Germán Alarco Tosoni
Investigador CENTRUM Católica
Algunas personas piensan que realizar ajustes al modelo económico va a conducir al país a una crisis similar a la de los años ochentas. Están equivocados. Entre estas gentes, hay algunos bien intencionados y otros que no lo son. A los primeros van estas líneas para señalarles que el cambio es posible, sin afectar los elementos positivos -aunque limitados- del modelo. El elevado crecimiento de la inversión y la producción es un activo a mantener. Siempre es preferible crecer y aprovechar sus beneficios, que no hacerlo. Para los segundos, quienes agitan el miedo como arma para favorecer intereses particulares, todo esfuerzo de convencimiento es inútil.
La crisis económica de la segunda parte del primer gobierno de Alan García fue, en gran medida, resultado del desmanejo fiscal, monetario, cambiario y en los precios públicos. Los tipos de cambio múltiples permanecieron fijos, mientras que la inflación los corroía. La dispersión era insostenible. Los precios de ciertos bienes y servicios públicos se atrasaron en exceso respecto al resto de la economía. El desbalance fiscal llegó a ser superior al 10% del PBI y fue financiado monetariamente por el Banco Central de Reserva (BCRP).
La única inflación posible, para un próximo gobierno, sería la importada, por mayores costos o por márgenes de ganancia más elevados. Todos los frentes y partidos políticos están de acuerdo en mantener la autonomía del BCRP y preservar la imposibilidad del financiamiento monetario al sector público. Nadie pretende que el sol se sobrevalue; en todo caso algunos podrían procurar lo contrario, imitando a China. Ninguna fuerza progresista postula un déficit público mayor al que podría ser razonablemente financiado mediante la captación de endeudamiento de mediano y largo plazo interno y/o externo. Todos estamos de acuerdo en impulsar a las exportaciones, especialmente las no tradicionales. Con todos estos elementos sería imposible llegar a un caos final similar al gobierno de García I.
La mejora de las articulaciones e integración productiva, incluyendo el desarrollo de clusters; la mayor inversión pública en infraestructura; el mayor gasto en ciencia y tecnología; el apoyo decidido a las Mypes y a los emprendedores; la lucha frontal contra la pobreza y la desigualdad, más los programas estándar, exigen aumentar significativamente la presión tributaria. Sólo con una mayor recaudación se podrá atender estos retos. Las políticas tributaria y fiscal estarán al centro de la discusión. De un lado, los intereses nacionales; del otro, algunas grandes empresas del capital trasnacional y local (En: La Primera, 19/11/2010, p.10.)
