Enrique Fernández Maldonado
Las amenazas de despido a trabajadores subcontratados de Telefónica por plegarse al paro del 9 de julio, la muerte del obrero Manuel Yupanqui Ramos a manos de la policía en la huelga contra la empresa minera Marsa, así como el ninguneo del premier Del Castillo a la representatividad social de la CGTP, expresan, con diversos niveles de gravedad, indicios claros del clima represivo y antilaboral con que se pretende silenciar toda crítica al modelo vigente.
No estaríamos, sin embargo, ante simples “excesos” de un régimen con dificultades para enfrentar la protesta social. Presenciamos la férrea defensa de un sistema que deifica un modelo de desarrollo claramente polarizador, desigual e inequitativo. Apelando a una retórica tecnicista, apenas inteligible para amplios sectores excluidos de la bonanza neoliberal, el gobierno y sus socios apuntan a legitimar una “racionalidad” económica que no admite alternativas ni cuestionamientos.
En esa línea se inscribiría la tesis del acceso “progresivo” a los derechos laborales (DL 1806). Lo que se vende como una fórmula para promover la formalidad y la seguridad social (pero que elimina y reduce a la mitad los beneficios sociales), representa en la práctica la consolidación de un modelo de relaciones laborales que no sólo impide mejorar el empleo existente (la informalidad aumentó de 67.8% a 75.8% en el último año), sino que apunta a reforzar el control discrecional del empresariado del proceso de trabajo y la distribución del ingreso.
Sucede lo mismo con la seudo regulación de los sistemas de intermediación laboral. Tal como está planteada, la Ley de Tercerización (N 29245) circunscribe la “responsabilidad solidaria” al personal subcontratado que opera en el “ámbito” laboral de la empresa contratante, eliminando la posibilidad de ampliar el reparto de utilidades en cada etapa del proceso productivo.
Es esta misma lógica (que ensalza el paradigma flexibilizador) la que vacía de contenido el concepto de estabilidad en el trabajo. La proliferación de modalidades contractuales no sólo “naturaliza” el despido sindical bajo legalismos que justifican toda clase de abusos – contratos temporales, despidos arbitrarios, “evaluaciones” de personal –; representa el principal mecanismo para garantizar la desigual repartición del ingreso laboral (ver cuadro).
Fuente: MTPE-INEI. Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios. Elaboración propia.
En no pocos casos, la “cuestión humana” deviene (como en el film de Nicolas Klotz, 2008) en un mero factor de producción donde la suma (y resta) de individuos responde a una lógica corporativa de corte darwiniana y cuasi esclavista. En sectores como la minería o los servicios, los trabajadores terminan atados al imperativo de la productividad sin límites; regidos por sistemas de mando y control que maniatan su subjetividad, aspiraciones y necesidades materiales en nombre de una “ética” laboral que pervierte y atenta contra la dignidad humana. Algo que estamos viviendo y de lo cual no se dice mucho.
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