Javier M. Iguíñiz Echeverría.
Jefe del departamento de Economía de la PUCP.
En el debate entre ministros sobre los cambios al DL 28015, la "ley MYPE", parece ganar fuerza el argumento de que bajar los costos de los empresarios formales que resultan de operar en la formalidad promueve la formalización de los informales. Tras dicho debate hay mucho más en juego que la formalización: familias y empresas. 
1. ¿Por qué no se formalizaron más?
El DL 28015 ha sido evaluado con dureza; relativamente pocas Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) se acogieron a sus normas. Se han presentado diversas razones para ello pero ahora queremos añadir una. En la medida en que la inmensa mayoría de las Mypes viven al día tienen un horizonte temporal muy corto y lo que cuenta para sus decisiones son los costos de la legalidad. Legalizarse es pagar más. Simplificando, el dilema de un informal no es, como tantas veces se insiste, entre perder 50 si adopta la legalidad vigente para las empresas formales pequeñas y medianas (Pymes) y también grandes o perder "solo" 25 si lo hace con el DL 28015. Obviamente, si estuviera forzado a formalizarse, la segunda manera de hacerlo sería preferible. Pero si es que hay la alternativa de seguir siendo informal y no perder nada resulta absurdo formalizarse. Incluso si se regalan los títulos de propiedad. La pregunta clave es entonces: ¿A cambio de qué beneficios aceptar esos costos?
2. ¿Producción o empleo?
Mirando a los tres segmentos mencionados, dos formales y uno informal, nos parece que la propuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene más elementos en la dirección de engrosar el número de participantes en alguna de las dos formalidades y, además, cuida más de la calidad del empleo que la del Ministerio de la Producción (MP) que aporta poco a la formalización y contribuye a deteriorar esa calidad. Aunque hay yuxtaposición de elementos entre lo que sabemos de ambas propuestas, vamos a concentrarnos en los aspectos de diferenciación que nos parecen más importantes. La propuesta del MEF y del MP tiene como novedad el objetivo de incorporar a la formalidad menos costosa a empresarios pequeños y medianos muchos de los cuales que ya están compitiendo bajo la legislación más exigente. Por eso es una ley Pyme. La del MTPE es incorporar a los actuales informales, sobre todo Mypes. Repetimos: ¿A cambio de qué? Nos parece que es razonable e importante apuntar en la dirección de un seguro para los miembros de las Mypes, generalmente, familiares.
Para fundamentar esa impresión, nos parece clave distinguir entre la racionalidad de las microempresas y de las medianas. Las pequeñas se dividen entre ambas racionalidades o mezclan ambas. En una enorme proporción de los casos del amplio segmento más plenamente informal la microempresa es fundamentalmente para la subsistencia familiar en un sentido literal del término; ahí está la pobreza urbana y rural. En ella, los costos laborales y los requerimientos de la subsistencia familiar prácticamente se identifican. El objetivo de la empresa, la razón de su ímpetu es, podríamos decir, paradójicamente, elevar y "rigidizar" los costos laborales para mejorar y estabilizar las condiciones de vida. Mientras que las Pymes, podríamos decir, son más empresa que familia, las Mypes son más familia que empresa. Las primeras son empresas que contratan familiares; las segundas, familias que invierten en ellas mismas. Las primeras bus-
can la ganancia mientras que las segundas la subsistencia. La lucha diaria en estas es sacrificar lo menos posible la subsistencia y el futuro familiar para mantener el negocio. Lograrlo exclusivamente en base a su actividad económica empresa-
rial es muy difícil por diversas razones; entre otras, la sobrepoblación de competidores existente en las ramas de su actividad debido a la falta de otras oportunidades de empleo y al bajo capital necesario para entrar al mercado. Por este último rasgo apoyarlos, por ejemplo con crédito, ayuda pero también agrava la situación de muchos. Hay que llegar más a la empresa por medio de la familia que a la familia por medio de la empresa.
Estamos así en una problemática más característica del MTPE y del Mimdes que a Ministerios productivos. Colaborar a ese fin debería ser el principal objetivo de la legislación sobre la que se debate en el Ejecutivo. La preocupación es la que resulta del número de trabajadores involucrados en las Mypes, en mayor medida que en la de cuánto contribuyen a la producción nacional y a los impuestos aunque esto también cuente. En manos del Ministerio de la Producción a las Mypes les pasaría lo mismo que a los minifundios en el Ministerio de Agricultura; nada.
Por el contrario, una ley que a cambio de un aporte, otorgue el acceso, por ejemplo, al seguro de salud por parte de los miembros de ese tipo de empresas socializa los costos laboral-familiares, estimula la formalización del empleo familiar, contribuye a la separación de una mayor cantidad del escaso dinero para fines empresariales; sería una especie de "seguro de subempleo". La alta precariedad de estas microempresas puede hacer de la seguridad social un incentivo interesante para la legalización y, lo que es más importante, para la permanente relegalización de sus cambiantes, sucesivas y simultáneas actividades.
3. Justicia y competencia
Desde un punto de vista exclusivamente empresarial, una ley Pyme tiene una pretensión de universalidad. Esa propuesta puede entenderse como la extensión de las ventajas de la informalidad para los empresarios formales con el fin de caminar hacia una legislación única. Primero se rebaja la formalidad a su mínima expresión para que así se acerque lo más posible a la actual informalidad en lo relativo a la escasa seguridad y protección que provee a los trabajadores y, segundo, se la universaliza.
Tenemos la impresión de que muchos juristas aplican a la competencia económica criterios de imparcialidad que son más propios de la justicia legal; esa que tiene una venda sobre sus ojos para que, en principio, no influya el poderoso al momento de juzgar. Esa imparcialidad que fue una conquista en beneficio del débil se convierte, una vez aplicada a la competencia en el mercado, en beneficiosa para el fuerte e invierte el espíritu de la ley. ¿Se justifican una legislación solo para Mypes y otra para Pymes y grandes? Nos parece que sí, pero no como la panacea para formalizar. La formalización es la consecuencia de muchos progresos y la causa de muy pocos.
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