Escribe Alan Fairlie

Publicado en La República

____________________________________________________________________

Los gravísimos incidentes con Chile, que pretende desconocer el Tratado del 29 son una consecuencia directa de la fracasada política de “cuerdas separadas” con la que se ha conducido la política exterior. El sueño que tenían quienes cediendo a todas las demandas chilenas en lo económico esperaban tener un mínimo de reciprocidad en la solución de los problemas pendientes, ha tenido un triste despertar. Para no hablar de los mercaderes o los vendepatria que apoyan esa estrategia con fines inconfesables.

Bachelet introdujo el tema del Hito 1 en el proyecto de ley y las dos cámaras del Congreso aprobaron por unanimidad el mismo. Aún así hay quienes pretenden engañar al pueblo peruano atribuyendo a manos negras la trampa en que cayó la inocente presidenta. Ha sido tal la disposición del gobierno peruano, que pensaron que también se harían los distraídos con el tema. Afortunadamente hubo una mínima reacción, con ayudas memoria y no notas de protesta (que no se han molestado en responder) pero se han apresurado en señalar que el impasse fue superado .Está allí y seguirá aunque se aplique la política del avestruz.

¿Que harán ahora? ¿seguir como si nada? Por muchísimo menos Bachelet señaló que se había roto la confianza con Argentina por una medida que tomaron soberanamente para asegurar gas para su mercado interno en detrimento de Chile!

Fracasada la política de “cuerdas separadas”, hay que actuar en consecuencia. Primero, acudiendo de una buena vez a La Haya por el tema marítimo y al garante EEUU por el tema de la frontera terrestre que se pretende desconocer. Postergar la discusión entre Convención del Mar y 200 millas para no quebrar el frente interno en estos momentos y utilizar mecanismos como el Pacto de Bogotá. Mientras eso sigue su trámite, deberíamos fortalecer el poder nacional y revisar la profundización económica bilateral

Esto implica enviar al Congreso el TLC evitando que con ese instrumento se consoliden las asimetrías existentes, el patrón norte-sur dependiente y se creen las condiciones para nuevos conflictos. Renegociar para incluir temas como el de propiedad intelectual y defensa de nuestra biodiversidad en peligro, considerando las prácticas vecinas que han implicado que EEUU los coloque en la “lista negra” de esa materia.

Descartar definitivamente cualquier posibilidad que el gas de Camisea sea vendido a Chile. Esto se quiere consumar señalando que serían acuerdos entre privados. Pamplinas! Es un recurso estratégico que debe tener otros usos (cambiar la matriz energética, industrialización) incluido canon para los gastos de defensa.

Hacer efectivo el pago del uso del espacio aéreo y cancelar cualquier renovación del uso de quinta libertad y/o acuerdo de cielos abiertos. Defender a las agencias de viajes nacionales impidiendo que se elimine su comisión.

Propiciar una activa política de Petroperú y empresas nacionales en la distribución de gasolinas que hoy se importan desde Chile, desarrollando las asociaciones inicialmente negociadas con Brasil y Venezuela. Lo mismo en el caso del gas.

Relanzar la marina mercante, potenciando el SIMA y superar las trabas y problemas para la conversión del Callao en mega puerto, neutralizando los lobbies sureños que controlan la mayor parte de los servicios allí prestados.

Es necesario tener buenas relaciones vecinales, pero eso implica resolver los asuntos pendientes por vía diplomática previamente a cualquier profundización de vínculos en otros planos. ¿Seguirá el gobierno con nuevas concesiones? Lo permitirá el país?

Escribe Bruno Seminario

La República , 30 de enero

Para visualizar la imagen a plena pantalla presionar sobre el gráfico
____________________________________________________________________

Aunque la pregunta puede resultar extraña para el lector, pues el Instituto Nacional de Estadística, en cada mes de los últimos 25 años ha publicado estimados para este importante indicador, y, no hay ninguna razón que nos lleve a pensar que no continuará con esta feliz y transparente práctica, no por ello pierde ésta importancia y pertinencia. En efecto, la fuerza de la costumbre nos ha llevado, en el Perú, a identificar la inflación con los movimientos del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, y así olvidar que existen circunstancias especiales, donde las tendencias que rigen la evolución de este indicador, no reflejan el movimiento promedio de los precios en nuestra economía

Los datos representados en el gráfico adjunto, con claridad, demuestran cuán incorrecto puede ser identificar la inflación, es decir, el movimiento promedio de todos los precios de la economía (deflactor del PBI), con las tendencias que exhibe el índice de precios de Lima. Muestra, en azul, la figura la trayectoria del índice de precios a consumidor de nuestra capital. En rojo, el incremento mensual anualizado de una serie construida para medir, con mayor precisión, la tendencia de los precios promedios de la economía. Finalmente, en verde, se representa la meta de inflación. Puede, en primer lugar, comprobar el lector que hasta el año 2002, tendían ambas series a presentar movimientos más o menos similares, pero también como éstas, a partir de este año, muestran una clara discrepancia . En segundo lugar, que la tasa anual de incremento del índice de precios al consumidor se encuentra

debajo de la meta de inflación, pero también verificar cómo la serie que mide la trayectoria promedio de los precios se encuentra muy por encima de la meta. ¿Cuál es, entonces, la inflación? Si nos guiamos por el índice que mide todos los precios de la economía sería mayor al diez por ciento anual; en cambio, si nos concentramos en los movimientos del índice de precios al consumidor sería menor al dos por ciento.

Cometería un error el lector, si considerara esta discusión como una mera curiosidad o una nueva demostración del desacuerdo que siempre existe entre los especialistas en cuestiones macroeconómicas, porque ésta puede afectar profundamente el diseño del la política monetaria y las acciones de política del directorio del Banco Central de Reserva, y por esta razón, a la trayectoria futura de las tasas de interés, la cotización del tipo de cambio, y los ritmos de crecimiento del empleo y la producción global. Ello es así, gracias a las reglas que rigen el actual régimen monetario de objetivos de inflación, que establece un nexo positivo entre la tasa nominal de interés y la inflación. Si para formular su política monetaria, el Banco Central tomara en consideración la trayectoria del deflactor del PBI tendría buenas razones para incrementar la tasa de interés interbancaria, ya que esta variable se encuentra muy por encima de la meta de inflación. Un valor “razonable” y “neutral” para esta variable –lo sugieren algunos cálculos preliminares que por razones de espacio no podemos explicar- podría ser de seis por ciento anual. Por el contrario, una política monetaria basada en el índice de precios al consumidor, no encontraría razón alguna para justificar un aumento en el tipo de interés.

¿Cuál es el curso de acción que produce los resultados más intuitivos? En mi opinión, una política anclada en la evolución del deflactor del PBI.

¿Libre Desafiliación o Reforma Integral del Sistema?

Escribe Pedro Francke

La República, 28 de enero

______________________________________________________________

El Congreso debate acerca de si la desafiliación de las AFPs debe ser libre o no. En esta discusión, ha estado ausente un aspecto crucial: quién paga los costos de la desafiliación. Según los proyectos de ley que circulan hasta el momento, estos costos – que superan los mil millones de dólares - estarían siendo asumidos por el fisco, es decir, por todos los peruanos, y no por los responsables del problema. Pero otro tema es aún más importante: ¿enfrenta esta ley los problemas de fondo del sistema de pensiones peruano?

