Escribe Javier M. Iguíñiz Echeverría
Parto de una preocupación acentuada tras las discusiones recientes sobre el curso que debe seguir la economía. Tras la gran crisis del Estado en los años 80 y tras lo avanzado en la desmoralización del Estado y en la reducción de sus tareas a su mínima expresión, buena parte de la sociedad se siente presa de exclusiones regionales, económicas, raciales, de un ejercicio prepotente de la autoridad y de una vida económica cotidiana angustiada por una precariedad que no permite respaldar la formación y el futuro de los descendientes. La migración es el principal sueño de la juventud. En la economía, la estrategia de impulsar la obtención de divisas, esto es, las actividades que proveen la indispensable gasolina para el motor económico nacional es, repetimos indispensable; pero sin tomar en cuenta los “para qué” de tales divisas, sin fijarse en el resto de la economía, tememos que enfrente, como tantas veces en la historia del Perú, a los peruanos. De ahí a la destrucción gradual o abrupta de la democracia y el fortalecimiento de los diversos militarismos no hay ni un paso. Alimentar con favoritismos desmesurados a las empresas designadas como locomotoras de la economía y dejar que las circunstancias determinen quien pueda engancharse y quien no divide la sociedad, violenta a las personas y auguramos que lo hará con el país.
Pero incluso aunque nada de lo anterior estuviera en cultivo, y no nos interesara la gente solamente por el peligro que supone, la tarea del Estado es contribuir a, como se dice ahora, cohesionar la sociedad para progresar en paz. Consideramos que para contribuir a una economía regional y socialmente inclusiva, el principal papel del Estado, debe ser apoyar el aumento de la productividad de las micro y pequeñas empresas urbanas y del campo. En el desorden actual, que expresa el desinterés al respecto, esas empresas siguen abandonadas a su suerte. Sólo la cúspide del mundo empresarial merece consideraciones y atención que se convierten en exclusivas. Nos parece que se trata, más bien, de emparejar en todo lo posible el acceso a las oportunidades de competir y progresar económicamente, y ello supone reducir la heterogeneidad tecnológica y competitiva en el país. Para tratar de ello presentamos algunas orientaciones generales para una alternativa cohesionadora, inclusiva. Cada una de ellas puede implementarse de diversas maneras y la determinación de cuales de ellas se aplican debería ser resultado del debate programático en el país. Se trataría de:
Conectar la generación de divisas con el aumento de la productividad y ampliación de mercados de las PYMES urbanas y rurales de todas las regiones del país. Ello supone entre otras cosas: i) Aumentar de manera continua las exportaciones, lo que equivale a una exportación cada vez más diversificada y con mayor elaboración. ii) Retener una parte creciente de las divisas generadas en el país por medio de negociaciones con las empresas exportadoras. iii) Usar una creciente proporción de esas divisas para la importación de conocimiento (equipos, maquinaria, software, etc.) reduciendo la importancia relativa de las importaciones agropecuarias y otros bienes de consumo. iv) Crear facilidades crediticias y de capacitación a las PYMES de todo el país para la mejor organización empresarial, la mayor inversión en maquinaria y equipo y para comercializar en mercados cada vez más amplios.
Conectar una creciente recaudación tributaria con la universalización de la enseñanza, la atención de salud de calidad, de ciertos mínimos de protección social, seguridad ciudadana y otros servicios públicos necesarios para la creación de “capital humano”. Ello requiere por ejemplo: i) Elevar la recaudación tributaria reduciendo la evasión, elusión y estrechez de la base (Acuerdo Nacional: no menos del 18% del PIB). ii) Reducir la proporción de gastos económica y socialmente improductivos en el presupuesto público del país. iii) Elevar la proporción del gasto público en educación, salud y seguridad ciudadana (Acuerdo Nacional: 6% del PIB para educación). iv) Homogeneizar la calidad de la enseñanza priorizando especialmente la elevación de la calidad de la educación en las escuelas del campo.
Conectar la demanda nacional e internacional con la oferta de las PYMES urbanas y rurales en todo el país. Para ello, consideramos que se requiere al menos: i) Reformar la legislación laboral con el fin de que los aumentos de productividad sean mejor distribuidos y contribuyan más a la expansión del mercado interno. ii) Priorizar el mantenimiento de las vías de transporte existentes y mejorar el servicio de puertos y aeropuertos. iii) Ampliar la infraestructura eléctrica y de comunicación electrónica. iv) Estimular la creación de cadenas productivas entre empresas industriales y comercializadoras y pequeñas empresas productoras del campo y la ciudad.
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