Alan Fairlie Reinoso.
La Decisión 667 puso fin por el momento a la crisis desatada por la negativa de Bolivia al lanzamiento de negociaciones con la UE con la inclusión de disciplinas (propiedad intelectual, servicios, inversión, compras del Estado). Ya se habían dado declaraciones por parte de ministros o representantes de los gobiernos de Colombia y especialmente Perú, con amenazas de retirarse de la CAN. El propio Presidente declaró al respecto.
La magnitud de la crisis por una negociación externa, muestra la fragilidad en la que se encuentra la integración andina. Es solamente una manifestación externa de las profundas diferencias que existen entre los socios respecto a sus estrategias de desarrollo, opciones de integración e inserción internacionales.
Colombia y Perú han seguido impulsando los planteamientos del cuestionado Consenso de Washington, manteniendo un continuismo con las políticas de liberalización y apertura que la región impulsó desde los años 90. Asimismo tienen una política de alineamiento casi automático con las políticas de EEUU, y la búsqueda de un TLC con ese país es una política prioritaria que entre otros objetivos busca poner un “seguro” a las políticas del Consenso de Washington.
De otro lado, están Bolivia y Ecuador que recusan las políticas neoliberales y han hecho profundas reformas que incluyen el control de sus recursos estratégicos. Rechazan el TLC con EEUU y han mostrado beligerancia, aunque menor a la impulsada por el gobierno de Venezuela que empezó con estas políticas en la región andina.
Las diferencias están también en las visiones sobre la convergencia o no de la integración regional con los TLCs. Colombia y Perú suscriben la visión oficial de la secretaría general CAN que son compatibles y que no vulneran la integración regional. Venezuela se retiró -entre otras razones- porque señalo que el TLC hería de muerte la integración andina, y esta tesis la comparten en diferente grado Bolivia y Ecuador.
Las negociaciones con la UE, llevaron a una nueva pugna de concepciones que terminó en la crisis que comentamos. Las concesiones que Colombia y Perú han hecho en el TLC con EEUU, están dispuestas a dárselas a la UE. Aunque aquí Colombia parece que recibirá la aprobación del Congreso norteamericano recién el próximo año. En cambio, Bolivia entiende que el acuerdo de asociación con la UE es básicamente lo mismo en el plano comercial que el TLC con EEUU, por lo que hay que rechazar la negociación en disciplinas para que no se repita la historia.
La Decisión 667 explicita que se considerarán las asimetrías y habrá trato especial y diferenciado para Ecuador y Bolivia. Asimismo, diferencia los acuerdos que suscribirán todos los socios, de aquellos que podrían comprometerse solo algunos, enfatizando que se regirán por la normativa comunitaria.
Se deja abierta por lo tanto la posibilidad de negociación a dos velocidades, lo que permite a cada país flexibilidad para actuar de acuerdo a su interés nacional. Pero, el trato especial y diferenciado debería ser para toda la CAN considerando las asimetrías existentes con la UE, y abordadas no sólo en la parte comercial del acuerdo de asociación, sino también en el componente de cooperación renegociado.
Esto permite la superación temporal de la crisis, y el lanzamiento oficial de negociaciones en la Cumbre de Tarija donde Colombia asumirá la presidencia de turno de la CAN. Esta es una excelente noticia para los que somos partidarios de la integración.
Sin embargo, urge una definición en la que se puede avanzar en la próxima cumbre andina. Si se quiere la integración realmente, se debe profundizar la integración andina más allá del tema comercial y avanzar en temas de infraestructura, energía, medio ambiente, amazonía y biodiversidad, agenda social. Se podría retomar y relanzar con las modificaciones que se estime conveniente, el Plan Estratégico que se definió en las dos administraciones anteriores de la Secretaría General de la CAN.
Supone también darle prioridad a la integración regional, su normativa e instituciones. Esto requiere que Venezuela retorne por lo menos en condición de asociado y trabaje en este objetivo fundamental, y que junto a los que cuestionan el Consenso de Washington y los TLCs norte-sur tipo EEUU, den la pelea interna y busquen la construcción de alternativas desde la integración realmente existente y no dinamitando el proceso.
Por el momento la probabilidad de aprobación del TLC en el congreso norteamericano lo tiene Perú, y Colombia eventualmente el próximo año. En ese lapso, las negociaciones con la UE podarían avanzar sustancialmente en un formato que no replique lo pactado en el TLC con EEUU, que efectivamente entra en conflicto con la integración regional y reduce los márgenes de maniobra de los estados nacionales. Aparte de los costos directos e indirectos que supondrán para amplios segmentos de la población, que están en los sectores sensibles y potencialmente afectados.
Europa tiene también una gran responsabilidad. Si es consecuente con los objetivos de su mandato negociador respecto a la integración regional y el tratamiento de asimetrías, o si exige condiciones idénticas a las de EEUU que entran en contradicción con esos objetivos declarados. De eso dependerá si el Acuerdo de Asociación vulnera o no la integración regional.
Si no logramos esto, la ruptura se producirá y los pro-EEUU seguirán en su construcción del “Arco Pacífico Hemisférico” con México, Chile y Centroamérica, poniendo una cuña en el proceso de integración sudamericano. No se debe aplicar la política del avestruz o de borrón y cuenta nueva. Es hora de definiciones y todos los que militamos en la integración regional y sudamericana debemos estar en un mismo frente.
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