| Edgardo Cruzado.
Economista. La inversión total bordea el 20% del PBI. Ha crecido de manera sostenida en los últimos años y se espera, si las condiciones externas lo permiten, que lo siga haciendo. De este monto de inversión, un poco más del 3% corresponde a inversión del Estado o pública. Que la inversión se incremente es, sin duda, una buena noticia, pero sería mejor si esta se orientara a los sectores que potencian los negocios donde trabaja la mayor parte de peruanos y no solo a los sectores primarios. Sobre la inversión privada nos queda promocionarla, facilitar procedimientos administrativos y exigirle responsabilidad (social y ambiental). En cambio, sobre la inversión pública, esa que se realiza con la plata de todos los peruanos, es mucho lo que debemos exigir de nuestros gobiernos. Una parte de la inversión pública (S/. 10 mil millones) es ejecutada por los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades; la otra parte corresponde a las empresas públicas (como Petroperú o Enapu). El proceso que decide el destino de esos S/. 10 mil millones es muy diferente en el gobierno central que el de los gobiernos subnacionales (regionales y municipales). En estos últimos, la ciudadanía está participando en las decisiones de sus gobiernos para decidir en qué se invierten los recursos públicos. Con el inicio del proceso de descentralización en el año 2002, se realizó una experiencia piloto de Proceso de Presupuesto Participativo (PPP) para definir las inversiones del Estado; desde el 2003, con gobiernos regionales elegidos y alcaldes en su segundo año de gestión, los PPP se hicieron oficiales y obligatorios a nivel nacional, tanto para gobiernos locales, provinciales y distritales, como para los gobiernos regionales. La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ha realizado un monitoreo de cumplimiento de los acuerdos de los PPP 2006-2007 en los gobiernos regionales. Uno de sus resultados es que el 63% de los proyectos priorizados por la ciudadanía es incluido en el presupuesto de los gobiernos regionales. Los más cumplidores son Lambayeque, Amazonas y Arequipa, mientras que al otro lado del espectro se encuentran Lima Provincias, Áncash y Apurímac. (Ver cuadro). Esta evaluación no se puede hacer para el gobierno central. En el gobierno central las decisiones sobre dónde invertir los recursos públicos son definidas sin concertar. La construcción de una carretera en Apurímac o en Puno son definidas unilateralmente por el Ministerio de Transportes o, como sucedió la semana pasada, por el primer ministro en su viaje a Cajamarca donde definió que tenía 50 millones para la carretera Ciudad de Dios a Cajamarca. ¿Hasta cuándo el antojo de los políticos de turno definirá la inversión? Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com | 
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