POLITICAS SOCIALES: TAMBIEN DE DERECHA
Escribe Pedro Francke
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No cabe duda que la política económica del segundo gobierno de Alan García es claramente de derecha, con muy poco contenido redistributivo, regulación favorable a los grandes monopolios más que a los consumidores, políticas económicas internacionales cercanas a Bush, clara predominancia de la Confiep e inexistencia de la planificación nacional. Pero tratándose de un partido socialdemócrata, ¿tiene al menos una política social fuerte? ¿está más cercana a Europa, donde García pasó varios años, que al neoliberalismo extremo? ¿es más Clinton que Bush, más Blair que Tatcher?
Trabajadores aún sin derechos básicos
Uno de los temas más importantes en la campaña electoral de Alan García fue la restitución de derechos laborales. Un avance ha habido en torno a los “services”, tema en el que una nueva regulación restringiendo un poco el uso ilimitado de estas empresas de intermediación laboral ha sido aprobada, aunque su aplicación todavía está en veremos. Sin embargo, el tema clave, en el que hasta la fecha el gobierno se ha venido resistiendo, es el de la nueva Ley General de Trabajo. Este proyecto de ley ha sido aprobado por la comisión respectiva del Congreso (con mayoría de la oposición), estando el meollo del asunto en las limitaciones que se ha planteado establecer a los despidos injustificados.
Dos conflictos recientes ilustran la importancia de este tema: huelgas y fuertes movilizaciones de los trabajadores de Casapalca (minera) y Topy Top (textil) generadas porque, cuando los trabajadores han organizado un sindicato, las empresas han respondido con despidos masivos. La facilidad con la que se despiden los trabajadores en el Perú ha llevado a que sea muy difícil organizar un sindicato, y sin sindicatos que sustenten la negociación colectiva, los salarios no aumentan – como efectivamente no han amentado en los últimos años. Esto sucede en un contexto en el que, la productividad de las empresas ha aumentado en los últimos años, por lo que pueden aumentar los salarios sin perder competitividad. Mientras las ganancias de las grandes empresas han engordado enormemente, los salarios no han crecido.
En la discusión de la Ley General del Trabajo, los empresarios de la Confiep y el Premier Jorge del Castillo han sustentado su resistencia a las limitadas mejoras planteadas a los derechos laborales, aduciendo que esto impide o dificulta la creación de empleos. Es una falacia. Para comenzar, el proyecto de ley de la Comisión de Trabajo del Congreso plantea mayores indemnizaciones y la posibilidad – no obligación- de que un juez determine su reposición, solamente para quienes son despedidos INJUSTIFICADAMENTE. Quienes son despedidos con justificación, porque no cumplen sus obligaciones laborales o porque a la empresa le va mal o cambió su tecnología, no tienen derecho a indemnización, ni ahora ni con la ley que está proponiéndose. Por cierto, muy pocos trabajadores despedidos – menos del 5% - reciben una indemnización por despido injustificado, y muchos de ellos no porque su despido sea justificado, sino por las enormes dificultades que tienen en reclamar sus derechos.
Pensiones: AFPs siguen privilegiadas
En este primer año la - casi única- iniciativa en relación a las pensiones ha sido la llamada “libre” desafiliación de las AFPs, que fue una promesa del candidato Alan García. El resultado ha sido una ley, aprobada por la mayoría Apra-Unidad Nacional-fujimorismo que tiene el título de “libre desafiliación” pero que tan solo permite un retorno regulado y restringido a algunos grupos, de los afiliados a las AFPs, al sistema nacional (público) de pensiones.
Esta ley posterga la posibilidad de desafiliarse de las AFPs hasta los 65 años, asegurando así que los trabajadores sigamos estando obligados a pagar comisiones a las AFPs durante toda nuestra vida laboral activa. El otro aspecto clave de la ley es quién paga los costos de la desafiliación, que según el Ministerio de Economía y Finanzas bordea (en valor presente) los 2,400 millones de dólares. Este costo será asumido por el fisco, es decir, por todos los peruanos, sin que las AFPs – que algo de responsabilidad tienen en este asunto – aporten ni un sol.
A ello se suma el hecho de que el Banco Central de Reserva, con un directorio dominado por Unidad Nacional, ha optado por permitir que las AFPs saquen una mayor proporción del dinero de los trabajadores al exterior, aunque ello no implique una mayor rentabilidad para el afiliado.