Ventajas y desventajas del sistema de AFPs

El sistema de pensiones de las AFPs ha dinamizado el mercado de capitales y facilitado así la inversión privada. Pero este sistema de las AFPs tiene problemas muy serios. El principal de ellos es que no logró incluir a los independientes e informales, dejando sin pensiones a la mayoría de la población. Además, este sistema carece de solidaridad: cada trabajador baila con su propio pañuelo, de tal manera que quienes han tenido más suerte en la vida no apoyan a quienes se han visto desfavorecidos. Finalmente, este sistema tiene costos muy elevados para los afiliados, con comisiones altas que, como se vio unos meses atrás con la entrada de una nueva AFP, pueden ser reducidas y sólo se sostienen por la falta de competencia real.

Problemas adicionales trae el funcionamiento paralelo del sistema de AFPs con el sistema público de pensiones creado por la Ley 19990 y administrado por la ONP. Son dos sistemas paralelos y alternativos: se está en uno o en otro. El principal problema que esto trae es que, a consecuencia de la introducción del sistema de AFPs, el sistema público de la ONP tiene un déficit financiero estructural. El sistema público fue creado como un sistema de “reparto”, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. En este tipo de sistemas ¨de reparto¨ la generación trabajadora sostiene, a través de sus aportes, a la generación que ya está jubilada. Pero cuando se introducen las AFPs como un sistema alternativo, quienes se afilian a las AFPs dejan de aportar al sostenimiento de los jubilados. Al quitársele al sistema público de pensiones una parte sustancial de ingresos, el desequilibrio es inevitable. Desde la introducción de las AFPs con el fujimorismo, el estado peruano ha resuelto este déficit manteniendo bajas las pensiones – el tope máximo es de apenas 800 soles - y en otra parte con aportes del presupuesto público de unos 2 mil millones de soles anuales.

Millones de peruanos sin ninguna pensión

Cualquier discusión sobre los sistemas de pensiones en el Perú debe tener este tema como central: los millones de peruanos que NO tienen ningún respaldo en su vejez. En efecto, la cobertura de los sistemas de pensiones diminuyó con las políticas neoliberales de los años 90. El porcentaje de afiliados al sistema de pensiones se ha reducido de un 40% de la PEA en 1991 a menos de 20% de aportantes en la actualidad. Cuando se introdujeron las AFPs, se dijo que los trabajadores iban a estar deseosos de afiliarse y aportar más. Ello no ha sido así. Las razones para ello parecen ser la imposibilidad de utilizar estos ahorros ante emergencias y la desconfianza en el sistema, desconfianza agravada por el hecho de que los trabajadores no tenemos ninguna ingerencia, ni siquiera información adecuada, sobre las inversiones que se hacen con nuestro dinero. La mejor prueba de que el sistema no ha logrado la preferencia de los peruanos es que casi no hay informales ni independientes que coticen a una AFP. Los que pueden no aportar a un sistema de pensiones, no lo hacen. A lo que se suma, desde luego, el hecho de que hay más de 50% de pobres que apenas pueden llenar la olla todos los días, cuyos esfuerzos de progreso se orientan a educar a sus hijos y construirse una vivienda y que, lógicamente, les resulta muy difícil ahorrar para su jubilación.

El hecho de que hay millones de peruanos de edad avanzada sin ninguna pensión, que son principalmente los campesinos y los más pobres, es la principal deficiencia del sistema peruano. Es, además, una situación que a menudo se pasa por alto, ya que el fisco peruano subsidia, de los impuestos que pagamos todos incluyendo los pobres, el enorme costo que ha significado establecer el sistema de AFPs por el desfinanciamiento que ha provocado sobre el sistema público de pensiones y por los subsidios que recibe directamente para financiar la pensión mínima. ¿Cómo puede justificarse que, en materia de pensiones, todos los peruanos pero en especial los más pobres, estemos pagando miles de millones de soles anuales debido a la introducción de las AFPs, mientras esos mismos trabajadores pobres no reciben ningún apoyo del estado al momento de su jubilación?

Alternativas y la reforma chilena

La alternativa que diversos países vienen aplicando en relación a esta problemática es lo que se ha llamado un sistema de pilares, donde el sistema público de pensiones y el sistema de AFPs no sean alternativos sino complementarios, y donde los subsidios fiscales estén orientados a una pensión mínima para los ancianos pobres.

Tal vez el elemento más importante de este planteamiento, que es también el eje de la reforma que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet en Chile, es el de establecer una pensión mínima financiada por el fisco, sin el requisito de una cotización de varios años por el ciudadano. En Latinoamérica, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y ahora Chile tienen un sistema en este sentido, y las evaluaciones realizadas por organismos internacionales muestran que han sido muy importantes en reducir la pobreza en la tercera edad. En el Perú, una pensión de 200 soles mensuales para todos los pobres costaría 120 millones de soles mensuales, menos que el crédito suplementario que el gobierno se prepara a aprobar y apenas 0,5% del PBI.

Junto con ello, un sistema complementario de pensiones implicaría que todos los trabajadores cotizarían una parte al sistema público, garantizando con eso una pensión básica en un sistema solidario, y el resto a una AFP. Este sistema tendría un solo ente recaudador, supervisor y normativo.

Los problemas del sistema de pensiones peruano no se resolverán con una libre desafiliación que, aunque orientada a corregir viejas injusticias, no resuelve la mayor de todas: el abandono del estado peruano en relación a los ancianos pobres. Es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones, orientada a atender la pobreza, mejorar la eficiencia y promover la justicia, tal como lo están haciendo actualmente en Chile.

Escribe Pedro Francke

____________________________________________________________________


En la reciente discusión de la Ley General del Trabajo, los empresarios de la Confiep y el Premier Jorge del Castillo sustentan su resistencia a las limitadas mejoras planteadas a los derechos laborales, aduciendo que esto impide o dificulta la creación de empleos. NO es verdad. Nos quieren vender gato por liebre.

Para comenzar, el proyecto de ley que viene discutiendo la Comisión de Trabajo del Congreso plantea mayores indemnizaciones solamente para quienes son despedidos INJUSTIFICADAMENTE. Quienes son despedidos con justificación, porque no cumplen sus obligaciones laborales o porque a la empresa le va mal o cambió su tecnología, no tienen derecho a indemnización, ni ahora ni con la ley que está proponiéndose. Por cierto, muy pocos trabajadores despedidos – menos del 5% - reciben una indemnización por despido injustificado, y muchos de ellos no porque su despido sea justificado, sino por las enormes dificultades que tienen en reclamar sus derechos.

Pero sobretodo está equivocada la argumentación de la Confiep y Del Castillo. Las empresas tienen más puestos de trabajo cuando hay más ventas y más producción. Si un taller de carpintería tiene más pedidos, puede alargar su jornada de trabajo por un tiempo, pero luego contratará más trabajadores. Si una empresa de confecciones puede colocar más camisas en el mercado, necesita más trabajadores.

Confiep y Del Castillo dicen que las empresas contratarían más si los trabajadores ganaran menos y tuvieran menos derechos. Eso no es cierto. Varios estudios económicos han investigado como la producción y los salarios influyen en el empleo. La respuesta: el empleo crece a la par con la producción; pero el hecho de que los salarios sean mayores o menores poco tiene que ver con que se creen más o menos empleos.

Los grandes empresarios y el gobierno dicen que para que haya más empleo, solo puede hacerse con cholo barato y explotado. No es así, ¿o acaso en los países europeos no hay empleo para todos con buenos salarios y derechos laborales? Su argumento es solo un pretexto para que los trabajadores sigan sin derechos y sin sindicatos, y así ellos poder mantener los salarios bajos y las altísimas ganancias que hoy obtienen.

