrocinan una continuación de los estímulos fiscales y monetarios para reimpulsar la recuperación económica).

El argumento principal de los primeros, los halcones fiscales, fue recientemente expuesto por Alberto Alesina en un trabajo que presentó en Abril en la última reunión de ministros europeos de economía y finanzas en Madrid (ver en Bloomberg Businessweek: Keynes vs. Alesina. Alesina who? de Peter Coy, 30/06/2010). Alesina argumentaba que la austeridad fiscal puede estimular el crecimiento económico al calmar los mercados de bonos, causando una reducción de las tasas de interés, lo que promovería la inversión. Además, la reducción de los déficits fiscales aseguraría a los contribuyentes que no serían necesarias medidas adicionales de recorte presupuestario. Eso reavivaría sus “espíritus animales” y, por ende, su consumo.  Este trabajo de Alesina fue tan influyente que fue llevado como “abanderado” argumentativo por los gobiernos europeos a la última reunión del G8 en Toronto.

Los economistas que se oponen a esta visión, generalmente norteamericanos, argumentan que, con el nivel actual de tasas de interés cercanas a cero, lo que proponen los europeos muy probablemente no suceda. Y que el remedio más efectivo sería, al contrario, aumentar los estímulos económicos  y no cortarlos. Sin embargo, un razonamiento más sofisticado de esta vertiente no se basa tanto en políticas fiscales expansivas, sino en nuevas estrategias monetarias, también de carácter expansivo. Y como ya no hay mucho margen de maniobra para las políticas monetarias tradicionales en situación de tasas de interés cercanas a cero, abogan más bien por lo que se conoce como “Quantitative Easing”. Mediante esta estrategia monetaria, el banco central sale a comprar, generalmente con descuento, activos financieros de toda índole (deudas públicas, incluyendo deudas provinciales y municipales, así como bonos corporativos y hasta activos financieros considerados tóxicos, es decir respaldados por hipotecas sub-prime), inyectando así más liquidez a la economía. Y aunque esta modalidad aumenta la oferta monetaria, esto sería deseable en momentos de escasez de demanda, alto desempleo y exceso de capacidad instalada ociosa, y cuando la inflación aparece todavía como un peligro distante. Sin embargo, la duda persiste… si se logrará reactivar la economía norteamericana mediante esta estrategia.

Las políticas de austeridad fiscal, por el contrario, argumentan estos economistas, serían una cura que casi ciertamente mataría al paciente, al causar más recesión que reduciría la recaudación tributaria y empeorarían las dificultades presupuestarias, a la vez que aumentarían las quiebras del sector privado, manufacturero y comercial, y agravaría la debilidad del sector bancario. Esto parecería ser lo que está sucediendo en Grecia actualmente, con repercusiones negativas en el sistema bancario europeo.

Para finalizar, y para poner las cosas en su real perspectiva, hay que aceptar que la opinión de los norteamericanos descansa mucho en la especial situación de los EE.UU., que se endeuda en su propia moneda, y que, para pagarla, solamente tiene que seguir emitiendo más de su moneda. Privilegios del emisor de la, aún, principal moneda de reserva internacional.

Juan Francisco Rojas

La regulación es clave cuando se trata de organizar con incentivos las actividades económicas. Lo es más, cuando se trata de aquella calificada como “la más riesgosa del mundo” y a la vez, la más generosa y noble con la economía, y con los peruanos que viven de ella: la pesca de anchoveta.

La extracción de un recurso como la anchoveta requiere asegurar la reproducción de la especie y su permanencia en el tiempo, cuidando los especímenes juveniles y las hembras de la especie. Se trata de que tengan la oportunidad y tiempo para completar un adecuado tamaño antes de ser extraídas. Precisamente, el Estado, a través del Produce, es la autoridad que fija los períodos de veda - prohibición de pesca - en función a la información técnica que procesa en el Sector.

En esta conciliación de intereses, la actividad económica tiene ciclos claramente definidos por la regulación: en algunos meses del año la extracción de anchoveta está permitida y en otros se encuentra prohibida para la conservación del recurso.

El sentido común señala que una vez abierta la temporada de pesca, las embarcaciones se hacen a la mar en busca del recurso y no debieran infringen ninguna ley cuando lo capturan dentro de dicho período. Sin embargo, la regulación tiene un resquicio: “si la pesca levanta un porcentaje de especies de tallas menores o juveniles, el agente recibe una severa sanción administrativa”.

