LA COCA, LA JIFE Y LA ORDENANZA DE LA REGION PUNO
(Respuesta al cuestionario de la Revista Agraria-CEPES)
Hugo Cabieses
Economista de la Universidad del Pacífico
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Revista Agraria (RA).- ¿Tiene algún sustento la propuesta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) prohibir el picchado de hoja de coca?
Hugo Cabieses (HC).- Internacionalmente no tiene sustento alguno. La recomendación dice: “La Junta exhorta a los Gobiernos de Bolivia y el Perú a que adopten medidas sin demora con miras a abolir los usos de la hoja de coca que sean contrarios a la Convención de 1961, incluida la práctica de masticarla.” (Recomendación 7 del Informe de la JIFE 2007). La JIFE simplemente se burla de la Convención de 1988 en la que se dice lo siguiente: “2. ….. Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente.” (Artículo 14.2). Son los casos de Bolivia, Perú, Colombia, Argentina y Chile en donde hay millones de personas que consumen coca como parte de sus buenas costumbres, usos medicinales, alimenticios y religiosos. Además, la JIFE hace tabla raza con la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 y el Convenio 169 de la OIT. En el Perú va contra la Constitución, la legislación nacional, la historia, los pueblos indígenas y la lógica.
RA.- ¿Hay precedentes de este tipo?
HC.- La Convención de Drogas de 1961 que anunció la eliminación del uso tradicional en 25 años – cumplidos en 1989 -, pero tal como ha sostenido recientemente en Viena Ricardo Soberón en su intervención a nombre de las ONG con status consultivo en el 51 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU: “El Informe de la JIFE del 2007, ha sido de lejos, el paso más agresivo desde la Convención de 1961”.
RA.- ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál su motivación real?
HC- Me opongo totalmente ya que aceptar una exhortación de este tipo es insultar a las poblaciones andino-amazónicas que respetan este hábito ancestral. No me queda la menor duda que tras esta propuesta está la mano del gobierno de los Estados Unidos que quiere seguir imponiendo el prohibicionismo y su fracasada estrategia de “guerra contra las drogas” que, en últimas, busca el control de pueblos indígenas que luchan por sus derechos y los recursos naturales de la Amazonía: agua, hidrocarburos, maderas, biodiversidad, principios activos de plantas y animales y, sobre todo, conocimientos ancestrales sobre sus propiedades y buen uso.
RA.- Hay estudios que sostienen que no hay dudas sobre el daño que ocasiona el picchado de coca, especialmente cuando se mezcla la cal. ¿Tiene sustento esa premisa? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) el respecto?
HC.- No existe sustento alguno, salvo los prejuicios anti-indígenas prevalecientes en el mundo occidental y la adicción de seguir a pie juntillas lo que sostiene el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema. Está demostrado que el informe de la ONU emitido en 1950 fue sesgado, no usó bibliografía y estudios que demostraban lo contrario y por lo tanto sus resultados y recomendaciones son anti-científicas. La OMS trató de corregir el error a través de la investigación sobre coca y cocaína que realizó con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas de Investigación sobre Crimen y Justicia (UNCRI) entre 1992 y 1994, en 21 ciudades de 18 países y en el que participaron medio centenar de científicos de varios países incluyendo Estados Unidos. El documento titulado “WHO/UNICRI Cocaine Project”, fue distribuido en marzo de 1995 en Viena y las conclusiones fueran contundentes: “(a) El consumo de la hoja de coca parece no tener efectos físicos negativos y puede tener un valor terapéutico como tónico. (b) Sería del mayor interés descubrir cuáles son los efectos positivos a la salud del masticado de la hoja de coca. (c) Sería interesante investigar si estos efectos son transferibles desde las comunidades tradicionales a otros países ulado y culturas. (d) El Programa de Abuso de Sustancias de la OMS debería investigar los beneficios terapéuticos de la hoja de coca.” Nada menos !!!! Y escrito por la OMS, el mismo organismo que en 1952 encargó del estudio difamatorio, en 1961 recomendó la “erradicación de la faz de la tierra el cultivo y consumo de coca” y, en 1988, condenó a arresto domiciliario esta sana costumbre.
RA.- ¿A cuántas personas calcula usted que podría perjudicar esta medida de hacerse efectiva?
HC.- En el Perú a no menos de 4 millones, según la Encuesta INEI/DEVIDA realizada en el 2003 con fondos de la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) de la embajada de los Estados Unidos. En Bolivia a 3 millones o más, 300 mil en el norte de Argentina, 100 mil en Colombia y no menos de 10 mil aymaras en el norte de Chile.
RA.- Uno de los sustentos de esta propuesta señala que la tradición se viene perdiendo año a año y que la bandera del uso tradicional se usa por los narcotraficantes para justificar el sembrío, cuando 9 de cada 10 hojas de coca van directamente a las pozas de maceración de las mafias. ¿Esta proporción es real?
