Alan Fairlie Reinoso
El gobierno peruano en una mala copia de la estrategia chilena, está propiciando acuerdos bilaterales con todos los países que sea posible, donde no está claro cuáles son las prioridades y los intereses no solo económicos, sino estratégicos.
Aparte de conceder todo lo que le fue solicitado para hacer viable el lesivo TLC con Estados Unidos, reitera sistemáticamente una posición de debilidad con Chile, que no se cansa de hacer desplantes a un socio subordinado. La presidenta Bachelet no viene a Lima, a pesar de las gestiones de Cancillería que pedían reciprocidad a los varios gestos del presidente García que incluía asistencia a la Cumbre Iberoamericana en Santiago para reunión bilateral. Regresó antes que culminara la reunión, donde tuvo un opaco rol sin propuestas o iniciativas que posicionen mejor al Perú en el entorno internacional.
La otra acción que impulsa el gobierno es la de articular a los países ribereños del Pacífico y que tienen o quieren tener TLCs con Estados Unidos (y apoyaron el ALCA), siguiendo el libreto norteamericano que busca debilitar al MERCOSUR, y especialmente a proyectos contestatarios como el de Venezuela. Se busca fragmentar la integración regional sudamericana, poniendo trabas a la convergencia de los procesos. En vez de adoptar una política de estado como Colombia, que discrepa sustancialmente en términos ideológicos de Venezuela pero impulsa y desarrolla la integración bilateral y proyectos energéticos, aquí se prestan a golpear innecesariamente a vecinos, y no precisamente en defensa del interés nacional.
Ante la justificada reacción boliviana frente a la declaración del gobierno de negociar bilateralmente con Europa desconociendo los acuerdos de Tarija, se le respondió duramente desde diversas instancias del gobierno. Se crea además una fricción diplomática solicitando la extradición de un refugiado político, que ha sido asesor del presidente Morales. Se reitera la disposición del gobierno de venderle el gas de Camisea a Chile, justo en el momento en que Bolivia está negociando una agenda integral con ese país.
Se inicia una escalada contra el gobierno venezolano, acusándolo de una supuesta infiltración ideológica con las casas ALBA, y peor aún, de financiar una campaña de desestabilización al régimen, atribuyéndole la responsabilidad de las protestas de distintos sectores y regiones. Se le ofrece la posibilidad de acuerdos petroleros para tapar el asunto, rápidamente neutralizado por la presión de lobbies chilenos que quieren que sigamos exportando petróleo crudo a ese país para importar gasolinas que aquí distribuye ENAP a través de PRIMAX. Y, principalmente para tratar de solucionar su déficit de energía desde el Perú. En efecto, se ha llegado a un acuerdo preliminar en este tema tratando de reeditar el “Anillo Energético” que tiene como único beneficiario a Chile, eliminando una de las pocas armas de negociación que nos quedan.
Se aísla al Perú, rechazando integrarse al Banco del Sur con diversas declaraciones que incluyen la del presidente del BCR que dice no saber de que se trata. Se hace seguidismo a Chile, que acaba de aportar 50 millones de dólares a la CAF tratando de oponer esta institución al Banco del Sur. Esto constituye un gravísimo error, ya que se perdería una fuente de financiamiento importante para obras de infraestructura y desarrollo regional, así como para la construcción del proceso de integración.
No parece casual que cuando se están creando todas las condiciones para un retorno de Venezuela a la CAN, se intentó patear el tablero de las negociaciones conjuntas con la Unión Europea, señalando que se plantearía un acuerdo bilateral, y que el Perú no aceptaría un acuerdo minimalista. Un retorno de Venezuela como miembro pleno cambiaría la correlación de fuerzas, y los implementadores de la política norteamericana quedarían en absoluta minoría.
Las cuatro condiciones que está planteando Venezuela son plausibles y buscan evitar la triangulación de productos subsidiados norteamericanos en su territorio, cautelar el proyecto político que están impulsando, y priorizar aspectos sociales y políticos de la agenda de integración. Ecuador no solo ha manifestado su apoyo, sino que junto con Bolivia estarían dispuestos a que si este nuevo impulso fracasa en un tiempo prudencial (digamos un año), los tres países se retirarían definitivamente de la Comunidad Andina, lo que significaría su liquidación.
¿A qué juega el gobierno peruano? Atacar a los vecinos díscolos con el imperio, descuidar la alianza estratégica con el Brasil, mantener en un nivel históricamente bajo y distante las relaciones con Argentina y subordinarse a los planteamientos e intereses de Chile no solo nos aísla, sino que está creando condiciones sumamente peligrosas para nuestra sobrevivencia como nación soberana.
Los planteamientos del Presidente en su artículo sobre el “perro del hortelano”, donde ofrece no concesionar, sino vender tierras de las comunidades, de la amazonía, los mares; abriría el camino para que aquellas fuerzas como el narcotráfico y otras actividades ilegales o peor aún, países con apetitos expansionistas, puedan tomar directa y legalmente lo que jamás en sus sueños pensaron que podrían conseguir. Esas propuestas no solo son suicidas, sino que son inconstitucionales y habría que actuar en consecuencia.
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