¿Tienen los instrumentos de las embarcaciones la posibilidad de identificar la presencia de tallas menores o juveniles antes de la faena? ¿Tienen los capitanes la posibilidad de discriminar la edad y talla de la anchoveta? La tecnología actual no permite esta detección. Los sonares más modernos, y de uso estándar, se limitan a mostrar los cardúmenes concentrados y en movimiento. Nunca se está frente a una pesca estática o quieta; el recurso está en constante movimiento y de allí la dificultad para su captura. La posibilidad de identificar tallas menores o juveniles en una faena de pesca es imposible. Por ello, resulta un sin sentido que se sancione a los agentes cuando en el proceso de verificación de la pesca, ya en las plantas de desembarco, se detecta la presencia de un porcentaje de anchovetas de tallas menores o juveniles.

En otras palabras, cuando la autoridad – luego de los estudios científicos suficientes – determina que los barcos pueden salir a faenas de pesca de anchoveta, es porque el recurso está en condiciones de ser pescado, sin afectar su ciclo reproductivo. Pretender que los agentes sean sancionados cuando ejecutan la actividad para la cual han sido autorizados, como consecuencia de la presencia de un porcentaje del recurso de talla menor o juveniles en la pesca, que no pueden evitar, es un despropósito.

¿Cuál es el efecto de esta regulación deficiente? Los barcos tienen fuertes incentivos para echar al mar la pesca cuando avizoran una sanción, creando contaminación y depredando. También tienen fuertes incentivos para corromper los controles y, todo parece indicar, que los controladores tienen grandes aptitudes para ser corrompidos. La cantidad de dinero en juego cuando se coloca una sanción a un barco mediano bordea los veinte mil dólares por faena.

¿A dónde va el recurso de la sanción? A financiar el presupuesto de Produce. Una vez más el Estado peruano financia ilegalmente su operación con las sanciones. Por ello, la regulación y las sanciones carecen de racionalidad, y Produce se resiste a brindar información sobre los montos recaudados. El nuevo ministro debe actuar, pues si no, la corrupción avanza.  

 

Waldo Mendoza Bellido

El sábado último, en un gesto democrático, el Ministro de Economía, Ismael Benavides, aceptó ser interrogado por un panel al que fui invitado. Dado lo corto del tiempo, mis preguntas y las respuestas del Ministro fueron incompletas. Reitero aquí mis preguntas.

Ministro, la economía peruana está creciendo como en el primer semestre de 2008, a ritmo chino. Ya no hace falta una política fiscal expansiva. Y es necesario corregir, en los meses que quedan, la política fiscal pro cíclica de esta administración, que gasta un montón cuando no se necesita, como en el primer semestre de 2008 y el primero de  este año, y gasta menos cuando se necesita, como en el último trimestre de 2008.

Usted se ha comprometido a interrumpir esta política fiscal pro cíclica. Pero, en cuanto al gasto público,  se cumple aquella frase de que todo aquello que no está en una norma presupuestal, no existe. ¿Cuándo se publicará la norma correspondiente?

Por otro lado, especialmente en los noventa, el gobierno firmó contratos de estabilidad jurídica para atraer la inversión extranjera a sectores como la minería. En esos años, con sendero luminoso, crisis económica y declarados parias internacionales por culpa del primer gobierno de Garcia, se justificaba plenamente la firma de dichos convenios.

Ahora que tenemos grado de inversión, que sendero luminoso no es una amenaza, que crecemos como los mejores, ¿dejará que los convenios cuyos plazos de vigencia estén culminando expiren? ¿O renovará dichos convenios?

Por último, hacia finales de 2006 se creó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, el óvolo minero, con una vigencia de 4 años. Como la vigencia está por vencerse, ¿prorrogará este arreglo tercermundista, o se migrará a un arreglo de tributación minera como el que tienen los países del primer mundo?  

Dada la importancia de estos temas mineros y la necesidad de una discusión especializada sobre los mismos, ¿no debería dejar que estas decisiones las tome la siguiente administración?

Gracias por su respuesta Ministro.

Por Alan fairlie Reinoso

El éxito de MISTURA ratifica el rol extraordinario que está jugando la gastronomía no solo desde el punto de vista económico, sino como factor de unidad y orgullo nacional. Felicitaciones a sus gestores, como APEGA con el liderazgo de Gastón Acurio.

