La Transformación del Indecopi

sábado, 28 de julio de 2007

El Indecopi y la economía social de mercado

Escribe Juan Francisco Rojas
Es un hecho que la Constitución consagra el sistema de economía social de mercado. Sin embargo, la expresión de lo que finalmente se entenderá por economía social de mercado, depende radicalmente de la interpretación y aplicación que de las leyes hagan las instituciones públicas, particularmente, el Indecopi, entidad encargada de asegurar el correcto funcionamiento del mercado y la competencia.
En una economía social de mercado, el indecopi debiera defender al consumidor de los contratos abusivos de bancos y compañías de seguro. Esto significa que, incluso cuando el consumidor haya firmados esos contratos – prerredactados y no negociados – las cláusulas que lo perjudiquen se tenga por no puestas. Se trata de reconocer que donde no hay igualdad de negociación, la parte fuerte tiene que ser controlada a los efectos de evitar el abuso en contra del consumidor.
No obstante, hoy en los contratos bancarios se puede encontrar cláusulas de penalidades por pago adelantado, facultad de variación inconsulta de condiciones, requisitos formales para la presentación de pedidos, plazos breves para reclamar, cláusulas de atadura para permanecer vinculado al servicio.
En una economía social de mercado, el indecopi debiera exigir a las entidades financieras que se adopten mecanismos de protección al consumidor para que las tarjetas de crédito no puedan ser “clonadas” y, mucho menos, que se atribuyan al consumidor todas las consecuencias de los fraudes producidos. De lo que se trata es de exigir a las entidades que emiten las tarjetas de crédito para que introduzcan fotos, firmas digitales y controles adecuados de identidad en los establecimientos. Los consumidores que usan estas tarjetas no debieran ser los únicos en asumir el fraude de un negocio en el que se benefician emisores, entidades financieras y establecimientos comerciales.
En una economía social de mercado, el indecopi debiera monitorear permanentemente los mercados altamente concentrados del Perú: sistema financiero y de AFP’s, seguros de todo tipo (El precio del SOAT es una expresión de abuso; nunca se da cuenta del margen de ganancia de las empresas, sólo se publicita los siniestros), mercado de la electricidad, mercado del gas y combustibles, mercado del cemento, mercado de la medicinas, mercado de productos de primera necesidad.
En una economía social de mercado, el indecopi debiera garantizar que los productos que ingresan a nuestro mercado a competir con las industrias nacionales (generadoras de tributos, trabajo y crecimiento nacional) no lo hagan a precios subsidiados o a precios dumpig. De lo que se trata es de asegurar la competencia en igualdad de condiciones y aplicar la legislación antidumping tal y cual se aplica en todos los países que conforman la Organización Mundial del Comercio.
Sería muy importante que el Indecopi tomara conciencia que el crecimiento estadístico de un mercado afectado por prácticas de subsidio o de dumping, no significa que el daño no exista y que recuerde que las normas internacionales sancionan también el daño potencial, es decir, se considera que el nivel de crecimiento que no se pudo alcanzar por la conducta desleal también es un daño que debe ser corregido.
En una economía social de mercado, el indecopi debiera cautelar que la competencia desleal sea reprimida al atentar contra la inversión privada justa. De lo que se trata es de evitar la imitación parásita, la difusión de mentiras respecto de la calidad de los productos o las distinciones obtenidas, mentiras sobre su origen, robos industriales, entre otros hechos como participar del mercado incumpliendo la ley que regula la actividad específica.
En el ámbito de la publicidad el indecopi debiera combatir aquella engañosa: intereses ocultos en créditos de consumo, promociones que no existen, ventas atadas, ofertas de precios que no se cumplen. Adicionalmente, cautelar que la publicidad no ofenda ni denigre valores constitucionales como la raza, el sexo, la religión, la condición económica.
En lo que se refiere a la utilización de niños en la publicidad, cuidar que no exista una afectación a sus derechos superiores y no se les muestre en actitudes que no son propias de su edad y condición.
En una economía social de mercado, el indecopi debiera apostar por la promoción de patentes, marcas y derechos de autor nacionales. De lo que se trata es de conciliar el capital privado, la universidad, la ciencia y la tecnología para que cada pueblo del Perú pueda ser generador de conocimiento y cambiar el modelo primario exportador por uno de creación de valor inventivo y cultural.