Escribe José Oscátegui, La República 24 de Enero
____________________________________________________________________

...los países en desarrollo que se apoyaron más en el financiamiento extranjero no han crecido más rápido en el largo plazo, sino que, por lo general, han crecido más lentamente."

Eswar Prasad, Raghuram Rajan, Arvind Subramanian Patterns of International Capital Flows and Their Implications for Economic Development.

Se ha convertido en un lugar común el afirmar que, en países en desarrollo como el Perú, sin el capital extranjero no hay crecimiento económico ni desarrollo ni futuro promisorio posibles. Este argumento ha servido, principalmente, para favorecer desmedidamente a las empresas extranjeras (y nacionales), mineras principalmente, argumentando que solo el capital extranjero es el que hace posible el crecimiento.

Un trabajo reciente hecho en el Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra algunos resultados que, ante tales argumentos, resultan ser sorprendentes. Entre estos está el que los países no industrializados con mayor crecimiento no han sido los que más se han apoyado en el capital extranjero. El resultado más importante es que, dado el nivel de inversión, los países no industrializados con mayor ahorro interno son los que han crecido más rápidamente. Un trabajo anterior, hecho por otro equipo de economistas del más alto nivel, encontró que no se podía demostrar ninguna relación positiva entre la liberalización financiera y el crecimiento económico.

Estos resultados no demuestran en modo alguno que el capital extranjero, y en particular algunas formas de Inversión Directa Extranjera (IDE), sea indeseable o innecesario, sino que el ahorro interno es fundamental para los países en vías de industrialización.

Como en algunas historias, hay una explicación que es "buena" y otra que es "mala" de esta relación inversa entre el ingreso de capitales extranjeros y el crecimiento en los países no industrializados. La "buena" es que los sistemas financieros de los países en vías de industrialización se encontrarían poco desarrollados, por lo que el capital extranjero podría no encontrar suficientes oportunidades de inversión, es decir, estos países tendrían poca capacidad para absorber capital. La "mala" es que el ingreso de capitales produce efectos como la sobrevaluación de la moneda, con los resultados negativos sobre las exportaciones que son conocidos. Además, tal como las recientes crisis financieras lo atestiguan, y el trabajo de Kose y otros (2006) lo documentan, la evidencia sobre la integración financiera o globalización financiera aún no muestra una relación positiva y clara con el crecimiento económico.

Escribe Félix Jiménez

La República, 23 de Enero

_______________________________________________________________________________

La reducción de aranceles a las importaciones de bienes de capital e insumos industriales (DS Nº 211- 2006 EF), ha sido elogiada por diversos analistas, empresarios y hasta políticos opositores. Ellos creen que aumentará la productividad y el empleo, porque casi todas las 2,894 partidas afectadas pertenecen a la agricultura y a la industria. Los entusiastas creen que su efecto en el crecimiento se ubicará entre 0.2% y 1% promedio anual.

Para Alan García la medida beneficiará directamente a 50 mil empresas. En la revista Caretas del 28-12-2006, sentencia: «tiramos los aranceles a cero para 3247 partidas», para favorecer a las pequeñas empresas. (¡353 partidas más que el total que figura en el DS!). Además, García revela un peculiar conocimiento de la economía y del desarrollo: cree que el Banco Central mantiene reservas internacionales en exceso y que la gran inversión extranjera es la «gallina de los huevos de oro», la «punta de lanza» detrás de la cual está «la infantería, que es un ejército enorme de la pequeña empresa del Perú». A este ejército le dice, con una seguridad que sorprende: «Te bajo los costos. Reindustrializate, remaquinizate».

A nuestro juicio, no se puede afirmar que esa medida arancelaria reindustrializará el país. Las razones son las siguientes:

1) La reducción de costos es marginal: el 97% de las partidas tenían sólo 4% de arancel. Podría decirse que este efecto se potencia con el abaratamiento de las importaciones debido a la apreciación monetaria que se acerca al 5%. Pero, precisamente esta apreciación conspira contra las exportaciones no tradicionales que, según García, son las que permiten a la infantería empresarial «sintonizar con el mercado mundial». Además, la apreciación, al desalentar las exportaciones y estimular las importaciones, puede erosionar la tendencia al superávit comercial.

2) El alto costo del crédito es la restricción más importante a la inversión de las pequeñas empresas. Estas, para importar insumos y bienes de capital, tendrían que endeudarse a tasas de interés que superan el 40% y donde sólo un tercio de sus demandas de crédito son satisfechas. Nótese que con una inflación de cerca de 2% anual, la tasa de interés real resultante presupone inversiones con rentabilidades posibles, en nuestro país, solo para las empresas bancarias, las AFP, la telefónica, etc.

3) El bajo costo del dinero es clave para que aumenten las inversiones que mejoran la productividad e introducen cambios técnicos en la producción. El gobierno no tiene propuestas sobre este tema y la SBS no promueve competencia en el mercado crediticio. Peor, no hay reformas a favor del desarrollo del mercado de capitales y de la participación de las empresas pequeñas y medianas. Las grandes, sobre todo las de capital extranjero, están aprovechando lo poco que se avanzó en el desarrollo de dicho mercado. Por ejemplo, EDEGEL acaba de emitir bonos por 50 millones de soles, con un plazo de 7 años y a una tasa de 6.16%. Si las pequeñas y medianas empresas también pudieran hacerlo, recién se abrirían posibilidades reales de reindustrializar el país.

4) Las empresas pequeñas y medianas requieren además que el mercado interno crezca. Para ello es indispensable realizar inversiones en infraestructura a lo largo y ancho del país. Tampoco hay avances en este terreno. Se destinó cerca de 600 millones de dólares para un «shock de inversiones» y se gastó sólo el 8.6%. ¡El déficit en infraestructura es de cerca de 25 mil millones de dólares!

5) Las empresas extranjeras no tienen restricción de financiamiento ni de mercado. Estas, por lo tanto, aprovecharán más la reducción arancelaria. Las mineras serán las más beneficiadas: su óbolo de US$ 158 millones anuales representa sólo el 60% de los US$ 259 millones que pierde el fisco por la reducción arancelaria.

6) Finalmente, el lector habrá advertido que las políticas que configuran precios relativos favorables a la industria y contrarios al actual patrón primario exportador, son las que realmente impulsan la inversión privada nacional y, por lo tanto, permiten sostener el crecimiento económico a largo plazo.

Escribe Farid Matuk

____________________________________________________________________

El escritor inglés Thomas de Quincey escribió un libro titulado “Del asesinato como una de las Bellas Artes” como un ejercicio cínico donde el asesinato no es sólo objeto de la justicia, sino que también puede dar paso a un juicio estético. En nuestro país, la medición de la pobreza no es sólo objeto de la ciencia social, sino que ha dado paso a juicios estéticos.

El 28 de Julio de 2004, el Presidente Toledo anunció al país que teníamos 420,000 pobres menos y que esto era una medición del INEI. Posteriormente este diario reseño “Jefe del INEI contradice a Toledo y afirma que no entregó cifra divulgada por el mandatario” en la edición del 31-Jul-07. Pero al mismo tiempo se abrió una discusión sobre la certeza de la medición de la incidencia de la pobreza efectuada por un cooperante técnico francés destacado en el INEI.

Las mediciones de la pobreza efectuadas hasta el 2004 son productos “estéticos” pues no cumplen con la condición de reproducibilidad que la ciencia exige, pero nuestros académicos se pronunciaron en ese año a través de una carta abierta a favor de la estética, sin mostrar necesidad alguna de debatir la metodología vigente de medición de la pobreza.