El sector agroalimentario configura una cadena sumamente extensa de subsectores que va desde productores campesinos agrícola-ganaderos, pescadores artesanales, empresas agroindustriales, empresas procesadoras de alimentos, restaurantes de gastronomía peruana en el Perú y el extranjero, escuelas de gastronomía y una gran variedad de proveedores diversos de bienes y servicios conexos en toda la cadena. El sector agroalimentario peruano tiene dos ventajas comparativas: una alta agrobiodiversidad que permite una oferta amplia de productos y el último eslabón de la cadena, la gastronomía peruana, goza de buena reputación nacional e internacional que permite el desarrollo de exportación de bienes y servicios. (Valderrama, 2009)

Hay un alto crecimiento registrado en el sector agroalimentario, destinado tanto al consumo interno como a la exportación. El sector agropecuario ha crecido 7.2% en el 2008 y 2.3% en el 2009, similar o superior a la tasa de crecimiento de la minería en los mismos años. En el sector externo, las exportaciones no tradicionales peruanas han tenido importante aumento de los productos alimenticios de alto valor por unidad. Inicialmente, esta dinámica estuvo basada en productos como los espárragos, pimiento, alcachofas. Pero, ha sido ampliada a otros productos como uvas, mangos, paltas, leche, bananas y productos marinos. Incluso, se han iniciado las exportaciones de productos alimenticios nativos como la lúcuma, el maíz blanco gigante del Cusco, maíz morado, etc. Las exportaciones del sector agroalimentario llegarían a US$ 3,089 millones explicando el 11% de las exportaciones totales (Aduanas, 2009).

Una segunda característica es que el eslabón final del sector agroalimentario, la gastronomía peruana, ha cobrado un impulso sin precedentes con el desarrollo del mercado interno y externo a través de franquicias y nuevas ofertas de restaurantes especializados. Al 2008, el 90% de las franquicias en el exterior pertenecían al rubro gastronómico (Promperú, 2008). Se estima en US$ 1,500 millones de dólares el monto que moviliza la gastronomía peruana a nivel internacional (Arellano Marketing, 2010).

Ello crea una posibilidad importante de desarrollar el mercado de servicios en el rubro, por ejemplo con el turismo gastronómico.

Según MINCETUR, el 42% de turistas aseguró que la gastronomía influyó en la elección de nuestro país como destino.

En esta confluencia es que se ha generado la posibilidad de lograr un encadenamiento productivo como clúster exportador del sector agroalimentario, ya que implicaría el desarrollo de numerosas firmas destinadas a las exportaciones de bienes alimenticios y servicios de cocina hacia el extranjero. La amplitud de este clúster tendría una extensión horizontal amplia sobre la economía e incluso con subsectores dentro del espacio de las economías regionales. Pero, para aprovechar esta clara oportunidad de crecimiento económico también esta el reto de ubicarla en el paradigma del desarrollo sostenible. Para el sector alimentario esto es crucial, ya que en sus eslabones se encuentran los productores campesinos donde se concentran los bolsones de pobreza del país. Esto implica el análisis de la distribución de beneficios en la cadena productiva, en la que los productores reciben ingresos marginales. Asimismo, el sector se enfrenta a dilemas como el de decidir entre el mantenimiento de la agrobiodiversidad y la introducción de cultivos transgénicos en los cultivos agrícolas alimenticios.

José I. Távara

Profesor PUCP

La idea de progreso empieza a constituir uno de los ejes centrales en el debate político y puede determinar los resultados de las próximas elecciones – tanto las de Octubre como las de Abril próximo. El progreso refiere a la acción de ir hacia adelante, de avanzar y perfeccionarse, de mejorar la condición humana. Lo opuesto al progreso es la regresión y el atraso.

Sin embargo, en la vorágine de nuestra época esta idea de progreso puede resultar elusiva, por lo que debemos recordar algunos principios. La Constitución establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Según este principio, la condición esencial del progreso es reconocer y defender el derecho de todos a una vida digna, en especial de las personas más pobres, que son las más débiles y vulnerables. Las saludables reacciones contra el inmoral DL 1097, nos recuerdan que no puede haber progreso con silencio cómplice e impunidad frente a los crímenes, pues la paz solo puede fundarse en la verdad y la justicia, como base de la reconciliación. Las controversias y los silencios sobre este tema, permiten distinguir muy bien a aquellos que están con el progreso de aquellos que están con la barbarie.

