La Política Educativa de Garcìa

jueves, 27 de marzo de 2008

Edgardo Cruzado Silveri.
Economista.

La prueba de selección de maestros para los colegios del Estado ha confirmado la seriedad del problema en la calidad de la educación pública. Con el ánimo de profundizar en el debate, nos preguntamos si el Estado gasta más en educación o no y, en todo caso, qué tan bien gasta.
El gobierno de Alejandro Toledo ofreció duplicar el salario de los maestros, en cinco años. Así, buena parte de los recursos adicionales que recibió Educación se destinó a los salarios de los profesores. Se trataba de una medida necesaria y urgente, los maestros peruanos eran, y siguen siendo, los empleados públicos peor pagados. No se podía empezar ninguna reforma si el salario de los maestros no mejoraba. Hoy los salarios no son buenos, pero son mejores que hace un lustro.
El gobierno del presidente García también incrementó los recursos para educación, pero orientándolo a otros fines. Ahora, la prioridad son los "programas nacionales": de Infraestructura Educativa (para mejorar escuelas), de Alfabetización, de Educación Básica para Todos (mejora de materiales de las escuelas) y de Formación y Capacitación Permanente (capacitación de profesores). Durante el año 2007, el presupuesto del sector Educación se incrementó en S/. 965 millones con respecto al que aprobó el Congreso a finales del 2006; estos recursos nuevos se destinaron en su mayoría a estos programas. (Reporte Nacional 14 de Vigilancia del Proceso de Descentralización del Grupo Propuesta Ciudadana; página 10).
¿Saludable? Sin duda. Aunque mirándolo en detalle, ni tan beneficioso como podría ser, ni tan consecuente y cercano al discurso que maneja el gobierno. Empecemos por lo segundo. Básicamente esta estrategia es contraria a lo que se dice en el discurso. El actual presidente, como candidato, primero, y como presidente, ofreció una guía a seguir en Educación que permitía abrigar ciertas esperanzas sobre el futuro del sector. Los ejes fundamentales fueron: profundizar la descentralización, traspasar el 100% de las funciones y competencias a los gobiernos regionales y municipalizar la educación (algo que también ofreció para Salud). Sin embargo, ya pasado un tercio del actual mandato, vemos que las medidas presupuestales adoptadas por el gobierno de García contradicen los objetivos inicialmente planteados. Los recursos extras que tiene educación, los maneja y controla el gobierno nacional.
Sin lugar a dudas se requiere de inversiones para mejorar el servicio educativo del Estado, más allá del aumento de sueldos. Pero conseguir resultados no solo depende de mayor presupuesto, es importante tener claro el objetivo, las metas, los resultados esperados y la metodología, aspectos ausentes en la política que lleva adelante el gobierno.
Podríamos discutir sobre objetivo y metas, pero todo esto es en vano si la metodología está viciada. Es muy probable que no se logren los objetivos si se concentra el presupuesto en Lima; hacer capacitación docente, alfabetizar o construir escuelas en Madre de Dios, en Puno o en la sierra de la Libertad desde la capital es caro e ineficiente. Se requiere coordinar entre niveles de gobierno y definir indicadores de resultados en calidad.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Nos hace falta una política educativa transparente y que se respete. El Acuerdo Nacional empezó definiendo prioridades hace varios años, el Consejo Nacional de Educación (CNE) ha preparado un plan nacional y, en cada departamento, los Consejos Regionales de Educación (COPARE), presididos por los Directores Regionales, han elaborado sus Planes Regionales de Educación. No se puede hacer borrón de lo avanzado y regresar al centralismo inoperante.
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