Jurgen Schuldt
La República, 7 de Enero del 2007
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Con la solemnidad y el pisco del caso, después de medio año de enrevesadas negociaciones a puertas cerradas entre el gobierno y los representantes de las empresas mineras, hace poco se dio a conocer el D.S. 071-2006-EM, oficialmente conocido –pomposa, triunfalista y engañosamente- como “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”. En él se establecen los principios para calcular y las prioridades para asignar la contribución de carácter “voluntario, extraordinario y temporal”, que equivaldría al 3% de las utilidades netas de las 43 empresas mineras más importantes del país. Ese liliputiense porcentaje -que nadie sabe bien de qué manga salió- solo se daría en el mejor de los casos, puesto que el D.S. mencionado permite algunos descuentos de ese monto e, incluso, posibilita su eliminación total si la cotización internacional del o de los principales metales que explota cada una de las mineras se encuentra por debajo de un determinado ‘precio de referencia’ (PR).
La República, 7 de Enero del 2007
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Con la solemnidad y el pisco del caso, después de medio año de enrevesadas negociaciones a puertas cerradas entre el gobierno y los representantes de las empresas mineras, hace poco se dio a conocer el D.S. 071-2006-EM, oficialmente conocido –pomposa, triunfalista y engañosamente- como “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”. En él se establecen los principios para calcular y las prioridades para asignar la contribución de carácter “voluntario, extraordinario y temporal”, que equivaldría al 3% de las utilidades netas de las 43 empresas mineras más importantes del país. Ese liliputiense porcentaje -que nadie sabe bien de qué manga salió- solo se daría en el mejor de los casos, puesto que el D.S. mencionado permite algunos descuentos de ese monto e, incluso, posibilita su eliminación total si la cotización internacional del o de los principales metales que explota cada una de las mineras se encuentra por debajo de un determinado ‘precio de referencia’ (PR).
Esos PR se han fijado promediando los precios internacionales (en US$ reales) de nuestros siete principales metales durante el periodo 1991-2005. A esas cotizaciones se le añadieron dos desviaciones estándar, que tampoco nadie sabe de donde salen y cómo el gobierno pudo aceptar tamaña acrobacia estadística. El hecho es que tal cálculo termina sumándole al promedio de tales precios, aproximadamente 41% al oro, 58% a la plata, 63% al cobre y 120% al zinc para obtener los precios de referencia. Es decir, gracias a este procedimiento, los PR resultan siendo tan altos –considerando su tendencia histórica de mediano plazo- que cualquier debacle en los mercados internacionales terminará más temprano que tarde con el aporte extraordinario, para lo que bastaría una reducción leve de la demanda mundial, posibilidad que no parece muy remota si observamos los tremendos desequilibrios de la economía mundial.
De donde se desprende que la ‘solidaridad’ –que se supone debería darse ‘en las buenas como en las malas’- se acabará cuando los precios caigan por debajo de ese elevado umbral que marcan los PR truculentamente determinados y que, por el momento, parecerían bajos por las coyunturalmente muy elevadas cotizaciones del mercado internacional. Entendemos que, desde la perspectiva del gobierno, lo que se pretendía con ese procedimiento era evitar que le crezcan alas y vuele ‘la gallina de los huevos de oro’, pero de lo que todavía no se ha percatado es que –una vez que se suspenda el aporte- las comunidades beneficiadas le romperán los huevos de oro a esas aves y, de paso, también se los aplastarán al propio gallo-gobierno.
En pocas palabras, si se deseaba dar este benevolente aporte a las poblaciones pobres del país, se debió materializar tal contribución -aunque solo siga siendo del 3%- siempre que las empresas tuviesen utilidades netas, independientemente de las cotizaciones internacionales o de los PR. En ese caso, a bajos precios el aporte absoluto sería bajo, pero las comunidades comprenderían su reducción y a las empresas no le harían mella alguna y confirmarían su espíritu solidario. Y, si los precios se derrumbaran a niveles tan reducidos que dieran pérdida (caso muy raro), las poblaciones también entenderán porqué no recibirán nada. Pero, en ausencia de sobreganancias, al quitarles el aporte cuando las utilidades son elevadas o pasables -a pesar de precios bajos e inferiores al PR- es algo que no se entenderá, aparte de que contradice la publicitada solidaridad de las empresas mineras.
De manera que el sistema actual, tal como ha sido negociado, por el apelativo que se le ha dado y por las expectativas que ha generado, será fuente inevitable de conflictos permanentes, especialmente en abril de cada año, cuando se conozcan las cifras de las utilidades netas de las mineras, lo que sucedería -a más tardar- de 2009 en adelante cuando el ciclo económico ya no sea tan favorable. Con lo que el aporte ‘prometido’ de los 2.500 millones de soles durante los próximos cinco años se revelaría como una simple quimera.