Una sociedad progresista construye ciudades inclusivas, sus líderes trabajan por elevar la calidad de vida y brindar seguridad a sus ciudadanos, sin subordinarse a los negocios y las ganancias privadas. El progreso no es sinónimo de crecimiento inmobiliario, sino que exige la defensa de nuestro hábitat y la creación de espacios públicos abiertos a todos. También supone la provisión eficiente de servicios públicos fundamentales como la seguridad y el transporte, hoy sumidos en el caos por la desregulación irresponsable y el debilitamiento del Estado. El progreso requiere de líderes regionales capaces de asumir con firmeza sus funciones, de concentrar sus energías en reformas críticas, como en educación y salud, de elevar los estándares de transparencia y enfrentar la corrupción en todas sus formas.

Además, en un país culturalmente diverso y complejo como el nuestro, las agrupaciones caudillistas y los clanes con líderes hereditarios son sinónimo de atraso. El progreso sólo puede sustentarse en organizaciones democráticas, tolerantes y abiertas a todas las culturas, dispuestas a renovar su liderazgo y sus propuestas con la participación activa de los jóvenes. No puede haber progreso sin libertad para soñar en una sociedad más justa, con mayor calidad de vida, lo cual exige infundir confianza y promover acuerdos cada vez más amplios. Un signo evidente de atraso es la prédica dirigida a infundir miedo en las propuestas innovadoras de cambio y desarrollo, apelando a reacciones instintivas que bloquean el razonamiento, siembran divisiones y alientan proyectos autoritarios.

Las nuevas ideas del progreso en economía parten de reconocer los límites de los modelos de crecimiento que degradan el medio ambiente, reproducen las desigualdades, reducen la calidad de vida de las generaciones actuales y amenazan la sobrevivencia de generaciones futuras. Desde esta perspectiva, el progreso no es sinónimo de crecimiento, sino que más bien exige innovar y reorientar nuestra civilización, adoptando nuevas tecnologías y patrones de consumo, a fin de elevar la calidad de vida de todas las personas.

Definidos así los campos, es natural que los líderes políticos – incluso los más retrógrados -- aspiren a proyectar una imagen de progreso, atribuyendo a sus rivales la defensa de ideas atrasadas y fracasadas. Y usted, amigo lector, ¿podrá distinguir a los líderes progresistas de “los dinosaurios”?

Kurt Burneo

El último fin de semana terminó Mistura, constituyéndose hoy por hoy en el evento culinario mas importante en América latina. Pero, ¿Porqué en una nota sore asuntos económicos trataremos un tema que pareciera sólo relacionado a la comida? Será por la inversión de 2,6 millones de dólares, o el que se duplicase (respecto al año pasado) el espacio para expositores y público de 40.000 a 80.000 metros cuadrados o porque en los seis días que duró, se vendió más de un millón de panes y 220.000 platos de comida? La respuesta es no. Pienso que mucho más trascendente que las cifras a nivel microeconómico del evento, este debiese ser mirado, como el más popular ícono exterior del desarrollo de la gastronomía peruana, actividad que en mi opinión, su desarrollo debe ser vista como el modelo a imitar por otras. Si se lograra ello con el tiempo, estoy seguro que podrían darse bases más firmes para la sostenibilidad del crecimiento económico actual del país.

Es verdad que parte de la importancia de eventos como el antes referido, reside en permitirnos apreciar en términos muy prácticos – para la gente de la ciudad- la existencia de personajes poco recordados, como son los pequeños productores proveedores de los cocineros, en el sentido de reconocerlos como gente que son importantes y que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas que promuevan un crecimiento económico más inclusivo; reto que resulta tremendamente vigente cuando de cada S/. 2 que pagamos por cada kilo de papa, el agricultor recibe sólo 30 céntimos.

Sin embargo, para mí también es importante reparar que este evento es a la vez una forma de expresión concreta de un interesante proceso de generación de valor en nuestra gastronomía, basado en la innovación y el desarrollo de tecnología propia, constituyéndose como un excelente ejemplo de cómo estos elementos al añadir valor, aseguran la sostenibilidad del crecimiento en una actividad económica.

Si observamos que hay detrás del desarrollo de la gastronomía, uno de los elementos mas importantes se asocia por ejemplo con la continua renovación de los platos que hoy nuestros cocineros ofrecen. Y es esta continua renovación que implica una oferta mucho más amplia que la basada en nuestros conocidos platos de bandera como el ceviche o la causa o el ají de gallina por mencionar algunos, se sustenta en un proceso constante de investigación por parte de nuestros cocineros respecto a combinaciones adecuadas de sabores, olores, colores y texturas de ingredientes diversos.    