Sólo a partir de 2005 se tiene que John Kuiper (JKuiper@magma.ca) genera un programa de cómputo que permite a cualquier persona reproducir los resultados de pobreza que se difunden, y esto significa un cambio metodológico drástico con toda la historia previa de medición de la pobreza.

Definiciones

La medición mas sencilla de la pobreza es la denominada por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En este caso se establece un consenso social que obviamente puede variar en función del contexto social y por ello no se constituye en un criterio natural, sino mas bien en un criterio social. La incidencia de pobreza por NBI se mide usualmente con cuestionarios simples como son las cedulas censales.

Frente a la medición mas sencilla que parte de un consenso social, existe una alternativa natural basada en el requerimiento calórico de una persona típica, en el caso del Perú se utiliza a una mujer adulta joven (moda estadística) que debe consumir 2,100 calorías diarias. Esta medición es sumamente onerosa, ya que se debe conocer el consumo de calorías en cada hogar, pero la enorme ventaja que tiene es carecer de criterios discrecionales para su determinación. Al presente, el Perú es el único país de Latinoamérica que lo mide.

La medición mas conocida de la pobreza es la denominada por Línea de Gasto (LdG). En este caso se combina el criterio social con el criterio natural, se identifica primero el costo de las calorías necesarias y quienes tienen gastos por debajo de este umbral están en pobreza extrema; y en segundo lugar se agrega al costo de las calorías necesarias el costo de los bienes y servicios complementarios; y así determinar por agregación el umbral de la pobreza en términos de un monto de dinero.

Como se señalo previamente, el Perú al ser el único país de la región que mide de manera continua el consumo de calorías por hogar, es también el único país que esta en capacidad de construir trimestralmente una incidencia de la pobreza por LdG y colocarse en la vanguardia del monitoreo de la pobreza al poder aparear trimestralmente la evolución del PBI con la evolución de la pobreza.

Evolución de la Pobreza

En la tabla que se presenta a continuación se tiene las distintas mediciones efectuadas por las diferentes gestiones en el INEI para la pobreza por LdG, en particular la última serie (2001-2004) es la única que no es artística en el sentido que es reproducible, tal como se entregó en el disco compacto elaborado por John Kuiper.

Evolución de la Pobreza por Línea de Gasto

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Murillo	33.6%	37.3%	37.6%	37.3%
Murillo			37.6%	37.3%	37.8%
Moncada			42.7%	42.4%	47.5%	48.4%
Moncada						52.6%	54.8%
Matuk						52.6%	54.8%	54.3%
Matuk							54.3%	53.2%	52.2%	51.6%

En la segunda tabla se muestra la evolución de la pobreza bajo distintos criterios, y con la explícita exclusión de “pobreza extrema”. Este concepto apela a la irreal situación del costo de una canasta de alimentos y el porcentaje de los hogares que gastan una suma de dinero por debajo de este umbral. Este engañoso concepto señala que la “pobreza extrema” es 20% en el Perú, mientras que el hambre es 30%.

Para explicar esta paradoja hay que tener presente que un hogar urbano de bajos ingresos al momento de priorizar su presupuesto, primero define sus gastos en agua potable, iluminación artificial, combustible para cocinar, y transporte público; para luego definir su gasto en alimentos. Este orden de prioridades muestra la falsedad del concepto de “pobreza extrema” que en este caso particular del Perú muestra una brecha de 10 puntos.

Pobreza 2001-2006 por tres métodos alternativos

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
NBI	55.5%	53.4%	51.3%	50.9%	50.6%	48%
Hambre	33.3%	35.8%	34.2%	34.9%	31.6%	30.6%
Gasto	54.3%	53.2%	52.2%	51.6%

2001: Oct-Dic / 2002: Oct – Dic / 2003: May-Dic / 2004: Ene-Dic / 2005 Ene-Dic / 2006 Ene-Set

La trayectoria de la pobreza por hambre muestra que durante los cinco años de gestión Toledo como sólo bajo tres puntos, pero de otro lado ningún otro país de la región tiene una medición similar, y por ello no sabemos si estos tres puntos son mucho o poco respecto al auge económico observado durante el mismo periodo.

Escribe Kurt Burneo
Gestión , 18 de Enero
_____________________________________________________________________________________

Cuando se discute sobre la pertinencia de participación del Estado en el financiamiento del desarrollo, que implica por ejemplo discutir para nuestro caso el rol que debe cumplir la banca estatal; siempre surgen por ahí algunos analistas locales que (incluso algunos sin saberlo) insisten en la vieja tesis que plantea que la liberalización financiera por si sola crea los mecanismos privados para el financiamiento a largo plazo tal como lo plantearon primigeniamente Shaw y Mc Kinnon ……..en 1973, pero también replican con el no tan nuevo argumento opositor de si la intervención estatal solo debería limitarse a mejorar los mecanismos de información y regulación y no financiar directamente a determinados sectores o agentes económicos.

La teoría neoclásica en su versión más general modeliza al mercado de capital como aquel donde existen 2 agentes optimizadotes: ahorristas e inversionistas los primeros como ofertantes y los segundos como demandantes de recursos; existiendo entre estos las instituciones financieras; luego entonces este mercado es el lugar donde operan dichas instituciones. Asume esta teoría que ahorristas e instituciones financieras cuentan con toda la información e instrumentos necesarios para optimizar sus decisiones y si existen inversiones no financiadas es por una insuficiente rentabilidad. Entonces, según esta teoría, el ahorro se asigna eficientemente según las preferencias intertemporales de los ahorristas a los inversionistas de mayor rentabilidad. En este orden de ideas el sistema financiero es pasivo, no influye en el volumen y calidad del crédito y su eficiencia se relaciona básicamente con su capacidad de poner información a disposición de los agentes en el mercado.

Luego según este enfoque solamente habrían 2 razones que justificarían la posibilidad de alguna participación estatal en las operaciones asociadas al financiamiento:
a) Mercados incompletos, lo que impide una eficiente intermediación entre agentes superavitarios y deficitarios. Mencionándose que esto –la insuficiente intermediación- surge por lo general, por la existencia de una insuficiente liberalización financiera.
b) Fallas de información que imposibilitan una asignación eficiente del ahorro; lo que no conduce necesariamente según esta teoría a una directa participación estatal, dado el rol que pueden cumplir por ejemplo empresas privadas proveedoras de información como por ejemplo las centrales y las calificadoras de riesgo.

El punto a discutir es si incluso bajo los parámetros de la propia teoría neoclásica, el rol actual del Estado peruano como agente financiador del desarrollo responde –para no ir mas allá- siquiera a las 2 razones que justificarían –según la teoría neoclásica -su accionar en este terreno; mas aún, me pregunto: Existen definiciones gubernamentales en estos temas? Cuál es el rol objetivo o meta que de acuerdo al gobierno debería tener la banca estatal?

Porque dependiendo de estas definiciones es que cobra sentido por ejemplo que el Banco de la Nación siga creando nuevos productos y servicios financieros comenzando en aquellas plazas donde hay una insuficiente oferta privada de estos o que continúe con el plan de expansión y modernización de sus canales de atención tal como se hizo en la administración anterior. Por supuesto que adoptar una posición –dependiendo del sentido de esta- si bien podría eventualmente generar algunas controversias con algunos intereses privados que verían amenazado un statu quo favorable a ellos pero asociado a la vez con altos costos crediticios y exclusión (del mercado formal) de demandantes de crédito como por ejemplo las Pymes; pero a la vez se tendría claro el norte de las políticas públicas en estos temas en general y en particular para el caso del BN por ejemplo se podría definir un plan estratégico que guiaría su accionar como hasta hace medio año. Finalmente creo que tomar la iniciativa para concretar estas definiciones tiene mucha más trascendencia que medidas de austeridad y visitas de oficinas en funcionamiento; de lo que se trata es no detener el proceso iniciado…..no debiendo importar que esto comenzara en la administración anterior..