Asimismo, el indecopi debiera asegurar que los precios que las sociedades de gestión colectiva cobran por el derecho de autor, en condiciones de monopolio, no sean abusivos. Se trata de monopolios legales que no tienen regulación y que debieran, por tanto, tener un control de precios como corresponde cuando no existe competencia.
¿Cuáles son las señales de satisfacción de estas exigencias económicas y democráticas durante el primer año del gobierno del APRA?
El indecopi ha experimentado un cambio profundo en la conformación de sus órganos de dirección y resolutivos. En efecto, el Directorio conformado por tres miembros fue cambiado completamente, asumiendo la conducción Jaime Thorne León. Este Directorio, por sí y ante sí, ha efectuado cambios en la conformación de las comisiones, primeras instancias de resolución y, con la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros, también ha cambiado a 8 de los 10 vocales que integraban el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual.
El efecto de los cambio producido no es todavía notorio, por lo que es poco lo que se puede decir al respecto. Sin embargo, sí en notorio el rol protagónico del Presidente de la Institución en medios de prensa, donde ha reiterado que los cambios que ha liderado obedecen a que, según su percepción, el indecopi del 2001 al 2006 era demasiado interventor en el mercado; y que, por el contrario, su gestión considera que el indecopi no debiera intervenir en el mercado, dejando que los agentes económicos regulen sus relaciones entre sí y con los consumidores.
Adicionalmente, se ha afirmado que el indecopi no debe ser una entidad de confrontación, sino más una entidad de promoción y educación. Estos conceptos fueron propios de la gestión de Beatriz Boza (presidente de la institución en el gobierno de Fujimori), que hoy, junto con Roque Benavides (conspicuo representante del sector minero) integran el Consejo Consultivo del Indecopi.
Adicionalmente, el Presidente del Indecopi ha descartado el Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que, mejorando el marco legal existente y el sistema de garantías de procedimiento, y que incluía también la propuesta del control de concentraciones empresariales. El argumento para esta decisión ha sido el de su predecesora Boza: “el mercado en el Perú no requiere de un mecanismo de este tipo”.
Todo parece indicar que detrás de estas acciones subyace la concepción ideológica de que el mercado no requiere regulación alguna, que las estructuras de competencia en el Perú son de las mejores y que el respeto a los derechos de los consumidores es un tema secundario si de lo que se trata es que las empresas obtengan ingentes ganancias en un escenario donde la presencia del Estado es decorativa.
Lo interesante de esta historia radica en que el indecopi es la verdadera expresión de lo que un gobierno entiende por economía social de mercado. ¿Cuál es el equilibrio que corresponde? ¿dónde termina el derecho de uno porque afecta el derecho de otro? ¿dónde está el principio de autoridad, que no es autoritarismo ni intervensionismo? ¿qué tipo de sociedad económica queremos?
Adicionalmente, el lector no podrá dejar de preguntarse ¿dónde quedaron las promesas electorales? ¿cuál fue el mandato electoral respecto de este tema? ¿está el APRA cumpliendo con su programa de justicia social?
Un dato adicional puede ayudar: la conformación del Directorio del Banco Central de Reserva y las recientes movidas de funcionarios en los organismos reguladores ¿qué orientación ideológica tienen?
La experiencia enseña: cuando elegimos a un presidente de gobierno y su partido, estamos eligiendo también una visión de economía que puede no ser la de economía social del mercado.


POSIBLES “GORRO”
“la economía social de mercado es una fórmula que se expresa en la sociedad con la acción de los organismos de regulación del mercado, especialmente el INDECOPI”
“el gobierno del APRA ha optado por un modelo de economía social de mercado que privilegia a los grandes actores de los mercados concentrados en perjuicio de los verdaderos intereses de los consumidores”
“la verdadera democracia económica sólo será posible cuando el Estado asuma el rol que por mandato constitucional le corresponde de defensa de los intereses de consumidores y usuarios”.

Actualidad Económica del Perú

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