Es decir si bien una base inicial del desarrollo se sostuvo en nuestros conocidos platos típicos, el salto cuantitativo y cualitativo de la gastronomía se dio a partir del desarrollo de la denominada cocina de fusión resultante de la permanente labor de pesquisa de nuestros cocineros de un tiempo a esta parte.  

Es justamente esta diferenciación de los platos (productos) la que permite cobrar precios diferenciados por estos, precios a su vez no sólo permiten financiar estos procesos de incorporación de conocimiento sino también alentar el desarrollo de nuevas técnicas en la actividad.

Cabe mencionar que el desarrollo antes descrito se ha hecho a pesar del Estado; digo a pesar de él, porque este no ha sido precisamente un factor importante de impulso de la gastronomía. Si me preguntasen que es lo que se le pediría a este, diría que en una primera etapa, con el no estorbar ya sería bastante, y quizás siendo mas proactivos, en una segunda etapa por ejemplo, el que posibilite reducir el costo en tiempo y trámites para constituir desde una pequeña fonda hasta un gran restaurante sería útil y si a eso le sumáramos el que de verdad el Estado desarrollase efectivas acciones de inteligencia comercial para que nuestros pequeños productores coloquen en magnitudes sustantivas sus productos de calidad en el mundo (y no seguir con mamarrachos como Sierra Exportadora) y que echase además una mano para la creación de denominaciones de origen, seria espectacular. Imagínese usted estimado lector, que sucedería si se replicase en otras actividades, este espontáneo proceso de innovación que viene sucediendo en la gastronomía y que a renglón seguido primero el Estado no estorbe y que a continuación ayude eficientemente. ¿Qué nos falta para estar en esta senda?

Javier M. Iguíñiz Echeverría*

            Es sabido que América Latina y el Caribe (ALC) es la región del mundo con mayor desigualdad económica y el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 titulado Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad nos recuerda que también se registra una baja movilidad social intergeneracional. Dos rasgos que hay que distinguir. Por el primero, la alta desigualdad, quien está abajo está muy abajo y quien está arriba está, bien lejos, arriba. Es por eso, que en nuestros países, abajo quiere decir también pobre. Por el segundo, la baja movilidad intergeneracional, es bastante probable que el hijo de quien está arriba siga arriba y que el hijo de quien está abajo, siga abajo y en la pobreza. Ese es el problema fundamental que el PNUD detecta en América Latina.

            ¿Por qué para unos es tan fácil mantenerse “arriba” y para otros es tan probable seguir “abajo”? Factores económicos, políticos, discriminaciones diversas, contribuyen a ello. Una de las diversas respuestas a esta pregunta es que tal situación se debe a lo poco que sus padres y la sociedad pudieron o quisieron hacer por las nuevas generaciones. Por eso, una pregunta que es cada vez más común es ¿porqué la llamada movilidad intergeneracional es tan baja en ALC? El Informe ilustra con cierta información algunas de las posibles respuestas; tomemos algunas.

Presos de la economía

            El informe indica que, por ejemplo, mientras que en los países nórdicos hay bastante movilidad de un lugar a otro en la escala económica (esto es, hay una baja elasticidad intergeneracional, 0.19) e igualmente en Canadá, las cifras para Perú y Brasil indican una movilidad mucho menor (elasticidades de 0.60 y 0.58 respectivamente). En otras palabras, en el Perú y Brasil la probabilidad de que los de abajo sigan abajo y los de arriba sigan arriba es pues mucho mayor que en aquellos países. Es especialmente difícil escapar a los lugares  más bajos en la escala económica. 

Padres menos educados, hijos menos educados

            La gran inmovilidad se debe en parte a la educación porque hijos de familia pobre tienden a tener menos logros educativos que los hijos de padres no pobres. En concreto, en ALC se encontró que hacia el año 2005, el hijo o hija de alguien que terminó la universidad tiene una probabilidad de 71.6% de completar la universidad antes de cumplir los 30 años. Esta probabilidad es mucho menor, de 18.7%, si es que los padres no completaron la universidad o la educación técnica y es, de nuevo mucho menor, de 5.4%, si es que los padres completaron sólo la secundaria y los porcentajes son menores aún si no la completaron o sólo terminaron primaria.  

