Escribe Felix Jimenez
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La decisión de pagar y servir la deuda externa es un problema político porque se trata de optar entre recuperar el Estado nacional como centro básico de decisiones para reestructurar nuestra economía, o desempeñar el papel de espectadores mientras el comercio libre y la transnacionalización definan el lugar que ocuparemos en la economía globalizada del futuro.[1] La deuda no descubre sólo la crisis estructural de la América Latina, sino también importantes problemas económicos en el capitalismo de los centros como la necesidad de reestructurar profundamente los aparatos productivos de países como los EE.UU., para relanzar su proceso de acumulación y crecimiento.
Esta reestructuración es un proceso político conflictivo debido a sus consecuencias en la distribución del ingreso a escala nacional e internacional. Diversos analistas mencionan que la "tercera revolución industrial" y la nueva transnacionalización comandadas por las empresas y la banca japonesa, son los dos cambios estructurales básicos que definen la actual tendencia en la división internacional del trabajo.[2] Pero, el otro cambio estructural básico es la redistribución del ingreso que perjudica a los países deudores, como resultado del largo y costoso proceso de ajuste a los que fueron sometidos en la década de los 80, proceso que continúa hasta la fecha bajo la novedosa supervisión conjunta del BM y del FMI.
Deuda y condicionalidad de los ajustes
Tres años después de la manifestación de la crisis de la deuda externa, la administración norteamericana propuso la ejecución del Plan Baker con el objeto de generar liquidez en los principales países deudores, siempre y cuando ellos adoptaran políticas de libre mercado. La administración republicana había empeorado la situación de los países subdesarrollados con sus políticas de devaluación y restricción monetaria, pues sus efectos en los términos de intercambio y en las tasas de interés, deterioraron su capacidad de compra y de pagos.[3] En consecuencia, al tiempo que se proporcionaba dinero fresco a los países deudores más importantes, se pretendía crear y multiplicar la demanda de estos últimos por productos manufacturados de los Estados Unidos y de otras economías industrializadas.
El Plan Baker y los programas de estabilización del FMI, institución que empezó a actuar como intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores, no dieron los frutos esperados. Si bien los préstamos de ajuste estructural otorgados por el Banco Mundial ganaron importancia con el Plan Baker, éste no contemplaba la reducción de la deuda y de la carga de su servicio a través del mercado. En marzo de 1989 se anuncia el Plan Brady que postula disminuir el valor nominal de la deuda, reducir su servicio y/o facilitar préstamos nuevos pero, otra vez, sólo dentro del contexto de programas económicos "firmes" que mejoren la capacidad de amortización, programas que, "apoyados" por el FMI y el BM, deben incorporar medidas para alentar nuevas inversiones extranjeras, repatriar capitales y canjear deuda por acciones de capital.
La reestructuración de la deuda y el desembolso de nuevos créditos se hacen así contingentes a las reformas que, ahora, deben ser implementadas bajo la supervisión del BM y del FMI. A estas reformas se les añade la obligatoria cancelación de atrasos y la privatización de las empresas públicas. La crisis de la deuda originó así un cambio fundamental en los roles asignados en 1944, en Bretton Woods, al FMI y al BM, que pocos políticos y economistas destacan y critican. Mientras el FMI debía facilitar la corrección de los desequilibrios externos mediante préstamos y programas de ajuste de corto plazo cuyas políticas hacían énfasis en el control de la demanda agregada, el BM debía promover el ahorro y el crecimiento, apoyando financieramente la ejecución de proyectos y programas específicos de inversión, a largo plazo, que permitieran modificaciones en la oferta agregada.
Esta separación de roles termina, por lo menos en lo que concierne a las acciones que dichas instituciones realizan en los países deudores. El FMI introdujo el "Extended Fund Facility" y el "Structural Adjustment Facility", ambos orientados a afectar la oferta agregada mediante la desregulación de todos los mercados. El BM, por su parte, empezó a condicionar sus préstamos al manejo de la política macroeconómica en el puro estilo fondomonetarista. El resultado fue -- como apunta Meller --, la doble condicionalidad y, por consiguiente, la definición de la política interna en el exterior, es decir, la desnacionalización del centro básico de decisiones al que aludía Furtado.[4]
El BM y el FMI institucionalizaron así el llamado Consenso de Washington sobre las reformas económicas para "resolver" los desequilibrios estructurales de nuestras economías, optando por el paradigma del mercado libre y la eliminación de la intervención económica del Estado.[5] Para este paradigma, la estabilidad es inherente a la economía de libre mercado. En ésta, hay una tendencia automática a los equilibrios macroeconómicos, los que, una vez logrados, darían paso al crecimiento sostenido.
