Escribe Edgardo Cruzado Silveri
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha presentado una propuesta de descentralización fiscal, elaborada por una consultora especializada (“La descentralización fiscal en el Perú” INDE Consultores – www.participaperu.org.pe). El objetivo central es definir reglas fiscales transparentes y predecibles sobre los recursos destinados a los gobiernos regionales, lo que disminuye el alto margen de discrecionalidad del Gobierno Central, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para decidir cuánto les asigna y a qué gobierno regionales le da más y a cuáles menos.
La propuesta es neutra fiscalmente, pues no solicita más recursos de los que ya reciben los gobiernos regionales en conjunto (25% de los ingresos tributarios). Es directa y clara: cambiar el enfoque. Actualmente la principal fuente de recursos son las “transferencias presupuestales”; se plantea cambiar a un esquema en que exista una “coparticipación en los ingresos fiscales”. La iniciativa también es simple, no se plantea crear un nuevo sistema de recaudación o fragmentar la SUNAT en 24 entidades.
¿La descentralización fiscal está en la agenda del gobierno central? La respuesta es no. Para el gobierno, el tema es irrelevante e incluso ocioso. En su discurso de Fiestas Patrias, el presidente Alan García mencionó que 70% de los recursos para inversión está en gobiernos locales y regionales, por lo que la descentralización de los recursos es un hecho y muestra la voluntad descentralista del gobierno de turno. En realidad, la cifra no es exacta: solo considera parte de las entidades del gobierno nacional e ignora, a propósito, que parte de la transferencia adelantada de canon minero son recursos correspondientes al 2008.
Cifras mayores o menores, el tema de fondo es que esta descentralización ‘oficial’ no es real. En primer lugar, hay más recursos en municipalidades y en gobiernos regionales, por el incremento del FONCOMUN y el CANON, transferencias que ha realizado el MEF por obligaciones legales pre- existentes y no por voluntad del gobierno actual. Sin embargo, estos recursos, en particular el canon, están concentrados en seis departamentos y, por tanto, lo que parecen mayores recursos para todos son sólo para algunos. En segundo lugar, no solo de inversiones viven los pueblos, una buena parte de los gastos de los gobiernos regionales es pago de las planillas de maestros y personal de salud, y nadie puede negar que sean gastos prioritarios. Actualmente existe una gran inequidad entre departamentos para los gastos en educación y salud, la brecha entre los que más reciben y los que menos reciben es significativa, y son los departamentos más pobres los que tienen menos recursos. Mientras se mantenga la inercia presupuestal, sin descentralización fiscal, no enfrentamos las disparidades existentes entre regiones pobres y ricas.
La mesa está servida. Las autoridades regionales tienen una propuesta sobre cómo hacer una descentralización fiscal. Empezar el debate asegura que dejemos de negociar en el Congreso pequeñas obras y dejarle a la Comisión de Presupuesto los temas de fondo en las finanzas públicas; dejar de lado la proliferación de abultados créditos suplementarios asignados como se le ocurra al gobierno y, finalmente, que los gobiernos regionales y locales sean los verdaderos responsables de la gestión pública de sus departamentos, con reglas fiscales simples y transparentes.
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