Influencia política

            La influencia política es un aspecto al que el Informe también le da mucha importancia. Señala que “una alta desigualdad puede reforzar la influencia política de los sectores de mayores ingresos, de tal modo que la implementación de políticas redistributivas para promover la movilidad resulte mucho más difícil.”  Para el Informe, los “procesos sistémicos … se localizan en el sistema político y en el Estado” Por eso son importantes las elecciones y la claridad de a quién representan los candidatos. Por eso esperamos que gane Susana Villarán en Lima.

Hogar y sistema

            Un interesante esfuerzo del Informe es combinar los factores de la desigualdad que provienen tanto del hogar como de las estructuras sociales: por ejemplo se dice que “… las causas que explican la persistencia de la desigualdad no se encuentran solamente en el ámbito de los hogares. Existen otros obstáculos que impiden que las políticas públicas compensen las brechas y la heterogeneidad de los niveles de logro de bienestar, debido a que el proceso político también responde de manera diferenciada a las necesidades de los distintos grupos.”

            Aunque le da un lugar importante al tema de la tributación y de la regulación económica, al acentuar el Informe la importancia del sistema político no desarrolla el impacto que tiene sobre la desigualdad y la inmovilidad socioeconómica la capacidad de competir ya no como ciudadanos sino en el mercado. Es en la economía donde justamente se violenta más que en la política la regla igualitarista que se suele tomar del deporte y que “pretende que los corredores en una competencia inicien cada vez en el mismo punto, en lugar de hacerlo desde las posiciones obtenidas en la competencia anterior.” (Resumen ejecutivo p. 14) En efecto, mientras que en la política, cada ciudadano influye en su futuro con un voto, en la política cada individuo lo hace con el dinero que posee. El tema económico y el cultural deben ser parte de estudios futuros sobre la desigualdad latinoamericana.

Todo se mueve, ¿cuánto cambia?

            Todo se mueve en el Perú, el bullicio es grande, hay muchas cosas que cambian, se nota una gran pujanza, las jornadas de trabajo son largas, las iniciativas para formar micro-negocios abundan. Es natural, por ello ensalzar a los que han ascendido socialmente dejando atrás tanto la pobreza como los estigmas y las angustias que se derivan de ella. Sólo la envidia impediría alegrarse de ello cuando las maneras de hacerlo sido legítimas e innovativas y no basadas en injustos sacrificios ajenos o en la corrupción. Lamentablemente, el salto que hay que dar para ascender es alto y las oportunidades para ese ascenso ni son todo lo amplias que debieran ser ni están repartidas al azar entre todos en la sociedad.

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* Profesor del Departamento de Economía de la PUCP.

Los neolatifundios vistos por el Banco Mundial

Mar, 14/09/2010 - 05:00

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Por Fernando Eguren
Presidente de Cepes

En los años más recientes, las adquisiciones de grandes extensiones de tierras para uso agrícola se han convertido en un fenómeno mundial, y junto con ello los impactos negativos que puede tener este acaparamiento de tierras.

Este acaparamiento puede tener distintas características. Hay estados que compran tierras a otros estados, para garantizar su propia seguridad alimentaria ante un futuro incierto, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles. También hay corporaciones transnacionales que invierten por las perspectivas económicas atractivas del negocio de la producción de alimentos (se prevé un futuro de alza de precios), por la creciente demanda mundial de agrocombustibles, o simplemente lo hacen con fines especulativos, en un contexto en el que la crisis financiera revaloriza algunos activos, como la tierra y otros recursos naturales.

También hay procesos nacionales, como en el Perú, donde el acaparamiento de tierras es estimulado por las políticas neoliberales y pro exportadoras del Estado, tanto para la exportación de productos alimenticios de alto valor como de biodiesel y etanol.

Según un reciente informe del Banco Mundial , hasta el 2008 cuatro millones de hectáreas habían sido objeto de grandes transacciones de tierras de aptitud agrícola, mientras que antes de finalizar el 2009 esta cifra ya se había incrementado a 45 millones de hectáreas, tanto en Asia como en África y América Latina. El informe subraya que este proceso ha generado dos corrientes de opinión: algunos ven una oportunidad para países cuyas tierras no han recibido inversiones ni han alcanzado un desarrollo tecnológico adecuado, y que requieren la creación de nuevos empleos. En contraposición, otros enfatizan los riesgos para los Estados débiles, en donde los derechos de propiedad son poco definidos y las instituciones regulatorias no tienen recursos suficientes. En estos casos, la concentración de tierras podría resultar en el beneficio de pocos, en la profundización de las desigualdades y en la degradación de los recursos. 