Paradigma Liberal y Modernización Conservadora
El costo económico y social de las reformas y programas de ajuste, es enorme. La tasa de inflación más baja de los últimos 15 años lograda en 1992 (57%), se sostiene precariamente en el rezago cambiario y la contracción de la capacidad de compra de la mayoría de la población. El funcionamiento libre del mercado de fondos prestables es incapaz de disminuir las tasas de interés. El alto costo del crédito acentúa la recesión y ésta junto a la restricción monetaria, constituyen los factores más importantes de la actual fragilidad financiera. Por último, como resultado de la contracción de la demanda interna la capacidad productiva ociosa bordea el 45%. La prolongada recesión y la liberalización comercial, han conducido a gran parte de las empresas al borde de la quiebra masiva.
La tendencia a la disminución del ritmo de crecimiento de la capacidad de producción observada en los 80 y exacerbada por el actual ajuste recesivo, ha agravado los desajustes entre la oferta de empleos y el crecimiento de la población. La inversión bruta privada per cápita muestra una pronunciada tendencia decreciente desde los últimos años de la década del 70. En los períodos 1981-1985, 1986-1990 y en el año 1991, los montos promedio de inversión bruta privada per cápita fueron equivalentes a 76.2%, a 69.0% y a 61.9 de su valor registrado en 1976, respectivamente.
Por otro lado, la contracción de los niveles de producción provocada por los ajustes liberales, acrecentó los déficit de la balanza comercial para un mismo nivel de producto per-capita, limitando así las posibilidades de una reactivación relativamente prolongada. Mientras el producto per cápita de 1985 se obtuvo con un superávit comercial de 5.4% del PBI, un nivel ligeramente superior de producto per cápita se obtuvo en 1988 con un déficit comercial de -0.4% del PBI. Niveles similares de superávit comercial con respecto al PBI se obtuvieron en 1984 y 1989, pero el producto per cápita de este último año fue 88% del logrado en 1984. El producto per cápita de 1992 representa el 69.5% del alcanzado en 1987 y está asociado a una balanza comercial deficitaria.
El deterioro de la balanza comercial para un mismo nivel de producto, merma, además, nuestra capacidad de pago o de transferencia de recursos al exterior. Los programas de ajuste liberal, por las razones anteriores, generan un círculo vicioso que exacerba la tendencia de largo plazo al estancamiento económico, los desajustes estructurales y los niveles de pobreza. La ortodoxia liberal está, así, transformando a la economía peruana en comercial-especulativa, porque está destruyendo la actividad productiva industrial. La liberalización es un camino a la intensificación de la subordinación vía la dependencia de importaciones. Beneficia a aquellos países que producen los bienes de capital, los insumos y las tecnologías que nosotros importamos y, por consiguiente, limita nuestra capacidad de producir nuestros bienes de capital e insumos, y de generar endógenamente tecnologías adecuadas para integrar nuestra economía.
La liberalización no es sino la otra cara de la modernización meteca, conservadora, porque reproduce nuestro pasado periférico pero, además, en condiciones de quiebra financiera y política del Estado, de fragilidad de las instituciones democráticas, de crisis del sistema político, y de desintegración social, que --como apunta Tavares-- impiden visualizar los nuevos agentes de la transformación.
Conclusión
La deuda externa total del país aumentó de 19,762 millones de dólares en 1990 a 22,000 millones de dólares en 1992, en plena recesión. Además, en este último año los pagos netos por servicios de esta deuda ascendieron a, aproximadamente, 900 millones de dólares. Nos hemos convertido en exportadores de capital.
En verdad, los programas de estabilización y ajuste estructural impuestos por el FMI y el BM a países como el nuestro, cumplieron y todavía cumplen el propósito de evitar el colapso del sistema financiero internacional, al tiempo que comprometieron gravemente las posibilidades de crecimiento de nuestros países. El empobrecimiento y estancamiento económico de nuestros países, provocado por aquellos programas, aparecen así como condiciones para "orientar" su reinserción en el mercado mundial y "apoyar" el relanzamiento de un nuevo ciclo de crecimiento y acumulación en los países del Centro.
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[1] Véase, Celso Furtado, EconomIa Mundial: Transformación y Crisis, Tercer Mundo Editores, Colombia 1990.
[2] Véase María da Conceicao Tavares, "Restructuración Industrial y Políticas de Ajuste Macroecómico en los Centros, en Investigación Económica, 199, México, enero-marzo de 1992.
[3] Para una explicación de los efectos de los shocks externos en el Perú, véase Félix Jiménez y Edward J. Nell, "The Political Economy of the External Debt and Growth: The case of Peru", en W. Semmler (ed.) Financial Dynamics and Business Cycle: New Perspectives, M.E. Sharpe, Inc. New York, 1989.
[4] Véase P. Meller "América Latina y la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial" en Neoliberalismo y Neoestructuralismo en América Latina, Instituto de Investigaciones Económicas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito 1989.
