Distribución y excedente económico: ¿por qué no mejoran los salarios?

Julio Gamero
Director Ejecutivo de PCS


Desde el 2002 la economía peruana viene creciendo a una tasa promedio anual superior al 6%. Si bien ello ha significado que el excedente económico crezca significativamente, su repartición viene configurando una estructura del ingreso más concentrada que antes. Así, por ejemplo, los ingresos de quienes viven de su trabajo han disminuido su participación en el PBI. Según el INEI, esta bajó del 30.1% en 1991 al 25.1% en el 2001 y al 21.8% en el 2006. Por su parte el excedente de explotación subió hasta el 62% del PBI, precisamente en los años de la recuperación económica.

Entre el 2006 y el 2007, mientras el PBI per cápita mejoraba en más del 14%, los sueldos y salarios promedio en las empresas de más de 10 trabajadores de Lima Metropolitana, es decir del sector formal de la economía, se mantenían sin mayor recuperación adquisitiva y a niveles inferiores a los de 1994 (Ministerio de Trabajo, IEM de febrero 2008) no obstante la importante mejora en la productividad laboral lograda en los último cinco años (Ver el Marco Macroeconómico Multianual 2009 -2011).

¿Por qué, entonces, las remuneraciones no vienen mejorando de la misma manera que el crecimiento de la economía? Básicamente, por la permanencia de un marco institucional adverso a la redistribución que se mantiene como herencia de las reformas liberales, económicas y laborales, de la primera mitad de los noventa. Y por ello, no hay reforma tributaria para gravar más la renta y el patrimonio del sector con mayor riqueza; hay, básicamente, un mantenimiento de la legislación laboral pro empresa y está la insistencia en propiciar una “reforma laboral” que recorta derechos laborales tras el argumento de la “progresividad” de los mismos y de la promoción de la microempresa.

Conviene recordar que no hay hecho más político en la economía que el reparto del excedente económico. Es que su distribución entre remuneraciones, utilidades e impuestos es un proceso que está en función directa a la capacidad de negociación de cada uno de los actores involucrados: trabajadores, empresarios y Estado, respectivamente. El sector empresarial como tributario del ajuste estructural de los noventa es quien detenta, el día de hoy, el poder. Los asalariados privados, con una tasa de sindicalización inferior al 9% y con la mitad de ellos con menos de 3 años promedio de antigüedad en su puesto de trabajo no son, en el momento actual, un contrapeso real al poder del empresariado. Y el Estado, bajo el síndrome del “perro del hortelano” no quiere ejercer su rol regulador ni aumentar la presión tributaria.

Esa primera ronda distributiva es la que marca el sentido general y final de la distribución del ingreso. Por ello, sus secuelas son difíciles de revertir salvo se incorpore un mecanismo político -¿el Pacto Social?- que quiebre el “acuerdo” de la reforma liberal. La segunda ronda distributiva, por su parte, concentrada en la cuantía y el manejo del gasto social, es sólo un paliativo de la primera ya que las ganancias distributivas asentadas en una mejora de la eficiencia de los programas sociales resultan marginales frente a los cambios en la distribución funcional del ingreso.

La política social, por sí sola, no logra revertir la concentración del ingreso que se gesta por acción del mercado; más aún cuando no se incorpora en el menú de acción una reforma tributaria que redistribuya con progresividad. En ese sentido, mejorar la capacidad de negociación del sector trabajador alienta mejoras en la distribución, al igual que los aumentos del salario mínimo. Es por ello que la calidad del empleo, el trabajo decente, no puede estar ausentes de cualquier propuesta seria que pretenda la disminución de la brecha distributiva.