Para reducir los efectos adversos que puede traer el acaparamiento de tierras y las grandes inversiones agrarias, el Banco Mundial, en acuerdo con la FAO, el FIDA y la UNCTAD, formula siete principios: (1) respetar los derechos existentes sobre la tierra y los recursos naturales; (2) garantizar la seguridad alimentaria; (3) garantizar la transparencia, la buena gobernanza y un ambiente favorable; (4) consultar a todos aquellos que pueden ser materialmente afectados, debiendo los acuerdos ser registrados y acatados; (5) reflejar las mejores prácticas de la industria; (6) ser socialmente sostenibles; y (7) ser ambientalmente sostenibles.

Poca duda cabe de que el Perú se ubica, lamentablemente, en el de los Estados con escasa capacidad de poner por delante el interés público sobre los intereses del gran capital, en el que los derechos de las comunidades sobre los recursos comunales son cada vez menos respetados y en el que las entidades regulatorias no solo no tienen suficientes recursos sino que están además atravesadas por la corrupción, como lo muestra el caso de Cofopri.

Rising Global Interest in Farmland. Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? (Creciente interés por las tierras agrícolas. ¿Podrá generar beneficios sostenibles y equitativos? Banco Mundial. Setiembre 7, 2010). Accesible en internet:http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_fina...

"El Perú es minero, no agrario"

Por Fernando Eguren

Según el presidente Alan García, "el Perú no es un país agrario" sino "esencialmente minero". ¿Por qué? Según el presidente, por tres razones: porque la cantidad de tierra agrícola por habitante es baja, inferior a la de Ecuador, Colombia y Argentina ; porque para tener seguridad alimentaria ("idea que ya no sirve en el mundo", dice) más importante que la producción interna de alimentos es tener recursos para importar alimentos, como hace el Japón; en tercer lugar, porque en la historia del país los indígenas de las comunidades campesinas fueron confinados a las tierras más pobres.

Algunas aclaraciones son pertinentes.

En primer lugar, lo deseable sería que el Perú fuera caracterizado no por los recursos naturales que posee, sino por su excelencia en transformarlos. Es lo que hacen las economías desarrolladas: agregar alto valor a las materias primas. El problema del Perú a lo largo de su historia es que se ha mantenido hasta hoy como una economía básicamente primaria, con escaso desarrollo de su capacidad transformadora, con incipiente industria y deficiente sistema educativo (base para la formación del capital humano necesario para una economía transformadora). El presidente García piensa como un gobernante del siglo XIX.

En segundo lugar, si entramos a la lógica presidencial de caracterizar al Perú por la importancia económica de sus recursos, el aporte de la agricultura al producto bruto interno es similar al minero, con tres grandes diferencias: (1) la agricultura da empleo directo a casi un tercio de los trabajadores del país, mientras que la minería lo hace al uno por ciento; (2) la agricultura es la base de la economía de la mayor parte de las regiones, mientras que la minería tiende a tener características de enclave; (3) la actividad agrícola, por ser realizada por centenares de miles de familias, es fuente descentralizada de ingresos, mientras que las inmensas rentas mineras se concentran básicamente en un reducido número de grandes empresas.

En tercer lugar, darle un carácter segundón a la agricultura con el argumento peregrino de que "la seguridad alimentaria es una idea que ya no sirve en el mundo" y que podemos canjear gas por alimentos, va no solo contra el sentido común, sino en directa oposición a las preocupaciones mundiales sobre el problema alimentario, particularmente a partir del año 2008, y de la que se hacen eco los organismos multilaterales como la FAO e incluso el Banco mundial.

No le falta razón al presidente, sin embargo, cuando afirma que las comunidades fueron en la historia confinadas a las tierras más pobres. ¡Él mismo se está ocupando de que continúe esta lamentable tradición!

1 Entrevista al presidente García publicada como suplemento especial del diario Expreso el lunes 6 de setiembre. De lectura obligada. Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.

2 Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.

MENOS AUTOBOMBO Y MEJOR GESTION

Kurt Burneo

Un signo distintivo de la administración económica aprista es la permanente tendencia al auto elogio en base a una favorable coyuntura económica, que en gran parte se da al margen de las decisiones que toman hoy, y que responden a coyunturas externas favorables (ej. altos precios de minerales) o a decisiones que se tomaron en la administración del Presidente Toledo (ej. programa de reperfilamiento de la deuda pública que posibilitó que hoy nuestro país sea más solvente, al estar menos endeudado respecto al total de riqueza que genera). Pero claro, todos estos elementos convenientemente se olvidan en los multicolores publicherrys estatales que saturan hoy los medios de comunicación, como también en las numerosas declaraciones de los funcionarios actuales. Probablemente el funcionario símbolo de este singular accionar, es el señor que funge hoy de presidente del consejo de ministros, que dicho sea de paso por lo que dice, de economía sabe tanto como yo de física cuántica.

