Escribe: José De Echave
En su libro Economía de los Recursos Naturales, Gilles Rotillon afirma que se pueden distinguir dos períodos en el análisis económico sobre la utilización de los recursos naturales por el hombre. El primer momento coincide casi con la propia aparición de la economía como disciplina y tiene a la base la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales y sus efectos en el crecimiento económico. Ricardo veía en la baja progresiva de la calidad productiva de las tierras, la causa del estancamiento del crecimiento económico. El mismo análisis se hacía sobre el carbón y otros recursos.
Un segundo momento es cuando la reflexión económica comienza a apuntar a los efectos de la expansión de la producción, el consumo y sus impactos irreversibles en la degradación del planeta. Mucho se ha escrito sobre economía y ecología en las dos últimas décadas, sobre las causas de la degradación y la necesidad que los diagnósticos se conviertan en políticas públicas globales.
Lo cierto es que cada vez es más difícil sostener el concepto de crecimiento económico ilimitado, bajo los cánones actuales. Antes de la crisis de finales de 2008 y sobre todo ahora se debate en todo el planeta, en la academia y en la clase política, sobre el tema del decrecimiento. Serge Latouche, el economista y politólogo francés, señala que la idea del decrecimiento tiene dos orígenes: la toma de conciencia sobre la crisis ecológica y por otro lado la crítica a los que confunden crecimiento con desarrollo.
Este debate no solamente es teoría pura; también está presente en las demandas que se levantan en los conflictos sociales que se desarrollan en diferentes partes del planeta y hasta en iniciativas de políticas públicas. Iniciativas como la del Yasuní en Ecuador, la ley de protección de glaciares en Argentina, las recientes decisiones tomadas en Costa Rica que prohíben la minería de oro a cielo abierto, entre otras, van en la misma línea.
El desafío es construir equilibrios y cubrir los evidentes déficits de regulación pública que cada día son más notorios. John Ruggie, profesor de Harvard y representante del Secretario General de las Naciones Unidas, habla de brechas de gobernabilidad. Las brechas de gobernabilidad, según Ruggie, se producen cuando los actores económicos (estados, empresas //inversiones) pretenden ir más allá de la capacidad que tiene la sociedad de controlar y regular esas inversiones en función del bien común.
En nuestro país, los pobladores de Islay, Conococha, Huancabamba y Ayavaca, curiosamente (o quizás no tanto), están conectados desde su realidad concreta con este tipo de reflexión que se viene dando en el mundo. En cambio nuestros gobernantes y por ejemplo las empresas extractivas creen -o nos quieren hacer creer- que el Perú y el planeta continúan en la década del 50 del siglo pasado.
¿Cómo abordar estos temas en un país como el nuestro con tantas necesidades por atender? En primer lugar, colocándolos en la agenda pública y abordándolos seriamente. La pista central es la de construir equilibrios entre lógicas productivas, regulaciones ambientales y respeto a los derechos de las poblaciones. El próximo escenario electoral es una oportunidad para hacerlo.
