Pedro Francke
En algunas zonas alejadas de nuestra ceja de selva, los agricultores de café y cacao organizados en cooperativas han logrado prosperar y cerrarle el paso a la coca. Pocas semanas atrás, uno de ellos logró un precio internacional al mejor café. Es sin duda un esfuerzo emprendedor que debemos apoyar.
Pero en vez de apoyo, este gobierno pretende cobrar impuestos abusivos a esas cooperativas. La consecuencia es clara: enfrentados a impuestos excesivos que se cobran sin que el estado les de ningún servicio a cambio, las cooperativas quebrarían. La ex - ministra y hoy candidata Mercedes Araoz ha defendido esa política, claramente contraria a los puntos de vista de Haya de la Torre, que respaldaba resueltamente las cooperativas.
La argucia legal de la SUNAT para cobrar esos impuestos es pretender que las relaciones de los agricultores con su cooperativa, que acopia sus granos para venderlos al exterior, deben ser tratadas como si fuera una venta cualquiera, cuando en realidad sólo se la está entregando para que la cooperativa le preste el servicio de comercialización.
Lo importante a considerar sin embargo es el impacto social de esta medida. Como dice la Junta Nacional del Café, “En la cadena del café el eslabón más débil corresponde al sector productor. Apenas el 28% de 150 mil familias cafetaleras están organizadas en cooperativas, asociaciones, comités y empresas comunales. Se estima un total de 42 mil familias, integradas en 730 organizaciones, en su mayoría con grandes limitaciones para las negociaciones empresariales”. No se trata de grandes negocios, claro que no, son familias campesinas sobreviviendo la pobreza y buscando un camino de progreso. Se calcula que el 85% de esos pequeños agricultores gana menos de 500 soles mensuales.
A pesar de esos problemas, las cooperativas cafetaleras son las que han logrado mayor empuje empresarial, en especial las integradas a centrales de cooperativas que durante más de 30 años han resistido a sucesivas crisis económicas. Han logrado reinvertir sus escasos márgenes de ganancias, dar mejores servicios a sus socios e ir progresando. En muchos casos, estas cooperativas tienen que reemplazar a un estado inexistente. En los distritos y caseríos alejados de San Juan del Oro, en la provincia de Sandia, Puno, o de San Ignacio en la frontera del departamento de Cajamarca con Ecuador, no encontramos centros médicos de EsSalud, carreteras bien pavimentadas o centros de apoyo al productor agropecuario. Si no fuera por los esfuerzos que hacen las municipalidades con escaso presupuesto, el estado sería inexistente. En esos lugares, las cooperativas son una fuerza de progreso económico, pero también de progreso social.
El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley dando la razón a los cafetaleros cooperativistas y no a la SUNAT. Pero Alan García lo ha observado. Parece que sus lecturas de Haya de la Torre están bien olvidadas en el desván, y las cooperativas no merecen el respaldo que si tienen las grandes trasnacionales mineras y petroleras. Con ese profesor, como sorprenderse que Meche Araoz también haya optado por apoyar un cobro abusivo de impuestos que quebraía a las cooperativas.