Mirando técnicamente esta actual práctica oficialista, diría que se privilegia el marketing, a la alternativa (mas esforzada) de lograr mayor eficiencia en la gestión; olvidando que esto último redundará en una mejor percepción de los ciudadanos sobre la oportuna ejecución y la calidad del gasto público. Este último aspecto no es irrelevante; por ejemplo la tan proclamada pero ausente conciencia tributaria en el país seguirá siendo siempre sólo un buen deseo, si los ciudadanos siguen disconformes con la calidad y cantidad de los bienes y servicios que reciben del Estado, a cambio de los impuestos que pagamos. No obstante lo anterior, hay algunas buenas prácticas de gestión que se vienen desarrollando con anterioridad a la administración actual y que su institucionalización ha asegurado mejores condiciones futuras para el desempeño económico. El manejo fiscal es una de ellas.

Hoy nadie discute que un adecuado manejo fiscal es importante para la estabilidad macroeconómica del país y esta a su vez funcional al crecimiento. Este implica principalmente: Limitar el déficit fiscal y la expansión del gasto corriente en términos reales; desarrollar una política fiscal contracíclica, además de consolidar la sostenibilidad fiscal, reduciendo continuamente el ratio deuda pública/PBI. Mal que bien los límites están institucionalizados en la Ley de Responsabilidad y Transparencia fiscal. El resto de condicionantes, ya son considerados consensuadamente, parte natural de cualquier gestión fiscal más o menos sensata.

Las buenas prácticas antes descritas, asociadas a una adecuada gerencia macroeconómica consolidaron nuestro sector fiscal, pero (aunque no lo reconozcan las autoridades actuales) también responden a decisiones anteriores adoptadas durante la administración del Presidente Toledo: Por ejemplo el desarrollo de medidas administrativas tributarias (percepciones, detracciones etc.) que permitió el incremento del componente permanente de la recaudación, desde el 2003. Pero así como ha ocurrido en el caso del manejo fiscal, sería necesario lograr que otras buenas prácticas de gestión macroeconómica se incorporen como parte natural de un núcleo de políticas públicas, sobre el cuál la discusión sobre su pertinencia ya fue superada y más bien de lo que se trata es hacer un seguimiento de la debida aplicación de estas a lo largo de las administraciones.

Un caso que encajaría en esta propuesta orientada a necesidad de institucionalizar las buena prácticas económicas; se refiere al establecimiento de políticas y metas (cuantificables y ordenadas en el tiempo) en relación al apoyo estatal a las actividades de innovación y desarrollo. La literatura económica sobre experiencias de crecimiento sostenido muestra el rol central de la inversión en innovación y tecnología como factor significativo. Conocemos que la innovación permite incorporar valor agregado y este a su vez singulariza cualquier producto permitiéndole al productor diferenciar precio, como también hacer más eficiente su gestión de operaciones. Alternativamente, producción con mínima innovación no es diferenciable de la generada por otro productor y así su precio tampoco puede serlo (¿Se nos viene a la mente nuestras commodities?). Si bien agentes privados son los llamados a innovar, como hacerlo sin la masa crítica que debería ser desarrollada por el Estado en una suerte de impulso inicial (actualmente ocupamos el lugar 100 dentro de 133 países en lo que respecta a innovación) a la vez que este debe buscar reducir factores de inestabilidad que podría hacer mas incierto el retorno de cualquier iniciativa innovativa privada. Piénsese sobre esto último, en la heterogénea calidad de la oferta educativa y en la marginal defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Entonces, en ambos casos estas prácticas debieran formar parte de la nueva institucionalidad formal en lo que respecta a la mejora en la competitividad como objetivo nacional. Dejar de hacer todo esto, por ejemplo hará que nuestros tan publicitados tratados de libre comercio con EE.UU, China, Union Europea entre otros, sólo sean un potencial de mercados al cual teóricamente podemos entrar, pero que efectivamente estaremos imposibilitados de hacerlo plenamente, simplemente porque nuestra oferta productiva es poco competitiva en relación a otros ofertantes. Menos cherry y mejor gestión institucionalizada. La tarea está planteada.