HC.- Es verdad que gracias a la satanización de la coca, su cultivo y uso benéfico, ésta sana costumbre ha ido disminuyendo con los años sobre todo en las ciudades y también es verdad que la mayor parte de la producción de coca se destina a usos ilícitos, pero la proporción de 9 a 10 es una cifra interesada que no corresponde con la realidad. Esta cifra es la que impone el gobierno de los Estados Unidos y repiten como loros DEVIDA, el CORAH, el Ministerio del Interior y por supuesto el presidente Alan García que sufren una lamentable adicción al calco, la copia y el fracaso. Sostengo desde hace años que las cifras sobre este tema son políticas y que la proporción es probablemente de 5 o 6 a 10. Sostengo que hay que disminuir el exceso de producción de coca hasta los niveles requeridos para su consumo tradicional e industrialización benéfica, pero sin erradicación de cultivos y respetando a los agricultores.
RA.- ¿Considera que una medida de este tipo puede desencadenar problemas sociales, tomando en cuenta que por un lado se habla de despenalizar la coca y por otro prohibirla? ¿Qué hacer?
HC.- Definitivamente SI se está provocando una eclosión social y el gobierno no quiere darse cuenta y ello es así porque prioriza su relación con los Estados Unidos, que es el verdadero “perro del hortelano” del planeta. El gobierno y el Presidente Alan García deberían pensar con cabeza propia e impulsar una Política de Estado sobre coca y sobre drogas, pero ello es pedirle peras al olmo: tienen mentalidad colonial y adicción al fracaso.
RA.- Considera usted que por el contrario a medidas prohibitivas debe fomentarse o protegerse esta costumbre ancestral o, de otro lado, promoverse la industrialización?
HC.- Ambas cosas. Si se protegiera y alentara el consumo tradicional de coca, probablemente en el país se consumirían hasta 30 mil TM al año y no las 9 mil que se reconoce oficialmente. Por otro lado, la industrialización de coca no es una propuesta ni una quimera, sino una realidad actuanye, pese a las satanizaciones y prohibiciones. En el Perú existen más de 100 pequeñas empresas en Cusco, Arequipa, Trujillo y Lima que producen y venden centenas de diversos productos en base a coca. Productos que se venden en supermercados, tiendas y terminales terrestres y aéreos.
RA.- ¿Qué debería hacer este gobierno para proteger costumbres ancestrales de este tipo? ¿Considera que hay una intención de hacer este trabajo?
HC.- Pensar con cabeza propia y someterse a un proceso de rehabilitación mental respecto a su adicción a la copia y el fracaso por aplicar la política norteamericana. Lamentablemente no hay ninguna intención de hacerlo y CEDRO no ayuda mucho al gobierno en este aspecto.
RA.- Este tema es solo una de las aristas de un problema mucho más amplio que hasta el momento no puede solucionarse como son los cultivos ilegales de coca para el narcotráfico. ¿Cuáles son las claves para combatir este problema? ¿Cómo abordar el problema del productor cocalero?
HC.- En mi concepto son cuatro las claves: 1) dialogar con los agricultores para revisar el fracasado “desarrollo alternativo” e impulsar sus propuestas de desarrollo rural integral sostenible que están sustentadas en más de 45 actas firmadas con varios gobiernos, absolutamente incumplidas; 2) detener la fracasada estrategia de erradicación de cultivos de coca y proceder al empadronamiento los actuales cultivadores “separando la paja del trigo”, tal como sostienen mis amigas congresistas Elsa Malpartida y Nancy Obregón; 3) cambiar la estrategia de “todo para la exportación” por una de mercado local, regional y nacional, con respeto a la biodiversidad, manejo forestal y diversidad de actividades socio-productivas; y, 4) derogar el DL 22095 de 1978 – la Ley Maldita que ha alentado el “narcotráfico” - y construir una Política de Estado sobre coca y drogas que verdaderamente golpea a los delincuentes ya que andan sueltos de cuello y corbata paseándose por San Isidro, Miraflores y Las Casuarinas y comprando policías jueces y políticos.
RA.- Finalmente ¿alguna opinión sobre la Ordenanza Regional de Puno?
HC.- Estoy en total desacuerdo con la ofensiva gubernamental contra la Ordenanza Regional de Puno, planteando un recurso de inconstitucionalidad por declarar la coca como patrimonio natural y cultural regional. Aunque es verdad que ordena sobre un tema nacional, el problema de fondo es que desde el 2005 – y mucho antes –, tal como señaló el Tribunal Constitucional a propósito de las Ordenanzas de Cusco y Puno, ha existido y existe ociosidad legislativa (Congreso) y ejecutiva (Gobierno) para definir de una vez por todas una Política de Estado Propia (PEP). Si leyeren bien los artículos de la Ordenanza de Puno y no el libreto que le envían desde Washington, encontrarían inspiración para diseñar una nueva estrategia y una auténtica PEP.
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