[5] Véase R. Frenkel, J.M. Fanelli y G. Rozenwurcel, Crítica al Consenso de Washington", FONVDAD, CEPES, DESCO, Lima 1992.
Publicado en la Revista Actualidad Económica el año 1993
Esta reestructuración es un proceso político conflictivo debido a sus consecuencias en la distribución del ingreso a escala nacional e internacional. Diversos analistas mencionan que la "tercera revolución industrial" y la nueva transnacionalización comandadas por las empresas y la banca japonesa, son los dos cambios estructurales básicos que definen la actual tendencia en la división internacional del trabajo.[2] Pero, el otro cambio estructural básico es la redistribución del ingreso que perjudica a los países deudores, como resultado del largo y costoso proceso de ajuste a los que fueron sometidos en la década de los 80, proceso que continúa hasta la fecha bajo la novedosa supervisión conjunta del BM y del FMI.
Deuda y condicionalidad de los ajustes
Tres años después de la manifestación de la crisis de la deuda externa, la administración norteamericana propuso la ejecución del Plan Baker con el objeto de generar liquidez en los principales países deudores, siempre y cuando ellos adoptaran políticas de libre mercado. La administración republicana había empeorado la situación de los países subdesarrollados con sus políticas de devaluación y restricción monetaria, pues sus efectos en los términos de intercambio y en las tasas de interés, deterioraron su capacidad de compra y de pagos.[3] En consecuencia, al tiempo que se proporcionaba dinero fresco a los países deudores más importantes, se pretendía crear y multiplicar la demanda de estos últimos por productos manufacturados de los Estados Unidos y de otras economías industrializadas.
El Plan Baker y los programas de estabilización del FMI, institución que empezó a actuar como intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores, no dieron los frutos esperados. Si bien los préstamos de ajuste estructural otorgados por el Banco Mundial ganaron importancia con el Plan Baker, éste no contemplaba la reducción de la deuda y de la carga de su servicio a través del mercado. En marzo de 1989 se anuncia el Plan Brady que postula disminuir el valor nominal de la deuda, reducir su servicio y/o facilitar préstamos nuevos pero, otra vez, sólo dentro del contexto de programas económicos "firmes" que mejoren la capacidad de amortización, programas que, "apoyados" por el FMI y el BM, deben incorporar medidas para alentar nuevas inversiones extranjeras, repatriar capitales y canjear deuda por acciones de capital.
La reestructuración de la deuda y el desembolso de nuevos créditos se hacen así contingentes a las reformas que, ahora, deben ser implementadas bajo la supervisión del BM y del FMI. A estas reformas se les añade la obligatoria cancelación de atrasos y la privatización de las empresas públicas. La crisis de la deuda originó así un cambio fundamental en los roles asignados en 1944, en Bretton Woods, al FMI y al BM, que pocos políticos y economistas destacan y critican. Mientras el FMI debía facilitar la corrección de los desequilibrios externos mediante préstamos y programas de ajuste de corto plazo cuyas políticas hacían énfasis en el control de la demanda agregada, el BM debía promover el ahorro y el crecimiento, apoyando financieramente la ejecución de proyectos y programas específicos de inversión, a largo plazo, que permitieran modificaciones en la oferta agregada.
Esta separación de roles termina, por lo menos en lo que concierne a las acciones que dichas instituciones realizan en los países deudores. El FMI introdujo el "Extended Fund Facility" y el "Structural Adjustment Facility", ambos orientados a afectar la oferta agregada mediante la desregulación de todos los mercados. El BM, por su parte, empezó a condicionar sus préstamos al manejo de la política macroeconómica en el puro estilo fondomonetarista. El resultado fue -- como apunta Meller --, la doble condicionalidad y, por consiguiente, la definición de la política interna en el exterior, es decir, la desnacionalización del centro básico de decisiones al que aludía Furtado.[4]
El BM y el FMI institucionalizaron así el llamado Consenso de Washington sobre las reformas económicas para "resolver" los desequilibrios estructurales de nuestras economías, optando por el paradigma del mercado libre y la eliminación de la intervención económica del Estado.[5] Para este paradigma, la estabilidad es inherente a la economía de libre mercado. En ésta, hay una tendencia automática a los equilibrios macroeconómicos, los que, una vez logrados, darían paso al crecimiento sostenido.
Paradigma Liberal y Modernización Conservadora
El costo económico y social de las reformas y programas de ajuste, es enorme. La tasa de inflación más baja de los últimos 15 años lograda en 1992 (57%), se sostiene precariamente en el rezago cambiario y la contracción de la capacidad de compra de la mayoría de la población. El funcionamiento libre del mercado de fondos prestables es incapaz de disminuir las tasas de interés. El alto costo del crédito acentúa la recesión y ésta junto a la restricción monetaria, constituyen los factores más importantes de la actual fragilidad financiera. Por último, como resultado de la contracción de la demanda interna la capacidad productiva ociosa bordea el 45%. La prolongada recesión y la liberalización comercial, han conducido a gran parte de las empresas al borde de la quiebra masiva.
