La reforma Aprista de los Programas Sociales

¿Menos programas o menos pobreza?

Por Aída García Naranjo Morales

“No hay mejor política social que una buena política económica”. Este es un principio que no debería discutirse, al hablar de reforma de los programas sociales. Nadie ha solucionado jamás los problemas de la pobreza, que son los del desarrollo, del empleo de calidad y de las oportunidades para todos, con políticas de ayuda a los más necesitados. Por eso es tan torpe la consideración de los consultores de la Universidad de Lima que se incluye en el “Plan de Reforma de los Programas Sociales”, Decreto Supremo 029 – 2007-PCM, que afirman que los programas existentes “han fracasado”, porque no han logrado eliminar la pobreza y la desnutrición en el país.

Obviamente nadie podía haber pensado que con distribución de alimentos y pequeñas obras de infraestructura se cambiaría el país. Pero lo que si es verdad es que la mayor parte del enjambre de organismos y partidas vinculados a lo social, tiene que ver directamente con la tragedia económica del Perú en los 80 y 90, en que había que ayudar a resistir los rigores del ajuste económico a millones de personas. Hoy mismo, las brechas sociales son tan agudas en el Perú que no se puede alegremente despojar a los pobres de estos programas.

El auge de los programas sociales en los últimos quince años es indesligable del modelo neoliberal. Hubo que hacer mucho para generar un consenso de que el ajuste requería una amortiguación. Al final se articularon iniciativas creadas desde abajo o de niveles municipales como los Vaso de Leche y los Comedores, con otras emergidas del Estado y de las organizaciones financieras. Esto representó un costo que en los 90 se solventó en parte con el ingreso de las privatizaciones, crédito y fondos del presupuesto. En los 2000, empezó a haber un desánimo hacia estos programas y se les empezó a mirar como un mero costo. La idea que las emergencias sociales y los riesgos para el sistema se habían reducido, apuntalaron una tendencia al congelamiento y recorte de estos fondos. Con el APRA estamos asistiendo a un intento por radicalizar la propuesta neoliberal de concentrar el apoyo público en menos programas, menos lugares y menos personas, Es lo que le llaman focalización en los extremo pobres, que pretende despojar a unos beneficiarios para enfatizar en otros.

En junio del 2007, el Perú celebra 70 meses ininterrumpidos de crecimiento económico (en Abril del 2007 fue del 7.25), y nos ubicamos en el sexto lugar del ranking del crecimiento del PBI de América Latina, mientras que se mantiene inamovible la gravísima pobreza que afecta a mas de 14’000.000 de ciudadanos (52% de la población), ubicándonos también por encima de la media latinoamericana de pobreza (41%). El gobierno, sigue sin hacer más inclusivo el desarrollo económico y mantiene una estrategia contraria a la “inversión social”, buscando mas bien ahorrar “gasto” social, olvidando la sostenibilidad social del desarrollo y su consecuente “inversión en el capital humano y el capital social”. Política social para los pobres y económica para la inversión, ha sido la pauta del Estado desde los momentos más críticos del ajuste. Ahora viene el planteamiento de corrección: política social para los pobres extremos y que viva la inversión. El riego es que se esté quebrando los mínimos de sostenibilidad de muchísimas familias y se esté atentando contra los núcleos de mayor organización y eficiencia en la gestión de estos programas.

Objetivos

El énfasis de la reforma aprista de los Programas Sociales es lograr la reducción de los mismos, como si en el número estuviera la explicación de los problemas. No se trata de que haya más dinero, más claras estrategias, mejores objetivos y más amplias metas. En resumen abaratar el asistencialismo, sin ningún efecto en acrecentar las capacidades de los ciudadanos para mejorar su situación material. La fusión (reducción) de los programas sociales podría ser válida si sirviera para el objetivo de reducir la pobreza, de manera significativa. Pero no se está llendo por ese camino.

El ministro de Economía Luis Carranza, ante el Club de la Banca de Miraflores, fue enfático al afirmar que “el éxito o el fracaso del segundo mandato de Alan García no podrá ser medido por el monto de las reservas internacionales, la reducción del déficit fiscal, el crecimiento sostenido, los récords de exportaciones ni la obtención del grado de inversión para la deuda pública. La meta final es ésa (reducir la pobreza) y (el gobierno) no podrá ser juzgado por otra cosa”. “Para este propósito, afirmó, que se requiere desde el sector privado, una inversión que se traduzca en trabajo; y desde el sector público, presupuestos por resultados y un cambio en la composición del gasto público”. “Si para el 2011 el índice de pobreza no ha pasado de 50% (que es el porcentaje actual sobre la población total) a 40%, el Gobierno habrá fracasado”, el éxito o el fracaso del segundo mandato de Alan García, no podrá ser juzgado por otra cosa.

Por lo tanto, queda claro que la reducción del gasto administrativo no es suficiente para superar la pobreza y además quién nos garantiza que su destino sea el social. Este “ahorro” no significa en ningún caso una prioridad significativa en la “inversión social” que demandamos.

