Tendencias de transferencia y concentración de la propiedad de la tierra
La Revista Agraria – octubre 2007
Fernando Eguren
La propiedad de la tierra en el Perú se está concentrando nuevamente, después de tres décadas de la reforma agraria.
La concentración de la propiedad de la tierra es un tema política y socialmente sensible. Recordemos que una de las razones por las que las reformas agrarias de la década de 1960 aparecían como legitimadas ante la sociedad y los gobiernos fue que había una gran concentración de la propiedad de la tierra, y que ello generaba grandes tensiones sociales. [1] Los gobiernos latinoamericanos, instados por el gobierno de los Estados Unidos, acordaron hacer reformas agrarias tanto para evitar situaciones como la revolución cubana de 1959, como para eliminar obstáculos a los procesos de modernización social y económica. El gobierno de derechas de Manuel Prado se adelantó, nombrando una Comisión de la Reforma Agraria y de la Vivienda en 1957, integrada en parte por hacendados relativamente modernos. Una de las recomendaciones del informe, presentado en 1960, fue la de establecer límites – 250 hectáreas – a los tamaños de la propiedad rural. Casi una década después, la ley de reforma agraria del gobierno de Velasco de 1969 fijó los límites a 150 hectáreas de tierras agrícolas. Pero desde 1980 se inició un proceso de liberalización de la propiedad de la tierra que culminó en 1995 con la llamada Ley de Tierras [2], que eliminó todo límite a los tamaños de los predios. [3] Un año antes, 1994, se realizó el último censo nacional agropecuario, que reveló que el 92 por ciento de las 1.74 millones de predios eran menores de 20 hectáreas, y que tres de cada cuatro hectáreas de cultivo bajo riego y una de cada tres de secano están en predios menores de 20 ha.:
En los últimos doce años han ocurrido cambios muy importantes, cuyos alcances aún no se conocen con precisión pues no se ha actualizado el censo agropecuario ni se han hecho estudios sobre los procesos de concentración.
Son varios – aquí estamos considerando seis – los procesos que están contribuyendo al proceso de transferencia y concentración de la tierra.
La ampliación de la frontera agrícola en la costa . La modificación de la política de acceso a las nuevas tierras irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de gran extensión, particularmente en la costa norte (Piura, Lambayeque, La Libertad). La frontera agrícola ganada en el pasado gracias a grandes inversiones públicas era entregada, bajo varias modalidades de pago, a pequeños y medianos agricultores. Pero al menos desde la década de 1990, las nuevas tierras irrigadas son puestas a la venta en condiciones tales que sólo pueden ser adquiridas por grandes inversionistas para formar latifundios modernos. Así, en 1997 se subastaron, en la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (que incluye el valle Virú), 12751 hectáreas en 76 lotes, en cuatro sectores; en tres de ellos el tamaño promedio de cada lote varió entre 671 y 786 hectáreas, y en el cuarto, 65 ha. En algunos casos, como la empresa Camposol, en el valle de Virú, la extensión supera las dos mil hectáreas. Danper Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas también en Virú. En contraste, en la década de 1980, por ejemplo, las tierras ganadas por la irrigación de Majes, en el departamento de Arequipa, fueron distribuidas en lotes de 5 hectáreas. El criterio de subastar lotes de gran tamaño, al que sólo pueden acceder grandes inversionistas, sigue primando en la actualidad.
La frontera agrícola en la selva no sólo es abierta por colonos provenientes de la sierra, sino también por grandes adquisiciones de tierras a precios muy bajos. El caso más conspicuo es probablemente Palma del Espino, del grupo Romero, en la zona de Tocache. En 2004 tenía sembradas 7500 hectáreas de palma aceitera, y actualmente bordea las 10 mil ha. En los cuatro años siguientes seguirá expandiéndose a razón de 1,500 hectáreas anuales.
La concentración vía el mercado de tierras. Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de pequeños agricultores por empresas agroexportadoras (los mismos departamentos mencionados más arriba, más Ica); el arrendamiento de tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas agrarias por otras empresas agrarias, notablemente el caso de los complejos agroindustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento de La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee actualmente más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero posee alrededor de 500 hectáreas en lo que alguna vez fue la Cooperativa Agraria Huando, en el valle de Huaral. Según el último censo de productores de espárragos, hay 47 empresas que, en promedio, dedican 280 hectáreas a es cultivo. Como no todas son monoproductoras, la extensión total de muchas de ellas supera largamente ese promedio. La mayoría se encuentran en los valles de los departamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras directas en agricultura – no necesariamente todo en compra de tierras – se sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones de US$) y el año 2000 (44 millones de US$), cifra ésta que se ha mantenido hasta la actualidad. [4]
La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas . Lo notable aquí es la transferencia de la propiedad de los complejos agroindustriales azucareros de las cooperativas de producción – cuyos socios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares. Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la costa norte. Son los más grandes terratenientes del país. Mención especial es el grupo Rodríguez Banda, dueños de Gloria y desde hace poco de los complejos Cartavio y Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un solo valle, Chicama, en el departamento de La Libertad.
