Alejandra Alayza Moncloa
Coordinadora Ejecutiva RedGE – www.redge.org.pe
La publicación de los casi cien Decretos Legislativos (DL) para implementación del TLC con Estados Unidos, no ha podido pasar desapercibido. Este nuevo paquetazo aprista, ha propiciado quizá una de los más profundas reformas de los últimos años, en donde la se han incluido no sólo las advertidas en el TLC, sino también aquellas de la altamente cuestionada agenda del perro del hortelano.
Son de particular preocupación, los DL realcionadas a la promoción de las actividades extractivas, reformulando el régimen de tierras, agua, manejo de bosques, derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como la reforma del régimen laboral. Ya que a través de ellas, el gobierno ha impuesto modificaciones altamente cuestionadas, que no lograban acuerdo en el parlamento nacional y que constituyen temas de altísima conflictividad social. Frente a esta avalancha de reformas, quedan algunos procesos que deberán evaluar la pertinencia de las acciones del Ejecutivo:
Más allá de las facultades: inconstitucionalidad de los DL
La delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, de
DL en contra del espíritu del TLC
El enfoque del “perro del hortelano” para promover la competitividad por parte del gobierno de García, constituye en la práctica la disminución de algunos estándares sociales, laborales y ambientales, para facilitar la inversión y la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, estas reformas irían en sentido opuesto a las adendas del TLC promovidas por los demócratas y suscritas el año pasado por el Perú. En las cuales, preocupados por el dumping social y ambiental, los demócratas incluyeron la prohibición de disminuir estos estándares para atraer la inversión y promover el comercio.
El gobierno ha aprovechado esta fase previa a la entrada en vigencia del TLC para hacer reformas y así evitar los procedimientos de sanción contemplados en el TLC. Sin embargo, esta salida no es tan fácil. Con estas reformas, el Perú está contraviniendo
Urge iniciar un proceso de debate profundo sobre estas reformas, su constitucionalidad e impacto. El Congreso debe jugar un rol central, ejerciendo el necesario contrapeso político y debate democrático. Ojala que esta vez nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias.
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