CONFLICTIVIDAD LABORAL Y TLC: LO QUE PUEDE PASAR
Escribe Enrique Fernández-Maldonado Mujica
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Los sucesos recientes de Casapalca confirman lo que muchos temían: que los compromisos del gobierno para solucionar la huelga nacional minera, apenas semanas atrás, carecían de sustento real. La incapacidad para exigir el cumplimiento de la ley a una empresa de mediana envergadura se desvanece ante la idea de cierta complacencia gubernamental con un modelo de relaciones laborales a todas luces favorable al capital. Para algunos sectores estos serían hechos aislados, sin visos de continuidad con el resto del país. Para otros, asistimos a un proceso creciente de malestar social con ánimos movimientistas. Analicemos ambas lecturas.
Según la Defensoría del Pueblo, el mes pasado se registraron 77 conflictos sociales, de los cuales el 9% está relacionado con cuestiones gremiales y laborales (Reporte Nº 39, Mayo 2007). No son todos, puesto que la inestabilidad opaca buena parte de la protesta laboral. La mayoría se ha dado a nivel de empresa, donde los trabajadores reclaman mejoras salariales y el derecho a negociar colectivamente. Los casos de mayor conflictividad son corporativos y están protagonizados por sindicatos de rama en sectores estratégicos, públicos y privados. Salvo los paros nacionales minero y portuario, se trata por lo general acciones geográficamente dispersas, sin articulación programática ni política, lo que no omite su gravedad.
Cabe destacar que uno de cada 5 conflictos laborales está relacionado con industrias extractivas, lo que les confiere un carácter socioambiental. En esos casos la conflictividad rebalsa los marcos de la institucionalidad laboral e involucra a gobiernos locales, autoridades públicas, policiales y principalmente a la población. Los niveles de conflictividad dependerán de la relación que establecen las empresas con sus trabajadores. No faltan las que se ganan la “lealtad” de su personal evitando su adhesión a la protesta anti minera. Movidas como éstas agudizan la polarización social y terminan por bloquear los espacios de dialogo donde los sindicatos son pieza clave por su organización y representatividad.
Los desencadenantes de la conflictividad laboral son múltiples, casi todos aparejados a la desigualdad en el ingreso (según el Informe Oxfam 2006-2007, las remuneraciones crecieron 1% durante el último año, mientras las utilidades de las empresas lo hacían en 141%. La República, 21/06/07). Aún así, conflictos que podrían canalizarse por cauce administrativo se vuelven inmanejables por los desplantes y autoritarismo de algunos empresarios. Es altamente probable que la muerte de cuatro inocentes se hubiera evitado si los Gubbins, propietarios de Casapalca, decidían participar en las conversaciones con sus trabajadores convocadas por el MTPE.
Encarar los conflictos laborales, a tiempo y con criterios de justicia social, exige respuestas estructurales, institucionales y políticas en diversos niveles. No basta con aprobar una Ley General del Trabajo que proteja al trabajador, preservando derechos y regulando debidamente el despido. Se trata de asentar el principio de autoridad fortaleciendo las instancias fiscalizadoras y promotoras del empleo decente con que cuenta el aparato público. Un dato que no debe pasar desapercibido es que un tercio de las movilizaciones son contra el propio Estado, por incumplir la normativa laboral (y no resarcir a los despedidos por el fujimorismo).
Así las cosas, de no actuar rápida y contundentemente, la expansión de la conflictividad laboral haría peligrar el TLC con los Estados Unidos, perjudicando, paradójicamente, a sus más esforzados promotores.
Según la Defensoría del Pueblo, el mes pasado se registraron 77 conflictos sociales, de los cuales el 9% está relacionado con cuestiones gremiales y laborales (Reporte Nº 39, Mayo 2007). No son todos, puesto que la inestabilidad opaca buena parte de la protesta laboral. La mayoría se ha dado a nivel de empresa, donde los trabajadores reclaman mejoras salariales y el derecho a negociar colectivamente. Los casos de mayor conflictividad son corporativos y están protagonizados por sindicatos de rama en sectores estratégicos, públicos y privados. Salvo los paros nacionales minero y portuario, se trata por lo general acciones geográficamente dispersas, sin articulación programática ni política, lo que no omite su gravedad.
Cabe destacar que uno de cada 5 conflictos laborales está relacionado con industrias extractivas, lo que les confiere un carácter socioambiental. En esos casos la conflictividad rebalsa los marcos de la institucionalidad laboral e involucra a gobiernos locales, autoridades públicas, policiales y principalmente a la población. Los niveles de conflictividad dependerán de la relación que establecen las empresas con sus trabajadores. No faltan las que se ganan la “lealtad” de su personal evitando su adhesión a la protesta anti minera. Movidas como éstas agudizan la polarización social y terminan por bloquear los espacios de dialogo donde los sindicatos son pieza clave por su organización y representatividad.
Los desencadenantes de la conflictividad laboral son múltiples, casi todos aparejados a la desigualdad en el ingreso (según el Informe Oxfam 2006-2007, las remuneraciones crecieron 1% durante el último año, mientras las utilidades de las empresas lo hacían en 141%. La República, 21/06/07). Aún así, conflictos que podrían canalizarse por cauce administrativo se vuelven inmanejables por los desplantes y autoritarismo de algunos empresarios. Es altamente probable que la muerte de cuatro inocentes se hubiera evitado si los Gubbins, propietarios de Casapalca, decidían participar en las conversaciones con sus trabajadores convocadas por el MTPE.
Encarar los conflictos laborales, a tiempo y con criterios de justicia social, exige respuestas estructurales, institucionales y políticas en diversos niveles. No basta con aprobar una Ley General del Trabajo que proteja al trabajador, preservando derechos y regulando debidamente el despido. Se trata de asentar el principio de autoridad fortaleciendo las instancias fiscalizadoras y promotoras del empleo decente con que cuenta el aparato público. Un dato que no debe pasar desapercibido es que un tercio de las movilizaciones son contra el propio Estado, por incumplir la normativa laboral (y no resarcir a los despedidos por el fujimorismo).
Así las cosas, de no actuar rápida y contundentemente, la expansión de la conflictividad laboral haría peligrar el TLC con los Estados Unidos, perjudicando, paradójicamente, a sus más esforzados promotores.
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