¿A donde vas Osiptel?

Escribe Juan Francisco rojas

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La suerte de los organismos reguladores está definida: el gobierno ha hecho su opción a favor de los intereses de las empresas reguladas. Atrás quedaron los discursos de campaña en defensa de los consumidores, las tarifas justas y el compromiso de cumplir el mandato constitucional de “combatir el abuso del poder monopólico”.

Siguiendo un libreto definido – previamente pactado- el gobierno ha dado pasos claros para asegurar que los reguladores (Osiptel, Sunass, Osinergmin, Ositran, SBS, Indecopi), recobren la “lozanía” de la que gozaron en el gobierno de Fujimori, cuando extrañamente las empresas destacaban y aplaudían su carácter “técnico y profesional”, porque no era capaces de exigir la satisfacción de los derechos de los consumidores y usuarios. Dicha “lozanía” era expresión de conformidad con la empresa, de captura. El regulador aseguraba la satisfacción de los intereses de las grandes empresas, renunciando a la confrontación que es propia y necesaria de mercados donde no existe competencia.

Reducción de remuneraciones competitivas, exigencias de cargos a disposición, remociones sin expresión de causa, designaciones a dedo o pseudos concursos, se han complementado con la reforma normativa, aprobada sin mayor discusión pública y difundida en domingo, para evitar su verdadera valoración.

En efecto, un Decreto Supremo de domingo acaba de modificar el reglamento de organización y funciones de los reguladores para entregar la decisión sobre la designación del gerente general y, consiguientemente, sobre los otros altos funcionarios exclusivamente al Presidente del regulador. Con esta acción, se prescinde de la opinión de los otros integrantes del directorio de estas entidades, los mismos que quedan totalmente desairados y ninguneados en sus puestos y funciones.

Como no podía ser de otra manera cuando hay dignidad, José Távara, Raúl Perez – Reyes y César Fuentes, destacados intelectuales que venían bregando porque el Osiptel dejara de lado su actitud complaciente con las empresas reguladas, y por lo tanto, no queridos por éstas, dieron un paso al costado y con ello le entregaron al Gobierno la institución para que cumpla sus compromisos electorales que, como ya hemos visto, no son los mismos que sus promesas electorales.

Con esta salida digna se ratifica la valía de profesionales independientes y capaces, pero también se pone en evidencia que cuando votamos para elegir presidente del Gobierno, también lo hacemos para definir la suerte y la línea de acción de los reguladores del mercado. La resistencia que los reguladores pueden desarrollar contra la dirección del Gobierno es una excepción de poca duración, tal como da cuenta el caso del Indecopi en los años 2004-2006, que desarrolló una acción pro–consumidor y de defensa de libre competencia, incluso contra las presiones que desde el Gobierno se ejercieron para modificarla.

Si la oferta electoral es dogmática por la empresa, los reguladores serán incapaces de actuar contra el poder económico y se limitaran a discursos de no intervención o no confrontación, incumpliendo las leyes. Por el contrario, si la oferta es por el mercado, los reguladores adoptaran una posición de defensa de los intereses de consumidores y usuarios, comprometida y no neutral, pues una es la parte débil de la relación.

Estamos advertidos, los temas electorales de trascendencia tienen que ver con nuestros derechos a la ciudadanía: empresa o mercado.