De manera que si hablamos de solidaridad, cabría atribuírsela más bien al gobierno, pero no precisamente para con las comunidades pobres, sino muy racional y oportunistamente para beneficio de las propias empresas mineras, como parte de su estrategia para alcanzar el famoso ‘grado de inversión’. Abundemos en el porqué. Primero: las empresas ya habían aceptado pagar un 3,75% de sus utilidades netas y no sabemos porqué los negociadores del Estado le otorgaron una rebajita, con lo que ahora el aporte sería -teóricamente- del 3%. Segundo: originalmente solo se descontaría de esa dádiva la parte de las regalías pagadas por algunas mineras (Art. 3.1.2), pero ahora hasta se pueden descontar las ganancias que esas empresas obtienen en “otras actividades productivas no mineras y/o de inversión” (Art. 3.1.6), que parecería pueden obtener por la utilidades derivadas de poseer una constructora, una ensambladora o una incubadora y hasta si son dueños del Real Madrid o del casino de Montecarlo. Parecería que ese misterioso artículo del D.S. buscara crear los incentivos necesarios para que se generen ‘clusters’ en torno a las mineras, realizadas por ellas mismas (pero, ¿quién garantiza que eso suceda?). Tercero: como ya lo hemos dicho, los mineros engatusaron a todos añadiéndole dos desviaciones estándar a los precios promedio, con lo que los ‘precios de referencia’ resultan muy elevados y el aporte se anulará abruptamente en el año menos pensado. Cuarto: también fue un error haber aceptado que el óbolo sea asignado exclusivamente –al igual que el canon y las regalías- a las zonas colindantes a las minas, con lo que otras regiones y comunidades de pobreza extrema nuevamente quedarán marginadas (aunque el gobierno seguramente dirá que reasignará las inversiones públicas, lo que hasta ahora no se puede observar en la distribución efectiva del presupuesto 2007). Quinto: también se ha claudicado al entregarle toda la administración, organización y distribución de los fondos aportados a las mineras - a través de fideicomisos y asociaciones civiles, cuyos directorios y comisiones técnicas estarán conformados mayoritariamente por miembros nombrados a dedo por las empresas; lo que, por más responsabilidad social que tengan, finalmente irán dirigidos a generarle externalidades positivas a las propias mineras y que, además, lo que solo es un decir, podrían ser maquiavélicamente dirigidos al desarrollo de nuevas formas de clientelismo y hasta para cooptar a determinadas comunidades ‘revoltosas’ o, incluso (lo que es ya mucho decir), a enfrentar a varias de ellas entre sí. Finalmente, sexto, a pesar del permanente chantaje de las mineras, que decían que no aportarían nada si se implantara algún impuesto adicional a la minería (¿siguen creyendo que las regalías lo son?), el gobierno los escuchó impávido y siguió negociando pusilánime frente a esa singular e irrespetuosa amenaza.
De donde se desprende que la ‘solidaridad’ –que se supone debería darse ‘en las buenas como en las malas’- se acabará cuando los precios caigan por debajo de ese elevado umbral que marcan los PR truculentamente determinados y que, por el momento, parecerían bajos por las coyunturalmente muy elevadas cotizaciones del mercado internacional. Entendemos que, desde la perspectiva del gobierno, lo que se pretendía con ese procedimiento era evitar que le crezcan alas y vuele ‘la gallina de los huevos de oro’, pero de lo que todavía no se ha percatado es que –una vez que se suspenda el aporte- las comunidades beneficiadas le romperán los huevos de oro a esas aves y, de paso, también se los aplastarán al propio gallo-gobierno.
En pocas palabras, si se deseaba dar este benevolente aporte a las poblaciones pobres del país, se debió materializar tal contribución -aunque solo siga siendo del 3%- siempre que las empresas tuviesen utilidades netas, independientemente de las cotizaciones internacionales o de los PR. En ese caso, a bajos precios el aporte absoluto sería bajo, pero las comunidades comprenderían su reducción y a las empresas no le harían mella alguna y confirmarían su espíritu solidario. Y, si los precios se derrumbaran a niveles tan reducidos que dieran pérdida (caso muy raro), las poblaciones también entenderán porqué no recibirán nada. Pero, en ausencia de sobreganancias, al quitarles el aporte cuando las utilidades son elevadas o pasables -a pesar de precios bajos e inferiores al PR- es algo que no se entenderá, aparte de que contradice la publicitada solidaridad de las empresas mineras.
De manera que el sistema actual, tal como ha sido negociado, por el apelativo que se le ha dado y por las expectativas que ha generado, será fuente inevitable de conflictos permanentes, especialmente en abril de cada año, cuando se conozcan las cifras de las utilidades netas de las mineras, lo que sucedería -a más tardar- de 2009 en adelante cuando el ciclo económico ya no sea tan favorable. Con lo que el aporte ‘prometido’ de los 2.500 millones de soles durante los próximos cinco años se revelaría como una simple quimera.