La tendencia a la disminución del ritmo de crecimiento de la capacidad de producción observada en los 80 y exacerbada por el actual ajuste recesivo, ha agravado los desajustes entre la oferta de empleos y el crecimiento de la población. La inversión bruta privada per cápita muestra una pronunciada tendencia decreciente desde los últimos años de la década del 70. En los períodos 1981-1985, 1986-1990 y en el año 1991, los montos promedio de inversión bruta privada per cápita fueron equivalentes a 76.2%, a 69.0% y a 61.9 de su valor registrado en 1976, respectivamente.
Por otro lado, la contracción de los niveles de producción provocada por los ajustes liberales, acrecentó los déficit de la balanza comercial para un mismo nivel de producto per-capita, limitando así las posibilidades de una reactivación relativamente prolongada. Mientras el producto per cápita de 1985 se obtuvo con un superávit comercial de 5.4% del PBI, un nivel ligeramente superior de producto per cápita se obtuvo en 1988 con un déficit comercial de -0.4% del PBI. Niveles similares de superávit comercial con respecto al PBI se obtuvieron en 1984 y 1989, pero el producto per cápita de este último año fue 88% del logrado en 1984. El producto per cápita de 1992 representa el 69.5% del alcanzado en 1987 y está asociado a una balanza comercial deficitaria.
El deterioro de la balanza comercial para un mismo nivel de producto, merma, además, nuestra capacidad de pago o de transferencia de recursos al exterior. Los programas de ajuste liberal, por las razones anteriores, generan un círculo vicioso que exacerba la tendencia de largo plazo al estancamiento económico, los desajustes estructurales y los niveles de pobreza. La ortodoxia liberal está, así, transformando a la economía peruana en comercial-especulativa, porque está destruyendo la actividad productiva industrial. La liberalización es un camino a la intensificación de la subordinación vía la dependencia de importaciones. Beneficia a aquellos países que producen los bienes de capital, los insumos y las tecnologías que nosotros importamos y, por consiguiente, limita nuestra capacidad de producir nuestros bienes de capital e insumos, y de generar endógenamente tecnologías adecuadas para integrar nuestra economía.
La liberalización no es sino la otra cara de la modernización meteca, conservadora, porque reproduce nuestro pasado periférico pero, además, en condiciones de quiebra financiera y política del Estado, de fragilidad de las instituciones democráticas, de crisis del sistema político, y de desintegración social, que --como apunta Tavares-- impiden visualizar los nuevos agentes de la transformación.
Conclusión
La deuda externa total del país aumentó de 19,762 millones de dólares en 1990 a 22,000 millones de dólares en 1992, en plena recesión. Además, en este último año los pagos netos por servicios de esta deuda ascendieron a, aproximadamente, 900 millones de dólares. Nos hemos convertido en exportadores de capital.
En verdad, los programas de estabilización y ajuste estructural impuestos por el FMI y el BM a países como el nuestro, cumplieron y todavía cumplen el propósito de evitar el colapso del sistema financiero internacional, al tiempo que comprometieron gravemente las posibilidades de crecimiento de nuestros países. El empobrecimiento y estancamiento económico de nuestros países, provocado por aquellos programas, aparecen así como condiciones para "orientar" su reinserción en el mercado mundial y "apoyar" el relanzamiento de un nuevo ciclo de crecimiento y acumulación en los países del Centro.
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[1] Véase, Celso Furtado, EconomIa Mundial: Transformación y Crisis, Tercer Mundo Editores, Colombia 1990.
[2] Véase María da Conceicao Tavares, "Restructuración Industrial y Políticas de Ajuste Macroecómico en los Centros, en Investigación Económica, 199, México, enero-marzo de 1992.
[3] Para una explicación de los efectos de los shocks externos en el Perú, véase Félix Jiménez y Edward J. Nell, "The Political Economy of the External Debt and Growth: The case of Peru", en W. Semmler (ed.) Financial Dynamics and Business Cycle: New Perspectives, M.E. Sharpe, Inc. New York, 1989.
[4] Véase P. Meller "América Latina y la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial" en Neoliberalismo y Neoestructuralismo en América Latina, Instituto de Investigaciones Económicas. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito 1989.
[5] Véase R. Frenkel, J.M. Fanelli y G. Rozenwurcel, Crítica al Consenso de Washington", FONVDAD, CEPES, DESCO, Lima 1992.
Publicado en la Revista Actualidad Económica el año 1993
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