Escribe Pedro Francke
__________________________________________________________________________

¿No le llama la atención, amigo lector, que las AFPs, que gastan tanto en publicidad, no estén haciendo campaña en contra de la ley de desafiliación? La razón es simple: a las AFPs esta ley les conviene. Se quedan con las comisiones que han venido cobrando durante años, el costo de deshacer el entuerto lo carga el MEF – es decir, todos los peruanos – y las AFPs se desentienden de un grupo de descontentos que les iba a estar reclamando por años y años.

Lo que yo no termino de entender es porqué, si a unos señores los estafaron, el que paga por arreglar la situación no es quien los engañó, sino que tenemos que ser nosotros, usted y yo, contribuyentes peruanos.

Porque se necesita harto dinero para que el estado pueda pagar pensiones adecuadas a estos jubilados, a quienes las AFPs les pagarían una miseria. No es poca plata, son unos dos mil millones de dólares: suficiente para duplicar el vaso de leche durante 20 años o ponerle agua potable a todos los que lo necesitan. Todo eso debe salir de nuestro bolsillo con más impuestos, peor educación, peor salud o menos seguridad.

Quienes hoy quieren desafiliarse de las AFPs y regresarse al sistema público de pensiones, firmaron un contrato. Si hoy se quiere cambiar las condiciones de ese contrato, es porque mucha gente se pasó a las AFPs convencidos por falsedades que les dijeron con el objetivo de cobrarles las comisiones que han hecho de las AFPs el negocio más lucrativo de la década.

Pero si la gente debe poder desafiliarse porque firmó un contrato con engaños, ¿porqué pago yo, que no tuve nadar que ver con el engaño? Si hay que arreglar algo mal hecho, los responsables del estropicio deben pagar por ello. La reparación a los asesinados en Castro Castro la debe pagar Fujimori que ordenó el crimen. El costo de la desafiliación de las AFPs la deben pagar quienes promovieron el engaño para lucrar con ello.

Escribe Alan Fairlie

La República, 18 de enero

_______________________________________________________________________________________

Los últimos meses se ha hecho una intensa campaña desde el gobierno y algunos gremios empresariales: externa para la aprobación del Congreso de EEUU del TLC e interna para su justificación .El resultado de las elecciones en ese país, impidió que se apruebe en un Congreso de salida (como aquí),y se renovó temporalmente el ATPDEA. Ahora se insiste desde EEUU en la renegociación del TLC.


Nuestro nuevo gobierno ha continuado con la política del “sí o sí “y está dispuesto a ceder a nuevas exigencias de los parlamentarios norteamericanos. Ha contratado empresas para hacer lobbies que acompañaron la fracasada gestión del representante personal del Presidente. Se ha impulsado una campaña mediática donde los costos del TLC y población afectada han desaparecido como por arte de magia, y solo hay beneficios(véase por ejemplo:
http://www.pucp.edu.pe/economia/tlc-balance.pdf )


Sin embargo, estuvo dispuesto a compensar a los exportadores en lo que fuera necesario, mientras mantenía las ridículas compensaciones definidas por el gobierno anterior para lo que ellos definían como productos sensibles



Pero, así como se negó antes a la ampliación del ATPDEA por períodos más largos y sin discriminaciones, hoy rechaza la renegociación de plano. Aquí no señalan que sectores demócratas no se contentan con cartas adjuntas y no solo en normas laborales sino en propiedad intelectual, solución de controversias, entre otros.

La campaña señala que no nos conviene el ATPDEA!, cuando esa preferencia unilateral por varios años, mantiene los beneficios de acceso al mercado gringo y no genera costos. Además, la competitividad de las exportaciones no puede depender de un margen de preferencias (con ATPDEA o TLC) que además es temporal.


Se señala también que hay que ilustrar a los nuevos congresistas en EEUU, desconociendo el carácter institucional de las posiciones partidarias, del Congreso y del Estado norteamericano. Tienen más información que nosotros sobre nuestra propia economía y el impacto del TLC, saben también como se benefician .Pero, están buscando mayores concesiones frente a las señales peruanas de ansiedad


La coyuntura actual es propicia para plantear la ampliación del ATPDEA por lo menos por 5 años, con el resto de países andinos. Se crearía el espacio para una renegociación donde así como EEUU tiene su agenda, nosotros planteemos mecanismos de protección de transición mientras duren los subsidios agrícolas, cautelar la salud pública y los precios de los medicamentos, defensa de la propiedad intelectual y biodiversidad, mantener márgenes del estado para su política frente a la inversión extranjera, compras del estado, adecuada protección de las normas laborales y medioambientales. Así se lograría un acuerdo que en el caso nuestro cautele el bienestar de los ciudadanos y el interés nacional, y evite que se perpetúe el proyecto fujimontesinista que gobiernos posteriores no han modificado.


A la propuesta del nuevo Parlamento de EEUU nosotros le decimos que sí, que es el camino a seguir y que en ese diálogo se encontrarán las opciones de una mejor relación sea con un TLC renegociado o modalidades como el TIFA(acuerdo marco de comercio e inversión) que ha logrado Uruguay.


El nuevo Parlamento nacional, los presidentes regionales las organizaciones sindicales , laborales, universidades, la sociedad civil deben participar no solo en este nuevo capítulo con EEUU sino en la definición de una inserción internacional del Perú con otros bloques y foros que corrigiendo los errores del pasado recoja esta vez el consenso nacional

entre la integración y la fragmentación^

(una perspectiva andina)

Escribe Alan Fairlie Reinoso

Puede también leer este documento aquí

---

1. Acuerdos regionales norte-sur y sur-sur

La proliferación de acuerdos regionales, que representan alrededor de 40% del comercio mundial, ha generado preocupación en organismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la medida en que no siempre está garantizada la convergencia con el multilateralismo (OMC 2005)¹. Estos acuerdos, que se multiplicaron especialmente en la década de 1990, presentan como novedad los acuerdos norte-sur, principalmente a partir de los tratados de libre comercio (TLC) que han impulsado Estados Unidos y la Unión Europea. Si bien los acuerdos sur-sur constituyen la mayoría absoluta de estos acuerdos regionales, los norte-sur concentran la mayor parte del comercio y la inversión.

En Sudamérica se han impulsado simultáneamente ambos tipos de acuerdos, en un contexto de estancamiento del multilateralismo y crisis de la integración regional. Los órganos y funcionarios oficiales de organismos como la Comunidad Andina (CAN) plantearon la tesis de la complementariedad de los TLC con la integración regional. Otros países y actores —como Venezuela— atribuyen la crisis regional justamente a los TLC.

La justificación de las bondades de los acuerdos norte-sur y la necesidad de articularlos con la normativa multilateral, y especialmente con las estrategias de liberalización y apertura del Consenso de Washington, fueron planteadas por el Banco Internacional de Desarrollo (BID) con el concepto de «nuevo regionalismo» (Devlin y Estevadeordal 2001)².