La supuesta reforma social no llega con una ampliación presupuestal bajo el brazo. Esto significa que no hay una voluntad de movilizar los recursos superavitarios existentes en esta dirección. Mas grave aún, el Poder Ejecutivo ha emitido el día 28 de Junio el Decreto de Urgencia No 019-2007 que dispone mantener (léase congelar) los montos del Programa del Vaso de Leche a las municipalidades provinciales y distritales para la elaboración de los presupuestos institucionales de apertura de los gobiernos locales del año fiscal 2008. Esto quiere decir que se está empezando a estrangular a los programas que tienen control democrático de las beneficiarias. Algo similar ocurre con los Comedores.

La Reforma Social Aprista es vertical y excluyente, no busca sostenibilidad social ni menos empoderar a sus protagonistas al ignorar la voz principal de las mujeres, que “sacan adelante” estos programas, de manera gratuita y voluntaria, en el caso de los comedores populares autogestionarios hace 30 años y en el caso del Vaso de Leche hace 23; ignorando de paso la Ley Marco de Modernización del Estado (Ley 27658) que establece la “concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas”.

El equipo técnico del nuevo CIAS (Comité interministerial de asuntos sociales), sólo consideraría, (según lo establece el referido D.S.) a las universidades, los Colegios profesionales y a la CONFIEP, ¿las dirigentes del Vaso de Leche y las de los Comedores Populares, y las beneficiarias de las OSBs?, ¿por qué no fueron consideradas desde el diseño?, ¿se estará buscando darle también al sector privado las compras estatales?

Se pretende medir los resultados de la gestión social, con un presupuesto por resultados. ¿es que solo debemos mejorar la calidad del gasto? O es que más bien requerimos de una “Gestión Por Resultados” que implique una estrategia adecuada al combate de la pobreza y sus causas, una intervención integral y el fortalecimiento de la institucionalidad estatal y la sostenibilidad social de base, contraria al populismo, con el que se enfrenta la improvisación de un presidente que regala frazadas y ropa a los más pobres durmiendo una noche en su localidad, enfrentando el friaje (recordemos que lo mismo hizo ya Boloña en su fracasada campaña presidencial); impidiéndose así el desarrollo de una red de protección social, el desarrollo de capacidades locales y el respeto a los derechos fundamentales, y las obligaciones del estado, más allá de la caridad y la manipulación mediática y el clientelaje político en aquellos departamentos en donde ganó la oposición.

La protección social planteada en el Programa de Reformas carece de un enfoque de derechos y refuerza la lógica de la asistencia social, lejana a las políticas universales y a los derechos humanos, económicos y sociales. La mayor articulación de las instancias del estado para que se llegue a una real eficacia, hace agua con la práctica clientelar del Presidente, en disputa con el Primer Ministro y el Ministro del Interior. Se nos muestra cada día el “noble” reparto de la ayuda social, frente “al friaje”, haciéndonos desviar nuestra atención central: (1) del incumplimiento de las promesas electorales (inversión y empleo); (2) de la política económica que solo sigue profundizado la desigualdad; y, (3) del reducido gasto social, pretendiendo hacernos creer que el recorte en gastos administrativos, representan una lucha frontal para reducir la pobreza.

Para muestra basta un botón. El D.S. Nº 005-2007-MIMDES, desaparece el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCBFS) y crea en su lugar la Dirección de Protección Social y se pierden las competencias y funciones del PNCVFS, se pierde el instrumento que integraba las políticas para promover por ejemplo, los cambios contra los patrones socioculturales que toleran, legitiman o exacerban la violencia hacia la mujer, y que tienen a su cargo los Centros de Emergencia de Mujeres. La alternativa será la pena de muerte ¿es parte de la política social?, ¿será acaso que podríamos ahorrar en el gasto del sistema carcelario, si acabamos con los presos?

Propuestas

Esta a la orden del día una exigencia de democracia participativa, en la formulación de una estrategia compartida y la implementación de la Reforma de los Programas Sociales. El incremento sustantivo de la inversión económica social del sector privado y público que asegure empleo, salud, nutrición, educación y seguridad social. Un registro nacional de beneficiarios, diferente al enfoque del SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) que solo generará mayor exclusión. La reglamentación de la Ley de creación del Vaso de Leche 24059, el respeto de la Ley 25307 que declara de interés nacional la labor realizada por las Organizaciones Sociales de Base: Vaso de Leche, Comedores Populares y Clubes de Madres.

Finalmente, para atender adecuadamente la inversión social, hay planteamientos alternativos, como el que nos presenta Humberto Campodónico, que ha establecido la cantidad de dinero que el Estado está dejando de cobrar por no haber colocados los debidos impuestos a la ganancia extraordinaria de la gran minería: 831 millones de dólares, 1% del PBI.

Mientras el gasto social en los programas sociales se mantenga en 0,7% del PBI, mientras todo el gasto social, incluida la asistencia social, la salud y la educación se mantenga en sólo el 5.5% (el promedio latinoamericano es 8,2%) no podremos superar la pobreza. La fusión de programas, por si sola, no garantiza una nueva estrategia de erradicación de la pobreza, mucho más grave aún será fusionar programas bajo hegemonía de un ejecutivo que tiene un comportamiento clientelar, en disputa con los gobiernos regionales y la descentralización de funciones, transferencia de competencias y desconcentración del poder. La fusión de los Programas Sociales debe centrarse en reducir la pobreza y ello implica crecimiento para todos e inclusión social.