Enrique Fernández Maldonado
Uno de los aspectos más problemáticos y sensibles de la globalización económica es su impacto sobre el empleo. En el Perú, todos los gobiernos desde Fujimori impulsaron el libre comercio y la desregulación laboral, en el entendido de que generarían inversión, trabajo y desarrollo. Ahora que atravesamos un periodo de expansión económica y aumentan las expectativas sociales, cabe preguntarnos cómo afecta el crecimiento al empleo y a quiénes beneficia.
Según el MTPE, el empleo asalariado viene creciendo a tasas anuales de 10% (si bien en empresas de 10 o más trabajadores, que ocupan a menos del 15% PEA), en zonas urbanas y actividades orientadas a la exportación (minería, agroindustria, confecciones, servicios y comercio). Si miramos la distribución del ingreso, la figura es otra: en los últimos años los salarios recuperaron apenas el nivel de hace una década (1997), al tiempo que las ganancias de capital (el dinero de los menos) duplicaban su participación como proporción del PBI.
¿Qué factores estarían detrás de resultados tan dispares? Uno primero radica en la secular debilidad del Estado (y la falta de voluntad política de la clase política peruana) para promover y fiscalizar las normas laborales. La vigencia de una legislación que “empodera” al empresario (parte fuerte de toda relación asalariada) y reduce derechos laborales (“a favor” de los propios de los trabajadores), agrava la creciente precarización y conflictividad que persiste – incluso – en sectores “modernos” de la economía.
Un caso que linda con lo grosero es el de los trabajadores “subcontratados” por Telefónica del Perú, filial de una de las multinacionales más importantes del mundo. Pese a su dominio (casi) monopólico en el mercado de las telecomunicaciones y sus altos niveles de rentabilidad, TdP optó por “tercerizar” a sus trabajadores a través de pequeñas y micro services encargadas del reclutamiento y “gestión” del personal. Gracias al (subrayo) valiente testimonio de un grupo de ellos (www.plades.org.pe), nos enteramos que – a diferencia de los “colaboradores” en planilla de TdP – un grupo importante de trabajadores “tercerizados” laboran sin contrato de trabajo, con salarios (S/. 800) cercanos al mínimo legal y con jornadas de hasta 14 horas diarias: todo esto para no recibir CTS, pagos por horas extras o “dominical”, en un clima de permanente chantaje de despido al menor atisbo de sindicalización.
Situaciones como ésta (que son mayoría en nuestro país) nos obligan a repensar la compleja relación entre inversión y empleo. No basta sólo con incentivar la producción y la inversión privada, fundamentales en todo proyecto de desarrollo; tan importante como ello es la adopción de marcos normativos que – además de promover la actividad económica – garanticen condiciones de trabajo adecuadas y una distribución justa del ingreso. ¿No era para eso que se discutía la Ley General del Trabajo?
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