Diversos autores del norte han cuestionado los procesos de integración sur-sur por la desviación de comercio que se genera y por los limitados resultados que exhiben (Yeats 1997)³. Los resultados óptimos se obtendrían en acuerdos norte-sur que sean multilaterales —como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)— o bilaterales (Venables, 1999, 2001 y 2002)⁴. En este punto, sin embargo, no hay consenso, ya que el propio BID señala que en los procesos regionales de integración de América Latina, la creación de comercio ha superado los efectos de desviación del comercio, que no eran tan significativos como en el pasado justamente por la reducción arancelaria y la apertura unilateral que se había producido durante la década de 1990 (BID, 2002)⁵. El Banco Mundial (BM) tiene una visión más escéptica (Banco Mundial, 2005)⁶.

Estos acuerdos norte-sur tienden a generar un trade-off entre acceso a mercados y concesión en disciplinas. Los países en desarrollo buscan asegurar el acceso a un mercado principal, haciendo permanentes las preferencias unilaterales que se dieron, por ejemplo, como una política de apoyo a la lucha contra el narcotráfico —la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Atpdea) norteamericana y el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas (SGP) europeo—. A cambio de ello, los países desarrollados obtienen acuerdos OMC-plus en inversiones, servicios, propiedad intelectual y compras del Estado. El propio BM señala que una excesiva concesión exigida a los países en desarrollo puede ser contraproducente desde la perspectiva del desarrollo (Banco Mundial 2005⁷).

Por otro lado, se han cuestionado los resultados de la implementación del Consenso de Washington en la región, que incluyen autocríticas de sus propios mentores (Williamson 2000 y 2002⁸; y Kuczynski y Williamson 2003⁹), con planteamientos de reformas de segunda generación (Banco Mundial 1999 y 2003)¹⁰ y críticas respecto a la política comercial y la inserción internacional (Rodrik 1997 y 1999¹¹; Rodrik y Rodríguez 1999¹²) o desde la perspectiva del desarrollo —Comisión Económica para América Latina (CEPAL)¹³ y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)¹⁴—. Inclusive, hay críticas de quienes conocieron al monstruo por dentro y hacen un cuestionamiento sistémico (Stiglitz 1997, 1998, 2002, y 2003)¹⁵.

A pesar de estos cuestionamientos teóricos y de la reacción de las poblaciones afectadas, que ha generado importantes cambios políticos dirigidos hacia nuevas alternativas en la región, los organismos oficiales de integración han buscado conciliar y rescatar algunos de estos procesos. Es el caso de la CAN, en cuyo seno se planteó un nuevo diseño estratégico que buscaba compatibilizar la competitividad de los países y el desarrollo, procurando que el proceso de integración avanzara en temas estratégicos distintos del arancel externo común y el comercio. Se buscaba conciliar la inserción competitiva con la mejora del nivel de vida de la población, y en este proceso se veían como compatibles los TLC con Estados Unidos y el proceso de integración andino y sudamericano (Secretaría General, 2004¹⁶).

El proceso de integración andina ha tenido avances y retrocesos, pero estuvo lejos ya no de alcanzar un mercado común en 2005, sino de completar una unión aduanera (Instituto para la Integracion de America Latina y el Caribe – INTAL, 2002 y 2005)¹⁷. Si bien la calidad de comercio de mayor valor agregado es un activo, no se pudo avanzar en las otras esferas sin superar el problema comercial (Secretaría General de la CAN 2004)¹⁸. En el momento en que se intentaba impulsar el nuevo plan estratégico, se produjo la suscripción del TLC con Estados Unidos, lo que precipitó la crisis (Observatorio de las Relaciones Unión Europea- América Latina - OBREAL 2005)¹⁹.

La Secretaría General de la CAN encargó diversos estudios de impacto sobre el ALCA, el TLC con Estados Unidos y la integración regional tanto para el tema de acceso a mercados (Argüello, Light), servicios (La Torre, Niño, Light), inversiones (Capriles 2005), propiedad intelectual (Zerda)²⁰ y otros procesos de integración (Secretaría General de la CAN 2003²¹ y 2004b²². Los resultados no siempre fueron positivos y significativos, pero en un reciente documento (Secretaría General de la CAN 2006b²³) se busca demostrar que no hay ningún conflicto significativo con la normativa comunitaria a partir de la suscripción del TLC con Estados Unidos.

Distinta ha sido la visión de diversos actores económicos y sociales, agricultores afectados por la competencia de los productos subsidiados norteamericanos, industriales farmacéuticos nacionales, pequeñas y medianas empresas, entre otros. Las propuestas y protestas de estos sectores han sido acompañadas por algunos intelectuales²⁴ e instituciones (OXFAM 2006²⁵). Estos balances y alternativas estaban generalmente acompañados por un cuestionamiento al continuismo del Consenso de Washington.

Otra propuesta ha sido la iniciativa de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) por parte de Venezuela y la propuesta de integración de los pueblos de Bolivia, que junto con Cuba han impulsado acuerdos con énfasis en la educación, la salud y el bienestar de la población, incorporando criterios de solidaridad antes que de competencia y mercados (Propuesta ALBA).²⁶

Aquellos que impulsan los acuerdos norte-sur están tratando de afianzar una integración con Estados Unidos a partir de los TLC que estos países han firmado —en el área andina (eje Perú-Colombia-Chile) y en Centroamérica (México y Mercado Común Centroamericano)—, con el pretexto de articular a las naciones ribereñas del Pacífico, mejorar las relación con los países del otro lado de la cuenca o buscar una mejor inserción en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Pero en realidad se trata de consolidar a los partidarios del ALCA y los TLC impulsados por Estados Unidos.

Nosotros postulamos la necesidad de conciliar las propuestas del ALBA con aquellas que han criticado y se han opuesto a los TLC con Estados Unidos, buscando afianzar la integración regional y sudamericana.

2. Acuerdos comerciales en Sudamérica

Los procesos de integración regionales han pasado por diferentes etapas de expansión y crisis, que no se deben principalmente a sus esquemas y marcos institucionales sino a la estrategia de desarrollo en torno a la cual buscaron articularse, y también a las condiciones favorables o desfavorables que la coyuntura internacional definía.

Así, la crisis de los procesos de integración del decenio de 1980 en la región andina no se puede explicar sin el fracaso de la sustitución de importaciones aplicada y la década perdida generada por la crisis de la deuda externa. Tampoco se puede explicar la reactivación de los procesos de integración en la década de 1990 sin la coyuntura internacional favorable y la afluencia de capitales del exterior —por factores principalmente externos, como la baja tasa de interés internacional—, que contribuyeron a la estabilidad macroeconómica y a la recuperación temporal de las economías regionales.

Nuevamente, la crisis asiática impactó en forma negativa a finales de la década de 1990, y también aparecieron en toda su magnitud las limitaciones y deficiencias del Consenso de Washington, lo que llevó a la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo. También se afectaron los procesos regionales, aunque su recuperación fue mucho más rápida que la que se produjo en la década de 1980.

Los acuerdos de integración norte-sur surgen en la década de 1990 para, entre otros objetivos, perpetuar el Consenso de Washington en tratados internacionales, presentando la alternativa del «nuevo regionalismo» como la ideal para la inserción internacional de nuestras economías.

También porque Estados Unidos buscaba acuerdos OMC-plus que le permitieran obtener —sobre todo en los temas de la Agenda Singapur— un posicionamiento no solo en el hemisferio sino con otros países «amigos» de otras partes del mundo. Así, buscaba mejorar la posibilidad de aprobar acuerdos multilaterales que estuvieran de acuerdo con sus intereses.