En resumen, se evidencia una política respecto al sistema de pensiones que ha mantenido las condiciones privilegiadas para las AFPs, atendiendo un problema en el que tienen responsabilidad –las bajas pensiones que tendrían muchos afiliados, que son quienes hoy quieren desafiliarse- con dinero del fisco. Al mismo tiempo, el actual sistema de pensiones peruano mantiene serios problemas estructurales, además de las excesivas comisiones y altas ganancias de las AFPs. El principal de ellos es que no se ha logrado una cobertura amplia, dejando sin pensiones a la mayoría (75%) de la población mayor de 65 años o con discapacidad permanente. ¿Cómo puede justificarse que, en materia de pensiones, todos los peruanos pero en especial los más pobres, estemos pagando miles de millones de soles anuales debido a la introducción de las AFPs, mientras esos mismos trabajadores pobres no reciben ningún apoyo del estado?
Salud vallejiana
“Jamás señor ministro de salud, fue la salud más mortal”, declamara César Vallejo. Un ministro de similar apellido parece bien dispuesto a hacerle honores. Una reciente encuesta sobre salud del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica (IOP-PUCP) indica que 81 de cada 100 limeños considera que la atención de salud es cara o muy cara.
Las primeras iniciativas del nuevo gobierno en el terreno de la salud fueron la ampliación de horarios y la compra de equipos (“shock de inversiones”), pero que se centraron en los hospitales y no llegaron a la red primaria de atención. La ejecución del shock de inversiones ha sido lentísima, no llegando ni al 20% a los 9 meses. Posteriormente, se ha anunciado la ampliación del Seguro Integral de Salud a nuevos grupos etáreos. La ausencia de propuestas claras, incluyendo la indefinición respecto de las poblaciones a ser atendidas, los riesgos a cubrir o los paquetes de servicios a ofrecer y, sobretodo, los recursos presupuestales con que se cuenta, indican que se trata de una propuesta apresurada y que carece aún de una orientación clara.
Es particularmente preocupante la poca prioridad para la salud. El presupuesto para la salud aprobado para el 2007 fue apenas 0,01% del PBI más que el 2006, prácticamente nada. Con el presupuesto aprobado, de acuerdo a la presentación del ministro ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, la mitad de las brigadas itinerantes para atender a los poblados rurales que carecen de posta de salud no podría ser contratada, entre varias otras serias limitaciones a la salud pública.
Tampoco hay una propuesta para impulsar de una manera efectiva la promoción de la salud, y ante problemas centrales como la contaminación en La Oroya, la acción del gobierno ha sido tardía y complaciente.
En resumen, la política de salud se ha caracterizado por poco presupuesto, inexistencia de un plan de gobierno y conducción sectorial ineficaz.
Programas sociales: de la fusión a “Crecer”
El gobierno aprista empezó sin ninguna iniciativa en los programas sociales. Tardó algunos meses en anunciar una fusión que, como muestra de su falta de orientación y cuadros en esta área, resultó encabezada por el vice-ministerio de economía. Fusión que todavía está en proceso, y que tiene una orientación marcada hacia el ahorro dde recursos y no hacia la reducción de la pobreza. Posteriormente, la fusión se ha entrecruzado con otras iniciativas, como el “Comando conjunto de lucha contra la pobreza” y el Presupuesto por Resultados, superponiéndose sin una orientación común.
Recientemente, tras once meses de gobierno, se acaba de poner en marcha con bombos y platillos el programa “crecer”, orientado a combatir la desnutrición infantil. Esta es una prioridad correcta, ya que 25% de los niños menores de 5 años, que debiera haberse afrontado años atrás. Pero nuevamente es una iniciativa que no logra coordinar adecuadamente las distintas iniciativas necesarias para lograr una efectiva reducción de la desnutrición, incluyendo no solo el reparto de alimentos, sino además la reducción de la pobreza de las familias rurales, el agua potable, la capacitación y cambio de hábitos de madres y padres de familia en relación a la alimentación y cuidado infantil, la atención primaria de la salud y el fortalecimiento de las organizaciones sociales comunitarias, y en particular de las madres.
Política social: de derecha
En síntesis, la política social no tiene un rol central en la política del gobierno. No tiene prioridad presupuestal ni concentra iniciativas políticas de primer orden. Los ministerios más propiamente “sociales”, a saber educación, salud y MIMDES, son los que menos iniciativa política tienen. En estas áreas, en especial en salud y programas sociales, no hay estrategias de mediano plazo, sino solamente una suma de medidas parciales. Los intereses empresariales, en temas como los derechos laborales o las pensiones, son claramente predominantes.
Si la política económica neoliberal no tiene un contrapeso básico con políticas sociales fuertes, que reduzcan la desigualdad y establezcan derechos sociales básicos, ¿puede sorprender el nivel de conflicto social al que estamos llegando? El gobierno aprista debiera recordar que sin justicia social no hay paz.
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