Germán Alarco Tosoni
Investigador CENTRUM Católica
Hay un conjunto de dependencias y actividades específicas del gobierno central que deberían suspenderse hasta nuevo aviso. Se trataría de que no funcionen hasta que el nuevo gobierno, a elegir en 2011, decida cómo actuar. Las razones son simples, pero contundentes. La operación cotidiana de estas dependencias genera más daños que beneficios, tanto económicos como sociales al agravar los niveles de conflicto actual. Esta abstinencia también puede ser útil para gastar menos y generar ahorros fiscales que podrán aprovechar los que vengan. El mayor tiempo disponible les servirá para documentar adecuadamente, en los “libros blancos” respectivos, los procesos realizados. Ahora nos referiremos a Proinversión, a algunas asociaciones públicas privadas y la firma de nuevos TLCs.
Sólo como ejemplo del cúmulo de errores cometido, la dependencia señalada continúa equivocándose en los procesos de concesión portuaria. Adex y la Cámara de Comercio de Lima señalaron la semana pasada que los procesos del Muelle Sur del Callao (asignado a DP World) y Paita (TPE) no bajaron los costos al exportador ni mejoraron la competitividad. Están por cometer el mismo error con el Muelle Norte. Redujeron los estándares internacionales del concurso para favorecer, no se sabe a quién. Ahora pretenden regular la tarifa de almacenaje, mientras que antes lo hicieron con la buque/muelle. Siguen ignorando la noción de tarifas integradas. De mantener las cosas igual, el resultado será probablemente de mayor conflicto social con los ex trabajadores de ENAPU y ninguna ganancia en competitividad para el comercio exterior.
El acuerdo energético con Brasil debe suspenderse. No sólo se trataría de evitar la erosión de nuestro medio ambiente y el desplazamiento de segmentos relevantes de la población aborigen. Hay que evaluar, ante la creciente escasez de agua en la Costa y en la Sierra, las posibilidades de trasvase de este elemento, en niveles razonables, de la cuenca del Atlántico al Pacífico. Hay que pensar primero en los intereses nacionales de largo plazo.
Bajo ninguna circunstancia se pretende paralizar al país. Sin embargo, el gobierno actual no debe hipotecarlo con los proyectos cofinanciados, ni agravar los conflictos sociales. Tampoco se debe apresurar la firma de nuevos acuerdos de libre comercio. Los apresuramientos en la negociación, de espaldas al país y en aras de cosechar aplausos, pueden ser peligrosos para la economía nacional. Los daños pueden ser graves, más aún cuando el sol se aprecia, favoreciendo a las importaciones y desalentando a las exportaciones no tradicionales
(En: la Primera, 26/11/2010, p.10).