Primero, se buscó hacerlo a nivel hemisférico con el ALCA, pero se manejó siempre la opción de construir un ALCA por pedazos con los TLC, con países o con grupos de ellos. Todo esto en un esquema hub and spoke que hasta los propios organismos multilaterales —como el BM, el BID y la OMC— señalaron no solo como la forma más ineficiente de construir una zona de libre comercio, sino como la que beneficia principalmente al hub.

Los países andinos no lograron completar el arancel externo común y la liberalización de servicios, ni obtuvieron una integración más profunda, cuya meta fue inicialmente el mercado común para 2005. Estos países decidieron plantear una negociación conjunta en la OMC y el ALCA, a pesar de sus dificultades. Cuando este proceso fracasó, no se mantuvo la negociación en bloque sino que naciones como el Perú y Colombia decidieron establecer tratos bilateralmente.

Los TLC con Estados Unidos han vulnerado herramientas y mecanismos institucionales de la CAN, como el arancel externo común, el sistema de franja de precios agropecuario, el programa automotor, la liberalización de servicios y, principalmente, disciplinas como la propiedad intelectual, además de imponer estándares y acuerdos en temas en los que aún no se había completado una negociación andina.

Los TLC pueden haber sido el detonante, pero los procesos de integración ya estaban en crisis antes de su suscripción. A pesar de ello, se han planteado iniciativas como la Comunidad Sudamericana de Naciones, buscando la convergencia de los actuales procesos de integración regional. Los reacomodos de países y posiciones en torno a estrategias de desarrollo e integración que se alinean con Estados Unidos por un lado, y de países que buscan preservar la autonomía nacional en la definición de estrategias de desarrollo, que son críticos a los TLC y que buscan otras formas de integración, por el otro, configuran un espacio de convergencia y conflicto, de integración y fragmentación con múltiples escenarios posibles.

Con la salida de Venezuela, prácticamente se ha descartado la posibilidad de convergencia bloque a bloque entre la CAN y el MERCOSUR, lo que deja abierta, sin embargo, una posibilidad de convergencia desde los países individuales. Las elecciones recientes en Ecuador y el llamado con Bolivia para el retorno venezolano a la CAN a prueba (un año y si no funciona se retiran los tres) hace más complejo el panorama.

Pese a ello, el reciente ingreso de Chile a la CAN fortalece un eje proestadounidense con Colombia y el Perú. Este se busca ampliar a todos los países ribereños del Pacífico —Centroamérica y México—, que son justamente los 12 países que se alinearon con Estados Unidos en el último infructuoso intento para relanzar el ALCA, en Mar del Plata.

Están en pugna no solo diferentes alternativas de integración sino distintas visiones y estrategias de desarrollo. El problema es que la integración con Estados Unidos, si se concreta, puede representar la fragmentación de la integración sudamericana. El desafío es cómo, a pesar de las diferencias, se puede encontrar una confluencia de este espacio entre los países de la región.

3. Entre la integración y la fragmentación

La discusión de alternativas de integración en la coyuntura actual ha estado concentrada en dos aproximaciones conceptuales. La primera la «técnica», que enfatiza que la globalización es un hecho y que la inserción competitiva de los países se debe privilegiar sobre cualquier otro objetivo, y que los TLC norte-sur son un instrumento fundamental para conseguirlo. Este enfoque no ha sido impulsado únicamente por los partidarios del Consenso de Washington sino por gobiernos «socialistas modernos» o de alguna variable socialdemócrata conservadora que fueron elegidos con otro discurso más cuestionador, pero que en el ejercicio del poder están implementando el continuismo de las políticas neoliberales.

Otra posición ha sido la de un cuestionamiento frontal a la primera. Quienes la sostienen han formulado propuestas cualitativamente diferentes no solo desde el punto de vista económico sino también político e inclusive ético. Esta propuesta forma parte de una «batalla de ideas» que no se reduce a una integración alternativa, sino que cuestiona frontalmente el neoliberalismo y el orden mundial unipolar existente. En ese cuestionamiento, muchas veces se han incluido los actuales procesos de integración regional vigentes, negándoseles posibilidades futuras.

Nosotros planteamos un enfoque intermedio. Coincidimos con el segundo en cuanto a las críticas al Consenso de Washington y la propuesta de integración que de ahí se deriva, pero discrepamos en cuanto al descarte total de los actuales procesos de integración. Se postula la necesidad de partir de lo actualmente existente, incluir elementos no económicos que permitan esbozar una propuesta integral alternativa, y considerar que es necesaria la confluencia con los postulados de la segunda opción. Una excesiva polarización puede terminar fortaleciendo las posibilidades de éxito de la primera alternativa, que no es la de la integración regional ni la del desarrollo de nuestros países.

En cuanto al proceso de integración regional, se plantea que existen condiciones objetivas insuficientemente aprovechadas para su profundización. La diferencia cualitativa del patrón de especialización regional versus la inserción en la economía global es un activo fundamental que, independientemente de los volúmenes absolutos, constituye el embrión de una estrategia que permita otorgar mayor valor agregado a las exportaciones de bienes y servicios de esas economías. Más allá del comercio, existen espacios importantes en cuanto a la liberalización de servicios, propiedad intelectual, bienes y servicios ambientales, cooperación amazónica y desarrollo de la biodiversidad, respecto a los cuales, inclusive, hay normativa e institucionalidad.

Postulamos que los TLC norte-sur tienden a vulnerar la integración regional, pero con matices. Un acuerdo como el suscrito por Estados Unidos con el Perú y Colombia sí afecta directamente la integración regional. Pero existen espacios en la asociación con la Unión Europea que no solo podrían establecer cierta salvaguardia para el proceso, sino que incluso pueden ser un factor de cohesión en la actual crisis andina.

Se plantea que hay espacios mínimos de confluencia entre las propuestas hechas por Venezuela y Bolivia con los acuerdos definidos en los propios órganos oficiales de integración y las cumbres para la construcción de una Comunidad Sudamericana de Naciones. Es cierto que se está configurando un eje proestadounidense, pero sostenemos que existen elementos mínimos de articulación que podrían impedir que esa tendencia se consolide y vulnere el proceso de construcción e integración sudamericana.

¿Cuáles son los escenarios posibles? Si bien hay un eje Pacífico pro-norteamericano y otro Atlántico que no lo es, existe un conjunto de movimientos de países y de los propios bloques que establecen mayores complejidades. Se amplía el MERCOSUR con Venezuela como miembro pleno, camino que quizá siga Bolivia en un plazo no muy largo, y los demás países andinos también tienen la condición de asociados. Al mismo tiempo —por lo menos formalmente—, los países del MERCOSUR son miembros asociados de la CAN. Chile acaba de ingresar como asociado a la CAN, con lo cual tiene la misma condición en los dos bloques.

Mientras el eje Pacífico tiene una articulación principalmente mercadista en su asociación con Estados Unidos, el eje sur y de confluencia de los procesos de integración regional tiene mecanismos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), la integración energética, amazónica y de biodiversidad, que constituyen elementos de cohesión. Estos mismos elementos más bien generan tensiones en la articulación con Estados Unidos —el planteamiento de internacionalización de la Amazonía, para poner un solo ejemplo—. Este conflicto se produce en menor proporción con la Unión Europea, ya que tanto la CAN como MERCOSUR están negociando acuerdos de asociación de última generación en los que el tratamiento de esos temas ha tenido importantes coincidencias, por lo menos en el plano multilateral.

