Escribe Juergen Schuldt
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En el transcurso de las últimas semanas y meses, poco antes de cumplirse el primer año de nuestro flamante gobierno, se ha ido desatando una ola de huelgas y protestas, de marchas y plantones, de paralizaciones y movilizaciones, de bloqueos y conflictos. A la que se añade todo un cargamontón que se iniciaría a partir del próximo miércoles 11 de este mes. El que involucrará a sectores que cubren prácticamente todo el espectro de la actividad económica, desde la CGTP, pasando por los gremios del agro (Comisión Agraria Nacional y Confederación Campesina del Perú) y la minería (Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería y la Federación Minera), hasta llegar a los trabajadores municipales, los de construcción civil, a los del sector salud y a los docentes y personal administrativo de la educación superior. Y, a partir del 23, se espera la huelga indefinida de la región Arequipa.
En ese marco de ebullición, nos parece que las autoridades del gobierno están muy equivocadas si creen que esos agitados procesos son atribuibles a “pequeños grupos de protesta focalizados”, que estarían interesados en “romper el orden y atentar contra el sistema democrático”, como lo ha expresado temerariamente el premier.
Los factores desencadenantes de tales movilizaciones, son de diversa índole y magnitud. Hay de las que claman por demandas largamente contenidas, como la de mayores recursos, la exigencia de obras sociales para las regiones y el cumplimiento de las promesas electorales, así como otras más específicas que se oponen a la eliminación de las exoneraciones tributarias (región Ucayali), que se quejan por la contaminación derivada de la actividad minera artesanal (5 provincias de Puno), que piden la renuncia de un presidente regional (Huancavelica), que exigen la reposición de trabajadores despedidos (Casapalca), que solicitan una ley de carrera pública magisterial renovada, el nombramiento de maestros y sueldos dignos (nacional, SUTEP); etc.
A pesar de, o precisamente, por la bonanza macroeconómica de la que tanto alardea el gobierno, el trasfondo estructural de las diversas medidas de fuerza radica, entre otros, en la desigual distribución de la riqueza, la miseria de gran parte de la población y el abandono de las regiones por parte del Estado. Pero esos factores no permiten entender el surgimiento sorpresivo de estas movilizaciones y protestas. Quisiera resaltar uno solo, que me parece sustantivo y que deriva de un proceso psico-sociológico dinámico, planteado por el prestigioso economista Albert Hirschman, que bautizara como el ‘efecto túnel’ en 1973, y que otros han denominado 'factor esperanza' (Pablo González Casanova) o la 'política de la frustración' (Ralf Dahrendorf) o la 'tolerancia limitada frente a las desigualdades' (Adolfo Figueroa).
De acuerdo con esta hipótesis, mientras las personas tienen la esperanza de ver alguna luz al final del túnel y de llegar a destino, la tolerancia respecto de las desigualdades e injusticias (que son la causa estructural del descontento) predominará sobre la impaciencia. Esto sería así porque saben que, si alguno de los viajeros que iba en otro vehículo pudo avanzar en esa dirección o incluso llegar hasta allá y salir del túnel, ellos eventualmente también lo podrán lograr. En ese entendido, "el efecto de túnel opera porque los avances de los demás proveen información acerca de un ambiente externo más benigno; la recepción de esta información produce satisfacción; y esta satisfacción supera a la envidia o, por lo menos, la suspende". Con buenas razones, por tanto, Hirschman concibe esta externalidad como una especie de 'válvula de seguridad' que asegura el statu quo... pero, sólo hasta cierto punto en el tiempo.
Así que muy bien puede haber una contradicción aparente entre las 'condiciones objetivas' dadas por paupérrimos ingresos, pésimas condiciones de trabajo y privación general, por un lado, y un favorable 'sentimiento subjetivo' de esperanza y expectativas, por el otro. Con lo que la tolerancia y, en muchos casos, la resignación –como es el caso de las nuevas capas medias no organizadas- predominan frente a la acción y hasta la rebelión. Esta hipótesis contrastaba con la que postulaba en su momento la mayoría de antropólogos, sociólogos y economistas, quienes proclamaban que la pobreza extrema nutre y es el principal determinante de los sentimientos de desengaño y las tendencias a la protesta, tesis que hasta ahora comparten muchos.
En efecto, detrás del planteamiento hirschmaniano persiste la esperanza de ascenso social por un buen tiempo, en que las condiciones objetivas -por pésimas que sean- no resultan determinantes. Sin embargo, según ese autor, ese proceso no dura ad infinítum: "Pero esta tolerancia es como un crédito que se vence en cierta fecha. Se concede con la esperanza de que, finalmente, se reducirán de nuevo las disparidades. Si esto no ocurre, habrá inevitablemente problemas y quizá desastres". Es decir, en el momento menos pensado, el proceso puede desembocar en desilusión, frustración, agresividad y depresión en el nivel personal-familiar y, más adelante, puede materializarse en movilizaciones sociopolíticas a diversos niveles y espacios locales, regionales o, en el extremo, nacionales. En nuestro caso, desde hace una década por lo menos, ha desembocado efectivamente en emigración masiva, delincuencia común, terrorismo resucitado, corrupción desaforada y, en las elecciones del año pasado, en anómicos votos 'anti-establishment'. Y ahora, en erupciones sociales –aún descoyuntadas- en amplias zonas críticas del país.
Es decir, el ‘crédito sociopolítico’ parece haberse suspendido de golpe en el país. Por lo que, como bien ha dicho Figueroa, se presenta aun más pronunciada la crisis distributiva: "Los individuos no están dispuestos a tolerar cualquier grado de desigualdad. Hay grados de extrema desigualdad que no tolerarían. Pero, además, actuarían para remediar esta situación que la consideran injusta. Huelgas, protestas, redistribución privada con violencia son algunos de los mecanismos que utilizarán los individuos para tratar de restaurar una situación de desigualdad que sea más justa. Cuando el grado de desigualdad pasa los umbrales de tolerancia social, se produce caos y violencia (...)".
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