De manera que si hablamos de solidaridad, cabría atribuírsela más bien al gobierno, pero no precisamente para con las comunidades pobres, sino muy racional y oportunistamente para beneficio de las propias empresas mineras, como parte de su estrategia para alcanzar el famoso ‘grado de inversión’. Abundemos en el porqué. Primero: las empresas ya habían aceptado pagar un 3,75% de sus utilidades netas y no sabemos porqué los negociadores del Estado le otorgaron una rebajita, con lo que ahora el aporte sería -teóricamente- del 3%. Segundo: originalmente solo se descontaría de esa dádiva la parte de las regalías pagadas por algunas mineras (Art. 3.1.2), pero ahora hasta se pueden descontar las ganancias que esas empresas obtienen en “otras actividades productivas no mineras y/o de inversión” (Art. 3.1.6), que parecería pueden obtener por la utilidades derivadas de poseer una constructora, una ensambladora o una incubadora y hasta si son dueños del Real Madrid o del casino de Montecarlo. Parecería que ese misterioso artículo del D.S. buscara crear los incentivos necesarios para que se generen ‘clusters’ en torno a las mineras, realizadas por ellas mismas (pero, ¿quién garantiza que eso suceda?). Tercero: como ya lo hemos dicho, los mineros engatusaron a todos añadiéndole dos desviaciones estándar a los precios promedio, con lo que los ‘precios de referencia’ resultan muy elevados y el aporte se anulará abruptamente en el año menos pensado. Cuarto: también fue un error haber aceptado que el óbolo sea asignado exclusivamente –al igual que el canon y las regalías- a las zonas colindantes a las minas, con lo que otras regiones y comunidades de pobreza extrema nuevamente quedarán marginadas (aunque el gobierno seguramente dirá que reasignará las inversiones públicas, lo que hasta ahora no se puede observar en la distribución efectiva del presupuesto 2007). Quinto: también se ha claudicado al entregarle toda la administración, organización y distribución de los fondos aportados a las mineras - a través de fideicomisos y asociaciones civiles, cuyos directorios y comisiones técnicas estarán conformados mayoritariamente por miembros nombrados a dedo por las empresas; lo que, por más responsabilidad social que tengan, finalmente irán dirigidos a generarle externalidades positivas a las propias mineras y que, además, lo que solo es un decir, podrían ser maquiavélicamente dirigidos al desarrollo de nuevas formas de clientelismo y hasta para cooptar a determinadas comunidades ‘revoltosas’ o, incluso (lo que es ya mucho decir), a enfrentar a varias de ellas entre sí. Finalmente, sexto, a pesar del permanente chantaje de las mineras, que decían que no aportarían nada si se implantara algún impuesto adicional a la minería (¿siguen creyendo que las regalías lo son?), el gobierno los escuchó impávido y siguió negociando pusilánime frente a esa singular e irrespetuosa amenaza.
Por lo que repetimos por enésima vez, como todos los demás ‘cabezas calientes’ a que se ha referido tan cariñosamente el presidente: todas las empresas mineras deben pagar regalías y no solo las dos grandes y la mayoría de las medianas. Quizás porque no entiendo el idioma de los abogados, pero aún no encuentro artículo alguno en los convenios de estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa que impida su cobro por la explotación de un recurso natural no renovable… que nos ilustre un buen estudio de abogados, que estoy convencido que ganaría cualquier arbitraje internacional en esta materia. Tampoco he visto, hasta ahora, gallina clueca que vuele por ese motivo, pero sí recuerdo que tienen un apetito voraz: baste pensar en XStrata que firmó feliz y sin chistar el contrato de Las Bambas, en el que se incluyó explícitamente el pago de regalías por el 3% del valor de lo extraído en boca de mina. Por lo demás, en comparación con el óbolo, las regalías son un procedimiento más transparente (de calcular), más regular (no llevaría a cortes abruptos de financiamiento), más justo (frente a las que sí las erogan), más sustentado (es un pago por la extracción de un recurso natural no renovable), más benevolente (rendiría, en el peor de los casos, el triple del aporte voluntario, en tanto se calcula como porcentaje -que oscila entre 1 y 3%- del valor de extracción), más acorde con la carta magna (como lo ha estipulado contundentemente el Tribunal Constitucional) y, sobre todo, más solidario (también se apoquinaría en épocas de precios bajos).
Finalmente, también habría que reflexionar sobre la necesidad de insistir en el proyecto de los impuestos a las sobreganancias (ya rechazado por la comisión encargada del congreso), pero este tema lo dejamos para otra oportunidad por falta de espacio y porque una brillante editorialista (me tranquiliza pensar que tampoco los abogados entienden nuestro idioma) acaba de decretar tajantemente que ellas ‘no existen’… lo que equivale a decir que tampoco existe el sobrepeso, fenómeno sobrenatural que nos alegraría -especialmente a ella y a mi mismo- a los que lo sufrimos. De manera que, en síntesis, si se estableciera la obligatoriedad de las regalías y el impuesto a las sobreganancias, aunque los mineros bajarían algo de sobrepeso, se llegaría a un jurídica, económica y sociopolíticamente adecuado tratamiento del tema, anulando el capcioso y supuestamente solidario aporte voluntario.
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