¿Qué otras alternativas de integración se pueden impulsar? ¿Es posible su confluencia? Propuestas como el ALBA o los tratados de integración de los pueblos constituyen valiosas iniciativas guiadas por otra racionalidad y objetivos distintos de la articulación que impulsa Estados Unidos. Pero se ha decretado la muerte de procesos de integración realmente existentes, como la CAN. ¿Es ésta la mejor estrategia que podemos seguir?

Se puede estar produciendo la curiosa paradoja de que tanto los TLC promovidos por Estados Unidos como las propuestas del tipo ALBA terminen contribuyendo —por supuesto, independientemente de la voluntad de sus mentores— a configurar un escenario de fragmentación de la región andina y sudamericana. Postulamos que existen elementos objetivos, económicos y estratégicos, sobre la base de los cuales se pueden elaborar lineamientos de confluencia mínima que partan de lo positivo de los acuerdos de integración formales y que incluyan los nuevos elementos de propuestas alternativas como el ALBA. Esto se puede generar en el proceso de construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones, lo que debilitaría la posibilidad de que se consolide un eje pronorteamericano. Persistir en la polarización desde las nuevas opciones puede terminar contribuyendo al indeseado escenario de fragmentación regional.

Notas

 Ponencia aceptada para el IX Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, La Habana, febrero de 2007.

1 OMC (2005). The Changing Landscape of Regional Trade Agreements. Discussion Paper N° 8

2 Devlin, Robert y Antoni Estevadeordal (2001). “What’s new regionalism in the Americas?”. BID -Intal. Working Paper N° 6.

3 Yeats, Alexander. 1997. Does MERCOSUR’s trade performance raise concerns about the effects of

regional trade arrangements?. Policy Research Working Paper no. 1729. Washington D.C.: World

Bank.

4 Venables, Anthony (1999). “Regional Integration Agreements: A force for convergence or divergence?”. World Bank. Diciembre 1999.

Venables, A (2001). “Regionalism and Economic Development”. Departamento de Integración y Programas Regionales. Washington, D.C: BID 2001.

Venables, A. (2002). “Winners and Lossers from Regional Integration Agreements”. London School of Economics. Enero 2002.

5 BID (2002). Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 2002 “Más allá de las fronteras: El Nuevo Regionalismo en América Latina”. Washington D.C. BID.

6 Banco Mundial (2005). “Global Economic Prospect: Trade, Regionalism, and Development”.

7 Banco Mundial (2005). “Global Economic Prospect: Trade, Regionalism, and Development”.

8 Williamson, John., (2000). “What Should the World Bank Think About the Washington Consensus?” World Bank Research Observer. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development, Vol. 15, No. 2 (August 2000), pp. 251-264

Williamson, John. (2002). “Did the Washington Consensus Fail?” Outline of Remarks at CSIS. Washington DC: Institute for International Economics, November 6, 2002.

9 Kuczynski y Williamson. (2003), After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America, Institute for International Economics, Washington DC.

10 Banco Mundial (1999). “World Development Report 1999/2000: Entering the 21st Century”

Banco Mundial (2003). “Desigualdad en América latina: ¿Rompiendo con la historia?”. Washington.

11 Rodrik, Dani., (1997). “Has Globalization Gone Too Far?”. Institute for International Economics, Washington, DC, 1997.

Rodrik, Dani. (1999). “Making Openness Work: The New Global Economy and the Developing Countries”. Overseas Development Council, Washington, DC, 1999.

12 Rodriguez, Francisco y Dani Rodrik (1999). “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to Cross-National Evidence”. NBER Working Paper No. 7081

Issued in April 1999

13 Véase, por ejemplo: OCAMPO, J. A. (2001), “Retomar la agenda del desarrollo”, Revista de la CEPAL, nº 74, agosto, pp. 7-19; OCAMPO, J. A. (2005), “Más allá del Consenso de Washington: una agenda de desarrollo para América Latina” Ponencia presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México; CEPAL (2001), “Una década de luces y sombras: América Latina y el Caribe en los años noventa”. Bogotá, Alfaomega/CEPAL; CEPAL (2004), “Informe económico de 2002 y 2003”. Santiago de Chile, y Ffrench-Davis, Ricardo (1999), “Macroeconomía, comercio y finanzas para reformar las reformas en América Latina”. Santiago, McGraw-Hill Interamericana/Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

14 Véase UNCTAD. “Informe sobre el Comercio y el Desarrollo”. Varios Números, particularmente el del 2006.

15 Stiglitz, J. E. (1997), “The Role of Government in Economic Development”, en M. Bruno y B. Pleskovic (eds.), Annual World Bank Conference on Development Economics 1996, Banco Mundial, Washington DC, pp. 11-23.

Stiglitz, J. E. (1998), “More Instruments and Broader Goals: Moving Toward the Post-Washington Consensus”, UNU-WIDER, Helsinki, 7 de enero.

Stiglitz, J. E. (2000), “Whither Reform? Ten Years of the Transition”, en B. Pleskovic y J. E. Stiglitz (eds.), Annnual World Bank Conference on Development Economics 1999, Banco Mundial, Washington DC, pp. 27-56.

Stiglitz, J. E. (2002), Globalization and Its Discontents, Norton, Nueva York.

Stiglitz, Joseph A. (2003), “El rumbo de las reformas: Hacia una nueva agenda para América Latina”, Revista de la CEPAL, No. 80, agosto.

16 Secretaria General de la Comunidad Andina. "Integración para el desarrollo y la globalización: Hacia un nuevo Diseño Estratégico de la Integración Andina”. Presentación del Secretario General de la CAN, Allan Wagner. Julio 2004.

17 INTAL (2002). “Informe ANDINO No 1.” BID. Buenos Aires

INTAL (2005). “Informe ANDINO No 2.” BID. Buenos Aires

18 Secretaría General de la CAN (2004a). “35 años de Integración Económica y Comercial. Un balance para los países andinos”. Lima. Mayo, 2004.

19 OBREAL (2005). “Comunidad Andina: La Encrucijada de la Integración”. Monitor of Regional Integration. Brief, No 2.

20 Los estudios de los autores aquí mencionados fueron recopilados en Secretaría General de la CAN, BID (2006a). “Las Negociaciones Hemisféricas y la Comunidad Andina”).

21 Secretaría General de la CAN (2003). “Análisis del Tratado de Libre Comercio Chile - Estados Unidos”.

22 Secretaría General de la CAN (2004b). “Análisis del Tratado de Libre Comercio Centroamérica – EstadosUunidos”. Documento de Trabajo SG / di 620 / Rev. 1. 7 de mayo de 2004

23 Secretaría General de la CAN (2006b). “Elementos para una evaluación del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos de América, frente al Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina”. SG/ dt 337 / Rev. 1.22. Abril de 2006.

24Véase por ejemplo: Fairlie, Alan (2005). “Países Andinos Frente al TLC y la Comunidad Sudamericana de Naciones”. LATN, Fundación Friedrich Ebert; Fairlie, Alan, Sandra Queija y Milagros Rasmussen (2006). “Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU: Un Balance Crítico”. LATN – CISEPA y Umaña, Germán (2004). “El juego asimétrico del comercio: el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos” Universidad Nacional de Colombia.

25 OXFAM (2006). Informe de OXFAM No 90. “Cantos de Sirena: Por qué los TLCs de Estados Unidos con los países andinos socavan el desarrollo sostenible y la integración regional”. Junio, 2006.

26 Se pueden revisar, por ejemplo, los documentos recopilados en <www.alternativabolivariana.org>.