Pedro Francke
La exclusión social, la desigualdad y la pobreza son reconocidas por distintos candidatos como los grandes retos a enfrentar por el próximo gobierno. Alejandro Toledo considera como la principal autocrítica de su gobierno, el no haber hecho más al respecto. Ollanta Humala levanta el tema como un objetivo central de los cambios que propone al país. Manuel Rodríguez Cuadros, en reciente discurso, pone a la lucha contra la desigualdad como el eje alrededor del cual articula su discurso y sus propuestas de gobierno.
Los programas sociales son importantes para avanzar frente a este problema estructural. En distintas áreas clave, nuestra política social es tremendamente débil. Tres cuartas partes de nuestros ancianos no tienen pensión alguna de apoyo. La discapacidad física y mental es un problema frente al que se hace poquísimo. La salud pública sigue sin tener el presupuesto que necesita para la promoción, prevención y atención universal de calidad. La inseguridad alimentaria, el hambre, ha aumentado y afecta a más de una tercera parte de los peruanos, mientras en desnutrición infantil seguimos entre los primeros puestos de la región.
En las campañas electorales sobre estos temas solemos oír grandes promesas, pero sin saber cuánto se invertirá ni de dónde saldrá en dinero, y sin ideas sobre las reformas necesarias para mejorar la eficiencia. Pasadas las elecciones, se hace muy poco, las reformas esperadas se postergan y solo se inician algunos nuevos programas de poco impacto. Ojalá esta vez sea diferente.
Pero lo principal para reducir la exclusión económica es el empleo y la generación de ingresos. El crecimiento que hemos tenido ha permitido que el empleo formal crezca, pero de manera insuficiente, con salarios de hambre y sin derechos laborales. Los campesinos y pequeños productores han enfrentado condiciones muy difíciles en el mercado, haciendo enormes esfuerzos para progresar.
Una prioridad del próximo gobierno debe ser la redistribución mediante políticas sociales que tengan mayor financiamiento asegurado mediante una reforma tributaria, y estrategias más eficaces y participativas. Pero no es suficiente. Después de todo, los ingresos de los hogares, incluso pobres, proviene en más del 80 por ciento del mercado y no del Estado.
Como la gran minería y las industrias extractivas generan muy poco empleo, necesitamos promover especialmente a los sectores que generan más empleo, como la agricultura, el turismo, la construcción y la industria. Los trabajadores deben tener mejores salarios y derecho a la negociación colectiva. Por su parte, las pequeñas y micro empresas deben tener apoyo directo en materia de crédito, simplificación de trámites, apoyo tecnológico y conexión a los mercados, pero sobretodo necesitan un gobierno que las escuche y trabaje con ellas. Sin estos cambios en la política económica, la desigualdad y la exclusión seguirán creciendo.