Denuncios y concesiones. Los denuncios y concesiones mineras se extienden particularmente sobre tierras de comunidades campesinas en casi todos los departamentos andinos. Sus derechos como propietarias comienzan a ser cuestionados en la práctica por las empresas mineras aún antes de la fase de exploración, a través de distintos tipos de presión, económicas y extraeconómicas, para acceder a las tierras. En la fase de explotación los comuneros no sólo pierden sus derechos, sino que las tierras pierden su vocación agraria. Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de hectáreas.
Los denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras, gasíferas,) en la cuenca amazónica, por su lado, se extienden actualmente sobre________ hectáreas. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, suman 7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la superficie total de la selva baja y alta. [5]
La producción de biocombustibles. Los estímulos a la producción de biocombustibles (menores precios que los combustibles fósiles, expectativas de exenciones tributarias, subsidios, etc.) están incentivando la formación de grandes plantaciones principalmente de caña de azúcar y palma aceitera. Los complejos azucareros, entre ellos el grupo Gloria y , del que hemos hecho ya mención, dedicarán parte de la producción de caña a la fabricación de etanol. La empresa norteamericana Maple, por su lado, ha adquirido más de 10 mil hectáreas en el valle de Chira para la producción de caña de azúcar para etano, generando desde ya presión sobre la disponibilidad del agua. En el mismo departamento, el grupo Romero dedicará al mismo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la selva, el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a la palma para la producción de biodiesel. El hechizo de los biocombustibles también parece querer apoderarse del programa Sierra Exportadora. Su presidente anuncia que se dedicarán 200 mil hectáreas a la canola, para biodiesel. Pero en este caso parece ser más bien un deseo irrealizable.
Turismo. Aunque en escalas menores, también en algunas zonas de gran atractivo turístico las tierras agrícolas adquieren un alto valor para ser destinadas a otros usos, pero con frecuencia implicando la pérdida de control por los campesinos y agricultores. Es el caso del Valle Sagrado (Urubamba), en el departamento del Cuzco, que paulatinamente se está convirtiendo en un emporio turístico con inversiones en hoteles, albergues, restaurantes, casas de campo, etc. [6]
Tendencias
Nada indica que estas tendencias revertirán. Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente impulsadas por el gobierno [7], otras seguirán el impulso que ha adquirido la agricultura de exportación. Estas desigualdades crecientes en la distribución de la tierra, (que no debe confundirse con un regreso a la situación previa a la reforma agraria, pues el contexto histórico es completamente diferente) deben llamar a preocupación, pues tienden a profundizar las ya notables desigualdades sociales y económicas existentes en el país.
[1] El censo agropecuario realizado en 1961 indicaba que el 54% de las tierras estaba en manos del 1,2% de las explotaciones agropecuarias, y que tan sólo el 4,3% era controlada por el 84% de las explotaciones.
[2] Ley 26505, "Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas", promulgada el 14 de julio.
[3] Sobre la evolución de la legislación que estimuló estos cambios, ver Fernando Eguren, "Las políticas agrarias en la última década: una evaluación". En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA X. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la Web en www.sepia.org.pe.
[4] Fuente: Preinversión.
[5] Antonio Brack Egg, "Opinión sobre el proyecto de ley Otorgamiento de tierras de dominio del estado en la amazonia peruana para fines agropecuarios y agroindustriales ". Lima, 15 de enero del 2007
[6] Aunque no necesariamente se refieran a tierras agrícolas, es expresión de la notable transferencia de los derechos sobre la tierra en proceso en el país la rápida privatización de muchas playas de la costa –algunas de ellas de comunidades campesinas-, tanto en el sur chico como en los departamentos norteños de Piura y Tumbes.
[7] Como ejemplos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi 210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene para extracción petrolera, de declarar de interés público 20 grandes proyectos de extracción; también, el mantenimiento de los criterios de asignación de nuevas tierras irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la producción de agrocombustibles.
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